Miércoles 31 de diciembre
El 15 de diciembre, el Tribunal Superior de la Región Administrativa Especial de Hong Kong declaró a Jimmy Lai culpable de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y un cargo de conspiración para publicar materiales sediciosos.
El veredicto fue bien recibido en la ciudad y, como era previsible, provocó una nueva ola de críticas por parte de algunos países occidentales. Como comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, considero necesario aclarar los hechos y reafirmar nuestro compromiso con el Estado de derecho.
En primer lugar, ¿a qué se debe la condena de Lai? Bajo una apariencia superficial de profesionalismo periodístico, y tal como quedó demostrado a través las pruebas presentadas durante el juicio, Lai participó activamente e incluso fue el cerebro detrás de una serie de incidentes anti-China en Hong Kong. En su rol de representante de las fuerzas externas contrarias a China, abusó de su influencia mediática para incitar al odio y la confrontación social, promovió activamente disturbios violentos y desempeñó un papel central en los sucesos de la denominada "violencia negra" que sacudieron Hong Kong en 2019.
Asimismo, llegó a solicitar abiertamente a potencias extranjeras que impusieran sanciones contra China y la RAE de Hong Kong. Estas acciones comprometieron gravemente la seguridad nacional, dañaron la estabilidad social de la ciudad e infligió un trauma duradero a sus ciudadanos. En consecuencia, no solo era necesario, sino imperativo, que afrontara las responsabilidades legales derivadas de sus actos.
En cualquier sistema jurídico, los actos de Lai constituirían graves delitos criminales. Basta plantear una comparación sencilla: si una persona en un país occidental utilizara su influencia para incitar a la violencia contra su propio gobierno, colaborara con funcionarios extranjeros y promoviera sanciones contra su nación, ¿permitiría el sistema judicial de ese país que tales acciones quedaran impune? La respuesta es evidente.
En segundo lugar, ¿recibió Lai un trato injusto? En absoluto. Su juicio se desarrolló con estricto apego a la ley y con pleno respeto a sus derechos legales. El sistema judicial de Hong Kong es justo, transparente y sigue rigurosamente los procedimientos legales establecidos. Los registros judiciales de acceso público demuestran que en cada etapa del proceso se llevó a cabo escrupulosamente bajo la normativa legal.
En cuanto a su situación durante la detención, los hechos son claros. El Departamento de Servicios Correccionales de Hong Kong le ha proporcionado atención médica adecuada y velado en todo momento por su bienestar. Cabe destacar que el propio abogado defensor de Lai declaró en audiencia pública que su cliente no había sido objeto de tratos indebidos. Todo ello confirma que, a lo largo de este caso, Hong Kong ha actuado en consonancia con el Estado de derecho y ha respetado los estándares humanitarios.
En tercer lugar, ¿qué revelan las injerencias de algunos países occidentales en el caso de Lai? Ciertas naciones occidentales han interferido abiertamente en el proceso judicial, exigiendo la liberación Lai e incluso amenazando con sancionar a jueces y fiscales por el simple cumplimiento de sus funciones legales. En este sentido, al intentar condicionar resoluciones judiciales mediante presiones políticas, ¿no terminan estas acciones, socavando la misma "independencia judicial" que dichas naciones afirman defender?
La ironía resulta aún más evidente cuando políticos occidentales invocan los "derechos humanos" y la "libertad" para criticar a Hong Kong, mientras pasan por alto sus propios marcos legales. Estados Unidos, por ejemplo, mantiene en vigor diversas leyes de seguridad nacional, como la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la Ley Patriota. De manera similar, Reino Unido aprobó hace dos años una estricta Ley de Seguridad Nacional.
Cuando estos países implementan dichas normativas, las presentan como una defensa legítima del "Estado de derecho". Sin embargo, cuando Hong Kong adopta medidas jurídicamente similares para salvaguardar su seguridad, esas mismas acciones son calificadas como "represión de la libertad". ¿No constituye esto un claro ejemplo de doble estándar y una vulneración de los principios básicos que rigen las relaciones internacionales?
Hong Kong ha entrado en una nueva etapa, donde la estabilidad social sienta las bases para un desarrollo próspero y sostenible. Un Hong Kong regido por la ley, pujante y seguro beneficia no solo a sus 7,5 millones de habitantes, sino también al conjunto de la comunidad internacional. Damos la bienvenida a amigos de todo el mundo para que visiten Hong Kong y comprueben por sí mismos la vitalidad y estabilidad que el Estado de derecho protege y promueve. #China #HongKong #plz
