En Ormuz, la ficción imperial se ha estrellado contra la realidad geográfica

 
MEDIO ORIENTE, EE.UU. :: 13/07/2026

XAVIER VILLAR

La conversión de la geografía en mecanismo de extracción de rentas es lo que perturba. No es el cierre lo que aterra, sino la normalización de un peaje político sobre el flujo energético global

En "El inspector" de Nikolái Gógol, las autoridades corruptas de una pequeña ciudad rusa entran en pánico ante la llegada de un joven de San Petersburgo.

Iván Khlestakov es un simple funcionario, con una imaginación desbordante, pero el miedo de los lugareños a sus propias malversaciones le otorga los poderes de un auditor imperial. Khlestakov habita la ficción. Su autoridad no emana del zar, sino de la paranoia de sus anfitriones. Cuando la máscara cae, no queda más que el ridículo y la vulnerabilidad de quienes creyeron en el engaño.

La burocracia de seguridad nacional estadounidense opera hoy bajo esta misma psicología. Washington exige a Irán que acepte garantías de seguridad a cambio de exenciones temporales, sabiendo que su propio Congreso puede revocarlas ante el más mínimo temblor político. Cuando Teherán se niega a validar la ficción, Trump responde con la teatralidad de un burócrata acorralado, amenazando desde Truth Social con un abismo que no se atreve a cruzar.

La reciente proclamación de Trump declarando "muerto" el memorándum de entendimiento con Irán y amenazando con un bloqueo renovado no es un ejercicio de fuerza. Desde Teherán, estas proclamas se leen como lo que son: la frustración de un hegemón que ha agotado sus opciones de coerción convencional. El interrogante fundamental sobre qué puede imponer materialmente EEUU en esta coyuntura ya fue respondido por las armas. Los recientes intercambios militares actuaron como un ajuste de cuentas brutal para Washington, trazando los límites físicos de su poder. Desprovista de sustento territorial, la escalada retórica carece de valor estratégico.

La anunciada muerte del memorándum es el resultado directo del sabotaje sistemático de Washington. Si el acuerdo termina de colapsar, la responsabilidad será enteramente de una Casa Blanca que, desde el primer minuto, se negó a cumplir con una sola de sus cláusulas. Lejos de adolecer de defectos estructurales, el texto ofrecía una secuencia lógica para la desescalada: Irán regularía el tráfico en Ormuz, EEUU levantaría el bloqueo, Teherán accedería a sus fondos y a exenciones petroleras, y cesarían las amenazas. Era un puente hacia la negociación nuclear. Pero Washington trató el acuerdo no como un marco vinculante, sino como una pausa táctica para preservar su ventaja coercitiva mientras ponía a prueba la resolución de la otra parte.

Desde la perspectiva iraní, la violación fue inmediata y absoluta. La primera cláusula, que exigía el fin de la guerra en el Líbano, fue ignorada mientras el régimen israelí consolidaba sus posiciones en el sur. La liberación de activos se escatimó deliberadamente. Las amenazas no cesaron; Trump llegó a sugerir el secuestro de los negociadores iraníes en Suiza. El golpe final llegó el 7 de julio, cuando la Casa Blanca revocó la exención petrolera justo cuando Teherán consolidaba su ruta marítima. Fue Washington quien rompió la baraja, tratando el derecho internacional como un menú de opciones coercitivas en lugar de un marco de obligaciones recíprocas.

Esta dinámica revela la violencia inherente a la diplomacia estadounidense. La verdadera trampa no residía en el texto del memorándum, sino en la arquitectura legal del imperio. Gran parte del régimen de sanciones estadounidense está blindado por la legislación del Congreso, a través de mecanismos como la Ley CAATSA. Los presidentes norteamericanos solo pueden ofrecer exenciones renovables, revocables mediante un decreto ejecutivo. Tras la experiencia del acuerdo nuclear de 2015, los planificadores iraníes extrajeron una lección definitiva. El alivio económico temporal no sirve para reconstruir un país ni para garantizar su seguridad a largo plazo. Los inversores europeos y asiáticos comprenden esta realidad estructural; saben que cualquier integración bancaria con Teherán será castigada por el Departamento del Tesoro de EEUU en el siguiente ciclo electoral.

Washington exige que Irán traduzca sus requisitos de soberanía al lenguaje del internacionalismo liberal, mientras se niega a acatar la lógica secuencial de los propios acuerdos que redacta. Teherán sabe que los cheques de la Casa Blanca son falsos. Y cuando la República Islámica exige ver las credenciales reales de esas garantías, solo encuentra el vacío de un Congreso dividido.

Es en este callejón sin salida donde el estrecho de Ormuz ha dejado de ser un simple punto de estrangulamiento militar para convertirse en el eje de la soberanía iraní. Cambiar el programa nuclear o las redes de alianzas regionales por un alivio de sanciones efímero era una asimetría inaceptable. Ormuz, en cambio, ofrece una garantía que reposa en las propias manos de Teherán. Al obligar al tráfico comercial a usar su corredor designado y al tejer una administración conjunta con Omán para cobrar tarifas de tránsito, Irán busca un cambio profundo en la gestión del Golfo. Ya no se trata de Irán contra la comunidad internacional, sino de una administración marítima regional frente a la extraterritorialidad imperial.

Lejos de buscar el cierre total del estrecho --un escenario que detonaría un 'casus belli' inmediato y carece de sentido económico para la propia República Islámica--, Teherán ha optado por transformar una autopista marítima, históricamente patrullada por la Quinta Flota de EEUU, en una aduana soberana. Esta maniobra desafía directamente la interpretación que el Departamento de Defensa hace del derecho internacional del mar. Washington invoca el régimen de "paso en tránsito" para justificar la presencia de sus portaaviones, ignorando que la geografía del estrecho lo convierte en una zona donde las reclamaciones de soberanía costera son absolutas.

Al establecer un corredor designado y una administración conjunta, Teherán no está "cerrando" el estrecho en el sentido clásico del bloqueo naval; está burocratizando su soberanía. Está creando un régimen jurídico paralelo que obliga a las navieras globales a elegir entre la seguridad física que ofrece la costa iraní y la ficción legal que emana de la Quinta Flota. En un mundo donde los seguros marítimos dictan las rutas comerciales, la realidad material de los misiles antibuque iraníes tiene más peso que las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Durante décadas, la doctrina de la "libertad de navegación" en el Golfo Pérsico ha funcionado como una subvención encubierta a las economías occidentales y asiáticas, garantizando el flujo de hidrocarburos a coste cero para las potencias hegemónicas. Al exigir que el tráfico se someta a su corredor designado, Irán está cobrando la factura histórica de esa externalidad. Obliga al capital global a reconocer su jurisdicción.

Si el Congreso estadounidense quiere endurecer las sanciones, tendrá que asumir el coste. La coerción deja de ser gratuita. Esta conversión de la geografía en mecanismo de extracción de rentas es lo que verdaderamente perturba a los mercados y a los planificadores del Pentágono. No es el cierre lo que aterra, sino la normalización de un peaje político sobre el flujo energético global.

Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU están prácticamente agotadas. Los inventarios globales se mantienen tensos, ya que el tráfico a través de Ormuz se ha mantenido muy por debajo de los niveles de prepandemia y preguerra. El margen para absorber un shock prolongado en el estrecho es inexistente, un lujo inasumible para una administración obsesionada con el coste de la energía de cara a las urnas.

Los planificadores militares saben perfectamente que escoltar cada petrolero por el embudo de Ormuz exige un despliegue logístico insostenible frente a los enjambres de lanchas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y los misiles de costa. El castigo aéreo puede destruir infraestructuras, pero no puede borrar la topografía costera ni neutralizar a un estado que ha integrado la asimilación del daño en su propia doctrina de supervivencia. La guerra reciente ha demostrado que la potencia de fuego estadounidense carece de la capacidad estratégica para someter la geografía.

La República Islámica mantiene una conciencia histórica profunda de la ruptura contractual estadounidense, pero también posee una cosmología política donde la resistencia a la hegemonía imperial no es una mera táctica de supervivencia, sino un imperativo ontológico. La memoria del golpe de estado de 1953, el apoyo a Sadam Hussein en la década de 1980 y la salida unilateral del JCPOA en 2015 está viva como un recordatorio de las promesas incumplidas de Washington.

Las amenazas de Trump son apenas la última entrada en este archivo. Doblegar a un Estado que acepta el daño táctico como precio de su continuidad requiere una ocupación terrestre que ningún presidente estadounidense ordenará. El aparato bélico estadounidense es estructuralmente incapaz de procesar una resistencia que convierte la guerra de desgaste en un arma potente dentro de su arsenal.

La supuesta muerte del memorándum es el colapso de una ilusión. Mientras Washington siga habitando la ficción de su propia hegemonía, negándose a aceptar que ha perdido la guerra y que ya no está en condiciones de imponer un dictado unilateral, ningún acuerdo, por precario que sea, será posible. El burócrata acorralado sigue agitando sus papeles y amenazando con el abismo, pero en el Golfo la ficción jurídica se ha estrellado contra la materia. Y hasta que el imperio no asuma su propia derrota, el estrecho permanecerá como el lugar donde la realidad le exige el pago de sus deudas.

www.hispantv.com

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/en-ormuz-la-ficcion-imperial-se-ha

La Conferencia Episcopal Española se une al golpe de Estado

 
Por Juan Torres López | 11/07/2026 | España

Fuentes: Ganas de escribir  

La Iglesia Católica española se ha apropiado desde 1998 de más de 35.000 bienes que no eran suyos, al amparo del privilegio excepcional que le otorgó la reforma de la Ley Hipotecaria de aquel año. Un privilegio que ningún otro individuo ni institución disfrutó y que permitió registrar como propios miles de inmuebles, muchos de ellos de enorme valor histórico y cultural.

Decenas de sacerdotes destrozaron la vida de miles de niñas y niños mediante abusos sexuales. Y durante demasiado tiempo su jerarquía hizo cuanto pudo por ocultar esos crímenes, proteger a los responsables y eludir sus responsabilidades hacia las víctimas.

La Iglesia Católica española sigue beneficiándose de un Concordato heredado de la dictadura franquista y de unos privilegios incompatibles con un Estado que se declara no confesional. Durante décadas ha recibido financiación pública, exenciones fiscales y un trato de favor que ninguna otra confesión ni organización disfruta en semejante medida.

La Conferencia Episcopal Española guardó un silencio clamoroso mientras destacados dirigentes del Partido Popular eran condenados por corrupción y mientras el propio partido era condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel. Entonces no hubo grandes sermones sobre la degradación moral de la vida pública.

Ahora, sin embargo, la Conferencia Episcopal Española pretende erigirse en tribunal ético y califica al Gobierno legítimo de España de «banda de ladrones».

No es una casualidad. Una vez más, la jerarquía eclesiástica se sitúa donde ha estado siempre, junto a quienes concentran el poder económico y político y combaten con todos los medios a un gobierno elegido democráticamente. Ahora se une al golpe de Estado en ciernes que se da sin que hagan falta uniformes ni tanques para intentar derribar al gobierno. Basta con la deslegitimación permanente, con intoxicar desde los medios, con el uso partidista de las instituciones y en especial de la judicatura, con el desprecio sistemático a las reglas democráticas por parte de quienes consideran que España les pertenece en exclusiva y que cualquier gobierno que no sea el suyo carece de legitimidad.

Es muy difícil aceptar lecciones de moral de una institución que no es coherente con lo que predica, que aún no ha asumido plenamente sus responsabilidades por los abusos sexuales, que se ha beneficiado de privilegios extraordinarios durante décadas y que rara vez ha levantado la voz con la misma contundencia frente a las grandes injusticias, la desigualdad o la corrupción cuando esta procede de quienes defienden sus intereses y les conceden las prebendas que disfrutan.

Tengo la impresión de que, si existiera de verdad el infierno del que tanto hablan, serían esos jerarcas de doble moral quienes lo iban a conocer con más detalle.

Fuente: https://juantorreslopez.com/la-conferencia-episcopal-espanola-se-une-al-golpe-de-estado/

G7 2.1

                         

Miki Santamaría                                                                                               

Recientemente hemos sabido que el G7, el foro político-económico que agrupa a algunas de las principales potencias imperialistas, se ha reunido en Évian, Francia.

El hecho de que el G7 se reúna no es, por sí mismo, una noticia extraordinaria: sus miembros se reúnen anualmente para reafirmar sus intereses comunes y escenificar una unidad que, en la práctica, suele estar colmada de disputas para decidir quién y cómo se reparte el mundo. Lo relevante de esta noticia son las circunstancias que han rodeado la cumbre.

Pudimos ver a Trump, el dirigente estadounidense más perturbador de las últimas décadas, llegar pregonando que era el jefe de todos ellos, con aires de suficiencia y una autoridad disonante tras el ridículo internacional derivado de la guerra con Irán.

También declaró ante los medios que se había fotografiado con Meloni, la dirigente italiana, por una mera cuestión de bondad, porque le daba pena la presidenta. Una muestra de sexismo y machismo apabullantes, aderezada, como es habitual en él, con una dosis considerable de narcisismo.

Sim embargo, las excentricidades de Donald Trump no son la cuestión más preocupante ni la más importante de esta última cumbre.

.

Lo que dijeron

Lo más relevante de esta cumbre ha sido la reunión de trabajo celebrada entre los dirigentes del G7 y los principales ejecutivos de varias empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, a excepción de las chinas. Esto muestra señales que indican, con toda probabilidad, uno de los principales temas tratados en la cumbre.

En ella participaron, entre otros, Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Demis Hassabis, de Google DeepMind; y Marc Benioff, de Salesforce.

La fotografía oficial de la reunión muestra con claridad una cuestión que conviene no perder de vista: los directivos de las grandes corporaciones tecnológicas privadas ya no aparecen únicamente como empresarios invitados a debatir sobre innovación, sino como interlocutores directos de los principales gobiernos imperialistas.

Estas empresas se han reunido con los dirigentes políticos para tratar las implicaciones de la IA: su posible papel en la mejora de la producción, la transformación (o destrucción) del mercado laboral tal y como lo conocemos, su impacto sobre el sistema financiero global y las nuevas brechas de ciberseguridad que podrían afectar incluso a bancos centrales y gobiernos enteros.

La inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión de Estado, de seguridad nacional, de competencia geopolítica y de acumulación económica. Este contexto no es menor.

El 12 de junio, después de varias controversias sobre el uso de determinados modelos de IA, sus límites de acceso, su relación con la seguridad nacional y la creciente subordinación de estas tecnologías a los intereses estratégicos de Estados Unidos, el propio Gobierno obligó a Anthropic a suspender el acceso a sus modelos más avanzados, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, para cualquier persona considerada foreign national, o persona de nacionalidad extranjera, incluso si se encontraba dentro de Estados Unidos o trabajaba para la propia empresa.

Ante la dificultad de aplicar de forma inmediata esa restricción por nacionalidad, Anthropic terminó desactivando temporalmente ambos modelos para todos sus clientes a escala mundial.

Este caso muestra hasta qué punto la inteligencia artificial avanzada está dejando de ser tratada únicamente como un producto comercial: Estados Unidos comienza a considerarla un activo estratégico sometido a controles similares a los de otras tecnologías de uso militar o geopolítico.

Por su parte, el G7 presentó ante los CEO sus preocupaciones relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes. En el comunicado difundido a la prensa se podía leer lo siguiente:

“Si bien las herramientas de inteligencia artificial conversacional ofrecen importantes oportunidades para la innovación, la educación y el desarrollo, reconocemos los riesgos asociados con el uso de estos sistemas por parte de niños y jóvenes, lo que perjudica su bienestar y seguridad, y refuerza la necesidad de desarrollar sus habilidades esenciales para interactuar de manera responsable en el espacio digital”.

Un lenguaje aparentemente razonable: innovación, educación, desarrollo, bienestar y seguridad. Pero, como siempre, lo importante no es lo que dicen, sino qué intereses materiales se esconden detrás de esas palabras.

.

Lo que realmente querían decir

Ahora nos corresponde hacer un análisis más allá de las declaraciones oficiales. La oligarquía financiera y los grandes grupos empresariales ponen a trabajar constantemente su maquinaria propagandística, destinada a presentarse como héroes preocupados por el bienestar general, cuando su principal objetivo sigue siendo incrementar su riqueza y salvaguardar su posición de poder a toda costa.

La tendencia es cada vez más monopolista. La riqueza mundial continúa concentrándose de manera extrema: los informes sobre desigualdad muestran que el 1 % más rico controla una proporción desmesurada del patrimonio global, mientras grandes sectores de la población apenas poseen activos o dependen exclusivamente de su salario.

Los oligarcas “tradicionales” (grandes banqueros, propietarios industriales, fondos de inversión y sectores empresariales ligados a la economía convencional) presionan para participar en las decisiones que determinarán el futuro de la IA. Temen al rapidísimo desarrollo tecnológico y a cómo este puede alterar el equilibrio de poder entre las distintas facciones del capital. Quieren garantías para sus inversiones, seguridad para sus cuentas y capacidad de intervención en un sector que amenaza con reorganizar buena parte de la economía mundial.

Las grandes tecnológicas, los fondos de inversión y las empresas de infraestructura digital están ocupando una posición cada vez más central en el nuevo ciclo de acumulación. Los capitales vinculados a sectores tradicionales también buscan participar, directa o indirectamente, en este proceso.

Por eso, los representantes de los países imperialistas se reúnen con las Big Tech: no para controlar democráticamente la tecnología ni para proteger de forma prioritaria a la población, sino para garantizar que la transición hacia el nuevo capitalismo digital se produzca sin desplazar a sus benefactores, los grandes monopolios ya existentes. Se trata de asegurar que las nuevas empresas tecnológicas no arrebaten el lugar de las viejas élites económicas, sino que se integren con ellas y participen de los beneficios.

Todo esto ocurre en un momento histórico marcado por una creciente inestabilidad global que vaticina una gran crisis, apreciándose en las guerras imperialistas por los recursos, rutas comerciales y áreas de influencia. Sumado además a tensiones energéticas, endeudamiento, inflación continuada y una desaceleración económica que puede desembocar en estanflación.

La estanflación es la combinación de estancamiento económico e inflación, y suele tener consecuencias especialmente graves para los trabajadores. Mientras los salarios se estancan o crecen por debajo del coste de la vida, los precios continúan aumentando, dando como resultado una pérdida progresiva de poder adquisitivo y una pauperización de la clase obrera y de amplias capas intermedias.

Cuando esta situación se combina con la pérdida de puestos de trabajo y con la desaparición de profesiones enteras debido a una nueva ola de automatización, el riesgo ya no es solo una crisis coyuntural, sino una crisis estructural más profunda, más prolongada y socialmente más caótica.

Engels fue uno de los primeros en apreciar este tipo de comportamientos del capital y de la economía política: períodos “revolucionarios” en los que la automatización repercutía en el mercado laboral, creando épocas de miseria por la falta de puestos de trabajo que asumían las nuevas maquinarias. Incluso algunos economistas no marxistas han recuperado parte de estas observaciones. Robert C. Allen denominó a este fenómeno “la pausa de Engels”.

Ese proceso podría estar desarrollándose de nuevo, aunque a una escala mucho mayor que durante la primera revolución industrial. La inteligencia artificial no sustituye únicamente tareas físicas o repetitivas: puede automatizar funciones administrativas, creativas, técnicas, comunicativas e incluso profesionales que hasta ahora dependían de capital humano cualificado.

El nuevo modelo de extracción de beneficios se apoya, además, en una economía cada vez más financiarizada. Una gran parte del capital no se dirige a crear empleo productivo estable, sino a la especulación bursátil, a la propiedad de datos, a las infraestructuras digitales y a la expectativa de rentabilidades futuras.

Aunque este modelo sigue conviviendo con la extracción de plusvalor en labores más productivas e industriales, sobre todo en los países menos desarrollados, que es donde los imperialistas se llevaron las fábricas para explotar mano de obra a bajo coste e incrementar sus beneficios.

En este contexto, la construcción de grandes centros de datos y granjas de servidores se vuelve estratégica. Estas instalaciones, preferiblemente localizadas en países fríos, con abundante producción energética o bajo dominio colonial, permiten entrenar modelos de inteligencia artificial, procesar enormes cantidades de datos y sostener el trabajo digital deslocalizado.

No es casual que territorios como Canadá o Groenlandia hayan adquirido una importancia geopolítica creciente. Sus recursos naturales, sus condiciones climáticas y su posición estratégica los convierten en espacios de interés para el capitalismo tecnológico y para las potencias que compiten por controlar las infraestructuras del futuro.

Este proceso está costando miles de millones a las empresas. Muchas de ellas asumen pérdidas enormes en el presente, pero lo hacen con la perspectiva de rentabilizar exponencialmente sus inversiones a corto y medio plazo, cuando la IA se convierta en una infraestructura imprescindible para empresas, administraciones públicas y trabajadores. Todo ello siguiendo una estrategia clara.

Primero utilizan un modelo “freemium”: acceso gratuito o limitado, suscripciones de pago para funciones avanzadas y licencias empresariales más caras. Después, cuando la herramienta ya es necesaria para trabajar, estudiar, producir o competir, capan aún más las versiones gratuitas, se encarecen las versiones avanzadas y estas se convierten en un gasto cada vez más inevitable.

Pero esta dependencia no se limita al pago de suscripciones o al uso cotidiano de una herramienta de trabajo. Cada interacción con estas plataformas (cada consulta, cada documento introducido, cada conversación y cada pulsación de botones) puede convertirse en una fuente de datos e información sobre las personas.

De este modo, el usuario deja de ser únicamente un consumidor de un servicio para convertirse también en un objeto de estudio: un perfil individual analizado, clasificado y sometido a mecanismos de influencia. La finalidad no es solo mejorar una herramienta tecnológica, sino conocer hábitos, necesidades, miedos, deseos y comportamientos para orientar el consumo hacia productos cada vez más continuos, masivos y, en muchos casos, superfluos.

La deshumanización no consiste simplemente en que una máquina sustituya determinadas tareas humanas. Consiste también en reducir a las personas a conjuntos de datos, patrones de conducta y probabilidades de compra; en convertir nuestra actividad cotidiana en una mercancía que pueda ser procesada, vendida o utilizada para diseñar hábitos de consumo funcionales a la acumulación de capital. Volvernos simples consumidores.

La excusa siempre es la misma: los altos costes de los servidores, de la energía, del mantenimiento de los modelos o de los componentes informáticos. Pero antes habrán creado una necesidad social. Nos dirán que la IA facilita el trabajo, ahorra tiempo, abarata costes y permite a las pequeñas empresas competir y, en parte, será cierto.

La cuestión es quién controla esa herramienta, quién posee las infraestructuras, quién se apropia de los beneficios y quién paga las consecuencias cuando la automatización destruya empleos, reduzca salarios o concentre todavía más el poder económico.

La reunión del G7 con los grandes ejecutivos tecnológicos deja ver precisamente esa disputa. No se trata únicamente de decidir cómo regular una herramienta nueva, ni de proteger a menores, ni de impedir ciberataques. Se trata de decidir qué Estados, qué monopolios y qué fracciones del capital controlarán los datos, la energía, los servidores, los modelos y el trabajo del futuro.

Porque la inteligencia artificial no es neutral. Como cualquier tecnología, su impacto dependerá de las relaciones sociales y de propiedad en las que se desarrolla. En manos de grandes monopolios y Estados subordinados a los intereses del capital, difícilmente servirá para liberar a la mayoría del trabajo y de la precariedad. Más bien corre el riesgo de convertirse en un instrumento para profundizar la explotación, la vigilancia y la desigualdad.

La alternativa no pasa por rechazar la tecnología en sí misma, sino por disputar su propiedad, su orientación y su uso social. Una inteligencia artificial desarrollada bajo control democrático y puesta al servicio de las necesidades colectivas podría reducir jornadas, aliviar trabajos penosos y ampliar el acceso al conocimiento. Bajo el control de monopolios privados, en cambio, seguirá funcionando principalmente como una nueva vía para concentrar riqueza, poder y capacidad de vigilancia

La rebelión indígena popular, la única escuela de politización

BOLIVIA :: 12/07/2026

JHONNY PERALTA ESPINOZA

Durante 47 días todos sabíamos que en Bolivia hay una crisis económica, política y social, expresada en una rebelión indígena popular, y que el régimen de Paz quería zanjarlo mediante la fuerza

Y la represión o el degaste; sabemos que esta democracia está pervertida porque los representantes, desconociendo el mandato del voto popular, quieren desnacionalizar la economía y favorecer a la inversión privada; quieren reformar la constitución a imagen y semejanza de la clase dominante; que la deuda externa que asciende a 14.418 millones de dólares [1] y el narcotráfico con carta de ciudadanía sean los medios de enriquecimiento de las clases ricas; etc. etc.

Todos sabíamos todo esto, pero en las clases medias urbanas no pasa nada, y este gobierno deslegitimado seguía operando, amparado en la anestesia de las sensibilidades y la neutralización de la acción de esos sectores medios. Ya Spinoza decía que todo movimiento subjetivo viene mediado por el deseo; por esto, la rebelión, la revolución, deben estar alimentadas de deseo, como nos recuerdan Deleuze y Guattari: "A menudo los revolucionarios olvidan, o no les gusta reconocer, que la revolución se quiere y se hace la revolución por deseo, no por obligación".

Quizás una explicación para comprender esta indiferencia de las clases medias urbanas la encontremos en su incomprensión de las verdades éticas que afloran desde la rebelión indígena popular. Las verdades éticas no son descripciones del mundo, ni verdades objetivas y exteriores, sino verdades sensibles: lo que sentimos ante algo más que lo que opinamos. Son verdades que nos vinculan a otros que perciben lo mismo, así los insultos, los agravios, las percepciones que se tenían de este gobierno oligarca y entreguista no eran los mismos en el mundo indígena que en el mundo de clase media urbano. Mientras que en los sectores indígenas y populares no se quedaban indiferentes, se comprometían en los bloqueos y marchas y, por lo tanto, les quemaban esas verdades; en las clases medias urbanas cundía el miedo, la desesperanza, la inseguridad, la desorientación.

Es en este marco que podemos comprender las palabras de dos intelectuales del indigenismo como son García Linera y Quya Reina. El ex vicepresidente afirma que "el movimiento ya ha llegado a un tope de expansión sostenida en la movilización campesina que, por ahora, no le permite ganar. Para la renuncia del gobierno faltaría la adhesión movilizada de nuevos sectores de la ciudad de El Alto y de algunos barrios populares de la ciudad de La Paz.... Y es en esta cualidad indígena-campesina de la movilización donde precisamente radica la causa estructural subyacente de todo el malestar social, y que cualquier proyecto político, de izquierdas o derechas, ya no puede eludir. En Bolivia ya no se puede gobernar sin los pueblos indígenas.[2]

En otras palabras, las clases medias urbanas deben seguir viendo desde el balcón la lucha política entre los pobres y ricos; además de augurar al movimiento indígena campesino de cogobernar con la izquierda o derecha, aunque la derecha se llame Reyes Villa, Tuto, Doria Medina o Marinkovic. El problema es en qué condiciones y quién lidera esos gobiernos.

Quya Reina, en su momento señalo que "¿Mario Argollo, Vicente Salazar o Nilton Condori son líderes? Quizá sí, pero les falta solidez e inteligencia... No hay estrategia, no hay visión y no hay estructura en ellos [...] Pero si esa fuerza no se conduce con inteligencia, somos solo un río desbordado, poderoso, sí, pero desbordado [..] Que el gobierno de Rodrigo Paz continúe, que gobierne con los empresarios, con la élite política de derecha...Hay una lucha hoy y una lucha pendiente. Tenemos cuatro años para organizarnos, para construir liderazgos reales, para asumir nuevos discursos, para fiscalizar, para concentrarnos en el siguiente oponente que no será Rodrigo Paz".[3]

En momentos críticos de la rebelión indígena popular Reina proponía bajar los brazos porque los Argollo y compañía no eran inteligentes, que no había estrategia ni estructura y que Paz se quede cuatro años, tiempo en el cual construir liderazgos reales para oponerse al nuevo gobernante, llámese como se llame. En otras palabras, lo que proponía Reina era rendirse y no dar más batalla a Paz, sin respondernos quién o quiénes construirían esos "liderazgos reales".

Las mujeres y hombres de las clases medias urbanas que el 2006 tenían 18 años, hoy tienen 38 años, quizás son los tres millones de clase media que produjo el gobierno del MAS, pero que nunca atravesaron procesos de politización, o sea, caminos donde la gente, como los hermanos de Pando, se hicieron preguntas radicales en torno a la ley 1720 que permitía la concentración de tierras en manos de los Marinkovic, para que después de varias reuniones decidan marchar 48 días y lograr la abrogación de esa ley, mediante la respuesta de acción colectiva. Las clases medias urbanas nunca tuvieron la oportunidad de atravesar ese proceso de politización, y por esto ahora son las grandes derrotadas; proceso en el cual la rebelión indígena popular nos deja grandes enseñanzas para trabajar por nuestra propia emancipación.

Este artículo pretende dar luces del por qué esa derrota de las clases medias, y cuáles son las enseñanzas que nos heredan esos cientos de miles de hermanos y hermanas que siguen en pie de lucha.

LAS CLASES MEDIAS URBANAS: DE LA DESPOLITIZACIÓN ¿A LAS FILAS DE LA REACCIÓN?

Las condiciones sociales, históricas y materiales donde hay relaciones de poder o estructuras de desigualdad nos afectan y condicionan nuestra forma de ser; así, la subjetividad, ese mundo interior con el que dialogamos, se vuelve funcional a ciertas condiciones de vida. Esta subjetividad nos puede dar pistas de cómo aprendemos a luchar y habitar las contingencias, y cómo nuestros malestares, rabias y decepciones pueden ser susceptibles de ser politizadas, ya sea para abrir horizontes emancipadores, o ser capturadas y reorientadas en clave reaccionaria.

El país vive una rebelión indígena popular, una realidad social y material expresada en bloqueos, movilizaciones, cabildos y asambleas, que condiciona la vida de 12 millones de habitantes, donde cada uno tiene la capacidad de influir en esas condiciones materiales y sociales y transformarlas, unos para dar otro sentido a esas estructuras de desigualdad y relaciones de poder, y otros para reforzar las desigualdades y poderes establecidos.

Que esta experiencia, como es la rebelión, sea real no significa que para todos baste para explicar el país; solos los que han sufrido dolor, agravio, humillación y miedo, y ahora que luchan en las carreteras y caminos, pueden hacer un análisis político, como han realizado cientos de miles de hombres y mujeres de las naciones originarias y sectores populares y llegar a la conclusión del pedido de renuncia de Paz Pereira.

La pregunta incuestionable es ¿por qué las clases medias urbanas no se han sumado a la lucha?

G. Colque, de la fundación Tierra, sostiene que el país ya no es un país de ingresos medios, sino un país pobre, porque el ingreso per cápita ha disminuido de 4.500 dólares con un tipo de cambio 6,96 a 2.800 dólares con tipo de cambio 10; por tanto, si antes cada mes el clasemediero ganaba 2.610 boliviano mes, ahora cobrará 2.333 bolivianos.

Que el malestar, la rabia y la decepción se ha originado en la promesas incumplidas, en la abrogación de impuestos a los ricos, la suspensión de la subvención a la gasolina que ha encarecido la vida, luz verde al narcotráfico, oligarquización y nepotismo del gobierno, etc. además del insulto y la denigración que sufre la rebelión; ha conducido a que las ideas y los valores de los hombres y mujeres que están en los bloqueos, marchas y cabildos, discrepen o choquen con los valores que marca el gobierno y la oligarquía que ocupa el poder estatal. Esto es evidente.

Pero qué sucede con los valores, intereses o emociones de las clases medias urbanas, conocedoras que ese pasado no volverá, primero, porque su poder adquisitivo ya está disminuido después del gasolinazo, segundo, porque el crecimiento del PIB boliviano, según organismos internacionales, será el peor de América del Sur, avecinándose golpes económicos más duros a la canasta familiar. ¿Entonces qué paso?

Los cuerpos de las clases medias urbanas en los cuales experimentan los efectos de la desigualdad, la injusticia o la discriminación, no lo están interpretando como una afrenta personal, ni mucho menos como producto de un gobierno oligarca y liberal que impulsa e impulsará sistemas más radicales de opresión y explotación, compartidos con el mundo indígena y sectores populares. Así, estas clases medias urbanas, en lugar de articular sus vidas en torno a conflictos sociales (clase, ideología, proyectos políticos contrapuestos, economía política), individualizan sus broncas, rabias, malestares, expresándolos en forma de sentimientos y pasiones tristes, como pueden ser el resentimiento y el miedo.

H. Arendt escribía "lo que prepara a los hombres para la dominación totalitaria en un mundo no totalitario es el hecho de que la soledad, que antes era una experiencia límite, que se sufre en condiciones sociales marginales, como la vejez, se ha convertido en una experiencia cotidiana para las masas cada vez más numerosas de nuestro siglo". No hay duda de que es más fácil que afectos como el miedo, la inseguridad o la impotencia se expandan en aglomeraciones muy divididas como son las clases medias urbanas, antes que en comunidades que disfrutan de vínculos fuertes, como es el mundo indígena. Por eso, la incertidumbre, la sensación de amenaza y la soledad de esas clases medias han sido factores para que clamen "estado de sitio", "maten a indios", "salvajes", "narcoterroristas", etc.

Más aún, el mismo gobierno al darle un protagonismo importante a la oligarquía cruceña en la toma de decisiones estructurales, fomenta el nacimiento del totalitarismo al dejar a las clases medias como invitado de piedra, ya que siguiendo a H. Arendt, el fenómeno del totalitarismo nace cuando "lo humano se ha producido de manera superflua"; y qué quería decir con hacer superfluo a un ser humano, significa privarle de un lugar en el mundo, no solo una identidad, sino que en ese lugar sus opiniones son insignificantes y sus acciones no son efectivas.

Ahora bien, la atomización social y la soledad personal de la clase media urbana es una pista clara para concluir que su malestar, su bronca, están siendo canalizados hacia posiciones políticas reaccionarias. La historia nos demostró que en las coyunturas marcados por el miedo y la incertidumbre son un terreno fértil para el surgimiento de posturas reactivas, que se reflejan en las exigencias de un líder fuerte, que imponga "orden", aunque esto implique represión, masacres y derramamiento de sangre.

Esta rebelión indígena popular que ha abierto una posibilidad de emancipación, también refleja la derrota de la clase media urbana, porque manifiesta una incertidumbre en su accionar político sobre el porvenir que puede materializarse en dos caminos posibles: el reaccionario, que vuelve la mirada con nostalgia hacia un momento pasado en el que, en apariencia, sus vidas estaban ordenadas y su futuro era promisorio; y, el emancipatorio, en el implica manipular su bronca y malestar en un elemento transformador, la base política para inventar un futuro diferente.

LA REBELIÓN INDÍGENA POPULAR: UNA VERDAD QUE SE DIRIGE POTENCIALMENTE A LA CONCIENCIA NACIONAL

Toda rebelión, como la se vive en Bolivia, desde sus inicios no se interesó por opiniones reaccionarias: "no hay la correlación de fuerzas", "no está bien organizado", "todo es un caos", etc.; para luego pasar por alto las críticas inmorales de aquellos que decían que esta rebelión carece de estrategia, de dirección, de mínimo programa, de lideres expertos, de huelga general indefinida, etc.

Estas posiciones reaccionarias y criticas prepotentes nacían de gente ideologizada de la 'izquierda' (sobre todo trotskista), que se olvidaban que al carecer de partido, dirección, programa, etc. la rebelión indígena popular expresaba la forma más pura de hacer comunismo, como lo fue la Comuna de Paría, o sea, el comunismo de movimiento: la creación conjunta del destino colectivo. Así, como también revelaba una verdad política, que no consiste en "tengo razón y el otro está equivocado", una verdad es algo que no existe anterior a los procesos políticos, por lo tanto, no se trata de verificarlas o no; sino que una verdad política es la presentación colectiva de los desfavorecidos, de los humillados, de los explotados, que va más allá de sus intereses grupales, y se instala para que exista justicia e igualdad.

Esta creación conjunta del destino colectivo, como verdad política, no fue comprendida ni apoyada militantemente por las clases medias urbanas, que mostraba un creciente individualismo neoliberal, que en el fondo supone una amenaza para la democracia, porque dejan de ser agentes colectivos para convertirse en actores atomizados, reduciendo drásticamente la capacidad de acción política frente a la desigualdad y la injusticia. Entonces, si dejar de debatir y luchar públicamente, ponen en riesgo la capacidad colectiva para debatir, negociar y construir soluciones a problemas comunes; y se contentan en ser guardianes morales que señalan a los demás, en este caso a los miles de hombres y mujeres de la rebelión, cómo deben "solucionar las carencias" que poseen, evidenciando que desde hace tiempo se han distanciado así de los sectores indígenas y populares, que son quienes siguen articulando la política en torno al conflicto.

Esta rebelión indígena popular ha dejado varias conclusiones. La primera, la federación departamental Tupac Katari es el sujeto político que ha abierto una posibilidad de construir el sujeto histórico a partir de las propias prácticas políticas y caminar hacia un proceso de emancipación; segundo, su acción política recuerda la conclusión de Marx: "la clase no es algo que esté dado, sino que se construye en el proceso de la lucha", por tanto, pertenece al sujeto histórico en construcción aquel que se implica en la lucha contra la oligarquía y su proyecto antinacional; tercero, no se trata de determinar qué lucha engloba a las demás, qué identidad es más amplia y merecedora de articular al resto, se trata de entender que más allá de las luchas concretas, es un deber y una responsabilidad converger en un proyecto colectivo compartido; cuarto, que la política "no es un asunto de ideas", es un asunto de producción de ideas que afectan, o sea, de experiencias o prácticas de lucha que después generan nuevas ideas, nuevas maneras de pensar.

En conclusión, la rebelión indígena popular nos demostró que la batalla cultural no es sólo cuestión de ideas, de teorías, de relatos seductores, de mensajes a colocar, sino que tiene que ver con prácticas, con experiencias, con sacudidas de la vida capaces, según explica la tradición materialista, de generar nuevas visiones del mundo.

Notas:

[1] https://larazon.bo/economia-y-

[2] https://lahaine.org/cZ4y

[3] https://www.facebook.com/

* Exmilitante de las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/la-rebelion-indigena-popular-la-unica-escuela 

Contra la amnesia: el terremoto de Venezuela, el momento histórico y la cuestión continental (II)

VENEZUELA, PENSAMIENTO :: 10/07/2026

CIRA PASCUAL MARQUINA, CHRIS GILBERT

El objetivo de EEUU y los medios no es simplemente criticar la respuesta del gobierno. Es debilitar todo el Proceso Bolivariano creando una brecha entre el pueblo organizado y el Estado

Los terremotos interrumpen la vida cotidiana, pero no la historia. Tampoco suspenden la política. Por el contrario, un sismo puede comprimir la historia en unos pocos días dramáticos, revelando relaciones sociales, proyectos políticos y fuerzas geopolíticas que normalmente permanecen ocultas bajo la superficie. El terremoto de Venezuela no es la excepción.

Como argumentamos en un artículo reciente, el impacto del terremoto se extendió a lo largo de fracturas materiales y sociales que ya estaban profundamente marcadas por una década de sanciones devastadoras y otras agresiones imperialistas. A su paso inevitablemente emergieron luchas por la soberanía y disputas por significados. Aunque centradas en Venezuela, estas luchas forman parte de un panorama histórico más amplio: el intento cada vez más agresivo de EEUU de reafirmar su dominio sobre América Latina.

Apenas había dejado de temblar el suelo cuando Washington comenzó a impulsar su agenda. Un observador optimista o ingenuo podría haber esperado que la campaña de EEUU contra el Proceso Bolivariano se suavizara en este momento. Al fin y al cabo, Caracas ya había hecho una serie de concesiones a EEUU bajo extraordinaria presión militar y económica en el período posterior al 3 de enero. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario.

A las pocas horas del terremoto, se desató una intensa guerra de desinformación. Aun cuando miles de bomberos, personal de protección civil, miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trabajadores de la salud, organizaciones comunales y voluntarios se desplegaban hacia las zonas más afectadas, la mayoría de los medios internacionales actuaron al unísono para negarlo. En contra de toda evidencia, insistieron en que el gobierno venezolano estaba ausente --que no había respuesta estatal, ni defensa civil, ni esfuerzo organizado de rescate--.

Por supuesto, ningún país está totalmente preparado para un desastre de esta magnitud, y mucho menos uno que ha soportado años de guerra económica. Sin embargo, la respuesta real, impresionante tanto en escala como en compromiso, fue sistemáticamente borrada de la vista del público. Más tarde, los medios corporativos presentaron cada medida del gobierno --desde la coordinación de las operaciones de rescate y la organización de refugios hasta la regulación del flujo de ayuda humanitaria-- como evidencia de "autoritarismo".

Para que quede claro, estas narrativas no surgieron únicamente de la prensa corporativa proimperialista; también se difundieron a través de las redes sociales y de voces aparentemente "independientes". Sin embargo, la uniformidad de estos mensajes apunta a que forman parte de una campaña organizada. Esa es la única forma de explicar que empleen los mismos recursos narrativos, contengan las mismas omisiones y lleguen a las mismas conclusiones.

Además, los medios corporativos no tardaron en amplificar las publicaciones más agresivas de las redes sociales como parte de su esfuerzo por deslegitimar al gobierno venezolano y sembrar el descontento político en medio del dolor y el duelo, reforzando así la idea de que solo una intervención externa podría rescatar al país.

Esto revela que el objetivo de Washington nunca se ha limitado a las concesiones económicas obtenidas tras el 3 de enero. Lo que persigue es el desmantelamiento integral del proyecto revolucionario venezolano, cuya fortaleza radica precisamente en la articulación entre el gobierno y las fuerzas populares organizadas. En última instancia, lo que está en juego es el proyecto inconcluso de recolonización de Venezuela y, con ello, reconfigurar el conjunto de América Latina bajo la hegemonía estadounidense.

Por eso la guerra mediática es tan importante. No se trata simplemente de controlar el ciclo informativo, sino de producir las condiciones de "legitimidad» para nuevas etapas del proyecto de recolonización. El patrón es conocido. A lo largo de la larga historia de intervenciones imperialistas en América Latina y otras latitudes, antes de intervenir, se construye un relato: que el Estado ha colapsado y lo que queda es autoritario; que el gobierno ha abandonado a su pueblo; que la soberanía nacional se ha convertido en un obstáculo para la ayuda humanitaria. Solo entonces la intervención puede presentarse no como una agresión, sino como una necesidad.

La batalla por las narrativas no es, por lo tanto, secundaria ni superficial: es uno de los principales escenarios a través de los cuales el poder imperialista busca fabricar el consentimiento político para intervenir contra una nación del Sur Global.

Washington quiere todo el paquete

En 1999, el líder antiimperialista Muammar Gaddafi inició un proceso de acercamiento con EEUU y Europa tras años de crueles sanciones y otras agresiones imperialistas contra el pueblo libio. Como gesto inicial, Gaddafi entregó a los dos sospechosos del atentado de Lockerbie para que fueran juzgados en los Países Bajos. Luego vino la normalización diplomática que tuvo lugar en 2002-2003 y un mayor acercamiento en los años siguientes.

El resultado de aquel proceso representa una lección importante para los proyectos antiimperialistas. En 2011, Libia --a pesar de las concesiones y del acercamiento-- sería bombardeada por la OTAN y Gaddafi asesinado por las fuerzas especiales británicas. Esto ocurrió mientras la secretaria de Estado de EEUU Hillary Clinton declaraba: "¡Vinimos, vimos y él murió!".

Los paralelismos entre Libia y Venezuela son muchos, pero es importante situar el momento histórico con precisión. Al igual que en Libia antes de 2011, Venezuela ha respondido en los últimos meses a las sanciones y otros ataques con concesiones y acercamientos, pero no ha sido derrotada y sigue representando una amenaza simbólica y material. Washington lo sabe muy bien. Para sus líderes y estrategas, la persistencia de un bloque revolucionario venezolano que conecta el liderazgo político con las bases sigue siendo inaceptable. Ese es el próximo objetivo del imperialismo, y es también lo que debemos defender.

Hay amplia evidencia de que el bloque revolucionario chavista sigue vivo. A pesar de años de sanciones, asedio financiero, amenazas militares, el bloqueo naval y los traumáticos acontecimientos del 3 de enero, la arquitectura esencial del Proceso Bolivariano sigue en pie. El Estado no se ha derrumbado. Las fuerzas armadas no se han fracturado. El movimiento comunal sigue organizando la vida social y participando en la gobernanza en todo el país. Miles de cuadros de nivel medio actúan como un puente entre las masas y la dirección nacional. Así, el chavismo sigue constituyendo un sujeto político popular forjado en tres décadas de experiencia revolucionaria.

Esto explica por qué la ofensiva de los medios corporativos tras el terremoto ha sido tan implacable. El objetivo no es simplemente criticar la respuesta del gobierno. Es debilitar todo el Proceso Bolivariano creando una brecha entre el pueblo organizado y el Estado, al tiempo que se prepara el terreno, tanto a nivel nacional como internacional, para justificar una ocupación permanente. Para el imperialismo, es la relación entre el pueblo y el Estado --no simplemente un presidente, un partido o cualquier política en particular-- lo que constituye el objetivo decisivo.

Por todas estas razones, quienes claman "Todo está perdido y Venezuela es un mero protectorado de EEUU" no están comprendiendo la situación concreta ni el momento histórico. No todo está perdido, y el imperialismo lo sabe muy bien. Nuestros enemigos comprenden la configuración del campo de batalla actual. Es lamentable que opinólogos que históricamente han estado de nuestro lado --supuestamente de izquierda y antiimperialistas-- les estén ayudando a destruir el bloque revolucionario al intentar poner a las masas en contra del liderazgo gubernamental.

Un punto de inflexión continental

El terremoto de Venezuela y los acontecimientos que lo rodean deben entenderse dentro de un contexto continental más amplio: un esfuerzo cada vez más voraz de EEUU por reafirmar su hegemonía sobre América Latina mediante la coerción económica, la presión militar y la intervención política. La llegada de marines estadounidenses bajo el pretexto de la asistencia humanitaria a Venezuela no es un episodio aislado. En todo el continente, la dominación imperialista se está volviendo más directa, más abiertamente militar y menos propensa a esconderse tras el discurso de la cooperación y el desarrollo.

Es precisamente en estas condiciones que América Latina debe recuperar el proyecto de Simón Bolívar de integración continental, la Patria Grande, y recordar la advertencia de José Martí sobre "el gigante con las botas de siete leguas". Ambos comprendieron que la verdadera independencia nunca podría garantizarse mediante repúblicas fragmentadas enfrentando al poder imperialista de manera aislada. La soberanía requería la unidad de Nuestra América. Esa lección no ha perdido nada de su urgencia.

Lo que está cambiando hoy no es la esencia del imperialismo, sino su forma. EEUU está abandonando cada vez más la pretensión de que el control hemisférico pueda ejercerse a través de acuerdos comerciales y soft power. La coerción económica sigue siendo fundamental, pero ahora va acompañada de bloqueos navales, despliegues militares, secuestros, bombardeos extraterritoriales, lawfare, intervención electoral descarada y una voluntad cada vez más explícita de proyectar la fuerza bruta en toda la región.

Venezuela ilustra esto con especial claridad, pero no es un caso único. Cuba está viviendo un cruel endurecimiento del bloqueo estadounidense, que ya es genocida, y enfrenta nuevos niveles de amenaza militar. En Ecuador, el restablecimiento permanente de la presencia militar estadounidense marca la reintegración del país en la arquitectura estratégica regional de Washington. Mientras tanto, nuevas formas de dictadura y fascismo (Bukele, Milei, de la Espriella, Paz, Kast) prometen la postración total de sus países ante el imperialismo y el sionismo. Estos acontecimientos son piezas de una agenda imperialista más amplia y ponen de manifiesto la urgente necesidad de que América Latina defienda colectivamente su soberanía frente a un proyecto agresivo de recolonización de facto.

Solidaridad con conciencia

La solidaridad con la Venezuela azotada por el terremoto, ha tomado muchas formas, y en su mayor parte ha sido valiosa tanto en lo material como para levantar la moral. Sin embargo, las naciones, organizaciones y personas amigas que deseen ayudar a Venezuela de la manera más efectiva no deben hacerlo con amnesia histórica o ingenuidad política. En el contexto actual, la solidaridad sustantiva puede adoptar una forma material, pero también requiere cuestionar las narrativas que borran el trabajo del gobierno venezolano y del pueblo organizado, facilitando así una mayor dominación imperialista.

Por lo tanto, es importante destacar que, aunque el terremoto puso de manifiesto las devastadoras consecuencias del régimen de sanciones de EEUU y otras agresiones, también sacó a la luz el potencial del metabolismo social emergente de la organización comunal. La rápida movilización de las comunas, los trabajadores y los voluntarios no surgió espontáneamente del desastre en sí. Fue el producto de un largo proceso de organización política cuya importancia va mucho más allá de la respuesta de emergencia.

En términos más amplios, defender la soberanía de Venezuela no es simplemente una cuestión venezolana. Es parte de una lucha más amplia que determinará si América Latina seguirá siendo un conjunto de repúblicas aisladas, cada una enfrentándose sola al poder imperialista, o si se convertirá, por fin, en la Patria Grande soñada por Bolívar y defendida por Martí, Fidel, Chávez y tantos otros.

El terremoto no interrumpió esa historia, simplemente nos recordó que, incluso en medio de la tragedia, la lucha inconclusa del continente continúa. La tarea esencial es garantizar que los pueblos de América Latina salgan de los escombros --tanto literales como metafóricos-- de la amplia ofensiva imperialista con sus proyectos soberanos y sus objetivos emancipadores intactos.

MROnline.org

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/contra-la-amnesia-el-terremoto-de-venezuela