El «caso Gürtel» cumple 18 años a la espera de sentencia en el último de los 12 juicios contra la mayor trama de corrupción del PP

Por Pilar Araque Conde | 07/08/2026 | España

Fuentes: Público

Un 6 de agosto, pero de 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a cargo del Juzgado Central de Instrucción 5, abrió las «diligencias previas número 275/2008» a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, basada en las grabaciones aportadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. 

Esta investigación destapó la mayor trama de corrupción vinculada al PP, conocida como caso Gürtel: una red de empresas dirigidas por el empresario Francisco Correa, que había conseguido contratos y adjudicaciones de comunidades y ayuntamientos gobernados por los populares a través de comisiones y regalos.

18 años después, el magistrado que inició la investigación sigue apartado de la carrera judicial tras su condena en 2012 por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión investigados en este caso y sus abogados. Sin embargo, la causa, cuyas primeras detenciones llegaron en febrero de 2009, está a la espera de que se le pueda poner el broche final, ya que aún sigue pendiente la sentencia sobre la última rama juzgada, la llamada pieza principal.

El juicio quedó visto para sentencia el 12 de noviembre de 2025, hace casi nueve meses. El principal hito de la vista oral se constató el primer día, el 20 de octubre, cuando la representante del Ministerio Fiscal anunció que la mayoría de acusados (20 de 25) admitió los hechos de los que les acusa a través de diferentes escritos. 

Entre los procesados confesos se encuentran el propio Francisco Correa y su antiguo número dos y exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, los principales cabecillas de una compleja red corrupta dividida en 13 ramas. También admitieron los hechos los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel; el llamado contable de la trama, José Luis Izquierdo; el conocido constructor José Luis Ulibarri o el empresario Jacobo Gordon. Este último era socio de Alejandro Agag, yerno del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar.

La instrucción sobre esta última pieza concluyó el 9 de marzo de 2020. Según explicó el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, la organización liderada por Francisco Correa durante dos décadas (desde finales de 1999), fue «un holding empresarial dedicado a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba para el Partido Popular». En este grupo empresarial tenía también un «importante poder de decisión» Pablo Crespo.

«La finalidad era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática, con cargo a fondos públicos, mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros, previo pago de la correspondiente comisión», sostiene el auto.

Para ello, «crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita».

Este conglomerado empresarial se relacionaba con distintas administraciones públicas, «participando en diversos concursos de adjudicación de contratos de obras y servicios, singularmente (aunque no de modo exclusivo), en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia«. En el ámbito de su actividad, organizadora de eventos, «lo hicieron para el Partido Popular, primero en Madrid y posteriormente en Valencia, incluyendo diversas campañas electorales».

Entre ingresos ocultos y gastos deducidos indebidamente, los acusados «dejaron de ingresar un total de 2.607.773,65 euros por los conceptos de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e Impuesto sobre Sociedades (IS) correspondientes a los ejercicios 2003 a 2007″.

Por otra parte, Francisco Correa percibió al menos 31 millones de euros por «su intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que ocultó a través de una compleja estructura societaria y financiera».

Tres condenas al PP

Aparte de la última pieza, se han celebrado otros 11 juicios. De las 13 piezas separadas, la relativa a los papeles de Bárcenas, que investigaba las adjudicaciones de obra pública a cambio de donaciones, fue archivada al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa.

Sin duda, la pieza que supuso un antes y un después fue la relativa a la primera época de la trama, que abarca el periodo 1999-2005. Además de las condenas confirmadas más tarde por el Supremo a Correa (51 años de prisión); al exalcalde del PP de la localidad madrileña de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años de cárcel); a Pablo Crespo (36 años de prisión), o al extesorero del PP Luis Bárcenas (29 años de cárcel), el Alto Tribunal confirmó la condena al PP como partícipe a título lucrativo. La sentencia de la Audiencia Nacional, emitida en mayo 2018, motivó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, siendo la primera de la historia en prosperar.

Al calor de esta trama, el PP ha sido condenado en otras dos ocasiones. En 2022, la Audiencia Nacional condenó al partido al pago de 204.198,64 euros por lucrarse de los beneficios que obtuvo de la red entre 2001 y 2009 en el municipio de Boadilla del Monte (Madrid), con Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, como alcalde, a quien impuso 36 años y 11 meses de prisión. 

Más tarde, en noviembre de 2024, el Alto Tribunal confirmó la condena al PP como responsable civil subsidiario por el pago en negro de la reforma de la sede de la madrileña calle de Génova. Además, ratificó la culpabilidad de Bárcenas en la gestión de la caja b del partido.

Otras piezas juzgadas

En mayo de 2025, la Audiencia Nacional condenó a los principales líderes de la Gürtel y a varios exdirigentes locales, como el que fuera alcalde de Arganda del Rey Ginés López (PP), al que impuso 5 años y 7 meses de prisión, por las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña a cambio de obtener contratos públicos.

En cuanto a la pieza sobre los contratos irregulares de AENA con el grupo de empresas de Francisco Correa entre 2000 y 2002, además del cabecilla, fueron condenados el exdirector de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota Muñoz y su subordinado José María Gavari Guijarro, entre otros. Y, sobre la actividad de este entramado en Jerez, el Alto Tribunal ratificó en febrero de 2022 las penas para Francisco Correa y Pablo Crespo.

Cabe señalar que el primer juicio se celebró en la Comunidad Valenciana. Se trata de la conocida como causa de los trajes, que supuso la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps y del que fuera secretario general del PPCV en la región Ricardo Costa, por un presunto delito de cohecho pasivo impropio.

Asimismo, la primera causa relacionada con la trama que tuvo sentencia firme del Supremo fue la pieza sobre los contratos irregulares de la Generalitat valenciana para la feria de turismo de Fitur. Entre las condenas destacaron los 13 años y 3 meses de prisión para Pablo Crespo, 13 años para Francisco Correa, 12 años para Álvaro Pérez, el Bigotes, o los nueve años de prisión impuestos a la exconsejera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez.

En mayo de 2024, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Correa, Crespo y Pérez, pero absolvió a Francisco Camps del delito de tráfico de influencias y prevaricación del que se le acusaba en el juicio de la causa relacionada con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

En 2019, la Audiencia Nacional confirmó las condenas de hasta seis años y nueve meses a los cabecillas de la trama, empresarios y el exdirigente popular Ricardo Costa por la caja b del PP valenciano. Por último, en abril de 2023, el Alto Tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional en la pieza sobre la visita del Papa. El fallo consideró probado la existencia de una estructura societaria creada por Francisco Correa para obtener adjudicaciones ilegales de contratos de distintas administraciones y entidades públicas en la Comunidad Valenciana entre los años 2004 y 2008.

94 condenados a prisión, 16 superan los 10 años de cárcel

Entre todas las sentencias, las condenas a penas de cárcel afectan a 94 personas, según los datos recabados por Público. 38 acumulan penas inferiores a dos años y otras 40 se sitúan en la orquilla entre los dos y los 10 años de cárcel. Hay 16 personas que superan estas cifras, varias de ellas de manera muy holgada. 

Francisco Correa es el principal condenado. Acumula 115 años entre las nueve condenas por esta macrocausa, aunque tiene fijado un límite máximo de condena de 18 años en prisión (se calcula al multiplicar por tres la pena por el delito más grave cometido).

Le siguen su número dos, Pablo Crespo (96 años); el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (40 años y tres meses); el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (36 años y 11 meses); la gestora de empresas del Grupo Correa y estrecha colaboradora del cabecilla, Isabel Jordan (30 años y seis meses); Álvaro Pérez, El bigotes (28 años); el extesorero del PP Luis Bárcenas (29 años y nueve meses); el que fuera viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes de Aguirre, Alberto López Viejo (27 años y diez meses); el considerado como «contable» de la trama, José Luis Izquierdo (21 años y dos meses); la exmujer de Francisco Correa y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez (17 años y ocho meses por la primera); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (17 años y dos meses); el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); el fallecido José Luis Martínez Parra (13 años y siete meses); la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 años y 11 meses); el contable Cándido Herrero (12 años y cuatro meses), y el empresario Ramón Blanco Balín (11 años y nueve meses).

Muchos de ellos aguardan a la esperada sentencia de la llamada pieza principal, que dará la puntilla a esta causa 18 años después de que se iniciara la investigación judicial.

Fuente: https://www.publico.es/politica/tribunales/caso-guertel-cumple-18-anos-espera-sentencia-ultimo-12-juicios-mayor-trama-corrupcion-pp.html 

El socialismo y la crisis social de Occidente

Por Pedro Barragán | 06/08/2026 | Opinión

Fuentes: Rebelión

Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las economías capitalistas desarrolladas vivieron un período excepcional de crecimiento económico, aumento de la productividad y mejora generalizada de las condiciones materiales de vida. La expansión del empleo industrial, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la construcción de amplios sistemas públicos de educación, sanidad y protección social y una fiscalidad mucho más progresiva permitieron que una parte significativa del crecimiento se trasladara a los salarios y al bienestar de las clases trabajadoras.

Aquel equilibrio, sin embargo, no fue una consecuencia natural del capitalismo. Fue el resultado de unas circunstancias históricas muy concretas, donde se sumaron la reconstrucción europea tras la guerra, la elevada productividad de la industria manufacturera, la fortaleza del movimiento obrero y la propia existencia de un bloque socialista que obligaba a las élites occidentales a aceptar importantes concesiones sociales para preservar la estabilidad política. El denominado Estado del Bienestar fue, en buena medida, el producto de una correlación de fuerzas favorable al trabajo que difícilmente puede entenderse al margen de aquel contexto histórico.

Ese equilibrio comenzó a romperse a finales de la década de 1970.

La revolución neoliberal impulsada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher inauguró una nueva etapa caracterizada por la liberalización financiera, las privatizaciones, la desregulación de los mercados laborales, la reducción de la capacidad redistributiva del Estado y la creciente internacionalización del capital. Bajo el argumento de aumentar la eficiencia económica, el poder de negociación del trabajo fue debilitándose progresivamente mientras que el capital financiero adquiría un protagonismo sin precedentes.

Las consecuencias de esta transformación resultan hoy evidentes. En la mayoría de las economías occidentales, la participación de los salarios en la renta nacional ha disminuido, mientras la concentración de riqueza alcanza niveles que no se observaban desde principios del siglo XX. Los beneficios empresariales y las rentas del capital han crecido mucho más deprisa que los salarios, al tiempo que la especulación financiera ha adquirido un peso creciente frente a la inversión productiva.

La economía ha pasado a organizarse cada vez más alrededor de los intereses del capital financiero y de los grandes fondos internacionales de inversión. La rentabilidad a corto plazo se ha convertido en el criterio dominante para orientar decisiones empresariales que afectan a millones de trabajadores. Empresas perfectamente viables desde el punto de vista productivo son deslocalizadas para reducir costes laborales, sectores industriales enteros desaparecen porque ofrecen menores retornos financieros y la inversión se concentra crecientemente en actividades especulativas con escasa capacidad para generar empleo de calidad.

La desindustrialización de buena parte de Europa y de amplias regiones de Estados Unidos constituye una de las expresiones más visibles de este proceso. Millones de empleos industriales relativamente estables han sido sustituidos por ocupaciones más precarias, peor remuneradas y con menor capacidad de organización sindical. La pérdida de tejido productivo no sólo ha reducido los salarios y las oportunidades laborales, también ha debilitado la soberanía económica de numerosos países.

Al mismo tiempo, la vivienda ha dejado progresivamente de entenderse como un derecho social para convertirse en un activo financiero. Fondos de inversión, grandes entidades financieras y sociedades inmobiliarias controlan una parte creciente del mercado residencial en numerosas ciudades occidentales, impulsando una escalada de precios que expulsa a amplios sectores de la población del acceso a una vivienda digna. Una parte creciente del salario de las nuevas generaciones se destina simplemente a pagar alquileres o hipotecas, reduciendo su capacidad de ahorro y dificultando cualquier perspectiva de movilidad social.

El mismo proceso puede observarse en otros ámbitos esenciales de la vida cotidiana. La educación superior se encarece, la sanidad pública sufre procesos continuos de privatización o infrafinanciación, los sistemas públicos de pensiones son objeto de presiones permanentes para reducir su alcance y el empleo estable deja paso a formas crecientes de temporalidad, subcontratación y trabajo en plataformas digitales.

La paradoja resulta difícil de esconder. Nunca antes las fuerzas productivas habían alcanzado un nivel semejante de desarrollo. La revolución digital, la automatización, la inteligencia artificial, la biotecnología o la robótica multiplican la capacidad productiva de la humanidad. Sin embargo, esa riqueza potencial no se traduce automáticamente en una mejora equivalente de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Por el contrario, una parte creciente del incremento de productividad termina concentrándose en los beneficios empresariales, en las grandes fortunas y en la valorización de activos financieros.

Esta evolución no constituye una anomalía sino una manifestación de las contradicciones inherentes al capitalismo en su fase contemporánea. El extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas entra en conflicto con unas relaciones de producción orientadas prioritariamente hacia la rentabilidad privada y la acumulación de capital. La economía posee capacidad material para garantizar niveles muy elevados de bienestar colectivo, pero la distribución de esa riqueza continúa subordinada a mecanismos que favorecen su concentración.

Esta situación explica el creciente malestar político que atraviesan numerosas democracias occidentales. El deterioro de las expectativas de ascenso social, la precarización del empleo, el aumento de la desigualdad y la percepción de que las decisiones económicas escapan al control democrático alimentan una profunda crisis de legitimidad. 

En este contexto, el socialismo reaparece como una propuesta para recuperar el control democrático sobre los grandes procesos económicos. La cuestión no es únicamente redistribuir una riqueza previamente creada, se trata de decidir colectivamente cómo se organiza la producción, hacia dónde se dirige la inversión, qué sectores deben considerarse estratégicos y cómo garantizar que los extraordinarios avances tecnológicos beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes controlan el capital.

La experiencia del socialismo chino no ofrece respuestas automáticamente trasladables a las sociedades occidentales, cuyas condiciones históricas e institucionales son muy diferentes. Pero sí demuestra que la política puede seguir desempeñando con éxito un papel dirigente sobre la economía, que la planificación puede coexistir con la innovación y que el desarrollo tecnológico no tiene por qué quedar exclusivamente subordinado a los intereses del capital financiero.

Precisamente por ello, el principal objetivo del socialismo occidental ha de consistir en reconstruir una economía donde el progreso técnico vuelva a ponerse al servicio del trabajo, del bienestar colectivo y de la democracia económica, y no de la acumulación ilimitada de riqueza por una minoría.

Pedro Barragán, Economista, Editor de China Información y Economía, Autor del libro: “Por qué China está ganando”

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

Libertad para los presos políticos en Ucrania

                                            

                                                                                                          

Agosto 6, 2026 | ACTUALIDAD, Internacional

Libertad para los presos políticos en Ucrania

(Comunicado conjunto)

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El 5 de agosto, 92 presos políticos antifascistas recluidos en cárceles de Ucrania llevarán a cabo una huelga de hambre colectiva de un día para denunciar las duras condiciones de reclusión y las torturas a las que se ven sometidos.

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La naturaleza fascista del régimen de Ucrania conlleva la represión más feroz contra las personas que, desafiando el terror, se atreven a enfrentarlo y a resistirse a la aniquilación de su pueblo para servir a los intereses del imperialismo euro-estadounidense.

Se calcula que más de 50.000 presos políticos antifascistas sobreviven en las condiciones más salvajes de represión y tortura. Además, 150.000 personas están siendo procesadas por deserción, evasión del servicio militar obligatoria, negativa a participar en la guerra, etc.

Otras 300.000 personas han sido objeto de citaciones policiales y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), intimidación, amenazas, las llamadas ‘conversaciones preventivas’, visitas de las fuerzas de seguridad a sus domicilios y presión de grupos nacionalistas armados.

El fascismo, como expresión de la eliminación de cualquier vestigio de límites morales o legales, no es una excepción histórica. Es la  evolución natural de la democracia burguesa en tiempos de crisis. En estas épocas el capitalismo adopta como “solución” la destrucción de la economía productiva y su sustitución por la fabricación de armamento, y la guerra como máxima expresión de la devastación provocada.

La extensión y el salvajismo de la represión en Ucrania no es una rareza, es una muestra que anticipa el destino que la oligarquía que gobierna la UE prepara para la clase obrera y los pueblos de Europa, especialmente para los que formamos parte de la OTAN.

A escala internacional se intensifica la represión contra organizaciones antifascistas y antiimperialistas; mientras, en el Reino de España se recrudece la represión contra la clase obrera y los movimientos sociales cuya expresión más dura es el ensañamiento contra Pablo Hasel y demás presos políticos.

El 5 de agosto, 92 presos políticos antifascistas recluidos en cárceles de Ucrania llevarán a cabo una huelga de hambre colectiva de un día para denunciar las duras condiciones de reclusión y las torturas a las que se ven sometidos. A ellos se unirán otros presos políticos de países como Turquía o Grecia.

El valiente desafío que supone, junto a la incipiente coordinación internacional que se pone de manifiesto, es una buena noticia que nos interpela.

Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes:

1º.- Manifiestan su firme solidaridad con los presos políticos de Ucrania y de otros países que llevarán a cabo una huelga de hambre el día 5 de agosto y saludan la coordinación internacional que la ha hecho posible.

2º La lucha antiimperialista y antifascista tiene como  pilar básico e ineludible la solidaridad con los presos políticos. tanto en nuestro Estado, como en el plano internacional.

3.- Esta solidaridad internacionalista, antiimperialista y antifascista adquiere especial relevancia cuando la oligarquía euro-otanista prepara la guerra contra Rusia y el fascismo adquiere formas  cada vez más precisas en nuestros Estados para tratar de impedir que el creciente nivel de conciencia que la crisis propicia se fortalezca y se organice.

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¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA DE LA CLASE OBRERA Y DE LOS PUEBLOS!

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ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN.

Estado español:

• Centro Social Octubre.
• Coordinación de Núcleos Comunistas-
• Movimientos Antiimperialistas de Madrid.
• Plataforma de Madrid contra la OTAN y las Bases.
• Plataforma Comunista de Ciudad Real
• Partido Comunista de los Pueblos de España.
• Red Roja (m-c)
• Sindicato Andaluz de Trabajadores.
• Unión Proletaria.

Organizaciones internacionales:

• ASSE ANTIIMPERIALISTA (Italia)
• Unión pour la Reconstruction Comuniste (Francia)
• Workers World (EE.UU)

Terremoto monetario en Japón con riesgo de tsunami global

Por Juan Torres López | 06/08/2026 | Economía

Fuentes: CTXT [Foto: Donald Trump y Sanae Takaichi, primera ministra japonesa, en el Palacio de Akasaka (Tokio), el martes 28 de octubre de 2025. / Daniel Torok (White House)]

La globalización financiera no ha eliminado los riesgos, los ha conectado, y una tensión monetaria localizada puede recorrer el planeta en cuestión de horas

Mientras medio mundo sigue pendiente de los aranceles de Trump, de las guerras o de la inteligencia artificial, en Japón se está produciendo uno de los movimientos financieros más peligrosos de los últimos años. Tanto, que hasta el Gobierno de Estados Unidos ha considerado necesario intervenir para intentar frenarlo. El pasado 3 de agosto, Tokio y Washington confirmaron oficialmente que días antes habían comprado yenes de forma coordinada en los mercados. Ha sido la primera operación conjunta de esta naturaleza desde 1998 y la última vez que ambos países actuaron juntos en el mercado del yen fue en marzo de 2011 para debilitarlo, por cierto, justo después del terremoto y el tsunami de Töhoku. 

En este artículo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible qué está sucediendo y lo que podría venir después.

La larga excepción japonesa

La economía de Japón se está comportando desde hace décadas como un caso verdaderamente excepcional. Tras el estallido de su burbuja inmobiliaria y bursátil, a comienzos de los años noventa del siglo pasado, el país entró en un período de crecimiento débil, con tipos de interés próximos a cero y sin apenas inflación.

Desde entonces, el Estado fue acumulando una gigantesca deuda pública que se sitúa en torno al 235% del PIB, con diferencia la más alta del mundo desarrollado. Aunque, en contra de lo que generalmente se afirmaba que iba a ocurrir, esa montaña de deuda no produjo el colapso de la economía. Gracias al ahorro de los propios japoneses y a las compras masivas de deuda por parte del Banco de Japón y con tipos de interés artificialmente bajos, se pudieron financiar los déficits sin grandes problemas.

Sin embargo, eso ocurrió de forma excepcional, gracias a condiciones muy difíciles de reproducir que han empezado a desaparecer.

Lo que oculta la intervención de EEUU es una falla estructural del sistema financiero internacional, un peligro real de la que apenas se habla

El equilibrio que dejó de serlo

El aparente estado de bonanza de la economía japonesa comenzó a mostrarse de otro modo cuando, ya en 2019, empezaron a registrarse cuellos de botella en el comercio internacional que se agravaron con las tensiones inflacionistas posteriores a la COVID, a la invasión de Ucrania y, ya más tarde, con la guerra en Irán.

Los tipos de interés y la rentabilidad de los bonos de otros países subían, y los casi nulos de Japón llevaron a que los capitales buscasen mayor rentabilidad en el exterior, al mismo tiempo que disminuía el ahorro interior y que los gobiernos de derecha aumentaban el gasto público y bajaban impuestos. El coste de la financiación del Estado empezó a aumentar justo cuando el gran volumen de deuda acumulada hace que cualquier incremento de los intereses tenga efectos multiplicados.

En esas condiciones, la cotización del yen bajaba rápidamente, aumentando así el problema, porque una moneda más débil favorece las exportaciones, pero también encarece las importaciones de energía, alimentos y materias primas que en gran volumen realiza Japón, lo que impulsa las subidas de precios. Y, en esas condiciones, la política monetaria se enfrenta a una disyuntiva fatal: para evitar el hundimiento de la divisa necesitaría fuertes alzas de los tipos de interés, pero si las lleva a cabo con ese fin, la deuda pública se dispararía por el coste de los intereses, justo cuando más está gastando un gobierno empeñado en aumentar su potencia militar.

Estados Unidos entra en juego

Sin posibilidades reales de aumentar los tipos de interés lo suficiente, lo que han venido haciendo las autoridades japonesas ha sido comprar su propia moneda en los mercados internacionales. Para hacerlo necesitan gastar reservas, y el gran temor, lo que de verdad late en el trasfondo de todo esto, es que, si esas reservas no bastan, acaben teniendo que vender de forma masiva los activos más líquidos que poseen: los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Precisamente para evitar ese escenario, las autoridades monetarias han recurrido a dos artificios muy reveladores en la intervención que han llevado a cabo.

Por un lado, Japón ha anunciado que utilizará un mecanismo de la Reserva Federal, el llamado repo FIMA, que le permite acceder hasta a 60.000 millones de dólares por día entregando temporalmente sus bonos de Estados Unidos como garantía durante un máximo de siete días, sin tener que venderlos. Y, por otro, la Reserva Federal, en vez de vender dólares para comprar yenes (lo que bajaría la cotización del dólar), lo que hizo fue vender euros de sus reservas, un movimiento insólito (como explico después) que sorprendió a todos los operadores.

Son dos movimientos que apuntan a lo mismo: no quieren que se encienda la mecha de una venta forzada de deuda estadounidense ni que el dólar se deprecie en exceso.

Si la operación fuese puntual o de escasa cuantía, a Estados Unidos podría afectarle, porque al haber más oferta de bonos debe subir su rendimiento y eso encarece su financiación, pero sólo temporalmente y sin mayores problemas.

Sin embargo, Estados Unidos ha hecho en las últimas semanas lo que no suele hacer: intervenir para defender la moneda de otro país y, menos aún, cuando se trata de una economía avanzada, como la japonesa, de la que se supone que tiene un banco central con suficientes instrumentos para resolver sus problemas monetarios.

Lo que oculta, por tanto, la intervención de Estados Unidos es una falla estructural del sistema financiero internacional, un peligro real de la que apenas se habla: la peligrosa interrelación entre las finanzas de las grandes potencias y el riesgo al que está sometida la deuda estadounidense.

EEUU no está ayudando a Japón por generosidad, sino para evitar que se produzca un terremoto monetario que llevaría a un tsunami que alcanzaría a su economía

Estados Unidos logró disponer de un privilegio único: la moneda que imprime a su voluntad es la más deseada y utilizada por los demás países, lo que significa que puede emitirla sin cesar. Puede endeudarse emitiendo bonos de su Tesoro mientras haya suficientes dólares circulando y los demás países vayan obteniendo excedentes que materialicen en la divisa estadounidense. Pero si, por el contrario, las demás economías entran en crisis y se ven obligadas a obtener liquidez para mantener la cotización de sus propias monedas, como le ocurre ahora a Japón, la deuda que peligra es la de Estados Unidos.

Japón es hoy día uno de los mayores poseedores de deuda pública estadounidense (en torno a 1,2 billones de dólares) y también de otros activos, como acciones (1,2 billones) o deuda de empresas (300.000 millones de dólares). Si el gobierno y el banco central de Japón tuvieran que deshacerse de una parte considerable de esos títulos, lo que provocaría sería un problema de gran dimensión en Estados Unidos: la Reserva Federal quizá se viera obligada a elevar los tipos de interés, encareciendo la financiación del Gobierno estadounidense y desestabilizando al conjunto del sistema financiero internacional.

Estados Unidos no está ayudando a Japón por generosidad, sino para evitar que se produzca allí un terremoto monetario que, con toda probabilidad, llevaría consigo un tsunami que alcanzaría a su propia economía.

Especulación como telón de fondo

Lo que hay que retener y comprender bien es cómo un problema monetario japonés puede convertirse en un problema de todos.

Durante años, los tipos de interés casi nulos de Japón convirtieron al yen en la moneda favorita para una operación especulativa muy rentable pero muy peligrosa llamada “carry trade”. Los especuladores se endeudan en yenes prácticamente gratis para invertir ese dinero en activos de mayor rendimiento en el resto del mundo, desde bonos estadounidenses hasta bolsas o criptomonedas.

El problema de este mecanismo es que, cuando el yen se aprecia bruscamente, por ejemplo, si los bancos centrales salen a comprarlo, ese enorme entramado de posiciones especulativas se deshace en cadena y obliga a vender activos por todo el planeta para devolver los préstamos contraídos en yenes porque dejan de ser rentables. Algo que ya ocurrió en agosto de 2024, cuando una subida relativamente modesta del yen fue suficiente para provocar una caída bursátil global de varios días.

Es difícil calcular con exactitud la magnitud de este tipo de operaciones, pero en cualquier caso es muy grande. En su acepción más amplia, se estima que ese carry trade en Japón movía unos 20 billones de dólares en 2023, más de cinco veces el PIB de Japón y un volumen que se ha mantenido e incluso aumentado su componente especulativa desde entonces. Y aunque se acepte que sólo una parte, quizá unos cuatro billones de dólares, corresponda a posiciones especulativas capaces de deshacerse en tromba, se trataría de uno de los mayores, menos vigilados y más peligrosos motores de liquidez del planeta. En palabras textuales de BCA Reasearch en febrero de 2026, “una bomba de relojería”.

Europa dispone de una de las grandes monedas internacionales, pero rara vez ejerce un liderazgo equivalente en la gobernanza monetaria mundial

El euro paga, sin comerlo ni beberlo, y China juega otra partida

Para no debilitar al dólar al ayudar al yen, la Reserva Federal financió la compra de yenes vendiendo euros, lo que pilló a contrapié a los mercados y metió al euro en un conflicto que no era el suyo. El euro ha servido como instrumento financiero de la operación, pero la Unión Europea no apareció como actor político de la respuesta. Una nueva muestra de la paradoja europea: dispone de una de las grandes monedas internacionales, pero rara vez ejerce un liderazgo equivalente en la gobernanza monetaria mundial. 

Y, mientras tanto, este proceso ha puesto de relieve un contraste interesante entre lo que ocurre en Japón y lo que hace China.

Tokio vende, o tiene miedo a tener que vender, porque está acorralado, ha de defender su moneda y trata de vender dólares y títulos estadounidenses a la desesperada. Pekín, por el contrario, lo hace por estrategia, de forma deliberada, sostenida y ordenada, no por necesidad como Japón. Ahora bien, ambos movimientos tienen el mismo efecto: erosionan el privilegio que permite a Estados Unidos financiarse barato porque el resto del mundo necesita y desea sus dólares. Y la paradoja es que una parte creciente de la deuda récord que está tensionando las finanzas japonesas se destina a un rearme militar acelerado pensado, sobre todo, en enfrentarse a China. Pero, en ese proceso, Japón debilita su economía, endeudándose hasta el límite de lo sostenible, para armarse contra el país que, por el contrario, se fortalece al desprenderse con calma del dólar y acumular oro.

Sólo pagar los intereses de la deuda va a llevarse en torno a la décima parte del presupuesto de Japón en 2026

La compra de yenes alivia, pero no es solución

Cuando uno o varios bancos centrales intervienen masivamente en el mercado de divisas para frenar la caída brusca de una moneda, como ahora hacen los de Japón y Estados Unidos, la caída puede frenarse. Pero no se eliminan las causas que la provocan.

Japón sigue teniendo una deuda gigantesca y, aunque se la debe principalmente a los propios japoneses, ya se está viendo que no va a poder hacerlo continuamente sin soportar tensiones muy fuertes. Las cifras marean: el rendimiento de su bono a 40 años ha superado el 4% por primera vez, el de su bono a 10 años ha llegado a rebasar al de la deuda china, lo que nunca había sucedido, y sólo pagar los intereses de la deuda va a llevarse en torno a la décima parte del presupuesto del Estado en 2026.

El envejecimiento de la población es acelerado y eso frena el crecimiento potencial de la economía japonesa; su gobierno de extrema derecha se ha embarcado en una carrera de gasto militar muy costosa, reduce al mismo tiempo los impuestos, y el Banco de Japón no sale del dilema realmente irresoluble que hemos comentado.

La economía japonesa va a seguir sufriendo los mismos desequilibrios que han generado tensiones en las finanzas internacionales, y todo eso ocurre porque se ha permitido que exista un sistema financiero global casi totalmente interconectado, en donde hay plena libertad de movimientos para el capital sin que apenas existan mecanismos de contención o reequilibrio que no sean el tipo de intervenciones puntuales que hemos comentado.

El riesgo de tsunami

Por supuesto, sería pura imprudencia asegurar que las dificultades de Japón van a provocar una crisis financiera mundial. Pero igual de imprudente resulta minimizar la importancia de lo que está ocurriendo.

El propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha pedido que el mecanismo FIMA se amplíe en los próximos meses y cuando el bombero pide más potencia al extintor no tranquiliza, sino que más bien señala la medida del incendio. Precisamente, porque el problema al que se quiere hacer frente no es puntual, sino estructural, tanto en Japón como en las finanzas globales.

Si se siguen acumulando tensiones, alguno de los grandes tenedores de deuda y títulos estadounidenses se verá obligado, antes o después, a venderlos para poder salvar sus muebles. Y el contagio, entonces, será inmediato, global y quizá imparable.

Durante años se ha dicho que los mercados financieros distribuían bien el riesgo y lo que ahora estamos comprobando es justamente lo contrario

Contemplar la cotización del yen como si ese fuera el problema es como detener la atención en el dedo que señala a la Luna. Lo que el terremoto monetario de Japón está poniendo de relieve es lo irreal y frágil del presupuesto sobre el que se sostiene el edificio de las finanzas internacionales: aumentar sin cesar la deuda (el gran negocio de los bancos y de las grandes empresas cada vez más volcadas en otorgar crédito privado) gracias a tipos de interés extraordinariamente bajos y confiando exclusivamente en que el orden lo impongan los mercados.

Es pronto para saber si nos encontramos ante una simple turbulencia o ante el comienzo de una transformación mucho más profunda. Durante años se repitió que Japón demostraba que las montañas de deuda podían sostenerse indefinidamente. Tal vez lo que estamos viendo ahora sea exactamente lo contrario: el primer aviso serio de que incluso las excepciones históricas tienen un límite. Y, sobre todo, algo mucho más importante. Durante años se ha dicho que los mercados financieros distribuían bien el riesgo y lo que ahora estamos comprobando una vez más es justamente lo contrario. La globalización financiera no ha eliminado los riesgos, los ha conectado, y una tensión monetaria localizada puede recorrer el planeta en cuestión de horas.

Juan Torres López es economista y catedrático jubilado de Economía Aplicada.

Fuente: https://ctxt.es/es/20260801/Firmas/54769/Juan-Torres-Lopez-japon-deuda-eeuu-trump-globalizacion.htm