Los medios digitales alternativos y autogestionados denuncian la ofensiva de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra el periodismo de investigación y el derecho a la información. Manifiestan su solidaridad con El Salto.
Comunicado:
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto sancionar al medio cooperativo El Salto con 5.000 euros y le obliga a censurar hasta dejar incomprensibles sus investigaciones sobre policías infiltrados en movimientos sociales. La sanción no cuestiona la veracidad de las informaciones, sino que exige eliminar imágenes (aunque estén pixeladas), iniciales, alias, coartadas y hasta la promoción de la academia policial de los agentes infiltrados. En la práctica, esto supone borrar cualquier rastro verificable de las investigaciones.
En las últimas semanas, la AEPD ha impuesto sanciones similares a La Directa, Vilaweb y Diari de Balears por el mismo motivo: informar sobre policías infiltrados, una vergonzosa realidad que sufren los movimientos sociales y organizaciones que practican la disidencia política. Cuatro medios, cuatro multas, un mismo objetivo: silenciar el periodismo de investigación que fiscaliza la actuación de los poderes públicos.
Estas publicaciones constituyen un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz (artículo 20 de la Constitución española) y cumplen una función democrática esencial: fiscalizar el poder y ejercer de contrapoder. Las personas espiadas por estos policías infiltrados, que ahora se quiere ocultar, han calificado lo sufrido como una forma de tortura con consecuencias psicológicas graves.
La sanción tiene un efecto intimidatorio evidente y responde a la estrategia conocida como SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública): un uso abusivo de mecanismos legales para intimidar, agotar financieramente y silenciar voces críticas. No solo quieren callar a El Salto: es un aviso a navegantes para todos los medios que investiguen abusos policiales o cualquier realidad incómoda para el estado.
Por el derecho a informar, a la libertad de comunicación y expresión.
En la emisora española Cadena SER, la periodista Victoria García nos habla del drama que vive, hoy, el pueblo cubano (1): colapso energético, falta de medicinas, inflación, pérdida de calidad del sistema educativo, basura en las calles, pobreza creciente…
“Un país atrapado entre dos discursos”
Pero, aunque García menciona, como una de las causas, la asfixia económica impuesta a la Isla por Donald Trump, lo hace desde una equidistancia poco creíble: “Cuba está moribunda, aplastada por un régimen inútil dentro y un bloqueo que la estrangula”, es “un país atrapado entre dos discursos”, nos dice.
Recordemos: una política sistemática de sanciones, desde EE. UU., ha destruido el turismo, las remesas y los servicios médicos, las tres principales fuentes de ingreso de Cuba; las amenazas de confiscación de bienes por parte de la Casa Blanca han forzado la salida de todas las empresas inversoras en la Isla y la huida de las navieras, abandonando miles de contenedores con insumos; y el bloqueo petrolero ha llegado ya a su noveno mes. ¿De verdad se puede equiparar el impacto de semejante guerra económica con una supuesta “ineficiencia interna”?
La periodista nos dice que “las últimas empresas hoteleras españolas que aún quedaban han abandonado la isla” (2). ¿Abandonado? No. El gobierno de Trump les dio un ultimátum: un mes para salir de Cuba, so pena de congelación de sus activos en EE. UU. Agacharon la cabeza y acataron la orden (3). ¿Por qué no lo cuenta así de claro, para que todo el mundo lo entienda?
“El estado no permite la propiedad privada agraria”
Pero la redactora especializada “en temas cubanos” va más allá. Nos dice: “Cuba nunca ha sido muy sobrada de alimentos. Produce poco, porque el estado no permite la propiedad privada ni la explotación agraria particular, así que todo lo gestiona `papá Estado´ vía una cartilla de racionamiento en la que apenas hay cuatro cosas” (4). Se puede discutir sobre los límites y obligaciones del campesinado cubano que, por cierto, ahora desaparecerán, tras las reformas recién aprobadas (5). Pero decir que “el estado no permite la propiedad privada ni la explotación agraria particular” es mentir vergonzosamente. Porque la agricultura cubana es explotada, en un 80%, por cooperativas y agricultores particulares, y no por empresas estatales (6) (7).
“Cuba no tiene refinerías”
Siguiente gazapo. Nos dice: “Rusia ha mandado carburante, pero lo manda sin refinar. Cuba no tiene refinerías, así que no lo puede usar” (8). De nuevo, falso. Primero, elude el necesario contexto: no explica que el barco con petróleo ruso al que se refiere ha sido, en todo este año, la única excepción al bloqueo petrolero impuesto por EE. UU. (9) (10) Y segundo, el crudo ruso sí fue refinado en Cuba, donde sí hay refinerías con capacidad para hacerlo (11). De hecho, durante dos semanas, mientras duró el combustible ruso, apenas hubo apagones en el país (12).
De las donaciones “al cubano de a pie no llega nada de nada”
Con semejante mediocridad profesional, no es de extrañar que las crónicas de Victoria García den cabida a bulos sin comprobación alguna. Como que de la ayuda humanitaria enviada, nos dice, “al cubano de a pie no llega nada de nada”, porque así lo “denuncian muchos ciudadanos”. ¿Presenta alguna prueba o testimonio de un supuesto desvío de las donaciones? Ni uno. Sin embargo, ahí están, documentadas, para quien quiera informarse de ellas, las continuas entregas solidarias (de alimentos, medicamentos, material escolar o placas solares) que llegan a hospitales, bodegas y escuelas y benefician a miles de personas (13). Pero que no dejan de ser un parche en un mar de necesidades.
Las “fuentes independientes”
Este nivel de desinformación se entiende al ver cuáles son las fuentes de la periodista: para endosar al “castrismo” la pobreza generada por el bloqueo de EE. UU., su fuente es el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (14); para convertir en “presos políticos” a mercenarios y colaboracionistas con la Casa Blanca, cita a Prisoners Defenders (15) o UNPACU (16); para hablar de una “ola represiva del régimen cubano contra periodistas”, menciona a Cubanet (17).
Todas estas entidades respaldan la política de sanciones contra Cuba y reciben financiamiento, directo o indirecto, del Gobierno de EE. UU. Eso sí, nos dirán que son… “fuentes independientes”.
Tan independientes como la propia periodista Victoria García, que ha sido colaboradora de La Voz de América y Radio Martí, ambas emisoras de propaganda del mismísimo gobierno de EE. UU. (18). ¿Lo entienden ahora todo mucho mejor?
La activista forma parte de ‘las ocho de Becerril’, un grupo de personas que detuvo La Vuelta ciclista en esa localidad madrileña en 2025 por la participación de un equipo israelí. Fueron denunciadas conforme a la Ley Mordaza. El inminente juicio contra ellas ha sido finalmente pospuesto a marzo.
Las protestas que se sucedieron durante la Vuelta Ciclista a España en 2025 por la participación de un equipo israelí se castigaron con decenas de multas a través de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así como con el encausamiento de, entre otras, cuatro personas en Navarra, otras cuatro en Valladolid y ocho en Becerril de la Sierra (Madrid). Clara Molina (Madrid, 1990) es una de las portavoces de estas últimas. Realizaba su doctorado en Estudios Teatrales Interdisciplinares en la Universidad de Wisconsin-Madison cuando comenzaron las acampadas contra el genocidio en las universidades estadounidenses.
Clara Molina está acusada de resistencia, atentado a la autoridad y desórdenes públicos por parar La Vuelta ciclista en protesta por el genocidio palestino. ÁLVARO MINGUITO
Ya de vuelta en España, Molina milita en la Asamblea de Vivienda de Villalba, que consiguió reunir a más de 150 personas para descolgar una pancarta y realizar una sentada con la que frenar la penúltima etapa de la ronda ciclista. Junto a otros siete activistas están acusadas de resistencia y atentado a la autoridad, así como por desórdenes públicos. Unos cargos que podrían suponerles hasta ocho años de prisión.
Molina sostiene que precisamente las dos consignas de la acción eran no ofrecer resistencia ni ningún tipo de violencia. «En ningún caso pusimos en peligro a los ciclistas –añade–, que se desviaron unos 100 o 200 metros». Asimismo, denuncia que la Guardia Civil ha presentado un parte de lesiones basado, a su juicio, en «un informe médico falso» y que «estas leyes están obligando a personas a dejar la militancia».
¿Por qué decidieron formar parte del movimiento que consiguió parar La Vuelta?
Nuestra acción se encuadra en las protestas a favor de Palestina y contra el genocidio que están teniendo lugar a nivel global. En el territorio español, el boicot deportivo a Israel denunció la participación en La Vuelta del equipo Israel Premier Tech, creado para hacer sportwashing, es decir, para lavar la imagen pública de Israel y que, por cierto, ya no existe. La primera acción la hicieron cuatro compañeras y compañeros en Figueres, por iniciativa propia, sin convocatoria pública. A partir de entonces, la bola fue creciendo. Nuestra acción la organizó la Asamblea de Vivienda de Villalba para la penúltima etapa, que pasaba por Becerril de la Sierra. No hicimos pública nuestra convocatoria. Nos reunimos entre 150 y 200 personas. Y hubo dos acciones: el descuelgue de una pancarta desde un puente y la toma de la carretera con el objetivo de parar La Vuelta u obligarla a cambiar el recorrido, que fue lo que pasó. En ningún caso pusimos en peligro a los ciclistas, que sencillamente se desviaron unos 100 o 200 metros.
¿Cómo describiría la actuación policial?
La llevó a cabo un grupo de élite de la Guardia Civil y fue bastante violenta. Como no esperaban la actuación, eran un dispositivo de entre ocho y 10 agentes y la mayoría de ellos venía de cubrir toda La Vuelta. No voy a justificar la violencia que vivimos, pero venían calentitos después de todas las protestas que se habían sucedido y que eran cada vez más grandes. En cuanto tomamos la carretera, comenzaron a golpearnos con las porras muy, muy fuerte. La mayoría de nosotras llevamos años militando en espacios por el derecho a favor de la vivienda, entre otros movimientos sociales. Es decir, que hemos vivido otras intervenciones policiales violentas. Y pese a ello, todas coincidimos en que fue especialmente agresiva. Mientras nos golpeaban, veíamos con preocupación que no habían parado La Vuelta pese a que teníamos a personas colgadas del puente y que habían apartado a las encargadas de controlar los anclajes. A continuación, utilizaron gas pimienta y, aunque la toma de la carretera ya estaba desarticulada, siguieron golpeando a quienes se encontraban en el arcén. De las ocho que estamos encausadas, solo detuvieron a un compañero, de manera muy violenta, con tres agentes subidos encima de él y presionándole sobre el suelo, con la cara aplastada hasta el punto de romperle las gafas. Él no hizo nada porque nuestra consigna era «ni violencia ni resistencia». Y aun así no lo soltaban. Lo máximo que habíamos decidido que podíamos hacer era correr en dirección opuesta a la represión. Creo recordar que hubo cinco personas que requirieron asistencia médica y que tienen un parte de lesiones por los golpes.
¿Cuándo os comunicaron que estabais denunciadas?
Durante la acción no nos identificaron a ninguna y solo detuvieron a ese compañero. Después, las vecinas de los chalets de la zona en la que estábamos nos trajeron agua, suero y leche para paliar los efectos del gas pimienta. Unos 25 minutos después de que pasara La Vuelta, cuando nos dirigíamos a coger el coche, un guardia civil nos tomó los datos a tres personas. Curiosamente, no se los tomaron a otras dos compañeras de nuestro grupo que llevaban banderas de España. También es llamativo que hubo asistentes a La Vuelta que también nos agredieron, nos escupieron y nos insultaron, algunas de ellas con banderas franquistas. Como una señora que nos gritó «tendríais que ir a Gaza a que os mataran» y «cuando estemos nosotros, a ver lo que podemos hacer». Ellas sí fueron agresivas, pero no las identificaron. Hay otro aspecto interesante. No sabemos cómo identificaron a una de las personas encausadas porque aquel día no le pidieron la documentación. Creemos que pudieron hacerlo por las imágenes de los drones o por las tomadas por RTVE.
De hecho, hasta finales de enero de 2026, solo había una persona encausada, el joven que colgó la pancarta y que fue detenido aquel día. ¿Cómo se enteran el resto de que van a ser juzgadas?
Cuando le informan de que retrasan su declaración de enero a octubre sospechamos que van a aceptar la petición policial de extender el plazo para seguir investigando. Pocos días después supimos que nos habían encausado a siete personas más.
¿De qué les acusan?
De resistencia y atentado a la autoridad, así como de desórdenes públicos. La primera vez que leí el auto me eché a reír por la incredulidad. Lo que recoge es una falsedad, una ficción muy llamativa. Nos acusan de ser un grupo violento, de haber agredido a los agentes, de llevar palos en las pancartas para pegarles. Tenemos vídeos que demuestran que todo eso es absolutamente falso. Incluso en la emisión de RTVE, que suspenden justo después de que salgamos, se ve que no llevamos palos porque no solo no fuimos violentos sino que tampoco opusimos resistencia. Y aun así, la Guardia Civil presenta un parte de lesiones, lo que significa que tiene un informe médico falso, y eso me genera mucha rabia por la impunidad que entraña. La ley de seguridad ciudadana establece que cualquier testimonio que presenten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene presunción de veracidad, lo que significa que nosotras hemos perdido la presunción de inocencia. Así que nosotras, y los otros grupos encausados de Bizkaia, Navarra y Valladolid, tenemos que demostrar que no les hemos agredido.
A otros activistas que protestaron durante La Vuelta les sancionaron con multas mediante la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. ¿Por qué a ustedes les aplicaron la ley de seguridad ciudadana?
No lo sabemos, pero creemos que en parte puede ser por la facilidad que tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poner sanciones sin necesidad de que intervenga un juez, salvo que el afectado la recurra. Además, la Ley Mordaza les permite dar testimonios que impliquen penas de prisión para las personas que participamos en acciones y protestas no violentas. E independientemente de que finalmente vayamos o no a prisión, al final esto se utiliza como arma correctiva y de desarticulación de movimientos sociales y como una campaña ejemplarizante. En la Asamblea de Vivienda de Villalba, tenemos multas acumuladas por valor de unos 16.000 euros por protestar. Y ahora algunas de sus militantes nos enfrentamos a este proceso judicial con posibles penas de prisión. ¿Cuánto más podemos aguantar? ¿Cuánto dinero podemos asumir colectivamente? ¿Cuántas personas pueden seguir poniendo el cuerpo?
En 2022, se reforma el Código Penal para eliminar el delito de sedición y se modifica un artículo para castigar con penas de hasta cinco años de cárcel determinados desórdenes públicos. ¿Les han aplicado este artículo?
Estamos en fase de instrucción y la Fiscalía aún no ha pedido una pena específica, pero en el auto sí nos aplican este artículo para argumentar que nuestro acto fue especialmente grave porque había voluntad de crear desorden. Casi suena a una acción terrorista… A las compañeras de Valladolid y de Navarra ya les piden prisión y nuestra peor previsión, porque nos acusan de más delitos que a ellas, es que nos podrían pedir hasta ocho años por persona.
El presidente Pedro Sánchez se ha felicitado por la movilización de la ciudadanía española contra el genocidio, mientras decenas de personas que han participado en las protestas, como usted, se enfrentan incluso a penas de prisión por laLeyMordaza que él mismo prometió derogar. ¿Cómo vive estas contradicciones del Gobierno español?
Se trata de una hipocresía deleznable. Un día antes de nuestra acción, [el presidente] declaró sentirse orgulloso de que la ciudadanía proteste y defienda los derechos humanos, y al mismo tiempo, envía unos dispositivos disparatados a La Vuelta. Por otra parte, las compañeras que están ya en fase de juicio y a las que le piden prisión tienen en frente a una Fiscalía que depende del Ministerio de Justicia y que podría no haber presentado cargos o algo… Así que parece que la defensa que hace el PSOE de Palestina es solo electoralista porque no se materializa en nada. España mantiene las relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado de Israel, sigue teniendo un acuerdo de formación de cuerpos y fuerzas de seguridad con el Estado de Israel… Lo que queremos es que haga con Israel lo mismo que hizo con Rusia.
¿Cómo les está afectando estar encausadas?
En cuando al colectivo, esta situación genera un ambiente de miedo. Yo no soy madre, así que si me embargan el sueldo o me encarcelan, el daño es limitado. Pero si lo hacen a compañeras con personas a su cargo… Estas leyes están obligando a personas a dejar la militancia. Del mismo modo, algunas de nosotras hemos tenido proyectos de vida en países donde por tener antecedentes te quitan el visado. Otra de las acusadas no vive en España, por lo que tiene que pedirse días libres para venir a los juicios. Por supuesto, todo esto es anecdótico en comparación con el genocidio que están sufriendo en Gaza.
En un reportaje sobre la criminalización de las protestas propalestinas publicado enPikara, la periodista Teresa Villaverde entrevista aJohn Barham. Este abogado especializado en inmigración de Minnesota explica que las primeras actuaciones del ICE no fueron contra personas migrantes, sino contra estudiantes extranjeros en las protestas universitarias contra el genocidio. En Europa también estamos asistiendo a una criminalización de la solidaridad con Palestina que ha llegado a asimilarse como filoterrorismo en Reino Unido, donde se ha llegado a ilegalizar el movimiento social Palestine Action.
Sí, lo viví en Estados Unidos. Estaba en la Universidad de Madison, en Wisconsin, cuando se formaron las acampadas en apoyo a Palestina. Una persona me avisó de que tal día a tal hora la policía los iba a desmantelar. Aunque sabía que me iba a volver a España, no quería que me detuviesen o me pusieran una orden de expulsión. Y, efectivamente, aquel día arrestaron a 24 personas. En Estados Unidos, como en España, la policía necesita el permiso del rector para entrar. Y se lo dio, permitiendo que aplicaran una violencia deleznable contra sus estudiantes cuando estaban protestando de manera pacífica. Hoy día, no hay causa más justa que la defensa del pueblo palestino y es increíble que salga más caro salir a denunciar un genocidio con una pancarta que llevarlo a cabo.
;)