Publicado el 7 de julio de 2026 / Por Javier Huerta
Mientras Venezuela cuenta a sus muertos, entierra a sus vecinos y saca con las manos a los suyos de debajo del hormigón, una maquinaria de guerra mediática y política trabaja sin descanso para convertir el dolor en munición. No es casualidad. Es el mismo guion de siempre: donde hay un desastre, aparece el buitre.
El 24 de junio, dos terremotos gemelos —de magnitud 7,2 y 7,5— sacudieron la costa central de Venezuela en cuestión de segundos. La falla que recorre La Guaira se abrió como un tajo bajo edificios, autopistas y playas repletas de gente en día feriado. El balance oficial, que sigue actualizándose día a día, ya habla de miles de muertos y decenas de miles de heridos y damnificados que han perdido su vivienda: la tragedia sísmica más letal que vive el país en más de medio siglo, solo comparable al terremoto de Caracas de 1967 (alrededor de 245 víctimas) o al histórico sismo de 1812, aquel que sorprendió a la naciente república en plena guerra de independencia. Venezuela no es ajena a la sismicidad —el doblete de Zulia y Lara en 2025, el terremoto de Cariaco de 1997, el propio de Caracas de 1967—, pero lo del 24 de junio no tiene precedente reciente en magnitud ni en vidas arrancadas. Mientras el pueblo venezolano continúa enterrando a sus muertos y organizando la reconstrucción en condiciones extremas, se ha abierto otro frente que no aparece en los partes de emergencia: la batalla por el relato. Porque junto a los escombros también ha comenzado otra reconstrucción, la de la narrativa política sobre Venezuela.
Otro terremoto, esta vez digital
Desde las primeras horas tras el sismo, las redes sociales y parte del ecosistema mediático internacional se llenaron de imágenes falsas: vídeos reciclados de otras catástrofes —de los terremotos de Turquía, Siria o distintos puntos de Asia—, contenidos generados con inteligencia artificial y supuestas informaciones que no se correspondían con lo que ocurría realmente en el país. No son casos aislados: la desinformación ha funcionado como un segundo terremoto, este digital, que ha contribuido a confundir, distorsionar y amplificar una visión interesada de la tragedia. Como ha señalado la periodista Carmen Parejo en un análisis publicado en RT en Español, las mentiras también matan: no porque derriben edificios, sino porque destruyen la posibilidad de comprender lo que pasa en tiempo real, porque convierten el dolor en espectáculo, porque preparan el terreno para justificar decisiones que poco tienen que ver con la realidad sobre el terreno. Hoy la mentira no necesita imprenta ni portada: se propaga sola, impulsada por algoritmos diseñados para premiar el impacto emocional, la indignación y el choque, no la verificación ni el contexto. Y en ese terreno la verdad siempre llega tarde.
Lo ocurrido tampoco puede separarse del modelo de comunicación global dominante, donde un reducido grupo de agencias internacionales —Reuters, AP, AFP, EFE— marcan cada día la agenda informativa mundial; miles de medios se nutren de las mismas fuentes y entonces el relato se repite, se copie y se multiplique hasta convertirse en sentido común. ¿Es esto una campaña coordinada contra el gobierno venezolano con intenciones explícitas? No podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí es constatable es que en esas grandes mesas de debate apenas hay representación de voceros del estado venezolano capaces de desmontar en el momento la mentira o la calumnia: como mucho, cinco minutos de entrevista a un cónsul frente a horas de programación construida sobre el mismo marco repetido. Y ese sentido común mediático, en el caso venezolano, lleva años construido sobre la misma base: la idea de un país en colapso permanente, incapaz de sostenerse a sí mismo. Cada crisis, cada dificultad y ahora cada catástrofe natural se reinterpreta dentro de ese marco heredado.
La otra realidad: un pueblo que no esperó a nadie
Mientras se multiplicaban los titulares sobre un supuesto colapso institucional total, miles de personas se organizaban en barrios, comunas y comunidades. Bomberos, personal sanitario, Protección Civil, milicianos, organizaciones populares y vecinos actuaron desde el primer minuto sin esperar directrices externas ni cobertura mediática. En la Comuna El Panal de Caracas, por ejemplo, los propios comuneros evaluaron el estado de los edificios de su barrio y abrieron refugios para los desplazados. Esa imagen —la de un pueblo organizado en medio del desastre— apenas ha tenido espacio en la narrativa internacional dominante, que ha preferido centrarse en la sospecha institucional antes que en la épica colectiva de motorizados, comuneros, médicos y rescatistas trabajando codo a codo. Esa respuesta no puede entenderse sin el proceso de organización popular desarrollado durante años en Venezuela —con todas sus contradicciones, tensiones y debates internos, que tampoco conviene idealizar—, y buena parte de las edificaciones construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el plan de vivienda que desde 2011 ha entregado más de cinco millones de viviendas, resistieron el sismo; donde hubo daño grave, en general se trató de inclinaciones y no de colapsos totales. El bulo concreto que circuló sobre esto tiene nombre y titular: el diario español ABC publicó «Las viviendas sociales de Hugo Chávez se desploman como castillos de arena» a propósito del derrumbe de un único complejo en La Guaira, ilustrado con una fotografía en la que, de fondo, se aprecia otro edificio de ese mismo programa en pie y en buen estado; no existe ningún estudio que muestre una correlación entre ese programa de vivienda y la tasa de derrumbes, y entre los edificios colapsados hay construcción pública y privada ( hoteles, empresas, viviendas), de este siglo y del anterior. A eso se suma la respuesta internacional de países con lazos de hermandad con Venezuela: Cuba desplegó desde el primer momento contingentes de rescate y personal médico del Contingente Henry Reeve —presente en el país desde 2003, mucho antes del terremoto, como recuerda el meme que circuló estos días de un médico cubano respondiendo «ya estábamos aquí» a quien le agradecía la rapidez de su llegada—, México envió a los históricos Topos —herederos de su propio terremoto de 1985—, Brasil instaló un hospital de campaña en La Guaira, y China aportó ayuda material e imágenes satelitales para las operaciones de rescate. La movilización interna tiene también cifras concretas que rara vez aparecen en la cobertura internacional: más de 4.000 funcionarios trabajando ya en las primeras 24 horas, más de 14.000 efectivos militares y más de 100 vehículos desplegados solo en La Guaira, y 25 campamentos habilitados para los damnificados —13 en La Guaira, ocho en Caracas, dos en Miranda, uno en Carabobo y uno en Yaracuy—, a los que se sumaron otros tres hospitales de campaña de la ONU. Más de 2.600 rescatistas extranjeros se unieron a esas labores, procedentes de al menos 24 países, incluidos algunos con los que Venezuela no mantiene relaciones diplomáticas, como Perú.
Frente a las críticas por la lentitud de la respuesta, la propia Delcy Rodríguez ha respondido con dureza, calificando de «miserables» las acusaciones y acusando a «laboratorios mediáticos» de sembrar el caos. Sobre la reconstrucción, el Gobierno ha anunciado ya un plan concreto: un fondo llamado «Venezuela Renace», con un desembolso inicial de 200 millones de dólares provenientes de reservas venezolanas bloqueadas en el Fondo Monetario Internacional, una cuenta específica en la CAF para canalizar donaciones internacionales, subsidios de hasta el 80% en la cartera hipotecaria pública y privada para reconstruir vivienda, una asignación mensual durante seis meses para las familias más afectadas, y la activación de diez sectores económicos para sostener el empleo durante la recuperación.
Tampoco puede ignorarse el contexto de asedio económico, sanciones y bloqueo financiero que ha limitado durante años la capacidad del país para acceder a recursos básicos, repuestos de maquinaria de rescate, equipos médicos o financiación internacional. Este factor, señalado por numerosos análisis críticos —entre ellos el del economista Mark Weisbrot para el CEPR de Washington, que junto a Jeffrey Sachs estimó más de 40.000 muertes evitables asociadas a las sanciones solo entre 2017 y 2018, antes de que la tierra temblará—, suele desaparecer de buena parte de la cobertura mediática internacional, como si no formara parte de la ecuación. Conviene decirlo con la misma honestidad con que lo dijo el propio Sachs: la cifra es una estimación básica, no una medición precisa, y estudios posteriores han cuestionado si es posible separar el efecto de las sanciones de otras tendencias económicas previas; pero ni sus críticos han logrado explicar por qué, siendo o no exacto el número, un país sometido a semejante asfixia financiera iba a estar mejor preparado para una catástrofe de esta escala. La propia relatora especial de la ONU sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, concluyó tras su visita oficial a Venezuela en 2021 que las sanciones sectoriales sobre el petróleo, el oro y otros sectores estratégicos, el congelamiento de activos y el «exceso de cumplimiento» de bancos y empresas por miedo a sanciones secundarias han tenido un «efecto devastador» sobre la población; según le fue reportado durante esa visita, los ingresos del Estado venezolano cayeron un 99%, dejando al país con apenas el 1% de los recursos previos al endurecimiento de las sanciones. Las fallas que el terremoto reveló no son solo geológicas: son también las fracturas que deja una década de asfixia económica deliberada. No es la primera vez que un desastre natural se convierte en campo de batalla narrativo y económico: ya ocurrió en Haití en 2010, cuando la «ayuda humanitaria» estadounidense llegó en forma de portaaviones y unos 20.000 soldados, con pérdida documentada de soberanía y una epidemia de cólera importada por las propias tropas de ocupación. Frente a ese patrón, medios como Cubainformación han empezado a advertir bajo el título de «los buitres del terremoto» sobre el riesgo de que la ayuda de emergencia se convierta en la puerta de entrada para intereses económicos ajenos al pueblo venezolano, y de que la reconstrucción termine siendo negocio antes que derecho.
La asimetría es más flagrante de lo que parece a primera vista. El viceministro de Política Antibloqueo, William Castillo, informó en mayo de 2026 que Venezuela ha sido objeto de 1.088 medidas coercitivas unilaterales en los últimos once años —desde diciembre de 2014—, de las cuales 1.040 permanecen activas; es la misma cifra que recoge Iñaki Etaio en su citado artículo de Cubainformación, y que ya documentaba a cierre de 2025 el Observatorio Venezolano Antibloqueo, órgano del propio Estado. El propio Gobierno ha estimado además, en distintas comparecencias oficiales, pérdidas acumuladas desde 2015 de entre 100.000 y más de 230.000 millones de dólares. A esa cifra hay que sumar el oro que Venezuela no puede tocar: 31 toneladas depositadas en el Banco de Inglaterra desde 2018, hoy valoradas en más de 4.000 millones de dólares, y otras 127 toneladas retenidas en Suiza desde 2013, valoradas en más de 5.000 millones adicionales; en conjunto, más de 9.000 millones de dólares en reservas venezolanas bloqueadas en cámaras de seguridad europeas mientras el país cuenta a sus muertos. Frente a esa cifra, la ayuda comprometida por la Unión Europea tras el terremoto asciende a apenas 5 millones de euros —mil veces menos que el oro que retiene en sus propias bóvedas—, en un momento en que el propio bloque europeo ha anunciado planes para disparar su gasto militar en los próximos años. Para que la comparación tenga la escala real: ese mismo bloque aprobó, apenas unos meses antes, un préstamo de 90.000 millones de euros para financiar a Ucrania entre 2026 y 2027, de los cuales 60.000 millones se destinan directamente a la compra de armamento. Quien tiene la llave de la caja fuerte no necesita mentir para hacer daño: le basta con no abrirla.
La disputa y la presión por una transición
Lo ocurrido en Venezuela no es solo una tragedia natural: es también un nuevo episodio de disputa política sobre el futuro del país, y aquí conviene ser precisos con los hechos, porque el terremoto llegó en el peor —o el más oportuno, según quién lo mire— de los momentos políticos. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de EE.UU secuestraron en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a territorio estadounidense. Aquella operación tuvo también su propio costo en vidas, que el tiempo no ha logrado esclarecer del todo: el Gobierno venezolano habló de 100 muertos, Cuba confirmó oficialmente 32 de sus propios efectivos de seguridad caídos, investigaciones periodísticas independientes identificaron por nombre a 55 fallecidos, y Washington reconoció «más de setenta» víctimas venezolanas; ninguna cifra coincide con otra, pero todas confirman que la captura de Maduro no fue la operación quirúrgica y sin sangre que se vendió en su momento. Desde entonces gobierna como presidenta encargada Delcy Rodríguez, designada por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo gobierno ha pactado con Washington la reapertura de la embajada, la flexibilización de sanciones y la apertura del país a la inversión petrolera occidental. El propio mandato interino de Rodríguez, fijado constitucionalmente en 180 días, venció el pasado viernes 3 de julio —en plena emergencia sísmica— sin que ni el Gobierno ni la Asamblea Nacional hayan aclarado qué ocurre a partir de ahora. Ese vacío institucional, más que el cálculo de una u otra facción, es el verdadero centro de la tormenta política que se ha desatado sobre los escombros.
Sobre ese terreno inestable, la derecha regional ha entrado con fuerza. El 1 de julio, treinta y tres expresidentes y exjefes de Gobierno iberoamericanos, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), firmaron un manifiesto exigiendo el regreso de María Corina Machado y calificando al gobierno de Rodríguez de «dictadura cleptócrata». Entre los firmantes figuran Mauricio Macri, Felipe Calderón, Vicente Fox, Álvaro Uribe, Iván Duque, Mariano Rajoy, José María Aznar, Guillermo Lasso, Luis Alberto Lacalle Pou, Mario Abdo Benítez y Jeanine Áñez, entre otros: el mapa de la derecha continental que durante años impulsó sanciones y embargos contra Caracas, ahora reunida bajo el envoltorio de la solidaridad humanitaria para presionar un desenlace político concreto. Dentro del país, voceros de la Plataforma Unitaria —Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Henry Ramos Allup, de Acción Democrática— reclamaron el mismo derecho de entrada para Machado. Y en un giro revelador, hasta Henrique Capriles Radonski, que durante años ha chocado abiertamente con las tesis de la propia Machado, salió a respaldar públicamente su regreso. Juan Guaidó anunció que también volvería «a ayudar», aunque sin dejar de sugerir que lo «inteligente» sería que Machado se sometiera a nuevas primarias: un gesto que muestra que la convergencia opositora tiene más de necesidad táctica compartida que de unidad sin fisuras.
Ni siquiera Washington habla con una sola voz. El Wall Street Journal y Axios revelaron que fue la propia Administración Trump la que frenó en el aire el vuelo privado de Machado hacia Curazao, y que funcionarios de esa misma Administración calificaron su insistencia en volver de «oportunismo político grotesco»; una aerolínea panameña, además, se negó a transportarla por temor a represalias comerciales de Caracas. Desde Panamá, Machado ha denunciado por su parte que el gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su entrada —una acusación que ningún medio, ni siquiera los más cercanos a ella, ha podido confirmar de forma independiente—. Ambas cosas, la fricción dentro de Washington y la acusación contra Caracas, siguen hoy en el terreno de lo disputado, no de lo zanjado; lo que sí es un hecho verificable es que ni Washington ni el gobierno de Rodríguez han fijado todavía una fecha de elecciones, y que ese aplazamiento indefinido —más que cualquier maniobra puntual— es lo que alimenta la indignación creciente dentro del propio país.
El despliegue estadounidense en Venezuela, además, no es solo logístico: es también un despliegue de inteligencia, y esto no lo denuncia solo la prensa alternativa, lo reconoce el propio Pentágono. El general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de EE.UU, confirmó a Reuters que el operativo incluye al menos cinco drones MQ-9 Reaper sobre territorio venezolano y una célula de fusión de información en Miami que están «reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas»; con sus propias palabras, Washington está usando «los mismos recursos» que emplearía para «rastrear amenazas hemisféricas» para ahora vigilar carreteras y suministros. No es una novedad: el propio secuestro de Maduro el 3 de enero se ejecutó con inteligencia de la CIA sobre el terreno, según ha documentado la prensa estadounidense. Y no es solo la izquierda antiimperialista quien lo ve con preocupación: cuarenta organizaciones no gubernamentales enviaron una carta pública denunciando la militarización de la respuesta humanitaria en La Guaira, donde el buque anfibio USS Fort Lauderdale y más de 900 efectivos e infantes de marina estadounidenses operan a pocos minutos de Caracas. La emergencia no se puede convertir en excusa para naturalizar una presencia militar permanente.
La Izquierda, El internacionalismo y la Solidaridad Internacional
Frente a este cuadro, buena parte de la izquierda internacional ha respondido con silencios incómodos o reacciones tibias. Y eso también merece decirse, porque el internacionalismo no puede ser selectivo: o es coherente —con la solidaridad ante la tragedia, con la denuncia del bloqueo económico, …— . Frente a los designios del imperialismo, buena parte del campo popular venezolano y sus aliados internacionales viene repitiendo tres demandas concretas, tan simples como incómodas para Washington: el levantamiento total de las sanciones, la devolución de todos los activos venezolanos congelados en el exterior, y el regreso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo una catástrofe natural: es también una disputa por el sentido de lo que ocurre. Y en esa disputa, los buitres del desastre siempre aparecen.
Venezuelanoestasola.com
Ahora es importante realizar solidaridad en algo concreto, existe una vía oficial: venezuelanoestasola.com, el portal habilitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela para canalizar donaciones internacionales destinadas a las zonas afectadas, cuyos fondos se dirigen al Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, administrado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Frente a los buitres del desastre, la respuesta más eficaz sigue siendo la más antigua de todas: la solidaridad organizada, de pueblo a pueblo.
