Lo que sí ocurrió y que muchos analistas decidieron no ver (y/u ocultar), fue una rápida y coordinada respuesta de las fuerzas malienses, que siguen demostrando el camino de ruptura con el viejo esquema de tutela francesa en el que tanto Mali como los otros países de la AES, están dispuestos a llevar adelante más allá de ataques como los de este 25 de abril, dejando al descubierto algo más profundo: no solo se disputa el control del territorio, sino el sentido mismo de lo que ocurre en el Sahel.
Lo cierto es que en las últimas horas del 25 de abril grupos yihadistas y separatistas tuaregs lanzaron una ofensiva coordinada contra Bamako, Kati, Gao y Kidal con un objetivo que excedía lo estrictamente militar: no se trataba únicamente de golpear posiciones del Estado, sino de instalar, en tiempo real, la idea de que el Gobierno de Assimi Goïta había perdido el control del país. Como viene ocurriendo casi sistemáticamente en esta región, aquí no podemos dejar de lado los episodios de finales de 2025 cuando la prensa occidental anunciaba la caída del Gobierno maliense en manos de JNIM por los bloqueos de las rutas de ingreso a Bamako. Este ataque también cumple con esa misma lógica: “la dimensión simbólica del ataque”. Algo que hoy es tan importante como su ejecución sobre el terreno. En el Sahel cada día se ponen en juego las disputa por el relato y el sentido.
Lo que también es cierto y que pocos lo dijeron es que las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa), con apoyo de sus aliados y en articulación con redes locales de información, lograron contener y revertir los ataques en cuestión de horas en los principales centros urbanos. Sin embargo, mientras esa respuesta comenzaba a desplegarse, buena parte de la maquinaria mediática internacional ya había comenzado a construir otro desenlace: el de un Estado desbordado, incapaz de sostener el orden interno tras su ruptura con los esquemas tradicionales de seguridad en la región.
Los hechos concretos fueron que en la madrugada del 25 de abril Malí despertó bajo ataque. De manera simultánea, el Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), filial de Al Qaeda en la región, y el Frente de Liberación de Azawad (FLA), una coalición de grupos separatistas tuaregs, lanzaron operaciones en Bamako, la vecina Kati —donde se encuentra la residencia presidencial— y ciudades estratégicas del norte como Gao, Kidal, Sévaré y Mopti. La ofensiva combinó ataques de alto impacto simbólico, acciones de hostigamiento y una rápida circulación de contenido en redes sociales que amplificó la percepción de descontrol.
En pocas horas, el hecho dejó de ser solamente un episodio militar para convertirse en un fenómeno narrativo. Antes de que existiera un cuadro claro de situación en el terreno ya circulaban versiones que hablaban de ciudades “tomadas”, de infraestructuras críticas bajo ataque y de un Gobierno al borde del colapso. Esa secuencia —primero la interpretación, luego la verificación— no es un detalle menor: es parte constitutiva de cómo se construye hoy el sentido de los conflictos. La cobertura mediática en Occidente y sus voceros locales, esos mismos que sistemáticamente festejan cualquier revés de los Gobiernos soberanos del Sahel, no tardó en calificar la situación como una “junta desbordada” y un “fracaso del apoyo ruso”. Las redes sociales se llenaron de análisis apresurados, analistas de sillón anunciando la caída inminente de Goïta y el fin del experimento anticolonial en Malí.
La rápida respuesta militar maliense
Lejos del colapso anunciado en las primeras horas, la respuesta del Estado maliense comenzó a delinearse con mayor claridad a medida que avanzaba la jornada. El propio ejército confirmó que “grupos armados terroristas” habían atacado posiciones en Bamako y otras ciudades clave, señalando que sus fuerzas estaban “comprometidas en eliminar a los atacantes” y recuperar el control de las zonas afectadas.
Ese dato no es menor. Porque mientras la narrativa inicial hablaba de ciudades caídas y de un Estado desbordado, los propios comunicados oficiales indicaban otra cosa: enfrentamientos activos, despliegue militar y, horas después, la afirmación de que la situación estaba bajo control en los principales puntos estratégicos.
Los ataques, efectivamente, fueron de una magnitud inusual. Se trató de una ofensiva coordinada que alcanzó Bamako, Kati, Gao, Sévaré y Kidal de manera simultánea, algo que incluso fuentes internacionales describieron como uno de los episodios más extensos de los últimos años.
Sin embargo, esa escala no se tradujo automáticamente en control territorial sostenido. Las propias afirmaciones de los grupos atacantes —como la supuesta toma de Kidal o posiciones en Gao— no pudieron ser verificadas de manera independiente en el corto plazo, lo que refuerza la idea de que, junto con la ofensiva militar, se desplegó una operación de impacto comunicacional.
En esa capacidad de respuesta aparece otro elemento que no puede ser soslayado. La actual estrategia de seguridad de Bamako, que incluye cooperación con actores rusos, ha modificado la dinámica operativa respecto de etapas anteriores. La presencia de estos aliados no evitó la ofensiva, pero sí formó parte del dispositivo que permitió contener ataques en puntos sensibles, como la capital y su entorno inmediato, donde incluso se reportó la defensa de instalaciones clave frente al avance de los grupos armados.
Este punto es clave para ordenar el análisis: la ofensiva existió, fue amplia y coordinada, pero no logró consolidar un escenario de colapso estatal inmediato, ni siquiera sostenible del relato. La diferencia entre impacto inicial y resultado efectivo es, precisamente, el espacio donde se construyen las interpretaciones. Para nosotros, no hay tales interpretaciones, como comunicadores comprometidos no podemos hacernos eco de las mismas y solo señalar los sucesos como “información en proceso” o “conflicto en curso” deslindándonos la responsabilidad de dar informaciones concretas.
La batalla por el sentido nos involucra
Si algo dejó en evidencia la secuencia del 25 de abril no fue únicamente la capacidad operativa de los grupos armados o la respuesta del Estado maliense, sino la velocidad con la que se construye una interpretación dominante antes de que los hechos terminen de desarrollarse. En cuestión de horas, la ofensiva ya había sido leída como un síntoma de colapso estatal, incluso cuando los combates seguían en curso y la situación en el terreno estaba lejos de estabilizarse.
Este mecanismo no es nuevo, pero en el Sahel adquiere una intensidad particular. La combinación entre fuentes iniciales poco verificadas, replicación acelerada en redes y una matriz previa de interpretación —que tiende a leer los procesos políticos de la región bajo la lógica del fracaso— produce un efecto concreto: instala percepciones que luego son difíciles de revertir, aun cuando la evolución de los hechos no confirme esos diagnósticos.
Lo ocurrido en Malí encaja con precisión en esa lógica. Las afirmaciones iniciales sobre la “toma” de ciudades como Kidal o Gao circularon con fuerza, pero no pudieron ser verificadas de manera independiente en el corto plazo. Sin embargo ese dato —la falta de confirmación— tuvo mucha menos circulación que la versión original. En otras palabras, la primera narrativa no necesitó ser comprobada para instalarse, le bastó con ser verosímil dentro de un marco ya construido.
Ahí es donde la dimensión mediática del conflicto deja de ser un elemento accesorio para convertirse en un campo de disputa central. No se trata solamente de informar lo que ocurre, sino de definir qué significa lo que ocurre. Y en ese terreno, cada episodio es rápidamente absorbido por lecturas preexistentes: el avance de un grupo armado se convierte en prueba de debilidad estatal, mientras que la capacidad de respuesta del Gobierno es leída como una reacción defensiva, nunca como control efectivo.
Esta asimetría no implica necesariamente una coordinación consciente entre actores mediáticos, pero sí revela un patrón. El Sahel es, desde hace años, un espacio donde se proyectan diagnósticos externos que muchas veces no dialogan con las dinámicas internas. En ese marco, cualquier episodio de violencia tiende a reforzar una narrativa ya instalada: la de Estados incapaces de sostener soberanía sin tutela externa.
Sin embargo, lo ocurrido el 25 de abril introduce matices que esa lectura no logra absorber del todo. Porque si bien la ofensiva mostró la persistencia y capacidad de coordinación de actores armados, también evidenció que el Estado maliense —con todas sus limitaciones— mantiene capacidad de reacción, despliegue y recuperación en plazos relativamente cortos.
La tensión entre esos dos elementos —persistencia de la amenaza y capacidad de respuesta— es la que queda muchas veces eclipsada por la necesidad de encuadrar rápidamente los hechos en categorías cerradas.
Y es en ese punto donde la pregunta deja de ser qué ocurrió en Malí, para pasar a ser cómo se interpreta lo que ocurrió.
JNIM y los tuaregs, la ofensiva local
“El terrorismo en África no surge del vacío: es la herramienta más eficaz del neocolonialismo contemporáneo.”
Un elemento particularmente relevante de los ataques del 25 de abril fue la coordinación entre el Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) y sectores separatistas tuaregs nucleados en el Frente de Liberación de Azawad (FLA). Esta convergencia, que en los hechos se expresó en operaciones simultáneas y objetivos compartidos, no es completamente nueva, pero sí expone con mayor claridad una tensión difícil de encubrir: la coexistencia de agendas que, en términos políticos e ideológicos, responden a lógicas distintas.
Por un lado, JNIM forma parte de una estructura yihadista regional con vínculos históricos con redes asociadas a Al Qaeda, cuyo objetivo no es la autonomía territorial de una región específica, sino la construcción de un orden basado en una interpretación estricta del islam político armado. Su expansión en el Sahel en la última década se ha apoyado tanto en la debilidad estatal como en la capacidad de insertarse en conflictos locales, adaptando su discurso a demandas específicas de cada territorio.
Por otro lado, los movimientos tuaregs —con una larga historia de rebeliones en el norte de Malí— han articulado, con distintas variantes a lo largo del tiempo, reivindicaciones vinculadas a la autonomía, el reconocimiento político y la distribución de recursos en regiones históricamente marginadas por el poder central. Desde las insurrecciones de los años noventa hasta la proclamación del efímero Estado de Azawad en 2012, estas demandas han atravesado procesos de negociación, fragmentación y cooptación.
La articulación entre ambos actores no surge, entonces, de una identidad política compartida, sino de una lógica táctica. Frente a un escenario en el que ninguna de las partes logra imponerse de manera individual sobre el Estado maliense, la convergencia permite amplificar la capacidad operativa, coordinar ataques y generar impacto simultáneo en distintos puntos del territorio.
Sin embargo, esa misma alianza contiene su propia debilidad. La superposición de agendas —religiosa en un caso, territorial en el otro— limita la posibilidad de construir una base política homogénea y sostenida en el tiempo. De hecho, en experiencias anteriores, la convivencia entre grupos yihadistas y movimientos tuaregs derivó en tensiones, rupturas e incluso enfrentamientos internos cuando los objetivos estratégicos comenzaron a divergir.
Este punto resulta central para evitar lecturas simplificadoras. La ofensiva del 25 de abril no puede ser entendida como la expresión de un bloque insurgente cohesionado, sino como la manifestación de una convergencia circunstancial entre actores que comparten un enemigo común, pero no necesariamente un proyecto político compatible.
A esto se suma otro elemento clave: la relación con las poblaciones locales. Mientras que los reclamos históricos de sectores tuaregs encuentran algún grado de legitimidad en determinadas regiones del norte, la presencia de estructuras yihadistas ha sido, en muchos casos, resistida por comunidades que han padecido su accionar, particularmente en lo que respecta a la imposición de normas sociales y la violencia sobre civiles.
Esa tensión entre legitimidad local y capacidad armada introduce una complejidad adicional. Porque si bien la alianza puede potenciar la acción militar en el corto plazo, también dificulta la construcción de un respaldo social amplio, condición necesaria para sostener cualquier tipo de control territorial más allá del impacto inicial de una ofensiva.
En ese marco, presentar esta convergencia como una “revolución unificada” o como la expresión lineal de una insurrección popular no solo simplifica el escenario, sino que oculta las fracturas internas que atraviesan a estos actores.
Y es precisamente en esas fracturas donde se juegan muchas de las dinámicas futuras del conflicto.
Francia, Ucrania y la reconfiguración de la guerra en el Sahel
Esta última ofensiva terrorista en Mali tampoco puede leerse por fuera de la disputa geopolítica que atraviesa al Sahel desde la ruptura entre Bamako y París. Malí no enfrenta únicamente una amenaza armada interna, enfrenta, al mismo tiempo, las consecuencias de haber quebrado una arquitectura de dependencia construida durante décadas alrededor de la tutela militar francesa, la subordinación regional y la administración externa de la seguridad.
Ese giro no ocurrió en abstracto. Francia anunció en febrero de 2022 el retiro de sus fuerzas de Malí, incluyendo la Operación Barkhane y la fuerza europea Takuba, después de años de deterioro político, militar y social de su presencia en el país. El punto central es que esa retirada no significó la desaparición de los intereses franceses en la región, sino su reacomodamiento. París perdió bases, perdió interlocución privilegiada y perdió capacidad directa de mando, pero no perdió la voluntad de influir sobre un espacio que durante décadas consideró parte de su profundidad estratégica africana.
Ahí se entiende mejor la importancia del relato. Si Malí aparece como un Estado fallido, si la ruptura con Francia se presenta como la causa directa del caos, entonces el viejo esquema colonial queda reivindicado por contraste: “con nosotros había orden, sin nosotros hay terrorismo”. Esa es la operación política de fondo. No hace falta que sea dicha de manera explícita, alcanza con repetir una y otra vez que el deterioro comenzó cuando Bamako decidió cambiar de aliados.
Pero los datos históricos incomodan esa versión. La insurgencia yihadista no nació con Assimi Goïta, ni con la salida de Francia, ni con la llegada de asesores rusos. Malí arrastra un conflicto abierto desde 2012, y durante buena parte de ese período el país estuvo bajo una intensa presencia militar occidental. La propia Operación Barkhane comenzó en 2014 como continuación de Serval, con el objetivo declarado de combatir a los grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico en el Sahel. Sin embargo, casi una década después, esos grupos no solo no habían desaparecido, sino que habían extendido su radio de acción hacia el centro de Malí, Burkina Faso y Níger.
Por eso la pregunta no puede ser formulada de manera tramposa. No se trata de preguntar si Malí vive hoy una situación de seguridad grave, sino quién construyó las condiciones de esa gravedad y por qué los mismos actores que fracasaron durante años en contener la expansión yihadista pretenden ahora presentarse como jueces del nuevo rumbo maliense.
En ese tablero aparece también Ucrania, no como actor central del Sahel, sino como pieza de una guerra globalizada que ya no se libra únicamente en Europa oriental. El antecedente de 2024 es clave. Tras los combates de Tinzaouaten, cerca de la frontera con Argelia, Malí rompió relaciones diplomáticas con Kiev después de que un portavoz de la inteligencia militar ucraniana realizara declaraciones que Bamako interpretó como una admisión de apoyo informativo a los grupos que habían causado fuertes bajas al ejército maliense y a sus aliados rusos. Níger tomó luego una decisión similar, invocando las mismas acusaciones.
Ese episodio debe ser tratado con precisión: Ucrania negó haber participado directamente y los rebeldes tuaregs también rechazaron haber recibido ayuda exterior. Pero la propia existencia de esas declaraciones, la reacción diplomática de Malí y Níger y la utilización del Sahel como escenario indirecto de la confrontación entre Rusia y Ucrania muestran que el conflicto maliense ya no puede encerrarse en una lectura puramente local.
En ese contexto, la colaboración rusa funciona como algo más que apoyo militar. Para Bamako, Moscú representa la posibilidad de romper el monopolio occidental sobre la seguridad africana. Ese vínculo no está exento de costos, contradicciones ni límites —Tinzaouaten lo demostró con crudeza—, pero forma parte de una decisión soberana: buscar otros socios después de años de fracaso francés. Reducir esa decisión a “dependencia rusa” es una forma cómoda de negar la agenda política maliense.
Lo que está en disputa, entonces, no es solo la eficacia de un dispositivo militar. Es el derecho de un Estado africano a definir sus alianzas sin pedir autorización a la antigua potencia colonial. Por eso cada ataque contra Malí es leído por ciertos sectores con una ansiedad casi celebratoria: si Bamako fracasa, fracasa también la hipótesis de que el Sahel puede caminar por fuera de la tutela francesa. Y si esa hipótesis fracasa, el viejo orden neocolonial puede presentarse no como dominación, sino como necesidad.
Ese es el verdadero trasfondo de la ofensiva: JNIM y el FLA disparan sobre posiciones militares, pero el relato occidental dispara sobre una idea política mucho más profunda, la idea de que Malí, con todas sus dificultades, tiene derecho a reconstruir su seguridad, sus alianzas y su destino nacional por fuera de los moldes impuestos desde París, Bruselas o Washington.
Lejos de las lecturas apresuradas que decretaron un colapso inminente, lo ocurrido en estas horas en Mali expone algo más incómodo para quienes necesitan confirmar la idea de un Sahel condenado al fracaso: Malí no solo resistió una ofensiva coordinada en múltiples frentes, sino que lo hizo en un contexto de reconfiguración profunda de su sistema de alianzas y bajo una presión constante, tanto militar como narrativa. Eso no cancela las debilidades estructurales del Estado maliense ni la persistencia de la amenaza armada, pero obliga a matizar un diagnóstico que suele construirse más desde el prejuicio que desde la evidencia.
En ese sentido, el verdadero terreno en disputa no es únicamente el militar, sino el político. Porque si cada ofensiva es utilizada para confirmar que los procesos soberanistas africanos son inviables sin tutela externa, entonces el conflicto deja de ser una cuestión de seguridad para convertirse en una herramienta de disciplinamiento. Malí, con todas sus contradicciones, está ensayando una ruptura con ese esquema. Y esa decisión —más que cualquier batalla puntual— es la que explica la intensidad con la que se intentan instalar narrativas de derrota.
Tal vez por eso, más que preguntarse quién ganó un enfrentamiento específico, convenga observar qué logra sostenerse en el tiempo. Y ahí es donde, pese a los agoreros de siempre, aparece un dato difícil de ignorar: el Estado maliense sigue en pie, mantiene capacidad de respuesta y continúa redefiniendo su lugar en un escenario regional en transformación. No es poco en una región donde durante años se naturalizó que la única estabilidad posible debía venir de afuera.
Beto Cremonte, Redactor en jefe en PIA Global, especializado en el continente africano. Analista internacional en geopolítica. Docente, profesor de Comunicación social y periodismo, egresado de la UNLP, Licenciado en Comunicación Social, UNLP, estudiante avanzado en la Tecnicatura superior universitaria de Comunicación pública y política. FPyCS UNLP.
