lunes, 19 de octubre de 2026

Financiarización y desdolarización: El dólar como instrumento del imperialismo

Fuentes: Sin permiso


La nota anterior de esta serie, «La correa financiera», seguía el rastro del excedente que las burguesías periféricas se niegan a reinvertir y constataba cómo este salía del país, dirigiéndose hacia activos denominados en dólares y los circuitos financieros del centro. Concluía señalando que, en un mundo multipolar en el que la hegemonía del dólar ya no es indiscutible, las condiciones para cortar esa correa son más favorables que en cualquier otro momento desde la década de 1970.

Juliane Furno retoma aquí esa cuestión. Interpreta la financiarización no como una desviación técnica del capitalismo contemporáneo, sino como un engranaje de la maquinaria del imperialismo estadounidense; reconstruye cómo se erigió la arquitectura de poder del dólar a partir de 1971 y evalúa, sin ilusiones, las estrategias de desdolarización que se debaten actualmente en el seno de los BRICS y en todo el Sur Global. 

La financiarización de la economía mundial no es ni un desvío del capitalismo contemporáneo ni un percance que haya secuestrado al capitalismo en aras de la lógica de las finanzas. De hecho, el propio Marx, concretamente en el volumen III de El Capital, describe lo que hoy llamamos la hegemonía del capital ficticio y del capital que devenga intereses. La lógica de la financiarización está, por tanto, inscrita en la propia lógica del modo de producción capitalista.

Más allá de ser intrínseca al modo de producción capitalista, la financiarización, en la forma que adoptó a partir de finales de la década de 1970, funciona como uno de los engranajes específicos del imperialismo estadounidense en su fase de «superimperialismo», por utilizar el término acuñado por Michael Hudson. En esta fase, y sobre todo tras el fin de la convertibilidad del dólar en oro en 1971, Estados Unidos se hizo con el «privilegio exorbitante» de financiar sus déficits gemelos —presupuestario y comercial— con los ahorros del resto del mundo, sin que ello le supusiera, en la práctica, ningún ajuste real. El mundo, y sobre todo la periferia, acabó financiando al mismo poder que lo subordina, en una lógica perversa: para defenderse del poder del dólar, debe acumular dólares, y esa acumulación acaba reafirmando la primacía del dólar y su poder ilimitado.

Esta maquinaria no surgió ya completamente formada, y merece la pena reconstruir el movimiento histórico concreto que la construyó. El Acuerdo de Bretton Woods fue fundamental para allanar el camino hacia la hegemonía del dólar, pero la moneda estadounidense seguía vinculada a su respaldo metálico y expuesta al desafío de las demás potencias capitalistas. En la década de 1970, el poder estadounidense se enfrentó a graves desafíos en al menos tres frentes, lo que impulsó cambios importantes en la política monetaria de EE. UU. y en la lógica de la financiarización que se intensificaría a partir de entonces (Tricontinental, 2026).

Los desafíos procedían del ámbito de la supremacía industrial, con la competencia de las grandes empresas japonesas y alemanas; del ámbito militar, con la derrota de EE. UU. en Vietnam; y del ámbito monetario, con el agotamiento del patrón oro-dólar de Bretton Woods. La respuesta de Washington no fue defensiva, sino ofensiva. Nixon rompió unilateralmente el vínculo con el oro en 1971, trasladando el coste del ajuste a sus socios comerciales. Paul Volcker, al frente de la Reserva Federal, elevó el tipo de interés de referencia del 11 % a más del 20 % entre 1979 y 1981, atrayendo capital de todo el mundo hacia los títulos del Tesoro estadounidense. El efecto secundario fue la crisis de la deuda que sumiría a América Latina en la denominada «década perdida», mientras que Estados Unidos, al mismo tiempo, logró poner en vereda a sus principales competidores, en particular a Japón. A continuación, Reagan desreguló el sistema financiero nacional, sentando las bases de lo que hoy denominamos financiarización: la creciente subordinación de la producción, el comercio y las propias políticas económicas nacionales a los flujos y las reglas del capital financiero denominado en dólares.

Qué es la financiarización y por qué agrava la dependencia periférica

Antes de continuar, conviene precisar de qué estamos hablando. La financiarización no es sinónimo de «más bancos» o «mercados de capitales más grandes». La financiarización es la inversión del poder de mando dentro del propio capitalismo. Bajo el dominio financiero, es el capital ficticio (acciones, títulos de deuda públicos y privados, derivados) el que llega a dirigir las decisiones de inversión, el ritmo de producción y, en gran medida, la propia política económica de los Estados. La financiarización es la prevalencia de la lógica financiera sobre la lógica productiva, una lógica que, desde la década de 1970, ha logrado alcanzar una relativa autonomía respecto a la producción de valor.

Su modo de funcionamiento se deriva precisamente de esta inversión entre la producción y la apropiación financiera. El capital ficticio no necesita pasar por el proceso de producción para valorizarse: una acción, un bono del Estado o un derivado suben de precio porque el mercado anticipa rendimientos futuros, no porque se haya producido nada más. Esto permite que la valorización financiera se desacople, durante un tiempo, de la producción real, creando ciclos de euforia en los que incluso las empresas industriales se ven impulsadas a canalizar sus beneficios hacia inversiones financieras en lugar de reinvertirlos en la producción. El problema es que esta desvinculación no es permanente, ya que toda creación de valor es producto del trabajo humano vivo. En otras palabras, tarde o temprano, una crisis económica vuelve a vincular violentamente el valor ficticio con el valor realmente producido, y es la economía real (empleo, crédito, actividad) la que paga los platos rotos del ajuste.

Es precisamente aquí donde la periferia se ve aún más limitada por su papel dependiente. Las monedas periféricas se sitúan en la base de la jerarquía monetaria internacional. No se buscan como reservas de valor, sino que se tratan como activos de riesgo, expuestos a flujos de capital especulativo que llegan en busca de rentabilidad y se marchan ante el primer indicio de inestabilidad, ya sea interna o externa, real o meramente percibida. Para compensar el riesgo cambiario inherente a sus propias monedas, los países periféricos se ven obligados a mantener tipos de interés más altos que los de los países centrales, simplemente para retener el capital que ya han atraído, y a acumular reservas en dólares como autoaseguramiento frente a una fuga repentina. En otras palabras, cuanto más se financiariza el capitalismo, más caro le resulta a la periferia el mero hecho de mantenerse a flote en su seno.

La apertura de la cuenta de capital y la integración en los mercados financieros internacionales, tal y como prescribía el manual del Consenso de Washington, no situó a la periferia en pie de igualdad con el centro; por el contrario, profundizó su posición de subordinación. La periferia entró en la era de la financiarización como prestataria en moneda extranjera, nunca como emisora del activo seguro que busca el resto del mundo. También se expuso a flujos de capital volátiles, nunca como fuente de la liquidez que dirige el sistema. Por eso la financiarización, lejos de ofrecer a la periferia una vía hacia el desarrollo financiero autónomo, tiende a reproducir y profundizar exactamente la misma jerarquía de poder que la subordina en las esferas comercial y productiva.

Una arquitectura diseñada para reproducir la dependencia

Desde el punto de vista de la periferia capitalista, esta arquitectura organiza estructuralmente nuestra dependencia. Dado que el dólar sigue siendo la moneda de denominación de entre el 80 % y el 90 % del comercio de materias primas —desde alimentos hasta energía y minerales— y de casi el 90 % de las transacciones mundiales de divisas, los países periféricos se ven obligados a buscar constantemente la moneda estadounidense, simplemente para importar lo que necesitan para consumir y producir (Tricontinental, 2026). Esta búsqueda constante de dólares nos convierte en rehenes de la política monetaria de un banco central que responde exclusivamente a los intereses de la economía estadounidense, pero cuyas decisiones —como quedó patente en 1979 y de nuevo en los recientes ciclos de endurecimiento monetario— se propagan como perturbaciones externas a los tipos de cambio, la deuda y el empleo de todo el Sur Global.

En las últimas dos décadas, esta jerarquía monetaria ha adquirido una dimensión adicional, en la que la infraestructura de pagos —especialmente el sistema SWIFT— y el propio acceso al dólar funcionan como armas de coacción explícita contra aquellas partes de la periferia que no están alineadas políticamente con Estados Unidos. La incautación de las reservas de países como Rusia, Venezuela y Afganistán, la exclusión de bancos del sistema de compensación internacional y el régimen cada vez más amplio de sanciones unilaterales demuestran que la financiarización bajo la hegemonía del dólar no es solo uno más de los muchos mecanismos económicos de extracción de valor que operan en el mercado mundial. Es también un instrumento de coacción geopolítica directa, al que queda expuesto cualquier país que desafíe los intereses de Washington.

Esta jerarquía golpeó a América Latina con especial violencia. La «crisis de la deuda» de la década de 1980 no fue ni una desgracia regional ni el resultado de una mala gestión fiscal por parte de los gobiernos latinoamericanos, como insistió durante décadas el discurso convencional. Fue el resultado directo y previsible de una decisión de política monetaria tomada en Washington para resolver tres problemas estadounidenses a la vez: la inflación, la pérdida del dominio industrial frente a Alemania y Japón, y la fragilidad del dólar. El coste de ese ajuste se trasladó más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los gobiernos que habían contraído préstamos en dólares a tipos de interés variables vieron cómo el servicio de su deuda se multiplicaba de la noche a la mañana, sin que hubiera cambiado ni una sola política económica nacional. El ajuste recesivo, las privatizaciones y la apertura financiera que siguieron, bajo la batuta del FMI, desempeñaron la misma función estructural de siempre: reciclar el ahorro de la periferia para sostener al centro.

Una ventana histórica, por estrecha que sea

Al igual que en la década de 1970, Estados Unidos se enfrenta una vez más a un desafío simultáneo en tres frentes: el militar, con los límites puestos de manifiesto por la guerra en Ucrania; el tecnológico, con el auge de China; y el monetario, con la proliferación de acuerdos comerciales en monedas locales. La diferencia fundamental con respecto al período anterior es que hoy en día el rival no es meramente un competidor industrial, como lo fueron en su día Japón y Alemania, sino una potencia que combina peso económico, tecnológico, militar y político: China. A esto hay que añadir que la expansión de los BRICS y el uso cada vez más indiscriminado de las sanciones por parte de Estados Unidos están produciendo, como efecto secundario, precisamente lo que Washington intenta evitar: un incentivo político para que cada vez más países busquen alternativas fuera del dólar.

Conviene mantener el sentido del realismo. La hegemonía del dólar no será sustituida por decreto, ni a corto plazo, ni por ninguna moneda nacional en particular, incluido el renminbi chino. Lo que se está gestando es algo más modesto: un proceso de erosión gradual del dólar como moneda hegemónica y, en la práctica, casi única del sistema monetario internacional.

Entre las estrategias que se debaten actualmente en el seno del BRICS y otras iniciativas Sur-Sur, cuatro merecen ser destacadas, en mi opinión. La primera es liquidar el comercio en monedas locales, prescindiendo del dólar como moneda puente. El comercio entre Rusia y China, por ejemplo, ya se realiza casi en su totalidad en rublos y renminbi, y el comercio entre Rusia y la India avanza a un ritmo similar. La segunda es la creación de sistemas de pago internacionales alternativos que puedan sustituir a SWIFT para las transacciones entre países que hoy sufren, o temen, sanciones. La tercera es el fortalecimiento de los propios mecanismos financieros del Sur Global, como el Acuerdo de Reservas Contingentes de los BRICS, que hoy en día está infrautilizado y sigue dependiendo en parte de la aprobación del FMI. Esta paradoja debe resolverse si se quiere que esta arquitectura ofrezca verdaderamente una alternativa al Fondo. La cuarta, quizás la más prometedora a medio plazo, es la fijación de precios de las materias primas estratégicas —como los cereales, la energía y los minerales— en monedas distintas del dólar, aprovechando el hecho de que los países del Sur Global representan una parte significativa de la producción mundial de alimentos, petróleo y minerales críticos, pero siguen aceptando que sus precios se fijen en las bolsas de materias primas y en moneda estadounidense.

Ninguna de estas iniciativas, por sí sola, desafía la hegemonía del dólar. Sin embargo, combinadas y mantenidas a lo largo del tiempo, reducen progresivamente la dependencia estructural de la moneda estadounidense que hoy en día limita el margen de maniobra en materia de política económica de prácticamente todos los países periféricos.

También merecen mención dos iniciativas complementarias. Rusia las ha presentado principalmente en el marco del BRICS, pero revisten un interés directo para el resto del Sur Global. Una es la creación de una compañía de reaseguros propia del bloque, que podría eludir el papel que desempeñan actualmente las reaseguradoras europeas y estadounidenses como una especie de «policía de sanciones» informal, al denegar la cobertura a operaciones que desagradan a Washington o a sus aliados. La otra es la propuesta de una bolsa de cereales entre países que, en conjunto, representan más de la mitad de la producción mundial de soja, trigo, arroz y maíz, lo que les permitiría dejar de aceptar pasivamente que los precios de sus propios productos básicos se fijen en Chicago y en dólares. Ambas se encuentran aún en las primeras fases de negociación, pero apuntan en la dirección correcta: convertir el poder productivo real en una capacidad autónoma para fijar precios y obtener protección financiera.

Por último, creo que es importante afirmar, y seguir reiterando, que la desdolarización no es un problema de ingeniería financiera que deban resolver especialistas a puerta cerrada en reuniones técnicas. Por encima de todo, es una lucha política. Requiere que los gobiernos del Sur Global —históricamente acostumbrados a competir entre sí por los mercados y las inversiones— estén dispuestos a cooperar, así como la capacidad de resistir la presión y las represalias de Estados Unidos. Vale la pena recordar que, a juzgar por la historia reciente, cuanto mayores son las amenazas al imperialismo estadounidense, más dispuesto está este a enfrentarse a ellas de forma agresiva.

Entender la financiarización como un engranaje del imperialismo estadounidense, y no como una inevitabilidad técnica del capitalismo globalizado, es el primer paso para que los países periféricos dejen de tratar la arquitectura monetaria internacional como un hecho inmutable de la naturaleza y empiecen a cuestionarla como lo que siempre ha sido: un terreno de poder, construido históricamente y, por esa misma razón, abierto a la transformación a través de la acción política colectiva del Sur Global.

Juliane Furno. Profesora Adjunta de Economía en la Universidad Federal Fluminense-UFF y Investigadora Social del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Ha publicado los libros Economia para a transformação social: pequeno manual para mudar o mundo (Autonomia Literária, 2023) e Imperialismo: Uma introdução econômica (Da Vinci, 2022).

Texto original: https://triconpoliticaleconomy.substack.com/p/financialization-and-de-dollarisation

Traducción: Antoni Soy Casals

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/financiarizacion-y-desdolarizacion-el-dolar-como-instrumento-del-imperialismo 

El rapto neoliberal de Europa


Articulo publicado por: "TELESUR NOTICIAS" 15 octubre 2026

Autor: Jorge Elbaum
























Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen asegura que Europa podría hacer más para lograr la convivencia entre dos Estados Foto:EFE.
Por: Jorge elbaum: La mitología griega cuenta que Zeus, travestido como un toro blanco, raptó a la princesa fenicia Europa y la llevó a Creta. Uno de sus tres hijos fue Minos, quien construyó el laberinto donde encerró al minotauro. Desde hace más de medio siglo, Europa volvió a ser secuestrada y fue introducida en el laberinto neoliberal, que exige abandonar el Estado de bienestar y asumir la “responsabilidad fiscal” y el ajuste perpetuo. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron quiere hacer un recorte de 54 mil millones de euros en el presupuesto de 2027, proyecto que motivó la movilización de ocho sindicatos. En España, los fondos buitre compran miles de viviendas, expulsan a los residentes históricos y transfieren sus beneficios lejos de la península ibérica, aportando escasas contribuciones tributarias.
En Alemania, los conservadores de Friedrich Merz apuestan a superar la caída de la competitividad de sus empresas apelando a la remanida receta de la austeridad. La nueva fase del secuestro neoliberal no tiene estampa taurina. Viene acompañada de recortes salariales a los empleados públicos y de la mutilación de los servicios de educación y salud, sin atreverse a superar el déficit mediante el incremento tributario a los más acaudalados o a los fondos de inversión. La crisis del Occidente neocolonial es productiva, demográfica y civilizatoria. Pero sus administradores prefieren reducirla a un problema de caja. Durante los treinta años gloriosos del Estado de bienestar, Estados Unidos y Europa atrajeron inmigrantes provenientes de sus antiguas colonias y del resto del sur global para extender su producción y su consumo interno.
Para mediados de la década de 1970, las transnacionales y el mundo empresarial pusieron en cuestión la continuidad de ese modelo porque generalizaba una distribución de la riqueza, empoderaba a los trabajadores, producía una caída de la tasa de ganancia del capital y ampliaba los marcos de decisión democrática. Frente a ese escenario, exigieron a los Estados un cambio de rumbo. Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en connivencia con la traición de las socialdemocracias europeas, lograrían la ansiada hegemonía de Milton Friedman y su Escuela de Chicago.
Ese programa del Occidente atlantista impulsó —desde fines de los años 70— la lógica financiera con la que se amenazó a los sindicatos. Promovió la fragmentación de la clase trabajadora mediante la flexibilidad laboral, la precariedad y la desocupación. Con esa receta, que le quitaba relevancia a la producción industrial, los empresarios obtuvieron ganancias extraordinarias apelando a juegos especulativos que los liberaban de los compromisos productivos. El neoliberalismo globalizador se abocó, en ese marco, a sepultar el pleno empleo keynesiano. Y habilitó a sus monigotes políticos a justificar la necesidad de imponer la austeridad, endiosar a los inversores, halagar a los capitales golondrina y servirles la mesa a los fondos buitre.
Sin embargo, medio siglo después, la apuesta ortodoxa devino en pérdida de la competitividad, fragilidad productiva, una sociedad desintegrada y un Estado deficitario y endeudado. Francia ofrece el laboratorio más estruendoso. Alrededor de 250 mil personas marcharon la última semana y congregaron a funcionarios públicos, docentes, trabajadores sanitarios y bomberos contra el congelamiento salarial de la función pública, vigente desde 2023 y que el actual presupuesto de Sébastien Lecornu pretende prolongar hasta fines de 2027. El conflicto incluye el bloqueo de 300 escuelas secundarias por parte de sus alumnos, que denuncian el deterioro de las condiciones educativas y la falta de docentes. Las movilizaciones que se llevaron a cabo en múltiples ciudades francesas fueron calificadas por Lecornu como irresponsables, al tiempo que señaló a Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, como instigador de dichas manifestaciones.
En Madrid, la disputa se simboliza con un llavero. La gentrificación turística tiene un libreto tan conocido como eficaz: un barrio céntrico adquiere valor por su vida comunitaria; las viviendas se transforman en alquileres temporarios; cae la oferta residencial; sube el valor de los alquileres para los residentes; cierran panaderías y mercados de cercanía; se inauguran cafés de diseño y boutiques para visitantes. Al final, quienes habitaban el barrio deben abandonarlo ante la imposibilidad de afrontar el incremento de los precios. España cuenta con 318 mil viviendas públicas, el 1,3 por ciento del parque, frente al 34 por ciento destinado al alquiler social en los Países Bajos; el 25 por ciento de Viena; y el 21 por ciento en Berlín.
El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, llegó al poder con una triple receta: (a) reactivar la economía –debilitada por la ruptura energética con Moscú y por la falta de competitividad de su industria respecto a China–, (b) rearmar al país apelando a la rusofobia y (c) ocupar el espacio político de los neonazis de Alternativa por Alemania (AfD), respecto a los migrantes. Este último objetivo, consistente en apropiarse del discurso de la AfD, obtuvo el resultado previsible: gran parte del electorado eligió la propuesta original neonazi en las dos últimas elecciones. En la región de Sajonia-Anhalt, la ultraderecha alcanzó el 44 por ciento de los votos y, en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, cosechó el 38 por ciento. En ambos comicios, la CDU de Merz redujo de forma significativa su peso electoral. El crecimiento alemán para 2026 se prevé en alrededor de 0,5 puntos porcentuales, arrastrado por la crisis de la industria automotriz. Merz no solo perdió por derecha. Die Linke (La Izquierda) se impuso como primera fuerza en Berlín, poniendo en evidencia la crisis devivienda. Sin políticas que beneficien a los trabajadores, el “cordón sanitario” que ofrecen la CDU y la socialdemocracia se parece más a una cinta ceremonial que a un muro de contención real.
Cas Mudde advirtió en su libro La ultraderecha hoy que aquello que fue marginal hace dos décadas hoy está normalizado, justamente porque las políticas neoliberales abrieron la puerta a los monstruos del fascismo. Esa caja de Pandora quedó en evidencia a partir de la crisis de 2008, generada por la desregulación financiera. En aquella ocasión, los Estados rescataron a los bancos, pero cuando trataron de explicar el desastre, culpabilizaron a los salarios, el gasto público, las jubilaciones y las políticas sociales. Clara Mattei, en su libro El orden del capital. Cómo los economistas inventaron la austeridad y allanaron el camino al fascismo pone en evidencia que la reducción del gasto público es una tecnología de disciplinamiento de clase. Recorta recursos y también horizontes; fragmenta solidaridades y convierte cualquier demanda colectiva en una estudiantina adolescente frente a la supuesta seriedad y adultez de los mercados. Seguir insistiendo en las recetas neoliberales es como pedirle al secuestrador Zeus que le explique a Europa las ventajas de su cautiverio.
Autor: Jorge Elbaum

¿Es China el nuevo centro del mundo?


Articulo publicado por: "CUBADEBATE NOTICIAS"

Autor: Álvaro García Linera




























El presidente chino, Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pronuncia un importante discurso en una recepción para conmemorar el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China, en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, capital de China, el 30 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua/Yan Yan.
Por: Álvaro García Linera: En 1858, Karl Marx expresaba su preocupación de que una eventual revolución europea quedaría reducida geográficamente a un “pequeño rincón” del mundo, dado el movimiento de ascenso de la sociedad burguesa en grandes zonas del planeta como China, Japón, Australia y California (Collected Works, vol. 40).
Han pasado 168 años y las previsiones de Marx han resultado confirmadas por la historia. Hoy China es la economía más grande del planeta. Tomando como medida del PIB la paridad del poder adquisitivo (PPA) —que elimina las distorsiones del tipo de cambio del mercado y las diferencias del costo de vida—, el FMI calcula que la economía de China representa hoy el 19,9 % de la economía mundial; en tanto que la de EE. UU. alcanza al 14,5 %, y la de la Unión Europea (UE), el 14 %. En 1990, el PIB de China llegaba a solo el 3 % del total mundial, el de EE. UU. al 19 % y el de Europa al 23 % (FMI DataMapper, 2026). Si tomamos en cuenta a toda Asia, el PIB continental llega al 49 % del planeta.
Pero China no solo lidera actualmente en el tamaño del PIB, sino también en relación a los fundamentos materiales subyacentes del poderío de las naciones.
En lo que se refiere al valor manufacturero añadido, China genera el 29 % del valor total mundial, en tanto que EE.UU. y la UE aportan el 17 % cada uno (Statista Research, 2025). Se calcula que para 2030, ese poderío llegará al 45 % (ONUDI, 2024). No es un liderazgo exclusivo en la fabricación masiva de juguetes o electrodomésticos, sino también en las áreas de tecnología avanzada y el control de toda la cadena de valor de los productos. China ya es líder en 7 de las 10 industrias más avanzadas del mundo: sistemas de informática y electrónica, químicos, maquinarias y equipos, metales básicos, automotores, metales manufacturados y equipos electrónicos. Por su parte, EE. UU. encabeza la producción de tecnología y servicios de la información —en particular, diseño de chips para IA—, fármacos y otros sectores del transporte (ITIF, 2026).
Para el 2024, en China se fabricaron el 86 % de los paneles solares del planeta, el 80 % de las baterías eléctricas, el 72 % de los autos eléctricos, el 64 % de los smartphones, el 54 % de los robots industriales y el 49 % de los drones (El País, 25, IX, 2026).
En lo que respecta al consumo de electricidad, el ascenso de China ha sido espectacular. En el año 1990, el país consumía menos de 1000 teravatios-hora (TWh), mientras que EE. UU. consumía 3000 TWh. Para el 2025, China ha llegado a los 10 300 TWh, y EE. UU. se ha estancado desde hace 20 años en torno a los 4200 TWh (EIA, 2026).
Además de ello, China es el primer electroestado del mundo, al ser el mayor inversor mundial y el mayor productor de energías alternativas. China es un país que no produce petróleo y, en el último siglo, ha sido uno de los mayores extractores de carbón para generar energía. Sin embargo, en la última década, ha sido el país que más ha aportado a la transición energética global. La capacidad de generación de energía solar que hoy posee es de 1175 TWh, en tanto que el resto del mundo en conjunto genera solo 1600 TWh (Statista, IV, 2026). Hoy, China tiene un complejo productivo con una capacidad de fabricación de paneles solares al año de 1200 TWh, por lo que, superando problemas de almacenaje, en menos de 10 años podría fabricar la cantidad de paneles suficientes como para detener el cambio climático (Tooze, 19. IX, 2025). Ninguna nación del mundo posee hoy esa capacidad de reparación ecológica global.
En general, el crecimiento de la economía china representa entre el 25 % y el 30 % del aumento de la economía mundial. Desde 1990 hasta el 2025, el promedio de crecimiento del PIB ha sido del 8,5 %, llegando algunos años al 14 %, aunque en los últimos años se ha estabilizado en torno al 5 %. Este incomparable desarrollo le ha permitido multiplicar por 54 veces el tamaño de su economía desde 1990, en tanto que EE.UU. lo ha hecho 5,1 veces y la UE, 2,9 veces, en el mismo lapso de tiempo (World Bank, open data, 2026).
En una combinación planificada de apertura a la inversión extranjera, transferencia tecnológica, apoyo a la inversión privada nacional y creación de empresas estatales en áreas estratégicas de la economía, China ha alcanzado este liderazgo manteniendo una tasa de inversión anual que, durante más de dos décadas, se ha movido entre el 35 % y el 45 % respecto al PIB. En comparación, EE.UU. y la UE lo han hecho en torno al 17 % y al 22 %. en torno al 17 % y al 22 %.
En términos de intercambio comercial, desde 1990 al 2025, China ha acumulado un superávit comercial de 9,7 billones de dólares. Solo en el 2025, con una guerra comercial declarada por parte de EE.UU., el superávit llegó a 1,1 billones de dólares (BBC, enero, 2026).
Estos flujos de ingresos le han permitido a China convertirse en el mayor acreedor bilateral del mundo, por encima del Banco Mundial o el FMI. Desde el año 1990 al 2025, China ha hecho préstamos comerciales por valor de 2,2 billones de dólares, incluidos a los EE. UU. (AidData, XI, 2025). Se trata de una cifra ya superior a los 1,3 billones que, en el mismo periodo, ha dispuesto EE. UU. como asistencia militar y económica a países aliados (USAFacts, IX, 2026). Así, mientras China ha creado una infraestructura global de provisión de materias primas y distribución de mercancías (“Ruta de la seda”), los EE. UU. han mantenido ejércitos y líderes serviles a sus designios políticos,
Pese a todo este poderío económico, China, a diferencia de lo que hizo EE.UU. en el siglo XX y, antes, el Reino Unido, no ha establecido aún la hegemonía global de su moneda, no ha desplegado bases militares para garantizar su supremacía política ni tampoco exporta su cultura, ni su sistema político, como modelo a imitar por el resto de los países.
Hoy, el dólar sigue desempeñando la función de moneda de reserva global para el 85 % de las operaciones cambiarias del mundo, cobija el 58 % de las reservas internacionales de los bancos de los Estados y es el operador monetario del SWIFT para la mayoría de los pagos globales (BIS, 25, II, 2026). Pero, China, domésticamente, ya ha creado el segundo mercado de bonos de renta fija más grande del planeta, valorado en 28 billones de dólares, detrás del de EE. UU., que mueve 61 billones de dólares (Deutsche Bank, VII, 2026). Igualmente, posee 3 de los 10 centros financieros más importantes del mundo (Shanghái, Hong Kong y Shenzhen).
En cuanto a las bases militares en el extranjero, China tiene 3, frente a las 750 de los EE.UU. y, de momento, no se la ve interesada en exportar su forma de organización política llamada “socialismo con características chinas”. Y respecto a la expansión cultural, esta recién comienza —videojuegos, estética asiática, plataformas digitales de compra rápida— a medida que el mercado interno cobra importancia para el crecimiento económico. En EE.UU., el consumo interno de los hogares representa el 69 % del PIB; en China, el 40 % (Banco Mundial, 2026). Comparativamente, hace veinte años atrás, el ingreso per cápita de China respecto al de EE. UU. era de 1 a 20. Hoy es de 1 a 3,5. En menos de 50 años será de 1 a 1 (Milanovic, 2026). Todo apunta a que el “Gran Rejuvenecimiento de la Nación China”, con el que sus gobernantes miran la restauración de la grandeza global de su país, no se mide con el apuro de las décadas, sino con la obstinada paciencia de los siglos.
No cabe duda de que China es ya hoy el centro del mundo. Y, frente a ello, no deja de ser patético ver a las élites reaccionarias latinoamericanas desesperarse por conseguir una visa a EE.UU. o comprar un departamento en Madrid para subir su estatus de “modernidad”. Corren enajenados detrás de espejuelos de países que ya solo son “pequeños rincones” del mundo.
Autor: Álvaro García Linera
Fuente: Cubadebate 

domingo, 18 de octubre de 2026

El derecho a decidir frente a la imposición colonial: Argelia, el Sáhara Occidental y la legalidad internacional


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La historia de los pueblos no se escribe con las imposiciones del ocupante ni con las componendas de despachos geopolíticos alineados con el statu quo. Frente al intento persistente de sofocar la causa del pueblo saharaui y dar por zanjada la ocupación militar del Sáhara Occidental mediante salidas unilaterales, la reciente intervención del ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, reestablece una verdad fundamental que la comunidad internacional no puede seguir silenciando. Desde el Sovintern manifestamos nuestro respaldo firme y decidido a la posición reafirmada por la diplomacia argelina, sosteniendo que la cuestión del Sáhara Occidental es, en su esencia innegable, un proceso de descolonización inconcluso, y que cualquier solución política justa debe pasar de forma innegociable por el ejercicio real del derecho a la autodeterminación y el consentimiento explícito del Frente POLISARIO.

​En los últimos tiempos hemos asistido a intentos sistemáticos por presentar la propuesta de autonomía marroquí como el único punto de llegada predeterminado del proceso. Esta narrativa busca despojar al conflicto de su naturaleza jurídica y moral, pretendiendo que la voluntad popular es un concepto prescindible. Coincidimos plenamente con la categorización formulada por la diplomacia argelina al recordar que, cuando se trata de descolonización, el derecho a la autodeterminación constituye la regla fundamental y la referencia inamovible de todo el proceso. Prescindir de esta premisa no solo viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que sienta un precedente nefasto para todas las naciones del Sur Global que defienden su soberanía e integridad territorial frente al expansionismo.

​Reconocemos el papel del Gobierno argelino al acudir al proceso de conversaciones abierto este año con voluntad constructiva pero fijando límites éticos infranqueables. Participar en la mediación internacional no significa convalidar un hecho consumado, sino exigir que Naciones Unidas cumpla con el mandato para el que fue convocada: permitir que la población saharaui decida su destino mediante mecanismos democráticos e inalienables. La estabilidad, la seguridad y la cooperación real en la región del Magreb no se construirán jamás sobre la base del atropello a la soberanía de una nación; la paz duradera solo puede ser hija directa de la justicia y de la legalidad internacional.

​Por todo ello, desde el Sovintern hacemos un llamamiento a las organizaciones populares, movimientos antiimperialistas y Gobiernos comprometidos con la justicia global a cerrar filas en torno a estos principios. Es imprescindible rechazar cualquier fórmula que pretenda sustituir el derecho a decidir por una asimilación forzosa, así como exigir garantías a las partes para que la negociación directa entre Marruecos y el Frente POLISARIO respete la igualdad de condiciones. El mapa del mundo no debe ser dibujado por la impunidad territorial ni por el chantaje diplomático, y la lucha del pueblo saharaui por su independencia sigue tan viva e innegociable como el primer día.

Lois Pérez Leira
Coordinador Regional del Sovintern


Otro Premio Nobel de Economía que no lo es, y este año con traca

Fuentes: Ganas de escribir

  Como cada año por estas fechas, los medios de comunicación de todo el mundo han vuelto a anunciar los ganadores del «Premio Nobel de Economía». Esta vez, los estadounidenses Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la de Columbia, por sus trabajos sobre «los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica». Al anunciarlo, el presidente del comité que lo concede, John Hassler, subrayó que gracias a ellos los modelos que hoy utilizan los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo disponen de una base teórica sólida.

La concesión de este premio es una doble estafa y enseguida vas a entender fácilmente el porqué.

No es un Premio Nobel

Alfred Nobel dejó establecido en su testamento que los intereses de su fortuna se repartieran cada año entre quienes hubieran proporcionado el mayor beneficio a la humanidad en la Física, la Química, la Fisiología o Medicina, la Literatura y la paz entre las naciones. Conocía los estudios de economía de su tiempo, pero nunca pensó en premiarlos.

Lo que hoy se llama «Nobel de Economía» es, en realidad, el «Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel», creado en 1968 por el banco central sueco con motivo de su tricentenario. No lo financia el legado de Nobel ni lo eligió su voluntad. Como expliqué en mi libro Econofakes, el propio director de la Fundación Nobel, Michael Sohlman, reconoció años después que el banco hizo muchos cálculos para que los periodistas de todo el mundo no lo distinguieran de los demás. Y lo consiguió plenamente con un simple objetivo: hacer creer que la economía es una ciencia como las demás que reciben el galardón y, de paso, como han documentado Avner Offer y Gabriel Söderberg, reforzar la pretensión del banco de ser independiente del Parlamento y del Gobierno: si la economía es ciencia, las decisiones deben tomarlas los técnicos y no los representantes de la ciudadanía.

Premio al irrealismo

El premio de este año contribuye a ese fraude pues se concede a dos economistas que han desarrollado modelos y teorías completamente alejados de la realidad pero que sirven para consolidar las políticas económicas que concentran la riqueza y el poder. Merecen un reconocimiento científico tanto como un trabajo sobre anatomía que no incluyera al corazón o el hígado en el cuerpo humano y afirmase que este se mueve sin verse afectado por la ley de la gravedad.

Desde los años setenta, la corriente dominante en economía asumió tres fundamentos básicos. El primero, que cualquier explicación de lo que ocurre en el conjunto de la economía (el empleo, la inflación, las crisis) debía deducirse del comportamiento de individuos perfectamente racionales que maximizan su utilidad o su beneficio, que conocen perfectamente cómo funciona la economía y que, al formar sus expectativas sobre el futuro, nunca se equivocan de forma sistemática. El segundo que, como es imposible sumar los comportamientos de millones de personas diferentes, se supone que toda la economía funciona como si en ella sólo hubiera un único consumidor «representativo» de todos y una única empresa también «representativa» de todas las existentes. Y, finalmente, que, en esas condiciones, no hay crisis posibles, sino tan sólo «perturbaciones» aleatorias que llegan desde fuera y de las que la economía se recupera automáticamente volviendo a su equilibrio.

El ahora premiado Robert Hall contribuyó a fundar esta manera de razonar con un célebre artículo de 1978 en el que aplicaba las expectativas racionales al consumo. Y Michael Woodford la llevó a su expresión más acabada en los llamados «modelos neokeynesianos», que, con variantes, son los que hoy día emplean prácticamente todos los bancos centrales para fijar los tipos de interés, «gestionar las expectativas» y anunciar lo que piensan hacer gracias a los componentes que he mencionado: agente representativo, expectativas racionales, mercados que tienden siempre al equilibrio y crisis que vienen de fuera.

Suponer que tenemos un abrelatas

En mi último libro he explicado que este tipo de modelos razonan como el economista del chiste que, perdido en una isla con latas de comida y sin nada con qué abrirlas, propone a sus compañeros: «Supongamos que tenemos un abrelatas».

El consumidor y la empresa representativos, las expectativas racionales y el equilibrio automático son ese abrelatas. Algo que no existe pero que suponemos que lo tenemos para que puedan funcionar los modelos que nos conviene que funcionen.

Hace ya más de cincuenta años que se demostró matemáticamente que todas esas condiciones no pueden darse en la realidad, pero la solución de la economía dominante no fue abandonarlas, sino seguir dándolas por buenas y construir sobre ellas los mismos modelos con variantes cada vez más sofisticadas.

El modelo de referencia del ahora premiado Michael Woodford es el colmo de los disparates. Se plantea, literalmente, como el de una economía «sin efectivo», en la que el dinero apenas desempeña papel alguno y el banco central se limita a fijar un tipo de interés. No hay bancos que creen dinero de la nada al conceder préstamos, ni deuda privada que se acumule, ni burbujas financieras que estallen. Es decir, falta justamente lo que es bien sabido que provocó la mayor crisis de nuestro tiempo.

Por eso es lógico que no la pudieran ver venir, como tampoco los episodios inflacionarios que deben controlar. Tras el desastre, siguieron elaborando los modelos como si nada hubiera pasado, limitándose a remendarlos con nuevas «fricciones» financieras y el propio Woodford publicó un artículo en 2009 celebrando la «convergencia» de la macroeconomía en una nueva síntesis que compartían ya casi todos los economistas.

Un saber presentado como la ciencia neutral que no lo es

Al presentar la economía como un sistema que tiende por sí solo al equilibrio y en el que sólo hace falta que un banco central «técnico» ajuste los tipos de interés, convierten en un asunto de expertos preguntas que deberían ser objeto de deliberación democrática. Por ejemplo, cuánto paro estamos dispuestos a aceptar para contener la inflación, a quién beneficia que suban o bajen los tipos de interés, o quién paga los rescates bancarios. Preguntas puramente políticas que los economistas convencionales quieren hacer creer que se responden como si fueran ecuaciones.

La paradoja de este año se produce cuando el premio del Banco Central de Suecia premia a quien diseñó los modelos que usan bancos centrales cuya independencia está siendo atacada desde el poder político más agresivo y caprichoso, el del trumpismo. Pero la respuesta a ese ataque no puede ser la de blindarlos de nuevo bajo el manto de una ciencia inexistente, sino someter sus decisiones a un control democrático transparente, con modelos plurales y realistas, y con rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Las alternativas existen. Hay economistas que trabajan con modelos que incorporan el dinero bancario, la deuda, la energía, la diversidad de comportamientos y la complejidad de la vida económica, y que han acertado allí donde los modelos premiados fallaron. Pero rara vez reciben el premio del Banco de Suecia, que en su inmensa mayoría ha ido a parar a quienes defienden la corriente dominante que ha provocado el mayor número de crisis financieras de la historia y una concentración de la riqueza y el poder igualmente sin precedentes.

Lo que se ha premiado una vez más no es un descubrimiento que beneficie a la humanidad, como quería Alfred Nobel, sino una forma de pensar la economía que conviene a quien da el premio y que beneficia a muy pocos. Galbraith hablaba de todo esto como «fraude inocente». Yo tengo cada vez más dudas de su inocencia.

Fuente: https://juantorreslopez.com/otro-premio-nobel-de-economia-que-no-lo-es-y-este-ano-con-traca/ 

España ante las elecciones del 29 de noviembre: avances sociales, resistencia internacional y crisis de la izquierda


Análisis de la situación con propuestas generalistas de por donde habría que ir pero sin concreciones. Pero lo que más me preocupa de entrada es la falta de una visión más amplia en las reflexiones autocríticas, especialmente sobre las causas de la realidad política española que impiden una acción institucional progresista, ligadas a sistemas como el electoral que favorece a la derecha o el autonómico, donde todas las propuestas mueren en las fronteras por las competencias cedidas del estado, por ejemplo:

-En el ingreso mínimo vital, más allá de la burocracia que colapso el cumplimiento de la normativa, el defecto está en que el estado no tiene competencias porque están todas cedidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que están la mayoría en manos de la derecha nacional y nacionalistas, incluidas las gestionadas por los socialistas, todas en línea neoliberal que incumplen las normativas o las bloquean y si el estado interviniese, las instituciones policiales y en especial las judiciales, le darían la razón a la derecha. El problema está en la visión idealista del federalismo, que en toda sociedad clasista con el estado al servicio del capital, solo servirá para crear la división en la clase obrera y  enfrentamientos entre el pueblo, por las identidades políticas creadas al servicio del poder oligárquico, siempre bien unido contra la clase obrera y el pueblo.

- Por las mismas causas para no repetir el papel del estado y sus instrumentos están los temas de la fiscalidad transferida o la vivienda. Además del constitucional suspendiendo leyes, está la correlación de fuerzas sobre todos estos temas que se necesita para un decreto de mayorías simples, pero hay otros relacionados con cambios en la constitución, que necesitan mayorías cualificadas que lastran programas y posibilidades, y otros que el nacionalismo de derechas nunca aceptaría, como son la igualdad de derechos y deberes de todo el pueblo independiente de su residencia. El idealismo federalista, que en los hechos es confederalismo, por ser una izquierda que abraza tesis del soberanismo independentista de ideología nacionalista pequeño burguesa, impide situar los problemas y defender los intereses generales de la clase trabajadora, por el bloqueo o negativa de las comunidades autónomas que se defienden, con sistemas electorales al gusto que benefician al capital.

- Lo mismo con los cantos de victoria sobre un feminismo de género, que ha dividido al movimiento feminista que luchaba por los derechos de la mujer, colaborando ahora en el borrado de la mujer al tiempo, que permite barbaridades como que el género es un sentimiento y no una realidad biológica, liando el género con las sexualidades las cuales nunca fueron estáticas ni inmutables formándose su desarrollo mediante la experiencia. La heterosexualidad o la homosexualidad nunca vienen por nacimiento ni por experiencia de un día o un año, pero su construcción está atravesada por una cultura patriarcal supremacista, nacida de la propiedad privada para la acumulación de bienes que condiciona al ser humano, y lo que hoy venden como feminismo, es una teoría expandida desde el poder económico y mediático para dividir las luchas, a la clase obrera y al pueblo con más identidades al tiempo que distópico. Negando el ser biológico de la mujer se niega su derecho a la igualdad con el hombre que mantiene su definición biológica, sirviendo semejante barbaridad a la ridiculización del feminismo de clase entre la clase trabajadora, que por falsa y ridícula solo da utilidad a la derecha y al fascismo.

Participar en el gobierno si es lo que el reformismo quiere, es una decisión de ellos. pero nosotros los comunistas no debemos caer en la falsa ilusión, de que este sistema es el mejor posible y entender, que acabar con las injusticias y explotación de la clase trabajadora, pasa por ir rompiendo los sistemas e instrumentos que nos oprimen y dividen, y la concepción del estado de las autonomías actual es uno de ellos, junto con los aparatos judiciales, policiales y mañana seguro que militares, también con sistemas como los electorales. Nota de Alonso gallardo

  

                                                   
                            
Ponencia presentada por Manu Pineda en el XXX Seminario Internacional del Partido del Trabajo de México.

Quiero comenzar saludando al conjunto del Partido de los Trabajadores y agradeciendo muy sinceramente su apuesta generosa por este seminario, que se ha convertido en una de las grandes referencias internacionales para el intercambio de experiencias, el debate de ideas y el enriquecimiento del pensamiento de la izquierda. Quiero agradecer de manera muy especial al profesor Anaya, fundador del Partido de los Trabajadores, su compromiso con esta iniciativa, y expresar también mi reconocimiento personal a la compañera Isi por el esfuerzo generoso, constante e incansable que realiza para que este seminario siga creciendo y alcanzando sus objetivos.

Encuentros como este tienen un valor extraordinario. Quienes compartimos una tradición internacionalista sabemos que necesitamos espacios donde podamos debatir nuestras diferencias, aprender de experiencias distintas y analizar con honestidad nuestros aciertos y nuestros errores. La izquierda necesita pensamiento crítico, intercambio de ideas y capacidad para comprender la realidad más allá de las fronteras nacionales. Por eso agradezco especialmente la oportunidad de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la situación política española.

España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Llegamos a esta cita después de varios años de avances sociales importantes, de una política exterior que ha mantenido posiciones propias en cuestiones fundamentales y de una experiencia de Gobierno que también ha puesto de manifiesto nuestras limitaciones. Mi intención es explicaros cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos conseguido, qué problemas siguen sin resolverse y por qué considero que la fragmentación de la izquierda constituye hoy uno de nuestros mayores peligros.

Para entender la situación actual debemos comenzar en 2018. Aquel año, el Partido Socialista Obrero Español recuperó el Gobierno mediante una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia. En 2019, después de las elecciones generales y de una negociación política que desembocó en el primer Gobierno de coalición estatal de la democracia española, Unidas Podemos entró en el Ejecutivo junto al PSOE. En 2023, tras las nuevas elecciones generales, la coalición se reeditó con Sumar como socio minoritario del Partido Socialista.

Esta evolución tiene una importancia política que debemos comprender. El PSOE es una fuerza socialdemócrata con una larga trayectoria institucional y ha gobernado España en distintas etapas. La novedad de estos años ha sido la participación directa de la izquierda transformadora en el Gobierno central. Para nosotros, y especialmente para el Partido Comunista de España, esa participación abrió la posibilidad de convertir reivindicaciones históricas del movimiento obrero y popular en decisiones concretas de Gobierno.

España es hoy una experiencia singular en Europa: la izquierda transformadora ha formado parte del Ejecutivo estatal en un contexto en el que las fuerzas conservadoras y las derechas radicalizadas han ganado terreno en numerosos países. Esa singularidad ayuda a explicar tanto la importancia internacional que ha adquirido nuestro Gobierno como las dificultades que ha tenido que afrontar.

Uno de los resultados más claros se encuentra en el terreno laboral. Desde 2018, el salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,90 euros mensuales en catorce pagas a 1.184 euros en 2025. El incremento acumulado es del 61 %. Este avance ha sido posible gracias a las decisiones del Gobierno, a la movilización sindical y, de manera muy importante, a la presión política ejercida por nuestro espacio, que ha defendido reiteradamente la necesidad de elevar los salarios más bajos.

A ello debemos añadir la reforma laboral de 2021, la reducción de la temporalidad y el refuerzo de la negociación colectiva. Estas medidas han contribuido a mejorar las condiciones de contratación y a ampliar la protección de millones de trabajadores.

También se han revalorizado las pensiones conforme al IPC, se ha creado el Ingreso Mínimo Vital y se han ampliado distintas prestaciones sociales. Durante la pandemia, los ERTE, las ayudas a autónomos y empresas y las medidas extraordinarias de protección evitaron que una crisis sanitaria de dimensiones históricas se tradujera en una destrucción todavía mayor del empleo y de los ingresos familiares. Posteriormente, se adoptaron medidas para hacer frente a la inflación, al encarecimiento de la energía y a otras consecuencias de las sucesivas crisis.

Se han producido igualmente avances en igualdad, derechos LGTBI, protección frente a las violencias sexuales, educación, formación profesional y protección de las familias. La Ley de Vivienda de 2023 introdujo instrumentos muy tibios para intervenir en el mercado del alquiler y proteger a los inquilinos, aunque sus resultados han sido insuficientes ante la dimensión del problema.

Todo ello se ha desarrollado en un contexto económico que merece atención. España ha dejado atrás la imagen de una economía condenada a situarse sistemáticamente por detrás de las principales economías europeas. En los últimos años ha registrado un crecimiento superior al promedio de la Unión Europea y un comportamiento comparativamente favorable frente a Alemania, Francia e Italia. Las previsiones de la Comisión Europea publicadas en mayo de 2026 situaban el crecimiento español en el 2,4 % para ese año, frente al 1,1 % previsto para el conjunto de la Unión Europea.

Es importante destacar que ese crecimiento se ha producido mientras se aprobaban medidas sociales de gran alcance y se reforzaba el empleo. Esto demuestra que la mejora de las condiciones laborales y la protección social pueden convivir con el crecimiento económico. El debate que debemos mantener es cómo conseguir que los frutos de ese crecimiento lleguen de manera más efectiva a las mayorías trabajadoras y se traduzcan en una mejora duradera de sus condiciones de vida.

Esta experiencia también tiene una dimensión internacional que merece ser destacada. A pesar de las limitaciones de su política exterior y de los compromisos de España con la OTAN y la Unión Europea, el Gobierno ha mantenido posiciones que le han otorgado una visibilidad internacional particular. En un contexto marcado por el avance de las derechas radicalizadas, el regreso de Donald Trump a la Presidencia estadounidense y la presión para que los gobiernos europeos se alineen con Washington, España se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia política frente al trumpismo.

La cuestión palestina es el ejemplo más evidente. España reconoció el Estado palestino el 28 de mayo de 2024, denunció la destrucción de Gaza y defendió la necesidad de respetar el derecho internacional. En septiembre de 2025, el Gobierno aprobó un real decreto-ley que formalizó el embargo de armas, restringió determinadas operaciones comerciales y estableció medidas contra los productos procedentes de los asentamientos ilegales. También ha respaldado la labor de los tribunales internacionales y mantenido la ayuda humanitaria a la población palestina y el apoyo a la UNRWA.

Estas decisiones tienen importancia más allá de España. Han contribuido a demostrar que existen márgenes para adoptar posiciones propias en Europa, aunque todavía quede mucho por hacer para que las declaraciones políticas se traduzcan en una presión internacional capaz de detener el genocidio y garantizar los derechos del pueblo palestino.

Otro asunto especialmente significativo ha sido la negativa española a aceptar la exigencia de Donald Trump de elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB. En junio de 2025, el Gobierno anunció un acuerdo con la OTAN para cumplir los objetivos de capacidades militares con un gasto estimado del 2,1 % del PIB, rechazando la obligación de alcanzar aquel porcentaje.

Desde nuestra perspectiva, esta decisión tiene una dimensión política evidente. El presupuesto público debe responder también a las necesidades de la población, a la sanidad, la educación, las pensiones, la vivienda y los servicios públicos. España defendió que sus compromisos de seguridad podían cumplirse sin asumir el incremento de gasto exigido por Trump. La negativa también abrió un debate europeo sobre las prioridades presupuestarias, la autonomía estratégica y las consecuencias de una política de rearme acelerado.

En marzo de 2026, el Gobierno volvió a rechazar la utilización de las bases de Rota y Morón y del territorio español para apoyar la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán. La decisión provocó nuevas tensiones con Washington. Desde una posición internacionalista, debemos destacar la importancia de impedir que el territorio español sea utilizado para facilitar guerras de agresión y de defender la soberanía como principio que debe aplicarse a todos los pueblos.

Quizá sea innecesario aclarar que nuestra propuesta sigue siendo, obviamente, la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases norteamericanas en nuestro territorio.

Por estas razones, a pesar de sus contradicciones, la experiencia española ha adquirido una dimensión que trasciende nuestras fronteras. España ha mostrado que, incluso dentro de las estructuras políticas y militares occidentales, pueden existir espacios para cuestionar determinadas exigencias de Washington, defender el derecho internacional y mantener posiciones de solidaridad con los pueblos agredidos.

Las contradicciones y los problemas que no hemos sabido resolver

Sería un error presentar este balance únicamente en términos positivos. Hemos cometido errores importantes y tenemos limitaciones que debemos reconocer con claridad.

El problema de la vivienda es el más grave. Las subidas salariales y las mejoras laborales han beneficiado a muchos trabajadores, pero una parte de esas mejoras se ha visto absorbida por el encarecimiento de los alquileres y de la compra de vivienda. Para una parte importante de la juventud y de las familias trabajadoras, emanciparse o mantener una vivienda digna se ha convertido en una dificultad cotidiana.

La política de vivienda ha sido insuficiente. La falta de un parque público amplio, las dificultades para aplicar medidas de regulación, la especulación inmobiliaria y las limitaciones de la intervención pública han impedido responder con la intensidad necesaria. Cuando una persona trabaja y cobra más, pero sigue sin poder independizarse o vive con el temor permanente de perder su casa, el avance económico pierde buena parte de su significado social.

También hemos sido incapaces de abordar una reforma fiscal suficientemente profunda. Necesitamos un sistema en el que quienes acumulan más riqueza y obtienen mayores beneficios contribuyan de manera proporcionalmente mayor al sostenimiento de los servicios públicos. Un Estado fuerte necesita ingresos suficientes para garantizar una sanidad pública de calidad, una educación accesible, pensiones dignas, protección social y políticas de vivienda capaces de responder a las necesidades de la mayoría.

No podemos aspirar a transformar la sociedad si aceptamos que los recursos públicos sean insuficientes mientras la concentración de la riqueza continúa aumentando. La justicia fiscal debe formar parte de cualquier proyecto de transformación social que aspire a durar.

Hay otras contradicciones y limitaciones, pero quiero detenerme en una cuestión que considero decisiva para comprender nuestra situación: el problema de la izquierda española no reside únicamente en las insuficiencias de su gestión. Reside también en la falta de responsabilidad y visión política colectiva y en la incapacidad de algunas de sus direcciones para mirar más allá de los intereses inmediatos de sus propias organizaciones.

Lo digo con preocupación, porque considero que este es uno de los asuntos de los que depende nuestro futuro.

Con demasiada frecuencia, las direcciones de las organizaciones de izquierda actúan como si la prioridad fuera garantizar la supervivencia, la representación institucional o la influencia de su propio partido, incluso cuando esas decisiones perjudican al conjunto de la izquierda y a los intereses de la clase trabajadora. Hemos desarrollado una cultura política en la que las disputas entre organizaciones, los enfrentamientos personales y la competencia por los espacios electorales terminan ocupando más tiempo y energía que la construcción de una alternativa compartida.

Es una especie de narcisismo político e identitario que nos impide comprender la dimensión del momento histórico. Cada organización tiende a medir sus resultados en función de su propia posición, sin valorar suficientemente las consecuencias que sus decisiones tienen para el conjunto de las fuerzas populares.

Mientras tanto, las derechas trabajan para construir mayorías, consolidan sus posiciones institucionales y culturales y aprovechan nuestras divisiones. El resultado es que podemos terminar perdiendo conquistas sociales importantes después de haber demostrado que somos capaces de aprobar medidas que mejoran la vida de millones de personas.

Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. El PSOE tiene sus propias limitaciones y contradicciones, pero la izquierda transformadora tampoco puede eludir el examen de sus decisiones. Debemos preguntarnos por qué hemos sido incapaces de construir una relación estable entre nuestras organizaciones, por qué tantas diferencias terminan convirtiéndose en enfrentamientos destructivos y por qué nos cuesta tanto establecer prioridades compartidas.

La unidad que necesitamos no puede ser una simple suma de siglas ni un acuerdo electoral improvisado. Requiere un programa común, mecanismos democráticos, respeto entre las organizaciones y una estrategia que coloque en primer plano las necesidades de la mayoría social. Requiere también reconocer que ninguna organización, por importante que sea, puede representar por sí sola a toda la clase trabajadora ni monopolizar la respuesta a los desafíos que tenemos por delante.

Debemos ser capaces de debatir nuestras diferencias sin convertirlas en una guerra permanente. Necesitamos reconstruir la confianza, fortalecer los vínculos con los sindicatos y los movimientos sociales, recuperar la presencia en los barrios y los centros de trabajo y ofrecer soluciones concretas a problemas como la vivienda, los salarios, la sanidad y la educación.

Si no somos capaces de hacerlo, corremos el riesgo de convertirnos en una fuerza marginal, incapaz de influir de manera decisiva en el rumbo de la sociedad. Y esa marginalidad tendría consecuencias que irían mucho más allá de nuestros partidos: afectaría a la capacidad de la clase trabajadora para defender sus derechos y abriría nuevas oportunidades a las fuerzas reaccionarias.

Quiero terminar regresando al sentido de este seminario. El intercambio internacional de experiencias tiene valor precisamente porque nos permite comprender que nuestros problemas nacionales forman parte de procesos más amplios y que podemos aprender unos de otros.

La experiencia española demuestra que la participación de la izquierda transformadora en el Gobierno puede contribuir a elevar los salarios, ampliar derechos, reforzar la protección social y defender posiciones internacionales propias. También demuestra que esos avances resultan insuficientes cuando no se resuelven problemas estructurales como la vivienda, cuando el sistema fiscal no aporta los recursos necesarios y cuando las fuerzas que impulsan la transformación carecen de una estrategia común.

El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías. Los derechos conquistados necesitan instituciones capaces de garantizarlos y una sociedad organizada que los defienda. La solidaridad internacional debe acompañarse de decisiones concretas. Y la participación institucional debe formar parte de una estrategia de transformación social más amplia.

España afronta las elecciones del 29 de noviembre con todos estos elementos sobre la mesa: avances sociales relevantes, una posición internacional que ha adquirido visibilidad, limitaciones de gestión que debemos corregir y una izquierda profundamente dividida que tiene ante sí una responsabilidad histórica.

Me preocupa que nuestra incapacidad para construir una alternativa común termine facilitando el acceso de la derecha y la extrema derecha al Gobierno. Y me preocupa especialmente que, después de haber conseguido avances que hace unos años parecían difíciles, seamos nosotros mismos quienes contribuyamos a ponerlos en peligro por nuestra falta de visión colectiva.

No podemos pedir responsabilidad a la clase trabajadora mientras nuestras organizaciones se muestran incapaces de ejercerla. No podemos hablar de transformación social si anteponemos permanentemente los intereses de nuestros aparatos a las necesidades de la mayoría. Y no podemos defender la solidaridad internacional si no somos capaces de practicarla también entre quienes compartimos objetivos fundamentales.

La izquierda necesita recuperar la generosidad política, la capacidad de escuchar, la voluntad de cooperar y el sentido de la responsabilidad histórica. Necesita entender que nuestras diferencias deben servir para enriquecer un proyecto común y que la prioridad es mejorar las condiciones de vida de la mayoría trabajadora, defender los derechos conquistados y construir una sociedad más justa.

Ese es, a mi juicio, el desafío que tenemos por delante en España y también una de las grandes cuestiones que debemos debatir entre las fuerzas de izquierda de todo el mundo.

Muchas gracias.

(*) Responsable RR.II. del PCE