Punto Rojo

domingo, 12 de julio de 2026

Cuba: preparación mediática de una invasión

José Manzaneda, coordinador de Cubainformación 6 de julio de 2026

Drazen Nesic / Pixnio (CC).

Así actúan los criminales de guerra. Llevando hambre, enfermedad y oscuridad a todo un pueblo. Impidiendo la entrada del petróleo, destruyendo todas sus fuentes de ingreso y empleo. Monstruos insaciables que ya preparan a la opinión pública para un posible zarpazo militar. Con la ayuda de sus perros mediáticos.

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Cuba: preparación mediática de una invasión. Así actúan los criminales de guerra.

Llevando hambre, enfermedad y oscuridad a todo un pueblo. Impidiendo la entrada del petróleo, destruyendo todas sus fuentes de ingreso y empleo. Monstruos insaciables que ya preparan a la opinión pública para un posible zarpazo militar. Con la ayuda de sus perros mediáticos.

Destruidas todas las fuentes de ingreso de la economía de Cuba y depauperadas las condiciones de vida del pueblo cubano, el Gobierno de EE. UU. sigue esperando una insurrección popular que acabe con la Revolución y le entregue el país. Pero, hasta la fecha, no lo ha conseguido.

Por eso suena cada día, con más fuerza, la opción militar (1). Que siempre viene precedida por una intensa guerra psicológica.

El modus operandi es bien conocido: el Departamento de Estado, antes que enfrentar incómodas ruedas de prensa, prefiere filtrar ciertos datos de impacto a un medio colaborador, que servirá de fuente primaria a toda la cadena de la prensa internacional.

Axios es uno de los medios preferidos por el secretario de Estado Marco Rubio para la difusión de su relato sobre Cuba como una “amenaza a la seguridad de EE. UU.” (2) (3) “Exclusiva: EE. UU. analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba”, titulaba hace unos días Axios, recogiendo cuatro líneas de mensaje dictadas por la Casa Blanca (4).

Uno, el peligro militar. Cuba tendría hasta 300 drones de combate comprados a Rusia e Irán, con blancos ya fijados: la Base Naval de Guantánamo, barcos estadounidenses y la Estación Aeronaval de Keywest, en Florida (5).

Dos, la injerencia extranjera. Axios reproduce el relato de Washington sobre unas supuestas bases militares rusas y chinas en Cuba, de las que jamás han presentado la menor prueba fotográfica (6).

Tres, la participación de Cuba en la guerra de Ucrania. Funcionarios estadounidenses cuentan a Axios que “Rusia ha pagado al gobierno cubano” a cambio de cinco mil soldados. Igualmente, sin pruebas de ningún tipo. La Habana ha negado esto en reiteradas ocasiones, recordando que el mercenarismo, aún con carácter privado, está prohibido en la Isla (7).

Y cuatro, el posible reclamo por la justicia de EE. UU. del líder cubano Raúl Castro. ¿Su delito? La orden de derribo de dos avionetas que violaron el espacio aéreo cubano hace 30 años. En la prensa internacional leemos falacias como la siguiente: “El régimen comunista derribó dos avionetas que intentaban auxiliar a balseros cubanos (…) huyendo de la dictadura” (8). Falso. Las avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, dirigida por el terrorista José Basulto, realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano en los meses previos, con sobrevuelos rasantes sobre la ciudad de La Habana (9). Hubo 9 advertencias diplomáticas al Gobierno de EE. UU. y, antes del derribo, repetidas alertas y fuego de bengalas (10).

Los cuatro mensajes recogidos por Axios y reproducidos por los medios internacionales son los argumentos de legitimación de una posible operación militar de EE.UU. en Cuba: sea por la “amenaza” de unos drones defensivos que representan una ínfima porción del poder militar estadounidense; sea para ejecutar un secuestro propagandístico de Raúl Castro, similar al el de Nicolás Maduro (11).

Pero lo más grave es el seguidismo de esta operación de guerra psicológica por parte de tantos medios, con titulares como “EE. UU. estudia la amenaza de drones militares procedentes de Cuba” (12) o “La dictadura cubana compra cientos de drones militares y EE. UU. estudia su respuesta a la amenaza” (13).

El diario español “El Mundo”, por ejemplo, se unía al entusiasmo por la invasión (14): “El gran problema para el régimen cubano, empeñado en imponer la llamada `guerra de todo el pueblo´ contra los `invasores´ (invasores ¡entre comillas!), es que sus ciudadanos (…) dejaron de creer en ellos. (…) El 60,9% apoya la intervención militar de EEUU (…) según la megaencuesta llevada a cabo por 36 medios independientes”. Una “megaencuesta” a 24 mil personas anónimas en toda la Isla, cuidadosamente seleccionadas (si es que realmente existen) por 36 medios “dependientes” -como la propia encuesta- de los fondos federales del Gobierno de EE. UU. que los financia (15) (16). Una farsa más que contrasta con la recogida de más de seis millones de firmas reales y reconocibles, recogidas en todo el país, en apoyo a la soberanía y a la defensa de Cuba (17).

Pero así actúan los criminales de guerra. Llevando hambre, enfermedad y oscuridad a todo un pueblo. Impidiendo la entrada del petróleo, destruyendo todas sus fuentes de ingreso y empleo (18). Monstruos insaciables que ya preparan a la opinión pública para un posible zarpazo militar. Con la ayuda de sus perros mediáticos.

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Fuente: Cubainformación

Duele Venezuela

Arantxa Tirado 02 julio 2026

"El chavismo es llevado a los tribunales mediáticos con la excusa de los terremotos en un ejercicio de deshonestidad", reflexiona Arantxa Tirado.

Una persona camina entre los restos de un edificio derrumbado por los terremotos en La Guaira (Venezuela), el 25 de junio de 2026. MAXWELL BRICEÑO / REUTERS

El pasado 24 de junio, Venezuela padeció dos terremotos simultáneos de gran magnitud, 7,2 y 7,5 en la escala Richter, que provocaron graves daños, especialmente en La Guaira y en los Palos Grandes, en el municipio Chacao de Caracas, así como un número todavía indeterminado de víctimas mortales. Hasta la fecha, las cifras oficiales reportan 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y 6.461 rescatadas con vida de los escombros. Habida cuenta del colapso de 189 edificios, muchos de ellos de gran altura, es previsible que el número de muertos se multiplique exponencialmente cuando finalicen los rescates.

Los sismos han ocurrido en un país que estaba viviendo una situación excepcional después de que el 3 de enero pasado fuerzas especiales de los EE. UU. secuestraran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, actualmente presos en Nueva York y pendientes de juicio. Ese hecho marcó un punto de inflexión en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, que han pasado de la guerra multifactorial abierta y encubierta al marco de una sui géneris negociación diplomática. El resultado, fuera de todo eufemismo, es que Venezuela es hoy un país tutelado de facto por las autoridades estadounidenses, quienes hacen alarde de ello anunciando, además, un plan de tres fases para poner fin a la Revolución Bolivariana: estabilización, recuperación y transición.

Muchas cosas han cambiado en la política entre EE. UU. y Venezuela en los últimos meses, pero ni siquiera estos cambios han puesto fin al sesgo y el prejuicio con el que se informa sobre cualquier cosa que acontece en el país suramericano. Quienes pensábamos que el nuevo momento de la política venezolana iba a ahorrarnos el antiperiodismo, como lo definió Fernando Casado, que se ha ejercido contra la Venezuela bolivariana desde que en 1999 Hugo Chávez llegó a la Presidencia y el país inició un proceso de transformación revolucionaria, estábamos equivocadas.

No sin estupefacción, y ciertas dosis de indignación agravadas por el dolor profundo ante la tragedia colectiva que se está viviendo todavía en estos momentos, observamos cómo los medios españoles, sea prensa, televisión o radio, se están cubriendo de gloria una vez más al tratar el impacto de los terremotos en Venezuela. De repente, lo que no pasaría de ser un comentario secundario en la información sobre un fenómeno devastador en cualquier otro país, es decir, la capacidad de un Estado, y de sus autoridades gubernamentales, para responder a una catástrofe de tal calibre, adopta una categoría central cuando se trata de Venezuela.

Los terremotos como excusa para enjuiciar al chavismo

Rescatar todas las noticias, artículos de opinión, editoriales, comentarios o preguntas insidiosas que nos han regalado nuestros medios en una semana sería inabarcable, pero como muestra destacaré sólo algunos ejemplos con los que me he topado, sin haber realizado una búsqueda sistemática, en los últimos días: “Cuando lo que tiembla es el Estado” (editorial del ABC, viernes 26 de junio), “La solidaridad suple las carencias del Estado en Venezuela” (portada de La Vanguardia, 29 junio), “Los venezolanos esperan que el Gobierno les pueda realojar lo que parece una utopía teniendo en cuenta el debilitamiento crónico de las estructuras venezolanas” (voz en off en el programa “La Hora de La 1” de RTVE), “¿Usted cree que estos terremotos acabarán con un cambio de régimen en Venezuela?” (pregunta a un invitado venezolano en el programa Més Nit de TV3).

En las mesas de opinión, tertulianos convertidos en especialistas en política venezolana se dedican no sólo a cuestionar al Estado sino al Gobierno encargado, a los gobiernos chavistas previos, y, sobre todo, al proceso político en su conjunto. Salvo contadas excepciones en las que el opinador de turno trata de mantenerse en un estado de prudencia, a riesgo de ser tachado de defensor de una “dictadura”, el chavismo es llevado a los tribunales mediáticos con la excusa de los terremotos: “El país está deteriorado después de 20 años de un régimen corrupto, podrido, que ha abandonado a sus propios ciudadanos”; “Yo creo que el chavismo ha sido absolutamente devastador para Venezuela”; “Todos aquí somos perfectamente conscientes de lo que ha sido el régimen chavista”.

Estas frases se dijeron en 10 minutos de tertulia de un programa matutino de RTVE a pesar de que la televisión pública española está bajo control de un Gobierno supuestamente bolivariano según la (ultra)derecha de este país. El nivel de desubicación llegó al punto de que un venezolano presente, parte de una asociación civil de venezolanos en España, tuvo que poner sentido común llamando a dejar las valoraciones políticas y a centrar el debate en el tema de los terremotos.

Además del juicio sumario al proyecto bolivariano, todavía más desenfrenado, si cabe, en las tertulias de los medios privados, la opinión se ha mezclado con afirmaciones directamente falsas que se han hecho pasar por información: “No hay políticas públicas en Venezuela”; “El Gobierno ni siquiera puede recoger escombros”; “Los edificios caídos fueron construidos por el Gobierno como parte de la Misión Vivienda”; “El Ejército venezolano no está interviniendo”; “El Gobierno está bloqueando el acceso a La Guaira porque quiere impedir que llegue la ayuda” (obviando la necesidad de poner orden ante la avalancha de población voluntaria que trancaba la única vía de acceso a la zona más afectada); y, el remate: “El Gobierno venezolano carece de empatía”. Y así en un no parar de afirmaciones, algunas de las cuales son desmentidas por las propias imágenes que se presentan en dichos programas o tomándose la molestia de informarse por vías alternativas.

Para dimensionar el nivel de sesgo existente en cómo se está presentando la información sobre la gestión de los terremotos en Venezuela, invito a quien me lea a realizar el ejercicio de pensar qué se dijo sobre la diligencia de las autoridades, o el sistema político mexicano, cuando se produjo el terremoto de 7,1 que padeció México en septiembre de 2017. ¿Alguien en España recuerda quién gobernaba en México entonces? ¿Qué modelo político y económico tuvo en las décadas precedentes? ¿Alguna crítica a las políticas neoliberales? ¿Alguien relacionó los edificios caídos en el epicentro del terremoto, en el Estado de Puebla, con la responsabilidad de su gobernador, la acción de su partido político o la ausencia de políticas públicas? La respuesta a estas preguntas permite entender que Venezuela es objeto, una vez más, de una campaña de deslegitimación y descrédito que parece operar a escala mundial, pues los mismos argumentos los encontramos en otros medios internacionales.

Cuando la oposición venezolana entra en escena

Con Venezuela todo se “politiza” en el peor sentido del término. Evidentemente, la visión política es importante y debe estar siempre presente. Nadie niega la política que existe en toda actividad o respuesta humana a problemas colectivos. También en la gestión de crisis hay política, y la desidia, la falta de medios o la acción insuficiente por las autoridades, del país que sea, nunca deben ser ocultadas pero sí hay que realizar un ejercicio de transparencia que parta de análisis dimensionados y contextualizados, además de informados, algo que no sucede cuando se trata de valorar cualquier cosa que haya pasado en territorio venezolano.

A nadie que conozca Venezuela se le escapa que, desde antes de la llegada del chavismo, el país ha adolecido de problemas de gestión, organización y planificación pública seguramente vinculados a una cultura política impregnada de la lógica cortoplacista que otorga la opulencia petrolera. Sin partir de esta verdad, cualquier análisis que ponga un punto de partida problemático en el chavismo carece de honestidad.

En el caso de Venezuela, es prácticamente imposible realizar una evaluación ecuánime porque el debate sobre las limitaciones estatales acaba repitiendo los gastados mantras de cuestionamiento de la soberanía venezolana. De tal manera que el foco sobre lo humanitario, que debería ser prioritario en estos momentos, se desplaza a los intereses partidistas para acabar situando en primer lugar una agenda política que pervierte el debate y pulveriza cualquier atisbo de buenas intenciones. Como resultado, entrevistas a Leopoldo López, tribunas a María Corina Machado o Edmundo González Urrutia se combinan con entrevistas a otros venezolanos de oposición de perfil más bajo sin el contrapeso de análisis con un enfoque distinto.

Desde el momento en que se da voz exclusiva a la oposición venezolana para que sitúe su agenda política, de manera oportunista e irresponsable en medio de la tragedia, sin aportar el testimonio de autoridades venezolanas a un mismo nivel, que puedan desmentir algunas de las mentiras que de manera interesada vierten estas personas, se está tomando un partido que no debería ser propio de una prensa que hace alarde de pluralidad, imparcialidad e independencia.

Todo lo que estamos viviendo no es nuevo, es un episodio más de la muerte del periodismo cuando se trata de Venezuela. Periodistas que filtran la información a través de sus prejuicios ideológicos y que son incapaces de esconder su animadversión manifiesta hacia un proceso político soberano y legítimo. Un mal que afecta a todo el espectro ideológico de la profesión periodística, en mayor o menor medida, desde la progresía hasta las posiciones más reaccionarias.

Sólo los rescatistas en el terreno y las voces más técnicas están realizando este ejercicio de evaluación situado, sin prejuicios ideológicos previos, destacando los límites que impone una catástrofe dantesca, imprescindibles para dimensionar las posibilidades de respuesta de cualquier Estado, con independencia de lo eficiente o ineficiente que haya sido con anterioridad. Como lo decía el jefe de la expendición de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya el otro día, “Ningún Estado está preparado para una situación de una magnitud como esta, es imposible que el país la pueda atender sin ayuda”.

Conocimiento histórico, análisis geopolítico y defensa de la soberanía venezolana

La realidad de los países se ha de contextualizar históricamente y, también, geopolíticamente. Pero eso está ausente en toda información interesada que quiere aprovechar este momento para seguir atacando al chavismo en Venezuela. Las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU. que provocaron, en gran parte, la caída del PIB venezolano casi un 80% entre 2012 y 2020, están fuera de la mayoría de los análisis que destacan las limitaciones del Estado venezolano, pero no se preguntan el porqué.

Evidentemente, tal ofensiva ha tenido como objetivo la asfixia económica y financiera del país, evitar su autonomía e impedir que Venezuela pudiera acceder con libertad a los mercados internacionales, con todo lo que ello conlleva. Conviene recordar, además, que EE. UU. y otros países tienen congelados más de 30.000 millones de dólares del Estado venezolano y que, ahora mismo, es precisamente EE. UU. quien gestiona los ingresos petroleros del país. No estamos hablando de datos menores ni de información irrelevante. Estamos destacando las coordenadas políticas en las que han tenido que actuar los gobiernos chavistas precedentes y con las que tendrá que lidiar el actual Gobierno, ahora con la problemática adicional de necesitar esos recursos para suplir las pérdidas calculadas en 6.700 millones de dólares, en un escenario de poca autonomía política.

En conclusión, destacar las limitaciones del Estado para atender a una crisis de esta magnitud sin poner en el centro el impacto que ha tenido en el propio Estado el despliegue de una ofensiva bélica en el ámbito económico por parte de la principal súper potencia mundial durante décadas, en cómo EE. UU. está limitando ahora mismo, además, que Venezuela pueda disponer de sus ingresos petroleros y sus reservas, en cómo ni siquiera es capaz de levantar sus restricciones unilaterales –salvo licencias muy puntuales que son funcionales a sus empresas y bancos–, es un ejercicio de deshonestidad. Una deshonestidad todavía más grave porque se da en un contexto en que EE. UU., junto con continuar desangrando a Venezuela, puede aprovechar la crisis para profundizar en su agenda de cambio de régimen, ahora queriendo controlar también el pingüe negocio de la reconstrucción.

Dejemos a Venezuela trabajar en conjunto, desde su Estado, su Gobierno, los numerosos voluntarios, su protección civil, sus bomberos, los rescatistas de las más de 51 delegaciones internacionales, los perros de rescate que tanto ayudan a salvar vidas y todas las personas que, en estos momentos, están preocupadas por lo más urgente e importante: la vida humana. Y, sobre todo, seamos conscientes de que la mejor manera de ayudar a largo plazo es abogar por que el sistema internacional del futuro sea un orden en que Venezuela, y cualquier otro país del mundo, tenga o no recursos petroleros, pueda tener un desarrollo soberano, aunque sea en contra de los intereses de los EE. UU. Este sería el primer paso para respaldar a Venezuela. Quizás algunos lleguen tarde, pero, como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

𝗘𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼: 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗿

Àfrica Bovaira - Broch 30 de junio

¡𝗦𝗜 𝗤𝗨𝗜𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗥𝗥𝗔𝗥𝗟𝗢, 𝗛𝗔𝗚𝗔́𝗠𝗢𝗦𝗟𝗢 𝗥𝗨𝗟𝗔𝗥! ¡𝐂𝐎𝐌𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄!

Esta mañana publicaban varias compañeras en redes este artículo. Yo lo leí extrañadísima en el muro de Pilar Aguilar Carrasco (¡gracias!).
La sorpresa es que:
 Lo escribe un 𝗵𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼 𝗗𝗼𝗺𝗶́𝗻𝗴𝘂𝗲𝘇.
 Un hombre 𝗴𝗮𝘆.
 Un hombre militante de las Juventudes 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 de Cáceres.
 Un 𝗯𝗶𝗼𝗾𝘂𝗶́𝗺𝗶𝗰𝗼 de la Universidad de Extremadura.
 Está bien escrito y dice 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗺𝗼𝘀 𝘆𝗮 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀.
 Lo publica elDiario.es.

 Tanta concatenación de circunstancias no podía durar mucho. El artículo ya ha sido convenientemente 𝐂𝐄𝐍𝐒𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎. Los tentáculos de la 𝐒𝐄𝐂𝐓𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐑 no podían consentirlo.

Afortunadamente, algunas compañeras más precavidas que yo copiaron el texto antes de que desapareciera en el limbo del transgenerismo. A mí me ha llegado a través de Silvia Carrasco Pons (¡más gracias!). Os lo copio a continuación. 

𝗘𝗹 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝗿𝗶𝗼: 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗲𝗿 𝗵𝗼𝗺𝗼𝘀𝗲𝘅𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗿

● El Orgullo nació para defender la legitimidad del deseo homosexual. Hoy, una parte del discurso queer ha colonizado esa lucha: ha relegado el sexo, ha ocultado la opresión a las mujeres, ha diluido la orientación sexual y ha desdibujado la experiencia de lesbianas, gays y bisexuales

Por 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗣𝗮𝗰𝗵𝗲𝗰𝗼 𝗗𝗼𝗺𝗶́𝗻𝗴𝘂𝗲𝘇

«Durante décadas, las personas homosexuales y bisexuales, mujeres y hombres, defendieron algo muy simple: que la homosexualidad es la atracción por personas del mismo sexo y que esa realidad no debía ser castigada, ocultada ni patologizada. La política LGB nació para proteger esa experiencia, para afirmar su legitimidad y para exigir que nadie tuviera que pedir permiso y perdón por desear a personas de su mismo sexo.

Sin embargo, una parte del discurso dominante en el Orgullo ha ido desplazando esa base. Hoy el foco ya no está tanto en la defensa de la orientación sexual como en un lenguaje de identidades, autodefiniciones y categorías cada vez más inestables. El sexo, que durante décadas fue central para comprender la opresión de las mujeres y la realidad de la homosexualidad, pasa a tratarse como una categoría incómoda, secundaria o directamente sospechosa. Desde una perspectiva LGB, ese giro no es liberador: es un retroceso político.

La orientación sexual no es una identidad de género. No es una performance, ni una preferencia estética, ni una etiqueta abierta a redefiniciones sucesivas. Es una orientación corporal y sexuada. Las lesbianas no se sienten atraídas por “identidades”; los gays no organizan su deseo en función de autodefiniciones subjetivas. La homosexualidad tiene que ver con el sexo, precisamente porque nombra la atracción por personas del mismo sexo. Si el sexo deja de importar, la homosexualidad pierde su anclaje político, jurídico y también su capacidad de ser nombrada con claridad.

Eso tiene consecuencias. En nombre de la inclusión, cada vez se presiona más para que gays y lesbianas justifiquen los límites de su deseo, como si la orientación sexual debiera someterse a una corrección moral permanente. Se acusa de transfobia a lesbianas que no quieren mantener relaciones con cuerpos masculinos o a homosexuales que se niegan a aceptar que el sexo es irrelevante para el deseo. Pero la orientación sexual no puede ser reeducada para adaptarse a una teoría. Durante demasiado tiempo a las personas homosexuales se nos dijo que nuestro deseo era inmaduro, egoísta, incompleto o corregible. Resulta inquietante ver reaparecer esa lógica, ahora revestida de lenguaje progresista.

Tampoco ayuda que bajo el paraguas «LGBTIQ+» se mezclen realidades muy distintas: orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. No se trata de negar derechos civiles a nadie, ni de promover hostilidad contra ningún colectivo. Se trata de señalar que no todo responde a la misma lógica política, ni plantea los mismos conflictos jurídicos, ni exige las mismas herramientas de análisis. La agenda de las personas homosexuales y bisexuales no puede disolverse sin más en una suma de causas heterogéneas cuyo único vínculo es un acrónimo cada vez más largo y más confuso.

El problema de fondo es también feminista. El género no es una esencia interior, sino un sistema de expectativas, jerarquías y estereotipos que históricamente ha servido para disciplinar a mujeres y a homosexuales. El feminismo no nació para celebrar la feminidad o la masculinidad como identidades, sino para cuestionar el poder que esas categorías ejercen sobre nuestras vidas. Por eso resulta difícil asumir como emancipadora una política que convierte el género en verdad íntima y lo blinda frente a cualquier crítica. Las lesbianas, precisamente porque han desobedecido el mandato de la centralidad masculina, saben bien que la liberación no pasa por reforzar los estereotipos con nuevos nombres, sino por desmontarlos.

También por eso conviene mirar con prudencia ciertos discursos sobre menores que no encajan en los roles de género. No toda incomodidad con la feminidad o la masculinidad es una identidad «trans»; a veces es, sencillamente, el modo en que una niña lesbiana o un chico gay atraviesan una adolescencia difícil en una sociedad que sigue castigando la disidencia sexual. Convertir automáticamente ese malestar en una cuestión de identidad de género puede empujar a algunos jóvenes homosexuales a interpretar su diferencia como un problema del cuerpo, y no como una confrontación con los estereotipos que pesan sobre él.

Nada de esto debería ser polémico dentro del Orgullo. Y, sin embargo, lo es. Decir que la homosexualidad se basa en el sexo, que las lesbianas existen como categoría política propia, o que el género es una jerarquía que debe ser abolida y no celebrada, se ha convertido en una provocación dentro de espacios que supuestamente nacieron para defender la libertad sexual. El resultado es paradójico: cuanto más se amplía el discurso del Orgullo, menos espacio parece quedar para nombrar con claridad la experiencia homosexual.

No se trata de volver al armario ni de enfrentar a unos colectivos con otros. Se trata de recuperar una agenda LGB nítida, capaz de defender la orientación sexual sin pedir permiso a la teoría queer, y capaz también de volver a situar en el centro la crítica feminista a los estereotipos, a la explotación sexual y a la mercantilización de los cuerpos. La homosexualidad no necesita deconstrucción. Necesita respeto político, claridad conceptual y libertad para existir sin ser redefinida desde fuera».