Lamentablemente todavía hoy dura esa división, donde por un lado la visión del posibilismo eurocomunista o socialdemócrata, se sitúa en el ámbito del posmarxismo donde el sujeto revolucionario no prevalece en la clase trabajadora sino en las identidades individuales de género, raza o sexo y muy volcado en la acción institucional y por el otro lado, una visión mecanicista y metafísica del marxismo leninismo que es vivido como un dogma que contiene todas las soluciones y entendido fuera de la realidad política y social histórica que vivimos, muy sectarizado desde una visión unívoca del marxismo leninismo y también centrado en la intervención en las superestructuras del estado, abandonando por ello el trabajo en la organización y concienciación de las masas trabajadoras en la lucha económica, por las libertades democráticas y unas condiciones de vida dignas. Nota de Alonso Gallardo
Jose María Alfaya, Arturo Borges y Ciro Hernández, militantes del PCE.17 de marzo de 2026
Ilustración: Fernando Francisco SerranoEl sector eurocomunista que controlaba el aparato de dirección del PCE durante el proceso de la transición optó, a espaldas de la militancia, por sustituir la ruptura democrática por la reforma política – en la que se legalizó al franquismo- y por transformar Comisiones Obreras en un sindicato de pacto social que abandona el anterior sindicalismo de lucha de clases. Antes de que eso ocurriera, las Comisiones Obreras fueron la mejor y más acabada aportación del PCE en la defensa de los intereses obreros y populares y en la lucha contra la dictadura, lo que le dio un gran prestigio ante la población, y de manera muy especial entre la clase asalariada.
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Del 1 al 5 de noviembre de 1954 se reunió el V Congreso del PCE que analizó la situación económica y política de España y elaboró la línea del Partido en la lucha contra la dictadura, por el restablecimiento de la democracia y el mejoramiento de la situación de las masas populares. Propugnaba la creación de un amplio Frente Nacional Antifranquista, cuyos objetivos serían el derrocamiento de la dictadura y la formación de un Gobierno provisional revolucionario que restablecería los derechos democráticos, la liberación de presos antifranquistas, la derogación del pacto militar yanqui-franquista, la adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de las masas populares y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para que el pueblo decidiese sobre la forma de gobierno. Unos años antes, el PCE dio por terminada la lucha guerrillera contra la dictadura franquista para reorientar su política en el interior de las organizaciones de masas.
Una de estas organizaciones en la que el PCE de entonces volcó gran parte del trabajo partidario fueron las Comisiones Obreras, cuya andadura organizativa comienza en la década de los 50 del siglo pasado y que contribuyó al resurgir del movimiento obrero en España. Desde su inicio, las Comisiones Obreras utilizaban al máximo las escasas posibilidades legales que ofrecía el Sindicato Vertical de la dictadura para llevar a cabo su labor socio-política. Había que actuar allí donde se agrupaba por imposición del régimen dictatorial la clase trabajadora, por muy reaccionario que fuera el Sindicato Vertical.
Esta organización franquista constituía un entramado que aglutinaba a patronos y obreros de manera obligatoria, con el objeto de implementar una política de pacto social muy favorable a los intereses del capital, mientras la dictadura franquista despedía y encarcelaba a los trabajadores que promovían la lucha de clases en los centros de trabajo, y desarticulaba las huelgas y las manifestaciones obreras y populares con el uso de armas de fuego en las que perdían la vida trabajadores y estudiantes con disparos al aire. Comisiones Obreras promovía entonces que las reclamaciones económicas frente a los patronos fuesen unidas a las reivindicaciones políticas en defensa de los derechos y libertades democráticas y por la constitución de un sindicalismo revolucionario, unitario, asambleario y democrático.
A partir de finales de los años 50 las Comisiones Obreras impusieron mediante la movilización de los trabajadores, en el marco de un sindicalismo combativo y de lucha de clases, la negociación directa entre empresas y trabajadores para fijar condiciones de trabajo más ventajosas que superaban las que establecían las Reglamentaciones de Trabajo de obligado cumplimiento que dictaba la dictadura, con asentimiento del Sindicato Vertical. Pese a no contar con cobertura legal, las movilizaciones que promovían entonces las Comisiones Obreras, antes y durante las negociaciones entre patronal y trabajadores, lograron importantes éxitos en la lucha económica y social. Estos combates simultaneados con la negociación directa con los patronos, fuera del control del Sindicato Vertical y de la Administración franquista, acabaron obligando a la dictadura a reconocer, primero de facto y más tarde en el BOE, el derecho a la negociación colectiva, un objetivo político-legal de primer orden que arrinconaba a las antiguas Reglamentaciones de Trabajo. Incentivaron las asambleas en las que las plantillas de las empresas elegían de manera democrática a la comisión negociadora y elaboraban las plataformas o pliegos de reivindicaciones que presentaban a la patronal. Los miembros de las comisiones negociadoras actuaban en calidad de delegados del personal laboral en los diferentes centros de trabajo y se sujetaban a las decisiones adoptadas en asamblea. En 1958 el régimen franquista se vio obligado a legalizar la negociación colectiva, pero siempre con el mismo objetivo de reprimir en todo caso cualquier movilización -huelgas, manifestaciones, reparto de octavillas, etc.- que se vinculase con el desarrollo de las negociaciones de los convenios colectivos.
El resultado espectacular de las elecciones sindicales oficiales de 1966 en el seno de aquel Sindicato Vertical, con el triunfo mayoritario de las candidaturas alternativas promovidas por Comisiones Obreras, supuso un impulso organizativo y de coordinación muy importante y acentuó, además, su carácter independiente de la clase social antagónica. El franquismo reacciona frente al avance de Comisiones Obreras y lo que hasta ahora consentía contra su voluntad mediante una situación de alegalidad de hecho se convierte en ilegalidad penal. Se declaró entonces delito la mera pertenencia a Comisiones Obreras con penas de largos años de cárcel para sus dirigentes y promotores. De unos 9.000 condenados entre 1963 a 1977 por el Tribunal de Orden Público, la inmensa mayoría pertenecían a Comisiones Obreras. Marcelino Camacho, el más representativo de estos, sufre varias detenciones y un total de 14 años de encarcelamiento, hasta su puesta en libertad definitiva en mayo de 1976.
Entre tanto, en 1956, la dirección del PCE formula por vez primera la Política de Reconciliación Nacional. Su Comité Central apela a la reconciliación de los hijos de España para lograr la recuperación de la democracia. Esta línea política, que no ignoraba las contradicciones entre clases sociales, se confirma en el VI Congreso de enero de 1960. Sin embargo, una concepción interclasista de esta fue defendida por Claudín y Semprún, que serán luego expulsados del partido en noviembre de 1964. Posteriormente, Santiago Carrillo se apuntaría a esta tesis reformista que estará presente en todo el proceso que da lugar al régimen del 78.
A mediados de 1965 se celebra el VII Congreso del PCE, en el que se acuerda la viabilidad de poder alcanzar el socialismo por una vía pacífica y parlamentaria, apostando, al mismo tiempo, por el no alineamiento en el plano internacional. Poco después, en 1968, la dirección del PCE condenaría la intervención de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia. El VIII Congreso del PCE de 1972 mantiene en el ámbito estatutario, no obstante, el carácter marxista-leninista de la organización.
Más adelante, en septiembre de 1973, el Informe al Pleno del Comité Central del PCE, en la línea ya trazada en el VI Congreso, sostiene que un salto desde las reformas a la revolución podía producirse una vez que las fuerzas antimonopolistas y la clase obrera estuvieran en el Gobierno, aunque aún no dispusieran del poder real y efectivo como clase dominante, lo que implicaría un proceso previo y amplio de democracia político-social.
En julio de 1974 se constituye la Junta Democrática de España formada por una coalición de partidos políticos, sindicatos, personalidades independientes y organizaciones sociales de oposición a la dictadura franquista, creada con el fin de lograr una democracia representativa en España. Incluía en sus filas a organizaciones y personajes muy dispares entre sí, como el PCE, monárquicos liberales vinculados a don Juan De Borbón o intelectuales pertenecientes al Opus Dei como Rafael Calvo Serer. El texto constituyente de la Junta Democrática negaba la lucha de clases y reconocía que las fuerzas económicas y sociales «no conducen hoy a la confrontación irreconciliable, sino a la libre concertación creadora del progreso», así como que la esencia de la democracia «es la libre concertación entre las fuerzas nacionales y regionales de la producción, que es la esencia del moderno desarrollo económico». Constituyó el primer paso para que Comisiones Obreras dejara de ser un movimiento sindical revolucionario, de lucha de clases y convertirlo en una organización sindical de pacto social. Mas tarde, los promotores de la Asamblea de Barcelona de 1976 asumieron esta transformación, pese al entusiasmo de la militancia obrera dispuesta a consolidar la línea política originaria que dio vida a la organización a finales de la década de los 50.
En noviembre de 1975 fallece el dictador en su residencia, sin ser antes detenido, juzgado y condenado por sus horrendos crímenes. Sus restos mortales han ocupado lugar preferente en la basílica de Cuelgamuros, construida por presos políticos, hasta su exhumación en octubre de 2019, 44 años más tarde.
En el verano de 1976, durante el Pleno del Comité Central celebrado en Roma, Carrillo propone como una de las tareas principales conseguir la legalización del PCE al mismo tiempo que la desaparición de la organización celular y el abandono del principio marxista-leninista del centralismo democrático. Con la supresión de las células que agrupaba a la militancia por sus centros de trabajo, lugar por antonomasia en la contradicción capital/trabajo, se constituyeron las nuevas agrupaciones en función del criterio de la territorialidad. Por su parte, con la supresión del centralismo democrático, se debilitaba la democracia interna, al mismo tiempo que contribuía a sustituir a la militancia por la afiliación y a abrir las puertas de la organización a un acceso incontrolado de nuevos miembros, ajenos muchos de ellos al ideario comunista.
En febrero del año siguiente, Tamames, Bornao, López Salinas, Melchor y Sandoval, conocidos como dirigentes del PCE, declaraban ante la prensa que acababan de presentar la solicitud de inscripción del PCE en el Registro de Asociaciones Políticas del antiguo Ministerio de la Gobernación al frente del cual se encontraba Manuel Fraga Iribarne.
Toda la militancia comunista de entonces creyó que el PCE que había sido presentado a inscripción era el constituido el 14 de noviembre de 1921 y que los Estatutos entregados en el Registro eran los últimos aprobados en el VIII Congreso de julio de 1972.
Sin embargo, lo que se había presentado en el Registro de Asociaciones Políticas no eran los Estatutos vigentes del VIII Congreso, sino otros muy diferentes de contenido socialdemócrata. Para reforzar esta mutación, la representación procesal de sus promotores llegó incluso a manifestar ante el Tribunal Supremo, en un escrito de alegaciones, que «El PCE cuya inscripción se pretende hoy no es, desde luego, el PCE o el comunismo más o menos abstracto y deformado que se describe y se condena en las sentencias penales en que se ha basado la Administración para suspender aquella inscripción[…] Si alguna vez existieron tal como eran descritos, se los llevó el viento de la Historia. Y mis mandantes no tratan ahora de intentar legalizarlos, evidentemente […] Lo que solicitan es que se inscriba (en igualdad con otros partidos socialistas, no socialistas o incluso no democráticos, que han sido legalizados ya) el concreto PCE delimitado por los Estatutos presentados al efecto y configurados en su realidad viva, reflejada en los documentos que se acompañan.»
Para la oligarquía en España, fuertemente protegida por el imperialismo mundial, era fundamental liquidar a un PCE que fuese un Partido obrero revolucionario basado en la ideología marxista-leninista y suplantarlo por otro partido, no comunista, cuyos dirigentes le asegurasen la colocación de la clase obrera a su remolque. La legalización fue la compensación de la oligarquía posfranquista a los compromisos contraídos por Carrillo: frenar a las masas obreras en sus reivindicaciones y desviar al PCE de sus objetivos revolucionarios y transformadores de la sociedad.
En este proceso, el grupo dirigente del PCE renunció a la República, al sindicalismo de clase revolucionario, a la organización celular y al centralismo democrático, al partido de vanguardia, a la lucha de clases y a la toma del poder y la construcción del socialismo.
Esta deriva encontró importantes resistencias de militantes que defendían el marxismo-leninismo y que fueron objeto de expulsiones, marginaciones y sin permitir debate sobre el particular. En Madrid, Aragón, Valencia, Asturias, Andalucía y Canarias, donde hubo fuerte resistencia frente a las posiciones oportunistas y en defensa del marxismo-leninismo, se produjeron numerosas expulsiones. Sin embargo, esta resistencia fue incapaz de modificar el curso de los acontecimientos.
A partir de entonces el proceso de la transición en España se acelera. Comienzan a darse los primeros pasos de lo que luego será un acuerdo cuatripartito entre el nacionalismo vasco y catalán, la socialdemocracia del PSOE y el eurocomunismo del PCE de Carrillo con el régimen franquista, que instaura un nuevo orden constitucional de derechos y libertades con déficit democrático y social. Este pacto consagra la pluralidad sindical y un sindicalismo de pacto social o burgués, impone la restauración de la Monarquía Borbónica, mantiene los privilegios de la Iglesia Católica, legitima la oligarquía y a los terratenientes, la continuidad del aparato de estado de la dictadura, un mayor sometimiento al capital internacional y al imperialismo y la total impunidad de los crímenes del franquismo. Nace así el régimen de 1978.
La propuesta política de una ruptura democrática vinculada a una ruptura sindical que hiciera posible un nuevo régimen republicano de derechos y libertades democráticas plenas, unido al establecimiento real o práctico de una fuerte unidad organizada de la clase obrera bajo las directrices de ese sindicalismo de combate que dio singularidad al movimiento sociopolítico de las CCOO, quedó derrotada. La posibilidad de que se tomara las infraestructuras del viejo sindicato vertical fascista, mediante la convocatoria de un Congreso Obrero Constituyente, acordado en diversas resoluciones adoptadas por CCOO en la clandestinidad, se desvaneció en los primeros meses de 1976. La dirección del PCE optó, a espaldas de la militancia, por sustituir la ruptura democrática por la reforma política y la ruptura sindical por la conversión de Comisiones Obreras en un sindicato reformista de pacto social.
El 11 de julio de 1976 se celebra la Asamblea de Barcelona, semiclandestina, que reúne a varios cientos de militantes de Comisiones Obreras. Para unos camaradas, la dirección del PCE había dado los primeros pasos en el desmantelamiento de este movimiento sociopolítico al margen de sus bases y en contra de los principios que habían informado su nacimiento. Nicolás Sartorius, destacado dirigente de CCOO y del PCE, hoy afiliado al PSOE, toma la palabra en este encuentro y da la bienvenida a una futura alternativa de pluralidad sindical. La Asamblea acordó por unanimidad, no obstante, la salida a la luz pública de sus militantes, pese a que seguía siendo prohibida por la dictadura. Y así se hizo.
Para el grupo dirigente del PCE, pero no para su militancia ni para las bases de Comisiones Obreras, la Asamblea de Barcelona constituyó un precongreso encaminado a la constitución de un nuevo sindicato que daría más tarde los primeros pasos hacia un sindicalismo de concertación social y de colaboración de clases, atrapado ya por una transición política reformista, que dejaba atrás la ruptura sindical y la ruptura democrática que posibilitaban un proceso constituyente republicano y el protagonismo de las masas populares.
Santiago Carrillo y su grupo asestaron un duro golpe a los miles de militantes de las Comisiones Obreras, verdaderos protagonistas de un genuino movimiento sociopolítico impulsor de un sindicalismo de lucha de clases que contribuyó de manera notable, tanto a la mejora de las condiciones de trabajo, como en la tarea de la recuperación de los derechos y libertades democráticas, pagándolo muchos de ellos con la propia vida, años de cárceles, torturas y despidos.
Mientras que la Constitución de 1978 constituyó la expresión jurídica de mayor calado del pacto cuatripartito antes citado, los Pactos de la Moncloa de 1977 conformaron un nuevo marco de relaciones laborales con el fortalecimiento de la oligarquía y el franquismo de la concertación social y el añadido de la división sindical, junto a la imposición de drásticas medidas antiobreras encaminadas a resolver la crisis económica de entonces. ¿Con qué fuerza se contaba y qué se podía hacer? Se disponía entonces de una fuerte movilización obrera y popular a través del movimiento socio-político de las Comisiones Obreras, tal vez insuficiente, en aquellos momentos, como para imponer un proceso de ruptura democrática por sí misma. Sin embargo, la dirección del PCE, al optar por la desmovilización como contrapartida a una legalización -que oculta a la militancia- de una organización reformista, robusteció la correlación de fuerzas en beneficio de la clase dominante, favoreciendo una transición en los términos diseñados por el imperialismo, muy dañina a los intereses obreros y populares, como luego se ha podido constatar.
Para otros camaradas, sin embargo, la Asamblea de Barcelona de 11 de julio de 1976 fue un acto importante en la lucha por las libertades políticas y sindicales. Libertad Sindical como derecho fundamental para defender mejor los intereses económicos y sociales de la clase obrera, lo que incluía el derecho a fundar sindicatos libres, organizarse y ejercer derechos como la negociación colectiva, la huelga, etc. Era necesario, indica su autor, «dar un paso en el aspecto organizativo, pasar de un movimiento en la clandestinidad, a un Sindicato Democrático, Unitario e independiente y legal con todas las garantías… Es por lo que se decidió igualmente la necesidad de celebrar un congreso constituyente en un tiempo de unos cuantos meses. La Asamblea acordó la voluntad al dialogo y la negociación, dejando claro nuestra oposición al Pacto Social que entonces planteaba la Patronal. Los Pactos de la Moncloa fueron ya en octubre de 1977, y la desviación hacia un sindicalismo menos de clase mucho después de dicha Asamblea.»
Para este camarada, la Asamblea de Barcelona fue muy importante, por varias razones: En primer lugar, porque pude apreciar la gran capacidad organizativa de Comisiones Obreras, así como el respeto y responsabilidad de todo el mundo, pudimos viajar, asistir a la asamblea, y volver a nuestros respectivos lugares de procedencia sin ningún problema destacable, burlando a la Policía que nos buscaba por Madrid mientras la Asamblea se celebraba en Barcelona. En segundo lugar, porque pudimos conocer personalmente a muchos compañeros y compañeras que hasta entonces sólo los conocíamos de oídas. Y, en tercer lugar, por los contenidos políticos y sindicales debatidos y aprobados en dicha Asamblea, que significaron, nada más y nada menos, el último paso para la salida a la luz pública de Comisiones Obreras ante la sociedad, con nombres y apellidos, con todo lo que ello conllevaba. Fue un mini Congreso clandestino que convocó el que sería después el primer Congreso de Comisiones Obreras, ya legalizados, convirtiéndonos de hecho en la primera Central Sindical de nuestro País.
Los Pactos de la Moncloa facilitaron un importante ajuste económico en favor del capital que la clase trabajadora hubo de pagar con numerosos despidos y cierres de empresas y una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En poco tiempo, el desempleo pasa de 500.000 a tres millones de trabajadores y arranca un proceso de privatizaciones que sigue aún muy vivo en la actualidad. A precio de saldo, se ha producido un gigantesco saqueo del patrimonio público —Repsol, Telefónica, Endesa, Seat, Argentaria, Tabacalera, Retevisión, Iberia, Hispasat etc. —, sin contar con las privatizaciones y externalización de servicios públicos -como ocurre con la sanidad- que vienen realizando el resto de las administraciones públicas por los gobiernos conservadores del PP como los del PSOE.
Resistencia contra los Pactos de la Moncloa la hubo dentro y fuera de Comisiones Obreras y, además, muy importante. Según datos del Ministerio de Trabajo, en 1976 participaron un total de 8.834.100 trabajadores en huelgas con 12.593.100 jornadas no trabajadas. En 1977, el total de participantes en huelgas aumenta a 8.900.000 y el total de jornadas pérdidas es de 16.641.700. Un ligero descenso se produce en el año 1978 en estos parámetros, pero en 1979 los asalariados en huelga se contabilizan en 8.555.200 y el total de jornadas perdidas asciende a la cifra máxima de 18.966.900. En 1980 el total de obreros participantes en huelgas desciende a 8.265.100 y el número de jornadas no atendidas baja a 13.578.200.
Todo apunta a que el abandono de la política de ruptura democrática, el desmantelamiento del sindicalismo de lucha de clases y las desviaciones ideológicas y organizativas, pasaron factura al PCE. Los 201.000 militantes de abril de 1978 se redujeron a 84.652 en diciembre de aquel año. En la actualidad no sobrepasan los 6.000 afiliados.
No fueron mejor las cosas en el terreno electoral. En las elecciones de 1977, el PCE obtuvo 20 escaños con un total de 1.709.890 votos. En los siguientes comicios de 1979, suben a 23 escaños con 1.938.487 votos, pero en las elecciones de 1982, después del fallido golpe de estado de febrero de 1981 y consolidada la línea política reformista en el seno de la organización, se produce una debacle. El PCE solo obtiene 4 escaños y 846.515 votos.
El PCE entra en crisis. Santiago Carrillo, su principal valedor, dimite en 1982 como secretario general y es sustituido por Gerardo Iglesias. Tres años más tarde, Carrillo es expulsado de los órganos de dirección del PCE por decisión de su Comité Central, se escinde meses después de la organización con un grupo de sus correligionarios que ponen en marcha el Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista. Más tarde, sus militantes engrosan las filas del PSOE menos Carrillo, que decide quedar fuera debido, según él, «a sus muchos años de militancia en el PCE».
En el XX Congreso del PCE de diciembre de 2017, con el apoyo de más del 80% de los delegados, se incorpora, aunque de manera formal en los Estatutos y en su Programa, la reivindicación de los principios del marxismo-leninismo y la recuperación de la presencia pública del PCE, incluidas sus competencias electorales y autonomía respecto de Izquierda Unida. Sin embargo, el procedimiento que da lugar a estos cambios tan importantes en la legalidad formal partidaria, por arriba y sin querer promover un franco e imprescindible debate en todo el Partido, tanto en el XX Congreso como en un XXI Congreso fallido cargado de irregularidades, apareció posteriormente como un obstáculo serio e importante en la recuperación política plena del Partido Comunista como formación marxista-leninista efectiva, conservando el reformismo las riendas del aparato de dirección del Partido.
Este año 2026 se convocará el XXII Congreso del PCE ¿seguirá la nueva dirección de la organización bajo los postulados socialdemócratas? ¿Recuperará el PCE, de manera plena y consecuente, su condición de partido marxista-leninista?
Jürgen Habermas recibiendo el premio Príncipe de Asturias en el año 2003.
