La falsa vanguardia y el sujeto revolucionario

 
Javier Martorell (Unidad y Lucha)

A medida que se agudiza la crisis estructural del capitalismo y crece el malestar social, la burguesía refuerza sus mecanismos para contener, dividir y desviar el potencial revolucionario de la clase trabajadora. No siempre lo hace mediante la represión directa o la infiltración; dispone de múltiples recursos para fomentar dinámicas que fragmenten y desorienten ideológicamente a los sectores más combativos. La cobertura mediática favorable, la cesión de determinados espacios y la tolerancia hacia ciertas estructuras de apariencia radical forman parte de las estrategias con las que el sistema impulsa expresiones políticas que, más allá de su estética o discurso, son incapaces en la práctica de cuestionar el poder del capital.

La historia del movimiento obrero ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Aunque las formas cambian según el contexto histórico, el objetivo se mantiene: diluir la conciencia de clase e impedir que trabajadoras, trabajadores y sectores populares se organicen en torno a la herramienta revolucionaria imprescindible: el Partido Comunista.

En este contexto, puede situarse el surgimiento de organizaciones agrupadas bajo el denominado Movimiento Socialista, con expresiones como la Organització Juvenil Socialista (OJS), la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) o la Gazte Koordinadora Sozialista (GKS). Estas estructuras han conseguido atraer numerosos jóvenes golpeados por la precariedad, el desempleo, la crisis de vivienda y la falta de perspectivas bajo el capitalismo. Esta circunstancia refleja una realidad evidente: existe una juventud con inquietudes revolucionarias y voluntad de lucha.

Sin embargo, el problema surge cuando ese potencial termina canalizado hacia estos proyectos, carentes de una orientación política verdaderamente revolucionaria. Una de las principales desviaciones del llamado Movimiento Socialista consiste en asumir, en la práctica, que una organización militante puede sustituir el papel histórico de la clase obrera organizada. No, el sujeto revolucionario no es una suma de activistas ni una estructura centrada en sí misma. El sujeto revolucionario es la clase trabajadora organizada políticamente y dotada de un Partido Comunista de vanguardia capaz de orientar y dirigir la lucha de clases. Cuando este principio se rompe, la militancia queda reducida a dinámicas de autoafirmación incapaces de construir Partido y de formar cuadros comunistas con capacidad real de intervención entre las masas.

Buena parte de la actividad de estas organizaciones se desarrolla al margen de los centros de trabajo, de los conflictos obreros reales y de las estructuras de masas de la clase trabajadora. La política acaba reducida a la estética militante, la propaganda y las dinámicas internas, convirtiendo a la propia organización en el centro de toda actividad.

Un ejemplo de esta deriva pudo verse durante el último Primero de Mayo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde organizaciones del Movimiento Socialista impulsaron convocatorias separadas de las movilizaciones obreras. No se trata de un hecho aislado, sino de una lógica política concreta: la construcción de estructuras paralelas que terminan aislando a sus militantes del resto de organizaciones y espacios históricos de la clase trabajadora.

En lugar de intervenir en el sindicalismo de clase, en conflictos laborales o en espacios de masas para desarrollar trabajo político y organizar, se opta por el repliegue en un entorno ideológico cerrado. La reafirmación constante de la propia organización sustituye, así, al trabajo real entre las masas.

Esta práctica refleja el problema de fondo: el objetivo revolucionario deja de entenderse como un proceso de acumulación de fuerzas en el seno de la clase trabajadora y pasa a concebirse como la acción de un grupo militante que se considera depositario exclusivo de la conciencia revolucionaria.

No es casualidad que muchas de estas organizaciones hayan desarrollado una notable capacidad propagandística y de movilización juvenil, mientras que su presencia en conflictos laborales estratégicos sigue siendo limitada o prácticamente inexistente. Para la burguesía resulta mucho menos peligrosa una militancia encerrada en dinámicas autorreferenciales que una organización comunista arraigada en fábricas, barrios obreros y sectores estratégicos de la producción.

Es evidente que estas dinámicas de fragmentación y aislamiento favorecen a los intereses del capital. Toda corriente que sustituya la construcción del Partido por un activismo segmentado y alejado de las masas debilita las posibilidades reales de reorganización revolucionaria de la clase trabajadora. La burguesía lo sabe perfectamente y, sin necesidad de recurrir a interpretaciones conspirativas, tenderá siempre a tolerar e, incluso, favorecer aquellas expresiones políticas incapaces de cuestionar de forma efectiva su poder.

Otra consecuencia a tener en cuenta es el desgaste político y humano de muchos jóvenes que se integran en estas estructuras. Llegan buscando una herramienta de lucha y, tras años de activismo intenso, pero desligado de las masas trabajadoras, acaban frustrados y alejados definitivamente de la militancia. El capital logra, así, un doble objetivo: neutralizar el potencial revolucionario de la juventud más concienciada y dificultar la formación de cuadros comunistas duraderos.

Lenin ya señaló en El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo que apartarse de las masas en nombre de una supuesta pureza revolucionaria conduce inevitablemente al aislamiento político. La construcción de una alternativa comunista exige intervenir en los centros de trabajo, en los barrios obreros y en todos los espacios donde se desarrolla la lucha de clases. Sin organización de masas y sin Partido Comunista, la lucha queda reducida a una mera consigna.

Fuenteunidadylucha.es

MARXLENIN VALDÉS. Expectativas

Julio del 2026

Leyendo algunas de las reacciones a las palabras del presidente —y Primer Secretario del PCC, que a nadie se le olvide—, me dio por pensar en las jornadas del triunfo de la Revolución.

Salvando las diferencias que seis décadas de intensa lucha y resistencia para sostener este proyecto socialista le han marcado al proceso cubano y a nosotros mismos, de pronto me salta a la vista hoy un rasgo similar al de aquellos días felices: las (múltiples) expectativas.

Lo que anunció Díaz-Canel fue apenas un esbozo de lo que debemos conocer con más detalles en breve. Sin embargo, al parecer fue suficiente para movilizar a ciertos grupos de la sociedad que se muestran ansiosos por expresar sus criterios y por ser escuchados.

Si son mayorías o solo una burbuja impulsada por la virtualidad algorítmica, ya se encargarán de constatarlo los que aplican encuestas y otros instrumentos sociológicos (de aquí y de allá). Por lo pronto, en lo que a mí respecta, solo los veo prevalecer en Facebook; en la vida real, la gente tiene cosas más urgentes de las que ocuparse.

Entre los que «casualmente» más «se me aparecen» por estos recodos digitales están:

Los que, desesperados, se entusiasman y piden se les reconozca «el mérito» de haber hablado primero sobre reformas (¿primeros que quién, que Adam Smith?); los que escribieron libros que tienen 30 años sobre «lo que había que hacer» hace 30 años (que según ellos sigue siendo lo mismo que tenemos que hacer 30 años después); los que, más comunistas que Lenin y más marxistas que Marx, echan manos a citas de ambos, pero, a la vez, muy poco dialécticos ellos anclan el viejo guion que dogmatiza al marxismo y al leninismo por igual; los que citan a Fidel para justificar decir luego cualquier cosa que atente contra la unidad que él siempre protegió; o los que en su vida habían citado a Fidel, pero se aprovechan del «cambiar todo lo que deba ser cambiado» para promover el capitalismo en Cuba y acabar con la Revolución (esta última hecha concepto del cual se saca el aforismo); los teóricos sin obra que se realizan gritando —igualmente en fb— «yo lo sabía», o «yo lo dije», pero no tienen nada sustancioso que agregar o hacer; los que se aprovechan de la grave coyuntura para deslizar un poco más las agendas neoliberales y entreguistas de sus amos a través de sus medios contrarrevolucionarios; los que usan esta encrucijada para ver si desprestigian al presidente, que está al pie del cañón dando la batalla, y los que manipulan sus palabras para construir igualmente distorsionada la opinión pública y afectar de paso al sistema político; o, los que, tratando de pasar la forma por esencia, hacen de la apariencia de Díaz-Canel «la noticia» (como si de haberse presentado «a lo Richard Gere» no hubiera sido también objeto de escarnio); los mercenarios, desperdigados generalmente entre todo lo anterior; los que creen que asistirán al entierro del «espectro del comunismo» en el Caribe y; —al fin— los preocupados por el futuro del socialismo en Cuba, los legítimos, los que no se quedarán de brazos cruzados ante la posibilidad de perder nuestro proyecto de justicia social ideado originalmente para los más humildes.

Expectativas, muchas. Expresadas todas con diferentes lenguajes y desde diferentes puntos de partida: ideológicos, clasistas, políticos y económicos.

La Revolución vive, muy a pesar de sus enterradores, en cada una de ellas, incluso en las que la nieguen. Hay voluntad colectiva y política para seguir haciendo de ella sinónimo de soberanía, libertad e independencia.

Cuando se derrumbó la URSS, Fidel sustituyó en el lenguaje cotidiano aquello de «la construcción del comunismo» por: «salvar las conquistas de la Revolución».

Cómo le llamaremos hoy ya veremos, lo más apremiante es poder desarrollar la conciencia necesaria para producir, entender y apropiarnos activamente —como en los 90– de las transformaciones económicas y sociales que se requieran para, en primer lugar, salvar al pueblo y a la Revolución.

Ser capaces —como en el 59– de aglutinar esas múltiples expectativas que se desprenden de una cotidianidad frenética, articulándolas en función de la defensa de la Patria (extremadamente amenazada por el imperio).

Para ello, el pueblo necesita seguirse reconociendo partícipe y protagonista del proyecto nacional que él mismo debe continuar sosteniendo, con todo y la «movilidad» que se avecina.

Como dijo Díaz-Canel el viernes: «nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad».

El mundo entero nos está mirando.

(De su muro de Facebook) 

Hacia la dislocación de Alemania

 
Publicado el 15 de junio de 2026 / Por Otros medios

Reino Unido y Ucrania empujan Alemania a preparar una guerra contra Rusia. Pero la “Alemania reunificada” se derrumba. El país está profundamente dividido en dos pueblos diferentes y su identidad se ve cuestionada.

De hecho, la disolución de la Alemania federal ya parece inevitable. Al mismo tiempo, como consecuencia del arreglo pactado entre Washington y Moscú, Transnistria y una porción de Ucrania pasarán a ser parte de la Federación Rusa. Mientras tanto, la Unión Europea se aparta de los valores que tanto dice defender y esa deriva va a provocar su desaparición.

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Aunque todavía no se habla de ello, la derrota de Zelenski en Ucrania está a punto de provocar la dislocación de Moldavia, de Alemania y de la Unión Europea. Esa es la hipótesis de trabajo de Rusia, China y Estados Unidos. Pero en Europa nadie está preparado para eso. De hecho, los dirigentes políticos y los medios de prensa europeos ni siquiera hablan de ello.

La separación de las dos Alemanias

Nunca se ha mencionado el hecho que la “reunificación alemana”, promovida en 1989 por el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente de Francia Francois Mitterrand, se concretó en violación del derecho internacional ya que la población de la República Democrática Alemana (RDA, la llamada “Alemania oriental”) nunca fue consultada al respecto.

Pero la opinión pública occidental aceptó aquel proceso porque tenía la impresión de que se trataba de algo lógico y también porque en 14 meses Angela Merkel, quien había sido responsable de la propaganda de la juventud comunista en la RDA, se convirtió en ministro de la Juventud de la RFA, como miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) [1].

Sin embargo, la trayectoria personal de Angela Merkel no es representativa de lo sucedido con la población de la RDA. En Occidente, lo sucedido en Alemania se ve únicamente desde el punto de vista de la población de Alemania occidental (RFA), que contaba 62 millones de habitantes en el momento de la “reunificación”, y se pasa por alto la visión de los 16 millones de alemanes del este que conformaban la población de la desaparecida RDA.

El hecho es que la “reunificación” se tradujo en un verdadero saqueo de la industria de Alemania oriental en beneficio de la Alemania occidental. El desempleo, que afecta a un 5,7% de la población en Alemania occidental, se elevó a 7,5% entre los “alemanes del este”. El salario medio bruto es de 3 973 euros en el este de Alemania, mientras que en el oeste es de 4 810 euros. En los 5 Lander del este de Alemania el PIB por habitante es de 37 711 euros mientras que en los Lander del oeste se eleva a 54 162 euros.

Otro hecho incuestionable es el enfrentamiento político entre los electores de las “dos Alemanias”. Los alemanes “del este” votaron en masa por la formación Alternativa por Alemania (AfD), mientras que los alemanes “del oeste” votaron por los demócrata-cristianos (CDU) y los social-demócratas (SPD). La realidad es que no hay una sino dos Alemanias [2].

La Alemania reunificada está siendo gobernada por su componente mayoritario, la población del oeste, que está tratando de impedir la expresión política del componente del este. El 2 de mayo de 2025, la clasificación del partido político Alternative für Deutschland (AfD, Alternativa para Alemania) como organización «extremista de derecha» fue confirmada por la Oficina para la Protección de la Constitución. Pero el surgimiento de la AfD es la reacción del pueblo del este de Alemania ante el proyecto de confederación europea, proyecto que tiene sus raíces en el Neuordnung Europas (Nuevo Orden Europeo) concebido por Walter Hallstein –el primer presidente de la Comisión Europea– cuando trabajaba para un canciller alemán llamado Adolf Hitler.

También vale recordar que en Munich la Oficina para la Protección de la Constitución dio empleo a los ex agentes de la Gestapo, en los años 1950, y que hoy supervisa la represión contra los periodistas y pensadores que pudieran influir en los a priori de los alemanes [3]. O sea, mucho nos hablan de los horrores que cometió la Stasi en la RDA, pero nadie menciona la represión que sufrieron los comunistas y los homosexuales en la República Federal de Alemania.

La actual Alemania reunificada está bajo el control de un pequeño grupo de hijos de nazis que, al final de la Segunda Guerra Mundial, colaboraron con los ocupantes anglosajones (Estados Unidos y Reino Unido). El actual canciller Friedrich Merz es nieto de un dignatario nazi, cuyos principios anti-eslavos adoptó. El canciller Merz no tiene reparo en trabajar con los nacionalistas integristas ucranianos, que no se consideran a sí mismos eslavos sino descendientes de los vikingos Varegos. La tradición germánica rechazaba la cooperación con los rusos –lo cual dio lugar al cisma que dividió el Sacro Imperio Romano Germánico y Constantinopla, en 1054, o sea un siglo después de que Ucrania y Rusia se convirtieran al cristianismo– pero sólo los nazis se fijaron como misión exterminar los pueblos eslavos y apoderarse de sus tierras para garantizar el lebensraum, o sea el “espacio vital” de Alemania.

En todo caso, la actual Alemania reunificada no cuestiona la nazificación de Ucrania, iniciada con la independencia de 1991 y convertida en doctrina pública a raíz del golpe de Estado del “Euro-Maidan”, en 2014. Esa Alemania ignora olímpicamente los cientos de monumentos erigidos en toda Ucrania para glorificar el recuerdo de los nazis y de sus colaboradores ucranianos.

La Alemania reunificada incluso pasa por alto el proyecto de la administración de Zelenski que prevé construir un “Panteón de Glorias Ucranianas”, donde se depositarán los restos mortales de los ucranianos que más se destacaron como colaboradores del III Reich [4]. A diferencia del Memorial Yad Vashem, Berlín ha rechazado comentar los honores de Estado que el régimen de Kiev organizó para reinhumar los restos del criminal de guerra Andriy Melnyk, el pasado 25 de mayo [5].

El futuro de Transnistria y la dislocación de Moldavia

A raíz del desmembramiento de la Unión Soviética, Transnistria proclamó su independencia, el 2 de septiembre de 1990. El territorio denominado Transnistria (o Prisdnestrovia) es un pequeño valle que bordea el río Dniéper, donde los soviéticos habían creado una ciudad científica. Casi un año después de que Transnistria proclamara su independencia, Moldavia también se declaró independiente, el 27 de agosto de 1991. En tiempos de la URSS, Transnistria había sido parte de la República Socialista Soviética de Moldavia.

El 28 de febrero de 1992, Estados Unidos hizo incorporar a las Naciones Unidas 8 repúblicas independientes de la entonces ya desaparecida Unión Soviética. Entre esas 8 repúblicas ex soviéticas estaba Moldavia, pero no Transnistria. Actualmente, la ONU considera que Transnistria es parte de Moldavia, ignorando el hecho que los transnistrios se proclamaron independientes antes que Moldavia. Inmediatamente después, la CIA estadounidense trató de conquistar Transnistria mediante una guerra que los europeos han preferido olvidar [6].

Desde el fracaso de aquella guerra contra Transnistria, en 1992, Moldavia y esa República no reconocida por la mayoría de los miembros de la ONU se han desarrollado separadamente. Por cierto, la población de Transnistria sigue considerándose soviética ya que ha realizado el sueño que Mijaíl Gorbachov decía defender –conciliar la construcción del comunismo con la democracia–, aunque no ha logrado resolver el problemas de las mafias, como lo ha hecho Rusia con Vladimir Putin.

Hoy en día, Transnistria recibe un suministro gratis de gas ruso ya que su posición geográfica permite a Rusia, que dispone de una fuerza de paz en suelo transnistrio, vigilar el área donde convergen varios gasoductos rusos hacia Europa oriental, central y occidental [7].

A partir de 2019, el complejo militaro-industrial de Estados Unidos se pronunció a favor de debilitar a Rusia llevándola a tener que implicarse en conflictos en Ucrania y en Transnistria [8].

En 2005, Angela Merkel, desde su posicion de canciller federal de Alemania, recluta como consejera a Ursula von der Leyen y las dos impulsan la creación de la European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM o “Misión de Asistencia en las Fronteras de la Unión Europea en Moldavia y Ucrania”). Esa estructura creada por la Unión Europea se da a la tarea de imponer un cerco a Transnistria, utilizando para ello los territorios de Moldavia y de Ucrania, a pesar de que esos dos países no son miembros de la UE.

El acuerdo al que habían llegado los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, el 15 de agosto de 2025, prevé el reconocimiento del Donbass y la Novorossiya como territorios rusos. Eso significa que Odesa no sería liberada por la fuerza sino simplemente reconocida como rusa en un tratado de paz. Odesa está a menos de 100 kilómetros de Tiraspol, la capital de Transnistria, y el presidente Putin acaba de otorgar, hace 2 semanas, la ciudadanía rusa a todos los ciudadanos de Transnistria mayores de edad que decidan solicitarla [9]. Así que, cuando termine la guerra en Ucrania, Transnistria será rusa, lo cual marcará prácticamente el fin de Moldavia.

La dislocación de la Unión Europea

Para los europeos, la unidad de la Unión Europea está fuera de discusión. Pero Reino Unido, que se había hecho miembro de la UE en 1973, la abandonó en 2020.
Mucho antes, en 2005, los electores franceses y neerlandeses ya la habían rechazado en sendos referéndums sobre la Constitución Europea. Pero sus dirigentes se negaron a escucharlos y la Unión Europea se apartó así de los “valores democráticos” que decía defender.

En 2013, la “troika europea” –en aquella época Alemania, Francia y Reino Unido– impuso a los chipriotas nada más y nada menos que la confiscación de los depósitos bancarios de más de 100 000 euros. La Unión Europea seguía apartándose de sus «valores democráticos y liberales».

En 2024, la Comisión europea intervino secretamente en la elección presidencial en Rumania, dando así el clásico tiro de gracia a sus “valores”.
Ahora, en 2026, los Estados miembros de la Unión Europea –con excepción de Eslovenia y Hungría– cuestionan el principio de unanimidad que siempre ha regido el funcionamiento del Consejo Europeo.

Mientras tanto, Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea, está creando una nueva alianza militar, denominada “Marinas del Norte”, en la que ya ha logrado enrolar a las fuerzas armadas de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Países Bajos, Islandia, Lituania, Letonia, Noruega y Suecia. Supuestamente, los ejércitos de Alemania, Polonia y Turquía también deberían sumarse. También podrían hacerlo las fuerzas armadas de Francia, pero los conciliábulos entre París y Londres ahora parecen cosa del pasado. En todo caso, esa alianza de “Marinas del Norte” parece destinada a ocupar el lugar de la OTAN, cuando Estados Unidos se retire de esta, a mediados de 2027, según los planes de la administración Trump.

Pero esa nueva alianza no es compatible con la existencia de la Unión Europea, que es resultado de una de las cláusulas secretas del Plan Marshall de 1948.

Ya puede verse que el rearme alemán está siendo financiado simultáneamente por la Unión Europea y Reino Unido. ¿Es necesario recordar que Reino Unido financió el rearme alemán en los años 1930? ¿Y que lo hizo para lanzar a Alemania contra la URSS? Sólo después de los Acuerdos de Munich –firmados en septiembre de 1938– y de que la URSS, ya convencida de que sería la siguiente presa del III Reich, firmara el acuerdo germano-soviético –el 23 de agosto de 1939– la Alemania nazi se volvió en contra de Gran Bretaña.

Thierry Meyssan

Fuente: https://www.voltairenet.org/article224615.html

Los parecidos de familia de Washington: demócratas, republicanos e Irán

EE.UU., MEDIO ORIENTE :: 15/06/2026

XAVIER VILLAR

Una de las ficciones políticas más estables de la política estadounidense y global es que existen diferencias de fondo entre una administración demócrata y otra republicana

Las declaraciones de Brett McGurk, responsable de Oriente Medio en la Casa Blanca durante la presidencia de Biden, en una rueda de prensa reciente, arrojan luz sobre una de las ficciones políticas más estables de la política estadounidense y global: que existen diferencias de fondo entre una administración demócrata y otra republicana.

McGurk afirmó que "llevamos en guerra con Irán desde 1979, y la ideología iraní, que sigue estando muy vigente, consiste en expulsar a EEUU de Oriente Medio (Asia Occidental) y eliminar a Israel". La afirmación es notable no por su contenido (que es enteramente predecible) sino por su claridad. Enuncia directamente lo que ambos partidos han compartido desde 1979: que Irán constituye un obstáculo fundamental para el orden que Washington requiere mantener.

Irán permanece en el imaginario occidental como esa presencia espectral que se niega a desaparecer. Los intentos por neutralizarla han sido infructuosos. Tras cuarenta días de guerra, Irán no simplemente sobrevivió sino retornó con una fuerza que Occidente no es capaz de administrar. A pesar de décadas de gubernamentalidad destinadas a negar su autonomía política, Irán mantiene esa autonomía expresada en una gramática islámica que produce, precisamente por esa razón, intolerancia en Occidente. Porque lo que Irán representa mediante su persistencia teológico-política cuestiona las bases mismas de la modernidad occidental: la supuesta inevitabilidad de la secularización, la universalidad de ciertas formas de gobierno, la idea de que la historia se mueve inexorablemente hacia un destino liberal.

Siendo este análisis compartido por ambos partidos estadounidenses, la pregunta se vuelve ineludible: ¿cómo explicar la diferencia superficial entre una administración Obama que en 2015 firmó el Acuerdo Nuclear Integral (JCPOA) y la actual administración Trump, que desmanteló ese acuerdo y lanzó una guerra de cuarenta días? La respuesta requiere desplazarse desde el nivel óntico al nivel ontológico.

En el nivel óntico --el de los hechos políticos específicos, las decisiones particulares, los enfoques concretos-- existen diferencias claras. Obama empleó diplomacia multilateral, sanciones selectivas y negociación. Trump recurrió al abandono de acuerdos, la "presión máxima" y la guerra abierta. Pero estas diferencias permanecen circunscritas a la metodología, al énfasis, a la retórica. No afectan a la estructura profunda que organiza cómo ambas administraciones entienden a Irán.

En ambos casos persiste el mismo orden epistémico: Irán debe ser conocido, administrado, disciplinado. Irán es un objeto que requiere intervención. Irán representa un desajuste que debe corregirse. La discrepancia entre los dos enfoques no toca esta capa ontológica compartida.

Obama creía poder integrar a Irán mediante acuerdos que demostraran los beneficios de la cooperación. Trump creía poder neutralizarlo mediante presión coercitiva hasta la capitulación. Pero ambos presuponen que existe una solución dentro de los términos que Washington establece. Ambos asumen que Irán puede ser conducido, persuadido o quebrado hacia un comportamiento aceptable. Ambos, en otras palabras, habitan un orden de inteligibilidad común: aquel en el cual Irán aparece como problema a resolver.

La estructura profunda: parecidos de familia en la política estadounidense

El filósofo Ludwig Wittgenstein desarrolló la noción de "parecidos de familia" para explicar cómo conceptos que compartimos operan sin necesidad de un rasgo común único. Los miembros de una familia se parecen sin que todos compartan los mismos ojos, la misma boca, el mismo perfil. Hay un entrelazamiento de similitudes que solo se percibe desde dentro de esa estructura. Aplicada a la política exterior estadounidense, esta lógica revela algo fundamental: lo que une a republicanos y demócratas no es una identidad compartida sino un conjunto de rasgos epistémicos que producen a Irán como problema.

Imaginemos una carpeta de fotos de familia. En unas los hombres llevan traje y corbata; en otras, vaqueros y camiseta. En algunas la pose es solemne; en otras, despreocupada. Las diferencias visuales son evidentes. Pero cualquier familiar reconoce algo que se repite bajo esas variaciones: cierta forma de sonreír, una manera particular de mirar, un gesto al sentarse a la mesa. En Washington, republicanos y demócratas difieren en retórica, método y énfasis. Los republicanos son más ruidosos, abiertamente hostiles, decididamente intervencionistas. Los demócratas emplean un lenguaje más diplomático, prefieren sanciones a bombardeos, invocan "asociaciones multilaterales". Pero en todas las fotos de la política exterior estadounidense aparece la misma "mirada": Irán como objeto que debe ser vigilado, controlado, mantenido dentro de límites aceptables.

La familia política de Washington no debate sobre si Irán debe encajar en su orden de inteligibilidad. Debate sobre cómo hacerlo. Si mediante diálogo e incentivos o mediante coerción e aislamiento. Si mediante acuerdos negociados o presión máxima. Estas son diferencias tácticas, no diferencias sobre lo que Irán fundamentalmente es. Mientras esa estructura persista, cualquier debate entre demócratas y republicanos permanece interno a la misma familia, sin constituir un desafío real a su lógica constitutiva.

McGurk formula la continuidad con precisión involuntaria. La guerra "desde 1979" no es la guerra de Trump sino la guerra de Washington. Ha sido luchada mediante distintos medios por distintas administraciones pero persiste como categoría fundamental de la política estadounidense. Obama lo entendía así: incluso mientras negociaba el JCPOA, continuaba las sanciones, mantenía la presencia militar regional, financiaba a los aliados de Washington contra posiciones iraníes. El acuerdo no buscaba paz sino contención: mantener a Irán dentro de un marco de dependencia económica y aislamiento político.

Lo que distingue este análisis de críticas liberales más convencionales es que no apela a la "incompetencia" o el "extremismo" de una administración u otra. Esas críticas mantienen la ficción de que gobiernos distintos podrían producir políticas radicalmente diferentes respecto a Irán. Pero ambas administraciones operan desde la premisa de que Irán constituye un desafío al orden internacional, de que sus capacidades defensivas representan un peligro sistémico, de que su autonomía política requiere corrección.

Saidiya Hartman mostró en su análisis de la emancipación de esclavos en EEUU cómo la abolición no produjo libertad sino reconfiguración del control. Tanto el Sur como el Norte, enemigos en la guerra civil, adoptaron medios similares de biopolitización para mantener a la población liberada bajo dominación. Algo análogo opera en la política estadounidense respecto a Irán. Una administración ofrece negociación dentro de límites aceptables; otra ofrece presión hasta la capitulación. Ambas presuponen que Irán debe aceptar los términos que Washington establece. La elección permanece circunscrita a un horizonte donde la autonomía verdadera de Irán nunca aparece como posibilidad.

La verdadera diferencia entre administraciones estadounidenses respecto a Irán sería aquella que abandonara el supuesto compartido: que dijera que Irán es un Estado soberano cuya política exterior, aunque desagradable para Washington, no constituye un problema que requiera "solución". Que Irán tiene derecho a desarrollar capacidades defensivas. Que Irán tiene derecho a alianzas regionales que Washington rechaza. Que la autonomía iraní puede ser incómoda para el orden estadounidense sin necesidad de ser neutralizada.

Tal administración no ha existido ni probablemente exista, porque ambos partidos comparten algo más profundo que cualquier diferencia electoral: una visión del mundo en la cual Occidente, particularmente EEUU, posee el derecho a estructurar el orden internacional, y las entidades políticas que rechazan esa estructuración constituyen problemas a resolver.

Desde la perspectiva iraní, ambos partidos estadounidenses comparten la misma visión de Irán como entidad que debe encajar dentro de sus marcos de inteligibilidad. La verdadera ruptura solo ocurriría si alguien rompiera el álbum familiar de Washington: si permitiera que Irán, hablando desde su propia lógica política, dejara de ser objeto de intervención y se convirtiera en sujeto de su propia historia.

Eso requeriría abandonar no solo políticas específicas sino el supuesto compartido que estructura la política exterior estadounidense. Requeriría admitir que Irán no es un problema a resolver sino un actor político cuya autonomía puede ser incómoda, amenazante incluso, pero que no requiere "solución". Que continuará existiendo según su propia lógica, independientemente de qué partido controle la Casa Blanca.

www.hispantv.com

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/los-parecidos-de-familia-de-washington-democratas 

¿Por qué seguimos apoyando a Venezuela?

 
VENEZUELA, BRASIL :: 15/06/2026

JOÃO PEDRO STEDILE

Algunos sectores de la izquierda institucional y quienes solo siguen la política a través de las redes sociales no tardaron en calificar la situación del gobierno venezolano de traición

La situación política actual en Venezuela no puede explicarse únicamente por los acontecimientos posteriores al 3 de enero. Es necesario contextualizar lo sucedido en las últimas cuatro décadas. En la década de 1990, existía una hegemonía estadounidense total en el continente, que impuso el TLCAN y posteriormente buscó imponer el ALCA, creando así un área bajo el control absoluto del capital estadounidense. Todos los gobiernos, excepto Cuba, apoyaron a los estadounidenses.

Pero los pueblos de algunos países se rebelaron. Y entonces llegó el Caracazo en 1989, luego la rebelión militar y finalmente la victoria electoral de Chávez, quien tomó el poder en el 99, rompió la ola neoliberal, abriendo un nuevo ciclo de gobiernos progresistas, que continuó con Lula, Correa, Evo, Lugo y Kirchner, y alteró el equilibrio de poder en el continente. Ahora se proponía otra integración en lugar de ALCA, formalmente derrotada en 2005: ALBA.

El imperialismo estadounidense, los gobiernos demócratas y republicanos y la clase dominante de EEUU no perdonaron la audacia de Chávez. Y en estas cuatro décadas impusieron todas las tácticas posibles dentro de la fórmula descrita por el investigador Andrew Korybko, basada en documentos oficiales de las fuerzas armadas estadounidenses, como estrategias de GUERRAS HÍBRIDAS.

Durante todo este largo periodo, intentaron por todos los medios derrotar el proceso bolivariano en Venezuela. Recordemos: el golpe de Estado que apartó a Chávez del gobierno durante dos días, en el que las repercusiones internacionales y la inmediata movilización popular impidieron que los golpistas lo ejecutaran. ¡Incluso el Cardenal de Caracas le administró la extremaunción en la prisión de la Isla La Orchila, donde estuvo cautivo!

La huelga política de los trabajadores petroleros para desmantelar PDVSA. La escasez de combustible y el caos se mitigaron gracias a la ayuda del entonces gobierno de Fernando Henrique Cardoso, de Brasil. Luego vinieron los disturbios callejeros de la derecha con violencia extrema, que provocaron terrorismo, incendios en escuelas y hospitales, escasez artificial y decenas de muertos. Muchos presos han sido amnistiados.

La muerte de Chávez, causada por un extraño cáncer que no respondió a la medicación, sigue sin explicación hasta el día de hoy. Casualmente, Lugo, Dilma, Kirchner y Lula también padecieron cáncer durante el mismo periodo. Rápidamente se reconoció al 'gobierno' títere de Guaidó, al que se transfirieron todos los depósitos de dólares y oro del Estado venezolano, para que esta lumpenburguesía venezolana pudiera enriquecerse.

Provocaron una inflación galopante mediante la manipulación del tipo de cambio desde Miami. Bloquearon todas las cuentas del país en el extranjero. Impidieron las inversiones en petróleo, y la producción cayó por debajo del 30%, con una disminución del PIB de hasta el 90%. Todo esto causó numerosos problemas económicos a toda la población y generó una migración sin precedentes de trabajadores y trabajadoras venezolanos. Impugnaron la reelección de Maduro, con el apoyo y la ilusión de algunas figuras supuestamente progresistas.

Todo esto, sumado a una campaña mediática constante y permanente que sin duda costó millones de dólares en el uso de redes, computadoras y los llamados 'influencers' pagados por la CIA y sus agencias. Una campaña que continúa hasta el día de hoy.

El golpe final llegó con el segundo gobierno de Trump, que, sediento de petróleo y perdiendo la hegemonía económica frente a Eurasia, reinstauró la Doctrina Monroe y quiso convertir el continente en su patio trasero, imponiendo el control económico, político y militar.

El 3 de enero, tras movilizar a toda su fuerza militar, invadió el país por aire y secuestró al presidente Maduro y a la diputada Cilia Flores. Hubo resistencia, combates y más de 100 muertos. Solo dentro de unos años sabremos cuántos soldados estadounidenses murieron. Lo único que sabemos es que eran en su mayoría soldados latinos del grupo de élite Delta Force, armados con algunas de las mejores armas del planeta.

Venezuela, su pueblo y sus fuerzas armadas fueron derrotados. Perdieron vidas y a su presidente. Pero el imperio no tenía a quién reemplazar, ya que su agente, María Corina Machado, está desmoralizada ante la sociedad venezolana y, con ella, toda la oposición pro-extranjera.

La solución fue entonces mantener al presidente secuestrado y negociar con el gobierno chavista, bajo amenaza o a punta de pistola. Algunos sectores de la izquierda institucional y quienes solo siguen la política a través de las redes sociales no tardaron en calificar la situación de traición. O de falta de resistencia. Y ahora comienzan a difundir la idea de que existe una división entre los gobiernos de Venezuela y Cuba. Estas tesis son solo parte de las tácticas de EEUU, difundidas por medios influenciados por la CIA para dividir a la izquierda y a la opinión pública.

El pueblo venezolano, en su inmensa mayoría chavista, continúa con su vida, trabajando, produciendo, organizando las comunas. Dolidos, siguen apoyando al gobierno chavista, conscientes de todo lo sucedido. Nuestro movimiento tiene vínculos históricos con el movimiento campesino venezolano, con las comunas productivas y con el gobierno chavista. Contamos con numerosos proyectos de cooperación en la producción de semillas y alimentos, así como con intercambios para la formación de personal técnico.

Estaremos eternamente agradecidos por las becas de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Salvador Allende --ELAM-- que permiten a decenas de jóvenes campesinas y campesinos pobres convertirse en médicas y médicos.

El pueblo venezolano sigue siendo víctima de la guerra híbrida del imperio. El gobierno chavista cuenta con el apoyo de su pueblo. Nuestro movimiento siempre se solidarizará con el pueblo chavista.

Esperamos que el equilibrio de poder internacional cambie a favor de la humanidad y la paz. Esperamos que el equilibrio de poder interno en EEUU cambie y que las fuerzas progresistas puedan modificar su política exterior y su vocación beligerante de agresión contra los pueblos. Que la Doctrina Monroe quede enterrada.

Esperamos que el gobierno y el pueblo chavista encuentren las mejores maneras de aumentar la producción de petróleo y otros bienes que necesitan. Que mantengan la soberanía sobre el petróleo, los minerales y su territorio.

Defender a Venezuela y Cuba es una obligación moral y política de las fuerzas progresistas y democráticas de nuestro continente. Y no nos engañemos: si ellas fuesen derrotadas, el imperio aumentará su presión sobre México, Brasil, Colombia y todo el continente, como ya lo hizo; primero, utilizando el fantasma de los comunistas y la URSS; luego, se centraron en los terroristas islámicos, a quienes financiaron; y ahora han creado la marioneta del narcotráfico --como si no fueran el mayor mercado-- y también la política en contra de los inmigrantes.

Lucharemos por la liberación del presidente Maduro y la diputada Cilia Flores, pues no han cometido ningún delito y EEUU no tiene ni el derecho ni la autoridad moral para condenarlos por nada. Por el contrario, espero que en el futuro el tribunal de La Haya juzgue y condene a los actuales líderes estadounidenses por sus bombardeos y crímenes en Gaza, Irán, Siria, Sudán, el Caribe, Venezuela, Cuba y, dentro de su propio país, por la persecución de los pobres y los migrantes.

La historia de la lucha de clases tiene sus altibajos, avances y retrocesos, pero la humanidad siempre avanzará hacia la construcción de sociedades más justas e igualitarias, con soberanía popular y paz.

* Referente del MST de Brasil y de ALBA MOVIMIENTOS y la Asamblea Internacional de los Pueblos-AIP

ensartaos.com.ve

Texto completo en: https://www.lahaine.org/mundo.php/por-que-seguimos-apoyando-a-venezuela

La guerra híbrida por la soberanía digital de Brasil

Aranceles o regulación

Por Alejandro Marcó del Pont | 15/06/2026 | Brasil, Economía

Fuentes: El tábano economista

¿Quién controlará las infraestructuras críticas de la economía digital del siglo XXI? ¿Los Estados nacionales o las plataformas tecnológicas transnacionales? (El Tábano Economista)

Cuando Donald Trump anunció un arancel del 25% sobre productos brasileños para el 15 de julio, la explicación parecía servida. Para unos, se trataba de una nueva demostración de solidaridad ideológica con Jair Bolsonaro y de hostilidad hacia el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Para otros, era simplemente un capítulo más del viejo manual proteccionista del trumpismo, castigar importaciones extranjeras para proteger empleos estadounidenses. Ambas interpretaciones son equivocadas y resultan insuficientes.

La primera dificultad aparece cuando se revisan los números. Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil. Es decir, vende más bienes y servicios a la mayor economía sudamericana de los que compra. No existe, por tanto, un desequilibrio comercial comparable al que históricamente ha utilizado Washington para justificar medidas contra China o, en otros momentos, contra México. Si el objetivo fuera corregir un déficit, Brasil sería un objetivo insólito.

La segunda dificultad es Bolsonaro. La cercanía política entre Trump y el expresidente brasileño es indiscutible. También lo son las críticas de sectores conservadores estadounidenses hacia el Tribunal Supremo Federal brasileño y las decisiones adoptadas contra dirigentes y activistas bolsonaristas. Sin embargo, reducir el conflicto a una cruzada personal en defensa del exmandatario supone ignorar una serie de transformaciones más profundas que se vienen desarrollando en Brasil desde hace años.

Para comprender qué intereses concretos se encuentran detrás de la creciente presión de Washington sobre Brasil conviene abandonar, al menos por un momento, la narrativa sobre la libertad de expresión y observar dónde están los negocios. O, como hemos sostenido, el desenlace de secuestrar al Estado por parte de las elites tecnologías americana, no es otro que funcione como gendarme de sus negocios.

En octubre del año pasado, la Computer & Communications Industry Association (CCIA), una de las organizaciones de lobby más influyentes del ecosistema tecnológico estadounidense, financiado por grandes empresas tecnológicas que incluyen a Google, Meta, Apple, Microsoft, Amazon y Uber, presentó un informe ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detallando las barreras que, a su juicio, enfrentaban las empresas norteamericanas en distintos mercados extranjeros, para que iniciara una investigación sobre Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El documento cuestionaba aspectos tan diversos como las normas sobre comercio digital y servicios de pago electrónico, las regulaciones sobre plataformas, la protección de la propiedad intelectual, ciertas medidas tributarias, el tratamiento del etanol y hasta la aplicación de políticas relacionadas con la deforestación ilegal. Tomadas individualmente, las observaciones podían parecer dispersas. Consideradas en conjunto, revelaban algo diferente: la creciente incomodidad de parte del sector tecnológico estadounidense frente a un país que estaba construyendo reglas propias para gobernar su economía digital.

La arquitectura regulatoria que Brasil ha construido desde finales de la década de 2010 no debe analizarse como una colección aislada de leyes. Vista en conjunto, configura una estrategia de soberanía digital, fiscal y tecnológica, en la que el Estado brasileño busca preservar capacidad de decisión sobre infraestructuras críticas, flujos de datos, plataformas digitales y nuevas tecnologías.

OpenDemocracy mostró cómo varias de las preocupaciones de las corporaciones americanas terminaron reflejándose en la investigación comercial impulsada posteriormente por Washington. El dato no prueba una relación causal automática, pero sí ilumina una convergencia de intereses entre grandes empresas tecnológicas y la política comercial estadounidense. Lo que emerge es una pregunta distinta: ¿y si la disputa no fuera realmente sobre Bolsonaro ni sobre comercio tradicional? ¿Y si el verdadero conflicto girara alrededor de quién establecerá las reglas del capitalismo digital del siglo XXI?

Brasil se ha convertido en un laboratorio inesperado de soberanía tecnológica. La Ley General de Protección de Datos (Ley Nº 13.709/2018) entró plenamente en vigor en 2020 y creó el marco brasileño de protección de datos personales, estableció límites al tratamiento y circulación de información personal inspirados en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR), aunque con particularidades propias. La LGPD representa una afirmación de que los datos producidos por la sociedad brasileña son un recurso sujeto a regulación nacional.

La discusión sobre la moderación de contenidos y la responsabilidad de las plataformas constituye otro frente de tensión. La decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de ampliar las obligaciones de las redes sociales respecto de contenidos ilícitos fue presentada por algunos sectores estadounidenses como un ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, desde la óptica brasileña se trataba de resolver una pregunta institucional básica, si las plataformas globales deben responder ante la legislación nacional de los países donde operan.

La disputa alcanzó su máxima expresión en el enfrentamiento entre el Supremo Tribunal Federal y X, la red social de Elon Musk. La suspensión temporal de la plataforma por incumplimientos relacionados con representación legal en el país y decisiones judiciales transformó un conflicto jurídico en un acontecimiento geopolítico. Musk lo presentó como un ejemplo de censura estatal; las autoridades brasileñas, como una cuestión elemental de soberanía jurídica.

Pero quizás el aspecto más revelador sea que Brasil no se ha limitado a regular. También ha construido alternativas y el sistema de pagos (PIX) es fundamental para entender la parte menos visible del conflicto entre Brasil y las grandes tecnológicas estadounidenses. Lo relevante es que PIX no fue creado por una empresa privada, sino por el Estado brasileño lo desarrollo a través del Banco Central. El sistema de pagos instantáneos se convirtió en pocos años en una de las infraestructuras financieras más exitosas del mundo. Permite transferencias inmediatas, permanentes y de bajo costo, integrando bancos, fintechs y usuarios finales bajo una arquitectura pública.

Desde la perspectiva del consumidor brasileño, PIX representa comodidad y eficiencia. Desde una perspectiva geoeconómica, representa algo mucho más importante. La posibilidad de que el Estado preserve el control sobre una infraestructura crítica de la economía digital. Con hasta 290 millones de transacciones diarias, PIX alcanza al 90% de la población brasileña con impactos especialmente positivos en los excluidos financieramente, la economía informal y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El Centre for International Policy and Technology ha descrito PIX como una manifestación de soberanía digital financiera. La expresión no es exagerada. Durante años, las grandes tecnológicas han intentado expandirse hacia el sector de pagos. Meta, en particular, visualiza en WhatsApp mucho más que una aplicación de mensajería. El objetivo es construir una superplataforma capaz de integrar comunicación, comercio electrónico, pagos, crédito e inteligencia artificial.

Brasil, donde WhatsApp Brasil es el segundo mercado más grande del mundo, Meta busca monetizar la app mediante herramientas corporativas de cobro (WhatsApp Business), pero ve amenazado su negocio si el poder judicial brasileño suspende de manera intermitente sus servicios por desacatos regulatorios. Sin embargo, cada pago realizado mediante PIX es un pago que no transita necesariamente por una infraestructura privada controlada por una plataforma tecnológica. Cada transacción representa datos financieros que permanecen fuera de ecosistemas corporativos cerrados.

La disputa deja entonces de ser ideológica y adquiere una dimensión económica tangible. Brasil también ha avanzado hacia la regulación de la inteligencia artificial. El Proyecto de Ley 2338/2023 busca establecer mecanismos de supervisión diferenciados según el nivel de riesgo de las aplicaciones. Transparencia, responsabilidad y protección de derechos aparecen como principios orientadores. Para empresas estadounidenses inmersas en una carrera global por liderar el desarrollo de la IA, la proliferación de marcos regulatorios nacionales representa un desafío significativo. Cada nueva exigencia implica mayores costos de cumplimiento y posibles restricciones operativas.

La misma lógica atraviesa el Proyecto de Ley 2768/2022, que ampliaría las facultades regulatorias de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anatel) sobre plataformas digitales, y el Proyecto de Ley 4097/2023, orientado a cuestiones de competencia en mercados digitales. A ello se suman iniciativas tributarias, como la implementación del impuesto mínimo global del 15%, o medidas destinadas a gravar determinadas importaciones asociadas al comercio electrónico transfronterizo.

Observadas de manera aislada, estas iniciativas responden a debates sectoriales específicos. Observadas en conjunto, configuran una arquitectura orientada a fortalecer la capacidad regulatoria del Estado brasileño. No se trata de un fenómeno exclusivamente brasileño. Europa ha transitado caminos similares mediante el Reglamento General de Protección de Datos y nuevas normas sobre servicios digitales. Pero el caso brasileño posee una relevancia particular debido al tamaño de su mercado.

Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los mayores mercados digitales del mundo. Diversos estudios estiman que la inversión anual en publicidad digital en el país supera los 10.000 millones de dólares. Google concentra una parte sustancial de ese mercado a través de su ecosistema de búsqueda, YouTube y herramientas publicitarias. Meta, mediante Facebook e Instagram, ocupa también una posición dominante.

Aunque las empresas no desagregan sistemáticamente sus ingresos por país, distintas estimaciones sitúan a Google capturando aproximadamente entre el 45% y el 55% del mercado publicitario digital brasileño, mientras Meta controlaría entre el 30% y el 40%. Traducido a cifras, esto podría significar ingresos anuales de varios miles de millones de dólares para ambas compañías.

El verdadero desafío, sin embargo, no reside en la publicidad actual sino en los negocios del futuro. Los datos alimentan sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de pago generan información valiosa sobre hábitos de consumo. Las plataformas de comunicación facilitan la integración de servicios financieros y comerciales. El control de estos ecosistemas permite capturar valor económico a una escala sin precedentes.

En este contexto, la decisión brasileña de preservar espacios de soberanía regulatoria adquiere una dimensión estratégica. La infraestructura 5G ofrece otro ejemplo. Brasil ha avanzado en la construcción de redes exclusivas destinadas a la administración pública, separadas de las redes comerciales convencionales. Según la Global System for Mobile Communications Association (GSMA), la organización mundial que representa los intereses de más de 1.000 operadores de telefonía móvil y compañías del ecosistema tecnológico, el país reúne condiciones para convertirse en un referente regional en materia de 5G.

La decisión de dotar al Estado de una infraestructura propia para comunicaciones sensibles responde a consideraciones de seguridad y eficiencia administrativa. Pero también expresa una convicción política. Determinadas capacidades tecnológicas son demasiado importantes para depender completamente de actores privados.

PIX y la red 5G estatal responden, en esencia, a la misma lógica. La pregunta subyacente es sencilla: ¿deben los Estados conservar el control sobre ciertas infraestructuras críticas o delegarlo progresivamente a plataformas transnacionales?

Desde la perspectiva brasileña, la respuesta parece inclinarse hacia la primera opción. Desde la perspectiva de parte del ecosistema tecnológico estadounidense, ello podría representar un precedente preocupante.

El problema no es únicamente Brasil. Si un país de más de 200 millones de habitantes demuestra que es posible desarrollar sistemas públicos eficientes de pagos digitales, regular el tratamiento de datos, establecer límites a las plataformas y diseñar marcos propios para la inteligencia artificial, otros podrían seguir el mismo camino. La discusión deja entonces de girar alrededor de un arancel específico. Lo que está en juego es el modelo de gobernanza de la economía digital.

Por un lado, emerge un esquema donde plataformas privadas aspiran a convertirse en la infraestructura dominante de la vida contemporánea, articulando comunicación, pagos, comercio y procesamiento de datos. Por otro, aparecen Estados que intentan preservar márgenes de autonomía mediante regulación y desarrollo de capacidades propias. En esa disputa, Bolsonaro ocupa un lugar secundario.

Su figura puede funcionar como catalizador político o como elemento movilizador dentro del debate estadounidense. Pero las tensiones entre Brasil y determinados sectores económicos norteamericanos preceden y exceden ampliamente la suerte judicial del expresidente.

El arancel del 25% constituye, en ese sentido, mucho más que una herramienta comercial. Puede interpretarse como una señal geoeconómica dirigida hacia un país que ha comenzado a cuestionar algunos de los supuestos fundamentales del capitalismo digital contemporáneo. No porque Brasil haya rechazado la tecnología ni porque haya optado por un camino aislacionista. Todo lo contrario. Brasil busca insertarse activamente en la economía digital global, pero bajo reglas que preserven espacios de decisión nacional.

Esa aspiración inevitablemente genera tensiones. La historia del siglo XXI probablemente se escriba menos en los campos de batalla tradicionales y más en disputas relacionadas con estándares tecnológicos, gobernanza de datos, sistemas de pago y control de infraestructuras digitales.

Vista desde esa perspectiva, la controversia actual entre Washington y Brasilia adquiere otro significado. Ya no se trata simplemente de aranceles. Tampoco únicamente de Bolsonaro. Se trata de quién definirá las normas que regirán el flujo de información, dinero y conocimiento en las próximas décadas.

Brasil ha decidido participar de esa discusión no solo como mercado, sino también como regulador y constructor de alternativas. Y esa decisión, más que cualquier superávit comercial o cualquier disputa política coyuntural, podría explicar por qué el país se encuentra hoy en el centro de una batalla silenciosa por el futuro del poder económico global.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/06/14/aranceles-o-regulacion-la-guerra-hibrida-por-la-soberania-digital-de-brasil/