Victoria que solo si comunistas y
revolucionarios, en vez de confrontar con el posibilismo reformista
del PT de Lula, como si formara parte del enemigo principal, se dedican a fortalecer la movilización y
organización de la clase trabajadora y campesina brasileña para consolidarla, porque el problema no es Lula tan necesario hoy ante la debilidad de las fuerzas revolucionarias, que se le debe combatir con la práctica de la movilización de masas y la crítica constructiva sin dividir al pueblo, a Lula por la izquierda hay que superarlo no eliminarlo como algunos pretenden. Ahora que cada persona lo relacione con la situación española a su manera y como pueda. Nota de Alonso Gallardo
Fuentes: La Izquierda Diario [Imagen: Lula dirigiéndose a la multitud durante la Marcha por la Democracia celebrada en Sao Paulo el 11 de octubre de 2026. Créditos: Amanda Perobelli / Reuters, tomada de La Izquierda Diario]
Se dio vuelta una elección que el bolsonarismo ya festejaba. La clave no estuvo en la ingeniería de la “Concertación” ni solamente en el marketing digital. Estuvo en la movilización de miles que salieron a las calles, pusieron en el centro el fin de la escala 6×1 y recuperaron una tradición de lucha. El interrogante de ahora es si esa fuerza seguirá en movimiento o si volverán a pedirle que se vaya a casa.
Hace tres semanas, la elección parecía liquidada. Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta con el 47,03% contra el 45,16% de Lula. El senador del clan, heredero político de su padre, se había transformado en la apuesta de una extrema derecha que conservaba una fuerza considerable, aun después de cuatro años fuera de la presidencia. Además, buscaba erigirse como un peón fundamental de EE.UU y su “Escudo de las Américas”.
Las encuestas finales mostraban un empate técnico, pero el bolsonarismo ya se preparaba para festejar. En buena parte del progresismo se instalaba ese clima de resignación que suele anticipar las derrotas antes de que ocurran.
Pero esa noche hubo virada.
La explicación más inmediata será el carisma de Lula, el peso electoral del Nordeste o los límites de Flávio Bolsonaro como candidato. Todos factores reales. Pero hay otro que resulta más importante para comprender no solo el resultado, sino también sus posibilidades futuras: la irrupción de una movilización popular que modificó la dinámica y logró imponer parte de su agenda.
La calle
La campaña de Lula llegó al ballotage a la defensiva. Durante meses, el Gobierno había apostado a administrar una coalición de centroizquierda y negociar con los sectores conservadores. Mientras tanto, el bolsonarismo avanzaba sobre el descontento social, con una maquinaria digital poderosa (apoyada por los dueños de las Big Techs) y una derecha que nunca abandonó las calles.
El resultado de la primera vuelta obligó a cambiar de estrategia. Pero lo más importante fue que millones de brasileños y brasileñas decidieron no esperar las instrucciones de los comandos electorales.
En la segunda semana de octubre se multiplicaron los actos en todo el país. El domingo 11, una marcha ocupó doce cuadras de la Avenida Paulista y tuvo expresiones en al menos 76 ciudades. Los estudiantes organizaron asambleas, movilizaciones y campañas en las universidades; se sumaron sindicatos, movimientos sociales, torcidas organizadas y colectivos juveniles. En los barrios y las periferias se multiplicaron las recorridas y las caravanas.
Las redes sociales también tuvieron un papel importante, pero lo novedoso fue su combinación con la movilización territorial. La lucha contra el bolsonarismo comenzó a recuperar iniciativa cuando dejó de depender exclusivamente de los mensajes de sus dirigentes y se transformó en una tarea asumida por sectores mucho más amplios.
Y con la calle apareció algo todavía más importante: puntos fuertes de un programa. El fin de la escala 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso, la rutina de millones de trabajadores del comercio y los servicios) pasó al centro de la discusión nacional. Trabajar cinco días y descansar dos. Una demanda elemental, pero suficiente para poner en cuestión la organización de la vida de millones de personas.
El 14 de octubre, el Senado aprobó la reforma constitucional que termina con ese régimen y establece la reducción progresiva de la jornada semanal de 44 a 40 horas, sin reducción salarial. La votación fue de 75 a 1. Dos días después, la enmienda fue promulgada.
Fue una conquista arrancada por la presión social y no fue una concesión espontánea de las élites brasileñas.
La movilización no se limitó a defender a Lula frente a Bolsonaro: logró correr la agenda política hacia las demandas de los trabajadores. Y esa es una diferencia importante. No se trató solamente de conseguir votos para impedir el regreso de la extrema derecha, sino de demostrar que la intervención popular podía modificar, aunque sea parcialmente, la relación de fuerzas y obtener resultados concretos en ese recuento globular que son las elecciones.
El otro final
En 2011, cuando Lula dejaba el gobierno con niveles extraordinarios de aprobación, Perry Anderson publicó en la London Review of Books un balance del lulismo tan elogioso como crítico. Lo consideraba uno de los políticos más exitosos de su tiempo, pero señalaba una contradicción fundamental: Lula había mejorado las condiciones de vida de millones de brasileños sin transformar ese respaldo en una fuerza popular activa y organizada. La marca de su gobierno, sostenía Anderson, había sido más bien la desmovilización.
Ahí estaba, según el marxista inglés, uno de los límites del primer lulismo: cierta redistribución social sin confrontación abierta con las estructuras de poder y una relación con los sectores populares en la que estos aparecían fundamentalmente como beneficiarios de políticas públicas, antes que como protagonistas de su propio destino. En el último tiempo esa tendencia fue extremada hacia una alianza con la derecha tradicional como Geraldo Alckmin (vicepresidente) que lo llevó a sostener las contrarreformas que se implementaron durante la gestión del golpista Michel Temer.
Las últimas semanas mostraron una posibilidad distinta. Frente al peligro del retorno de la extrema derecha, la base social del lulismo no se limitó a esperar que el gobierno resolviera sus problemas. Salió a las calles, intervino, presionó y consiguió una conquista que difícilmente hubiera llegado por el simple funcionamiento de los acuerdos parlamentarios: el fin del 6×1.
El peligro
André Singer, uno de los principales teóricos del lulismo, viene señalando las contradicciones de la coalición que sostiene al gobierno. Esa “Concertación” que reúne al PT con antiguos adversarios del PSDB, Alckmin y sectores de las clases dominantes contiene, según Singer, demandas incompatibles: la austeridad fiscal y la expansión de la inversión social. El resultado fue un gobierno relativamente paralizado, obligado a negociar permanentemente con el Centrão y a contener sus propias iniciativas dentro de los límites de una política económica que nunca dejó de estar condicionada por las exigencias del capital.
Ese límite no es solamente una imposición externa. También responde a una decisión política del propio Lula, que volvió a privilegiar los acuerdos con sectores del establishment como garantía de gobernabilidad. Una estrategia que permitió sostener su gobierno, pero que no impidió el crecimiento de la extrema derecha ni mucho menos consiguió resolver el malestar social del que se alimenta.
La movilización de estas semanas mostró que algunas conquistas pueden avanzar cuando se rompe, aunque sea parcialmente, la lógica de la negociación permanente con quienes se oponen a ellas.
El riesgo ahora es que esa fuerza vuelva a ser tratada como un recurso electoral de emergencia. Que los movimientos sociales regresen a sus casas, que las centrales sindicales vuelvan a las mesas de negociación y que la política quede otra vez en manos de los acuerdos entre los partidos y las fracciones empresariales.
La aprobación del fin de la escala 6×1 demuestra lo que puede conseguirse mediante la presión popular. Pero su implementación efectiva, el control de las condiciones de trabajo y la defensa de esa conquista frente a los intentos patronales de flexibilizarla también dependerán de que esa movilización continúe.
La interpretación de la victoria como un nuevo mandato para administrar la conciliación de clases apuntará a desactivar precisamente la fuerza que hizo posible la recuperación electoral.
Y ahí aparece el peligro de una nueva operación de pasivización: absorber desde arriba las demandas que irrumpieron desde abajo, conceder lo indispensable para restablecer el equilibrio y volver a encerrar la política en los límites de lo posible o de lo aceptable por el capital.
Si eso ocurre, el bolsonarismo tendrá nuevas oportunidades. La extrema derecha no desaparece con una derrota electoral. Conserva una base social, poder económico, respaldo del imperio, mayor influencia institucional y capacidad de movilización. Y puede volver a fortalecerse si las expectativas despertadas por esta campaña chocan contra las restricciones de siempre. Es nada más y nada menos lo que pasó en estos cuatro años.
Punto de partida
El triunfo impidió el regreso de una extrema derecha que representaba una amenaza para las libertades democráticas y los derechos de los trabajadores. Y transformaba al país más importante del continente en una pieza clave para la estrategia imperial de EE.UU en la región. Pero también dejó algunas pistas sobre cómo enfrentarla.
No fue la defensa instituciones ni con una coalición que prometía estabilidad. Fue necesario recuperar la iniciativa, salir a las calles y poner en discusión demandas capaces de involucrar a millones.
El desafío que se abre consiste en que la fuerza social que intervino en estas semanas no vuelva a quedar subordinada a los tiempos y los límites de un gobierno “trágicamente” condicionado por su fisonomía interna (el sistema de alianzas que lo conforman) y por la renovada fuerza externa que el bolsonarismo conquistó en el Congreso en la primera vuelta electoral.
La virada fue posible porque hubo millones que no se quedaron en casa. Su mayor conquista sería que tampoco vuelvan a ella después de votar para que sean otros los que escriban el final.
“Burkina Faso” significa “tierra de la gente íntegra” en las lenguas mossi y dioula; fue el nombre que le dio al país en 1984 Thomas Sankara, el dirigente revolucionario que sigue siendo una de las figuras más admiradas de la historia política africana.
Sankara nacionalizó la tierra y la redistribuyó entre los campesinos, puso en marcha programas masivos de alfabetización y vacunación, prohibió el uso de vehículos Mercedes por parte del gobierno —sustituyéndolos por Renault 5—, se negó a pagar lo que denominó “la deuda del colonialismo” y fue asesinado en 1987 —con la complicidad de Francia— tras solo cuatro años en el poder. Su retrato cuelga hoy en el palacio presidencial, ya que quien ocupa actualmente dicho palacio, el capitán Ibrahim Traoré, considera a Sankara su héroe político y a su revolución un proyecto que debe continuar.
Traoré llegó al poder en septiembre de 2022 mediante un Golpe de Estado, término que los medios occidentales utilizan invariablemente para encabezar sus relatos, presentándolo como prueba de que nada de lo que ocurre allí se debe tomar en serio. Pero Burkina Faso ha vivido múltiples golpes de Estado a lo largo de su historia. El gobierno al que Traoré derrocó fue, a su vez, producto de otro golpe de Estado porque la arquitectura de seguridad respaldada por Francia —a la que él puso fin— fracasó, de forma evidente, a la hora de proteger a la población burkinesa del yihadismo que asolaba el país.
La reacción de los burkineses ante la llegada de Traoré no fue de miedo ni de resignación, sino más bien de euforia: multitudes salieron a las calles ondeando banderas rusas y quemando banderas francesas, lo cual revela mucho sobre el clima político de aquel momento. En enero de este año, cuando se frustró un intento de asesinato de Traoré, la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil fue inmediata: “Atacar al capitán Traoré es desafiar al pueblo”.
Este mes, con motivo del cuarto aniversario de su llegada al poder, los burkineses —entre ellos, el propio hermano de Sankara— describieron su gestión como una continuación de la era de Sankara, señalando con orgullo que Burkina Faso se encuentra ahora, en sus propias palabras, situada entre los grandes países del mundo.
Traoré ha expulsado a las tropas francesas de Burkina Faso, ha puesto fin a los acuerdos de cooperación militar con Francia y sus aliados occidentales, ha nacionalizado sectores clave de la economía y ha puesto en marcha lo que él denomina la “Revolución Progresista Popular”, con el objetivo declarado de construir una Burkina Faso “verdaderamente libre, independiente y soberana”. Tiene 38 años. Sus países vecinos están siguiendo el mismo camino.
La Alianza de Estados del Sahel
En Mali, el general Assimi Goita ha seguido una trayectoria casi idéntica: expulsar a las fuerzas francesas, romper las alianzas de seguridad con Occidente, nacionalizar el oro y otros recursos, y orientarse hacia la soberanía africana como programa político explícito. En Níger, el general Abdourahamane Tchiani llegó al poder en 2023 y comenzó de inmediato a desmantelar la presencia militar francesa que, durante décadas, había definido la arquitectura de seguridad del país.
Burkina Faso, Mali y Níger han constituido conjuntamente la Alianza de Estados del Sahel (AES), a la que definen explícitamente como una nueva comunidad política y económica fundamentada en el principio de que los países africanos deben ser gobernadas en beneficio de sus propios pueblos, y no en función de los intereses de sus antiguas metrópolis coloniales. Han abandonado la Cedeao, a la que describen —con razón— como un instrumento de la influencia francesa. Han desplegado una fuerza militar unificada de 5.000 soldados, e incluso Togo, una nación de menor tamaño, ha estado considerando unirse a la Alianza. El bloque está creciendo, y su mensaje resuena en todo un continente que, durante la mayor parte de los últimos dos siglos, ha sido gobernado atendiendo a los intereses de París y Washington.
Es lo que los medios occidentales denominan inestabilidad. Quieren decir que los países del Sahel se están “deslizando hacia la influencia rusa” y que un país ha decidido gobernarse a sí mismo.
Ucrania apoya a los terroristas del Sahel
El pasado mes de septiembre, la CNN informó de algo que era un secreto a voces desde hacía tiempo: especialistas ucranianos en drones operan en Mali, entrenando a fuerzas locales y llevando a cabo operaciones contra objetivos que Ucrania califica como rusos o pertenecientes al gobierno maliense. Cerca de quince especialistas ucranianos se encuentran sobre el terreno, coordinando operaciones con drones de forma remota y compartiendo la experiencia que han acumulado a lo largo de años de guerra en Ucrania. El antiguo jefe de los servicios de inteligencia ucranianos, Kyrylo Budanov, ha elogiado su papel por operar “desde Rusia hasta África, ya sea de traje o con uniforme de camuflaje”. Desde entonces, Kiev ha publicado fotografías de su personal de inteligencia militar operando en entornos desérticos junto a fuerzas locales, confirmando lo que hasta ahora había mantenido bajo una ambigüedad estratégica.
La justificación declarada por el gobierno ucraniano es sencilla: Rusia mantiene una presencia militar en el Sahel para apoyar a los gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso. Por lo tanto, combatir a Rusia en África no es más que otro frente de la misma guerra. La implicación de Ucrania ofrece a Kiev una forma relativamente económica de imponer costes militares y financieros considerablemente elevados a Rusia. Se trata de presionar a Moscú en todas partes, en todos los escenarios y en cualquier oportunidad.
Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro nigerino Ali Mahaman Lamine Zeine dijo: “En el momento en que les hablo, en nuestras fronteras nororientales se encuentran los representantes [o fuerzas interpuestas] dirigidos por Francia, con el respaldo de Ucrania y otros dos países. Y saben perfectamente a qué países me refiero”.
Este planteamiento parece coherente hasta que uno se plantea una pregunta muy sencilla: ¿con quién lucha exactamente Ucrania en Mali? La respuesta es: con los grupos rebeldes tuaregs del Frente de Liberación de Azawad, que llevan décadas librando una insurgencia contra el Estado maliense y que, en los últimos años, se han alineado con organizaciones yihadistas en la región. Ucrania reconoció haber proporcionado “información de inteligencia” a las fuerzas terroristas antes de una emboscada, ocurrida en 2024 cerca de Tinzaouaten, en la que murieron decenas de combatientes rusos y soldados malienses. Los gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso presentaron posteriormente una denuncia ante la ONU, acusando a Ucrania de patrocinar el terrorismo. El apoyo ucraniano a las fuerzas rebeldes ayuda al JNIM —el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, una filial de Al Qaeda que opera en todo el Sahel— mediante operaciones coordinadas, incluso sin que exista una transferencia directa de equipamiento o formación por parte de Ucrania.
Un país que se presenta ante el mundo como defensor de la democracia y del orden internacional basado en normas, está proporcionando apoyo militar a fuerzas que desestabilizan a gobiernos que han expulsado a Francia y a sus aliados en África.
Ucrania defiende al colonialismo francés en el Sahel
El proyecto descolonizador del Sahel constituye el desafío más directo y enérgico a la influencia francesa —y, en un sentido más amplio, occidental— en África en las últimas décadas. Francia ha perdido Mali, Burkina Faso, Níger, Chad y Senegal; ha perdido el Sahel como esfera de influencia. No ha ocurrido a causa de una derrota militar, sino por el peso acumulado de su propio comportamiento colonial, que hizo que su presencia fuera políticamente insostenible.
Ucrania, cuya existencia militar depende por completo de la buena voluntad y el apoyo material de Francia y sus aliados de la OTAN, está haciendo ahora en África lo que sus patrocinadores ya no pueden hacer por sí mismos. Está combatiendo a los gobiernos descolonizadores del Sahel por delegación, bajo el pretexto de luchar contra Rusia; mientras tanto, los medios de comunicación occidentales presentan a Ucrania como un pequeño y valiente país que extiende a África su resistencia frente a Moscú.
Ucrania también ha enviado especialistas en drones a Israel para ayudar a las fuerzas genocidas a matar árabes en Palestina y Líbano, o iraníes en Irán. En definitiva, un país que se presenta a sí mismo como víctima del imperialismo funciona como uno de sus instrumentos más útiles. La operación en África responde a la misma lógica, aplicada simplemente en otro escenario. Ucrania no está en Mali para luchar contra Rusia. La presencia de Rusia en Mali es consecuencia de la propia decisión soberana de Mali de invitarla, después de que Francia pasara años sin lograr proporcionar la seguridad que había prometido, mientras extraía los recursos que deseaba. Ucrania está en Mali para combatir el derecho de Mali a tomar esa decisión, porque dicha decisión resulta incómoda para la OTAN, y Ucrania es lo que la OTAN necesita que sea.
El objetivo de Traoré es construir aquello que Sankara comenzó, pero que no pudo terminar porque fue asesinado. Tras cuatro años de gobierno, el pueblo de Burkina Faso sigue una tradición revolucionaria que Occidente aniquiló hace casi cuarenta años y que, desde entonces, ha intentado impedir que resurja. La Alianza de Estados del Sahel representa algo verdaderamente novedoso en la política africana: un bloque de países que, al observar las ruinas de las garantías de seguridad francesas y de los modelos de desarrollo occidentales, ha decidido —de manera colectiva y deliberada— que prefiere gobernarse a sí mismo.
Occidente no puede tolerarlo porque el Sahel es rico en oro, uranio y otros recursos que las economías europeas han estado extrayendo durante generaciones; porque un modelo exitoso de soberanía africana resulta contagioso; y porque los imperios no se retiran con elegancia. Por ello, Francia presiona a la Cedeao para que imponga sanciones a los países de la Alianza de Estados del Sahel. Estados Unidos y sus aliados financian esfuerzos de desestabilización y Ucrania envía especialistas en drones para combatir junto a las fuerzas que intentan derrocar a los gobiernos que tuvieron la audacia de exigir la salida de Francia.
Así es como se manifiesta el papel de ser un instrumento del imperio. No siempre se trata de bombas e invasiones; a veces, son unos cuantos operadores de drones en el desierto, ayudando a asfixiar algo hermoso antes de que pueda desarrollarse plenamente.
Publicado el 26 de octubre de 2026 / Por Otros medios
BIR LEHLU (República saharaui)
En el segundo eje central de su carta a António Guterres, el Presidente Brahim Gali lanza una advertencia directa al Consejo de Seguridad sobre la naturaleza del futuro proceso de paz.
El Frente POLISARIO reitera que la cuestión del Sáhara Occidental es una cuestión de descolonización inscrita en la agenda de la ONU desde 1963 y, como afirmó la Corte Internacional de Justicia, Marruecos no ejerce soberanía alguna sobre el Territorio Saharaui.
Por ello, subraya que la «autonomía» o cualquier otra opción no puede contemplarse como solución a menos que sea decidida y aprobada por el pueblo saharaui mediante el ejercicio de su derecho inalienable a la autodeterminación, conforme a las resoluciones 1541 (XV) y 2625 (XXV) de la Asamblea General.
«Limitar el alcance de las futuras negociaciones exclusivamente a la ‘autonomía’ —ya sea ‘genuina’ o de otro tipo— socavaría gravemente el carácter equilibrado e inclusivo del proceso de negociación y afectaría la integridad del proceso de paz. En tales circunstancias, el Frente POLISARIO no tendrá más opción que reconsiderar su continuidad en todo el ‘proceso político'».
El Presidente de la República Saharaui concluye que la cuestión fundamental no es «cómo» ejercer la autonomía bajo ocupación, sino el libre ejercicio del derecho inalienable, no negociable e imprescriptible a la autodeterminación y a la independencia.
Asimismo, defiende el mandato original de la MINURSO —crear un referéndum— establecido en la resolución 690 (1991).
Incluido desde 1966 en la lista de territorios no autónomos, y por lo tanto elegible para la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, el Sáhara Occidental es la última colonia de África, ocupada desde 1975 por Marruecos, apoyado por Francia.
Esta es una explicación lógica de acuerdo a la situación
política en Italia, bajo un gobierno fascista pro imperialista yanqui; la diferencia con España está en que la huelga va contra la carestía de
la vida, contra la guerra y contra la entrada del fascismo en el gobierno, que acabaría con los derechos adquiridos del estado de bienestar que nos quedan, nos metería en las guerras imperialistas y anularía derechos y libertades. Este discurso está completamente ausente entre la izquierda política y sindical española incluidos los destacamentos comunistas todavía sujetos al discurso ideológico y político del siglo pasado, excepto los sindicatos mayoritarios de clase. Pero el no pasarán del 1936, pasa hoy por impedir la entrada de la reacción y el fascismo en el gobierno, mediante la huelga, la movilización de masas y el apoyo masivo al reformismo de izquierda y al progresismo en las elecciones del 11N, los únicos guste o no guste, con trincheras en las instituciones para hacerles frente, fuera de todo esto, cualquier planteamiento de lucha en lo inmediato es estar viviendo en los mundos de Yupi. Nota de Alonso Gallardo
Entrevista a Pierpaolo Leonardi, miembro de la dirección del sindicato italiano Unione Sindicale di Base (USB)
Italia vive hoy, 30 de octubre, una nueva jornada de movilizaciones. Una nueva convocatoria de huelga general llama a toda la población a sumarse contra las políticas antisociales de Meloni, así como contra las directrices de la Unión Europea de aumento de gasto militar y recorte de gasto social.
Hoy entrevistamos a Pierpaolo Leonardi, miembro de la dirección del sindicato Unione Sindicale di Base (USB), sindicato italiano afiliado a la Federación Sindical Mundial (FSM), organización que convoca la huelga general del 30 de octubre.
-¿Cuál es la situación de la clase obrera en Italia?
En los últimos años, Italia ha sufrido un grave revés en términos de estabilidad salarial; es el único país europeo que ha visto disminuir los salarios en los últimos 30 años, mientras que en el resto de Europa los salarios han aumentado de forma constante, aunque insuficiente. Esta grave crisis se ha visto agravada recientemente por la carrera armamentística europea, que ha llevado, en Italia a una importante desviación de recursos del gasto social —sanidad, pensiones, educación y vivienda— hacia el aparato militar industrial, con el objetivo de dotar al país de un sistema de defensa más potente y organizado, aunque desconocemos contra quién quieren utilizarlo.
-¿Cuál ha sido la respuesta del sindicato USB contra estas políticas?
En los últimos años, la USB ha continuado organizando huelgas y protestas a nivel industrial y general para desafiar las políticas gubernamentales respaldadas por el pacto social entre la asociación de industriales, Confindustria (Federación Italiana de Industriales), y los sindicatos amarillos. Solo en 2025, USB convocó tres huelgas generales y organizó manifestaciones con la asistencia de millones de personas, tanto en respuesta al genocidio del pueblo palestino como para protestar contra las políticas económicas impuestas por la austeridad y la beligerancia de la Unión Europea.
Entre las iniciativas más significativas se encuentra, sin duda, la organización de la primera huelga internacional de puertos del Mediterráneo, que el 6 de febrero de 2025 bloqueó más de 40 puertos en siete países, impidiendo el atraque de numerosos buques que transportaban armas y equipo militar a Oriente Medio.
-¿Cuáles son los motivos de la convocatoria de la huelga general de hoy?
Hoy, USB vuelve a convocar una huelga general y una movilización en todos los sectores contra la nueva ley de presupuestos, que propone nuevamente recortes al gasto social y a las ayudas a los empresarios, e ignora la catástrofe económica que está provocando un enorme aumento del coste de la vida, sumiendo en la pobreza a miles de familias trabajadoras, la propagación de la precariedad laboral y los desahucios de quienes ya no pueden pagar alquileres o hipotecas exorbitantes, y un aumento insostenible de los costes energéticos mientras las empresas del sector obtienen beneficios astronómicos.
Al mismo tiempo, USB ha estado en el centro de la lucha contra la guerra y, sobre todo, en el apoyo al pueblo palestino. Ha continuado trabajando contra el tráfico de armas, ayudando a organizar la segunda jornada de protesta y huelga de los trabajadores portuarios, que tendrá lugar el 30 de octubre. Participarán trabajadores de más de 110 puertos de los cinco continentes. Esta iniciativa, liderada por organizaciones afiliadas a la FSM, como USB, es histórica y sin precedentes.
Asimismo, en apoyo a esta importante jornada de protesta mundial, USB ha convocado una nueva huelga general para el 30 de octubre. Se prevé una gran participación, con manifestaciones en más de 50 ciudades italianas. Reunirá, además de las luchas obreras, a estudiantes que defienden el derecho a la educación y al movimiento por el derecho a la vivienda, que lleva semanas acampando en la plaza más grande de Roma, rebautizada como Piazza Maricarmen, conectándose así con las luchas en curso en España, Portugal y otros países europeos.
-¿El gobierno de Meloni ha dado algún tipo de respuesta?
El gobierno ya ha comenzado sus esfuerzos para reprimir la huelga atacando al sector del transporte. A las pocas horas de anunciarse la huelga de 24 horas en todos los sectores —ferroviario, local, aeroportuario y marítimo—, se notificó al sector la prohibición de la huelga y se advirtió a los trabajadores que se enfrentarían a severas sanciones disciplinarias y multas si no la acataban. No obstante, USB ha decidido mantener la huelga también en estos sectores.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Entrevista al historiador y profesor de la Universidad de Granada Miguel Ángel del Arco
Fuentes: El diario
El profesor de la Universidad de Granada acaba de recibir el Premio Nacional de Historia por su investigación sobre la hambruna franquista, en la que revela la responsabilidad del régimen y las trágicas consecuencias que tuvo para miles de personas: “Hubo una España de pan blanco y otra de pan negro”
Una obra “reveladora y renovadora”. Así ha definido el jurado del Premio Nacional de Historia La hambruna española: victoria y muerte en la posguerra (Crítica), la obra que ha hecho al historiador Miguel Ángel del Arco llevarse el galardón este año. El libro cuestiona una de las imágenes más arraigadas de la posguerra: la de un país que pasó hambre como consecuencia inevitable de la Guerra Civil. Y detalla su verdadera dimensión: lo que hubo, sostiene este profesor de Historia de la Universidad de Granada, fue más bien una auténtica hambruna provocada y después “borrada” por el franquismo tras “llevarse miles de vidas por delante”.
El historiador destierra los mitos que han sobrevivido al propio Franco en un libro que acaba también de ganar el premio Almudena Grandes de La Rinconada y que nació con vocación de ser una obra “de hombres y mujeres comunes” cuya memoria del hambre llega hasta nuestros días. “Asistimos a un desprecio al conocimiento y a la ciencia y una primacía de la subjetividad. Y ya sabemos a dónde nos lleva eso”, dice sobre el auge del revisionismo histórico el experto, que ha acusado a PP y Vox de utilizar su firma “torticeramente” para intentar blindar la cruz franquista de Cáceres.
¿Por qué ha tardado tanto en reconocerse la verdadera dimensión del hambre durante el franquismo?
Es difícil que España se acuerde porque fue borrada de la historia por el franquismo, que siempre negó su existencia. Sobre todo quiso ocultar la magnitud de la tragedia y su propia responsabilidad en la misma. Que se muera la gente de hambre es el peor aval que puede tener cualquier gobierno. Hubo una propaganda brutal, pero lo curioso es que la gente, especialmente las mujeres, transmitieron una memoria de todo aquello aunque no le pusieran el nombre de hambruna.
Esa memoria pervive en la imagen del pan negro, el estraperlo, las cartillas de racionamiento, una abuela que besa el pan cuando se cae al suelo… Está presente en la literatura y el cine, pero no ha pasado a la historia como una violencia propia del franquismo.
No, porque categorizarlo así implica preguntarnos por qué pasó y eso lleva directamente a las responsabilidades del régimen. Además, hablamos de unas dimensiones inmanejables: más de 200.000 personas fallecieron por el hambre o enfermedades derivadas entre 1939 y 1942, a las que hay que sumar 20.000 más en 1946. Solemos hablar de 150.000 víctimas de la violencia franquista represiva y nos horroriza. Ahora que estamos hablando de la ‘ley de nietos’, hay que mencionar que el exilio se produjo también por el hambre.
Todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.
Decía que la dictadura ocultó esta situación. ¿Con qué estrategias?
Hubo varias fases, pero cuando ya era imposible eludir del todo lo que pasaba se recurrió a una propaganda brutal que relacionaba el hambre con tres elementos: la Guerra Civil, el aislamiento internacional y lo que llamaban la ‘pertinaz sequía’. Son los mitos construidos por el régimen, que se han demostrado falsos. Sin embargo, las destrucciones de la guerra no fueron tan grandes como para ello y, de hecho, durante la contienda no hubo hambre en el bando franquista.
Sabemos también que solo el año 45 fue negativo en lluvias y no en toda España y el aislamiento internacional es una verdad a medias. No es que España no pudiera comerciar, es que durante la Segunda Guerra Mundial exportaba alimentos a la Alemania nazi y la Italia fascista como pago por su ayuda militar en la Guerra Civil mientras la gente aquí se moría de hambre. Por otro lado, los aliados impusieron un bloqueo económico porque estábamos colaborando con el Eje. En el fondo, todo se explica por la actitud imperialista y fascista del régimen. Franco tuvo que elegir entre pan e imperio y escogió lo segundo.
Miguel Ángel del Arco posa con el libro ‘La hambruna española’ EFE
¿Han sobrevivido estos mitos al dictador?
Plenamente. Los historiadores siempre luchamos contra los mitos del poder. Hoy el más sólido es el de la imagen de éxito que el régimen vendió sobre sí mismo, sobre todo durante los años 60 y 70. Con una España rebosante de pantanos, turistas dispuestos a disfrutarla y un desarrollo económico supuestamente envidiable. Todo ese discurso sepulta la tragedia de la hambruna de la que el mismo régimen fue responsable.
¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la hambruna?
La Guerra Civil es un antecedente, pero si hubiera sido determinante, la hambruna hubiera empezado durante la contienda. No fue accidental, estuvo motivada por decisiones políticas y económicas. La principal causa es la política económica autárquica del franquismo. Fue un modelo que aspiraba a la autosuficiencia de la nación, un cuento de la lechera sin fundamento económico que provocó un auténtico desastre y un grandísimo mercado negro, precios disparados y bajísimos salarios. En 1940, un jornalero andaluz cobraba seis pesetas al día y una barra de pan costaba diez.
Es un mito que Franco fuera un político honrado y no hubiera corrupción, pero está demostrado que el régimen se llenó los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas.
La corrupción también contribuyó. Otro de los mitos es que Franco era un político honrado y no había corrupción, pero está demostrado que el régimen, la Iglesia, Falange y el Ejército se llenaron los bolsillos a costa del sufrimiento y las vidas de muchas personas. La autarquía suprimió el libre mercado y el Estado controlaba todo el alimento, lo que le daba un poder enorme para enriquecerse. Disfrutaban del botín de guerra mientras otros se morían de hambre. Fue como una España de pan blanco y pan negro, de abundancia y de escasez y muerte vinculada a la Victoria franquista.
En algunos momentos del libro lo llama la “hambruna de la Victoria”…
Hay un elemento político clave. Los que hicieron la guerra y la ganaron no pasaron hambre. Se ve claro cuando miras dentro de las cárceles, donde el hambre fue un elemento de castigo contra los republicanos. Si Lorca es el prototipo de las víctimas de la violencia franquista, Miguel Hernández lo es de las víctimas de la hambruna. Impactó a las clases bajas y trabajadoras y especialmente en el sur del país y en las zonas rurales. Dentro de las ciudades también hubo diferencias: sabemos que en los barrios obreros de Madrid, como Vallecas, la talla de los jóvenes cayó por la malnutrición. Eso no pasó en Chamberí.
El franquismo quiso ocultar lo que estaba ocurriendo en el país, pero ¿le beneficiaba políticamente en algo esta situación?
Fue rentable. En primer lugar, porque a través del enriquecimiento de militares y miembros del Consejo de Ministros, Franco se aseguraba su apoyo y cimentaba su régimen. Y después porque el hambre es un elemento desmovilizador brutal. Cuando tienes hambre, los sueños políticos y la idea de subvertir el régimen desaparecen, te convierte en un ser obligadamente individualista. Además, Franco utilizó el hambre como arma de reeducación a través de la Iglesia u el Auxilio Social de Falange, donde a cambio de un pan, se exigían lealtades.
Cola para esperar al racionamiento en Sevilla, el sistema instalado por la dictadura hasta 1952. Archivo Municipal de Sevilla
Una creencia muy extendida en su momento entre la población es que Franco no se enteraba de los problemas de los españoles, que si no lo solucionaba, era porque no lo sabía.
Es completamente falso. Franco fue responsable directo de la adopción de la política autárquica que provocó la hambruna y sabemos que estuvo implicado en negocios de corrupción, como el del café regalado por Getúlio Vargas. Muchos de los documentos que he utilizado son de la Fundación Nacional Francisco Franco, que son los que él tenía en su despacho y en ellos es claro que el dictador conocía que la gente se estaba muriendo de hambre. Tenía estudios en los que se concluía que las clases bajas gastaban el 90% de su sueldo en vivienda y alimentación. También informes de economistas que eran franquistas pero no tontos y que le decían que su política era equivocada.
Vivimos un auge del revisionismo histórico, hemos visto a líderes de Vox hacer declaraciones cuestionables sobre el franquismo e impulsar junto al PP leyes autonómicas que obvian el golpe de Estado de 1936. ¿Cómo ve este escenario?
Preocupante. No solo respecto a la historia. Lo que hay detrás es un desprecio al conocimiento y a la ciencia y eso es pegarnos un tiro en el pie. Si hemos llegado hasta aquí y por fin conocemos nuestra historia es precisamente porque ha habido democracia y educación pública. Hoy vivimos una primacía de lo subjetivo y la emoción por encima de la preparación y la racionalidad. Pero ya sabemos a dónde nos lleva eso, dónde nos llevan los ultranacionalismos. Tenemos el siglo XX para verlo.
Antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar y visitar más de una veintena de archivos para demostrar que las piezas encajan.
En el libro asegura que “los historiadores no emitimos opiniones sobre el pasado”. Está siendo cada vez más habitual la acusación desde la extrema derecha de que sus conclusiones son producto de su posicionamiento ideológico.
Yo antes de escribir este libro no sabía si había habido una hambruna en España, he tenido que investigar para demostrar que las piezas encajan, visitar más de una veintena de archivos, entrevistar a diferentes personas y tomar las consideraciones previas de otros historiadores para llegar al convencimiento. No es una opinión, es un trabajo y una labor común de los que me han precedido. Estos discursos lo que persiguen a través de mi desprestigio profesional es deslegitimar el mensaje y evitar que la gente se informe.
El pasado 12 de octubre vimos en la Puerta del Sol jóvenes con el brazo en alto, banderas franquistas y entonando el ‘cara al sol’. ¿Se han cometido errores en la manera en que se ha transmitido la historia para que estos símbolos se hayan resignificado?
Se ha llegado tarde, pero se ha llegado. Quiero romper una lanza porque lo que pasa en los institutos, al menos los públicos, es que se transmiten bien los conocimientos, pero hay dos cuestiones que se nos están escapando: el universo digital y las familias. Percibo una relación muy directa entre la posición política de muchos jóvenes y lo que escuchan en casa y en el entorno digital.
“Lo que estamos haciendo en Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba o en Haití, donde llevamos un siglo interfiriendo, exige que retiremos la bota militar que oprime a estas naciones”, afirma el candidato por Pensilvania a la Cámara de Representantes
Chris Rabb (Chicago, 1970) está a punto de convertirse en una de las voces más progresistas de la Cámara de Representantes que salga de las urnas el próximo 3 de noviembre. Miembro de Democratic Socialists of America (DSA), ganó las primarias demócratas en Pensilvania en mayo pasado, siendo el primero de la nueva ola de candidatos socialistas democráticos que se han impuesto en distintos procesos de primarias de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.
“Hay gente que puede que sea bastante ambiciosa, a la que el sistema no acepta por la razón que sea, legítima o no, y que está molesta porque no puede entrar en el régimen establecido. Y luego hay gente como yo, que quiere quemarlo”, ha afirmado Rabb, quien añade en esta entrevista: “Ser demócrata solo porque no eres republicano no es suficiente”.
Ganó las primarias en Pensilvania. ¿Cuáles cree que fueron las claves de su victoria, por qué ganó y qué es lo que propone?
Llevé a cabo una campaña muy de base. Existe una gran preocupación por las instituciones estadounidenses que antes creíamos fuertes y permanentes, pero que no lo son. Hemos llegado a un punto de inflexión en nuestra sociedad en el que tenemos que cuestionar el valor intrínseco de las propias instituciones. ¿Están realmente al servicio del bien público? ¿Son elementos que ayudan o que obstaculizan una democracia multirracial? Y si consideramos que esas instituciones no sirven a nuestros intereses colectivos, entonces debemos analizarlas.
No podemos limitarnos a aceptarlas de forma automática solo porque eso es lo que han hecho las generaciones anteriores; por eso la gente quiere un cambio audaz y no se conforma con un mero giro retórico en la campaña electoral. De hecho, quiere verlo puesto en práctica. Se trata de cosas que son muy habituales en Europa, pero que aquí se consideran radicales, como un acceso a la sanidad que sea asequible, cómodo y de alta calidad, algo de lo que no disfrutamos en Estados Unidos.
Queremos un servicio universal de guarderías y muchas otras cosas que resultan demasiado caras, incluso para los hogares de clase media. Estamos viendo que lo que es más necesario para sobrevivir es, de hecho, lo que se está volviendo más inalcanzable para la clase trabajadora; y si no estás dispuesto a reconocerlo y a proponer políticas para abordarlo, probablemente no vas a tener la misma popularidad en un ciclo electoral determinado que en el pasado.
Como resultado, fui el único de los cuatro candidatos –tres viables– que contaba con las políticas más audaces y sustantivas, además de la trayectoria que demostraba que lo que decía era algo que ya había estado haciendo a nivel estatal como legislador. Tenía, por tanto, un historial de presentar proyectos y defender estas cuestiones mucho antes de que decidiera presentarme al Congreso.
¿Qué importancia tienen en esta campaña la organización, el puerta a puerta y la movilización que está llevando a cabo? Hemos visto muchos ejemplos en los que los candidatos progresistas han sido capaces de movilizar a un gran número de voluntarios. ¿Qué peso tiene la organización en todo esto?
Es muy importante y entran en juego tres factores. El primero es que seas un candidato dispuesto a participar en este tipo de organización de base: ¿te interesa?, ¿estás comprometido a hacerlo?
En segundo lugar, ¿tienes suficiente apoyo para ello? Porque puede haber gente que diga: “Oh, quiero hacer una campaña de base”, pero luego no tiene acceso real a las bases.
Y, en tercer lugar, ¿puedes recaudar el dinero necesario para dotar de la infraestructura que permita que esa organización de base prospere?
Yo pude cumplir con estas tres condiciones, mientras que mis otros dos principales oponentes no estaban comprometidos con este modelo.
Una de las candidatas nunca había dirigido una campaña en su vida, y la otra persona se basaba en la forma más convencional de hacer campaña, que consistía en conseguir el respaldo de políticos y recaudar fondos de personas adineradas del ámbito corporativo.
Esa era su estrategia. La mía consistía en movilizar a pequeños donantes, a los jóvenes y a todas las personas que deseaban un cambio real y querían prestar su apoyo llamando a las puertas de sus vecinos.
Hay gente que puede que sea bastante ambiciosa, a la que el sistema no acepta por la razón que sea, legítima o no, y que está molesta porque no puede entrar en el club. Y luego hay gente como yo, que quiere quemar el club
Hablamos muchas veces de cómo ustedes, los progresistas, están cambiando la brújula política del Partido Demócrata, pero también se trata de cómo financiar el proceso electoral. En Estados Unidos se gastan miles de millones en campañas, y el candidato elegido suele devolver esa financiación con políticas. Pero ustedes quieren ser un ejemplo de cómo salir elegido sin esas hipotecas. ¿Hasta dónde puede llegar esto, dado el entorno político de Estados Unidos?
Sin duda va a ser cada vez más fácil, porque aquellos de nosotros que no somos ricos y no recaudamos fondos de los comités de acción política de las empresas pronto seremos los que estemos dentro de la institución. Esto significa que será más difícil que la gente nos derrote, ya que ejercer el cargo ofrece una gran protección. A medida que los candidatos de base se conviertan en cargos públicos, puede que no necesitemos recaudar tanto dinero como el que recaudamos para llegar aquí.
Seguiremos necesitando recaudar fondos para protegernos de los rivales en 2028 y 2030, entre otros ciclos, cuando los intereses corporativos no quieran que sigamos en el cargo. Pero contamos con nuestro reconocimiento público, nuestra condición de cargos institucionales, nuestra trayectoria y el hecho de que cada vez más gente quiere apoyar a miembros del Congreso como nosotros.
Esto también facilitará el camino a la próxima oleada de candidatos progresistas, ya que podrán ver: ‘Vaya, el diputado Rabb lo consiguió en Filadelfia; Kiros lo hizo en Denver; McKinney lo logró en Detroit; y Valdez y Chevalier lo consiguieron en Nueva York’. Y pensarán que hay un camino claro a seguir.
El reto, sin embargo, es que todos procedemos de zonas urbanas, muy azules [demócratas], por lo que la próxima oleada estará formada por personas que quizá no sean de zonas tan urbanas y con una orientación tan marcadamente demócrata. Eso podría suponer un mayor desafío. Pero si nuestras ideas y nuestros avances en el Congreso son considerables, quizá más gente de las zonas suburbanas se sienta más inclinada a apoyar las ideas progresistas si percibe que mejorarán su calidad de vida y abordarán cualquier otro asunto que le preocupe.
Eso es difícil de asegurar ahora mismo. La gente que vive en barrios periféricos más bien acomodados o incluso de clase trabajadora es un grupo muy voluble. Son cada vez más diversos, pero durante mucho tiempo han sido abrumadoramente blancos. En cada ciclo electoral oscilan entre apoyar a los demócratas y a los republicanos, y resulta muy frustrante porque sus intereses no deberían coincidir con los de los republicanos y, sin embargo, por diversas razones, toman decisiones realmente malas.
Chris Rabb en un mitin en abril de 2026. Morgan.rice.bassline / CC
Existe una suerte de consenso general de que para ganar elecciones hay que orientarse hacia el centro, pero ustedes están ganando primarias y algunas elecciones, como en la ciudad de Nueva York y otras, orientándose hacia la izquierda, con Gaza, el movimiento por la vivienda asequible, la campaña por gravar a los ricos…
Hay una diferencia entre hacer campaña desde el centro moral y hacerlo desde el centro político, y no creo que tenga mucho sentido hacer campaña desde el centro político, porque allí no hay mucha sustancia, mientras que el centro moral está muy claro.
Si te opones al imperialismo, si te opones al militarismo, si te opones al genocidio, si te opones a la discriminación por motivos de raza, género, origen nacional, etcétera, entonces tienes unas opciones muy claras. Si nos guiamos por ese imperativo moral, vamos a atraer a más y más gente al proceso electoral, porque hay muchísimos votantes que se abstienen porque sienten que no hay una gran diferencia entre demócratas y republicanos.
Y aunque eso no sea necesariamente cierto desde una perspectiva política, si demasiados demócratas y republicanos aceptan dinero de las mismas empresas y de los mismos miembros del establishment, tendrán miedo de proponer políticas audaces que realmente vayan a mejorar la vida de la gente en un futuro previsible. A efectos prácticos, es como si fueran el mismo partido, un partido dominado por los corporativistas. Esos son los demócratas.
Y los republicanos están dominados por los oligarcas, pero aquí está el problema: ambos se alimentan mutuamente porque los corporativistas refuerzan a los oligarcas. Si entiendes el fascismo, algo que la mayoría de los estadounidenses apenas está empezando a comprender ahora, entiendes que esta forma de autoritarismo consiste en cooptar a las empresas para que hagan el trabajo del régimen en el poder.
Y eso se puede ver en nuestros medios de comunicación. Los medios corporativos se están concentrando en unas pocas manos de familias adineradas vinculadas al régimen de Trump, censurando contenidos, realizando purgas de periodistas y dejando de informar de manera imparcial. Como resultado, si eres demócrata y no te pronuncias en contra de estas manifestaciones de fascismo y autoritarismo, en realidad estás ayudando a los republicanos. Eso es lo que quieren los oligarcas, ya que son ellos los aliados del régimen; por eso es necesario que la gente tenga una alternativa.
Muchos piensan: ‘No quiero votar a los demócratas si no son más que una extensión de Wall Street y de las grandes empresas’. Por eso necesitan que los que venimos de la izquierda, desde dentro del Partido Demócrata, formemos parte de él; en nuestro actual proceso electoral no hay espacio para incluir a múltiples partidos más allá del Partido Demócrata.
Es muy difícil, si no eres demócrata ni republicano, ser elegido para un cargo en la mayoría de los niveles: local, estatal y federal. Así que quienes nos presentamos desde la izquierda lo hacemos dentro de ese duopolio político, ya sea para mejorar el Partido Demócrata, ampliarlo e impulsarlo a través de políticas progresistas, o bien para crear una oportunidad a largo plazo que rompa este duopolio y genere más opciones que reflejen mejor la diversidad de pensamiento del electorado estadounidense.
Si te opones al imperialismo, si te opones al militarismo, si te opones al genocidio, si te opones a la discriminación por motivos de raza, género, origen nacional, etcétera, entonces tienes unas opciones muy claras. Si nos guiamos por ese imperativo moral, vamos a atraer a más y más gente al proceso electoral, porque hay muchísimos votantes que se abstienen porque sienten que no hay una gran diferencia entre demócratas y republicanos
Soy demócrata únicamente porque es la mejor opción en un duopolio actual profundamente defectuoso. A menos que y hasta que el Partido Demócrata pueda adoptar el tipo de progresismo que esté en consonancia con mis valores, la mía será una relación a regañadientes. Su mayor valor es no ser republicano, y eso no es suficiente.
Así que, si no hacemos un hueco para quienes estamos en la izquierda dentro del Partido Demócrata, tendremos conversaciones mucho más difíciles de aquí en adelante. Esto va a requerir un cambio estructural, porque ninguna reforma del actual duopolio político será suficiente.
No hay espacio, y una de las razones por las que no lo hay es que, en los años 20 y 30, comunistas, socialistas y otros se presentaban contra demócratas y republicanos y ganaban en todo el país. Aquí en Pensilvania, en particular, ganaban a tal ritmo que demócratas y republicanos se unieron y cambiaron las leyes para beneficiar a lo que se ha convertido en nuestro actual duopolio en este estado.
Así pues, debido al éxito de los candidatos de izquierda hace un siglo, lo hemos pagado muy caro desde entonces. Por eso tenemos que aprender de nuestros éxitos y de nuestros errores para averiguar cómo nos abrimos un espacio para presentarnos a las elecciones y gobernar desde nuestro punto de vista político. Será un trabajo arduo que no se va a resolver en un ciclo electoral, ni siquiera en las presidenciales de 2028.
Las encuestas prevén un cambio en la mayoría en la Cámara de Representantes y probablemente también en el Senado. Usted llegará al Congreso. ¿Cuáles cree que deberían ser los temas principales en la nueva legislatura?
Considero prioritarias varias medidas. Una es «Medicare para Todos», que es básicamente la sanidad universal. La segunda es un salario digno para todos, ya que el salario mínimo federal actual es de 7,25 dólares y equivale a un salario de pobreza. Deberíamos restaurar la deducción fiscal por hijos, que redujo la pobreza infantil en EE.UU. casi a la mitad en solo un año bajo la Administración de Biden, y esa no fue precisamente una Administración demócrata de izquierdas.
También podemos gravar a los multimillonarios, establecer una moratoria más estricta sobre los centros de datos y aumentar la regulación de la inteligencia artificial. Podemos aprobar medidas para asegurarnos de que no compartimos información militar sensible con una nación extranjera, en este caso, Israel, y poner fin a nuestra complicidad en el genocidio de Gaza. Asimismo, podemos frenar la guerra en Irán y exigir responsabilidades a estos matones sin ley vinculados al régimen de Trump.
El Congreso de EEUU tiene la autoridad para citarlos a comparecer y para exigir responsabilidades a esta gente, y no solo a Trump. No debemos ceder ninguna de las competencias que tenemos. El coste de la vida y la corrupción son las dos caras de la misma moneda.
A la gente le preocupa el aumento del coste de la vida y el estancamiento de los salarios. Y, por otro lado, les preocupa, o les indigna, cómo Trump y sus secuaces pueden mentir, engañar y robar y salirse con la suya, mientras que, si una persona corriente comete un error, podría acabar en la cárcel el resto de su vida.
Pensilvania tiene el segundo mayor número de personas condenadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, incluso por delitos en los que no apretaron el gatillo que causó la muerte de alguien. Podrían haber estado en el coche con alguien que acabó matando a otra persona, y son ellos los que acaban en una celda para el resto de su vida.
Sin embargo, vemos cómo alguien como Jared Kushner, el yerno del presidente, negocia acuerdos multimillonarios con naciones extranjeras antidemocráticas en beneficio de su propia familia. Hay tanto robo y corrupción legalizados que es lógico que la gente desconfíe del Gobierno si nunca se exigen responsabilidades. Tenemos la capacidad, los recursos y la autoridad para actuar en ambos frentes al mismo tiempo.
Cuando todos esos conservadores racistas se preguntan por qué tantos inmigrantes llegan a nuestras fronteras, la respuesta es porque desestabilizamos sus sociedades, corrompemos sus gobiernos y colocamos a marionetas al servicio de los intereses corporativos y militares de EEUU, que están íntimamente entrelazados
Se ve muy poca rendición de cuentas. Ocurre con las actuaciones del ICE, la represión de la migración, las muertes en el Caribe o la injerencia en Latinoamérica en países como Venezuela, Brasil y Colombia.
Existe un cinismo bien merecido entre el electorado estadounidense ante la idea de que, si eres rico y privilegiado, tienes un sistema penal diferente. No se te exigirán responsabilidades; los ricos pueden salirse con la suya porque, en la práctica, así ha sido, tanto bajo gobiernos republicanos como demócratas.
Durante la Administración de Obama [asumió la presidencia en enero de 2009, en plena Gran Recesión], ni una sola persona de Wall Street fue procesada ni condenada a prisión por el mayor robo de riqueza de la historia de EEUU, en el que se destruyeron las vidas y los medios de subsistencia de millones de familias.
Ni uno solo llegó a ver el interior de una celda, así que esto va más allá de Trump. Va más allá de los republicanos o del partidismo. Se trata de si vivimos en una cleptocracia donde se acepta el robo y existe un doble rasero basado en tu nivel de privilegios, riqueza y conexiones políticas. Si viéramos cómo se exigen responsabilidades y se encarcela a algunos de los hombres más ricos y poderosos, la gente podría empezar a creer que su gobierno trabaja para la gente corriente que se gana la vida trabajando.
Mientras tanto, hay motivos de sobra para ese cinismo, porque la mayoría de la gente sale impune, y eso es inaceptable.
¿Cómo ve estos ataques en lo que llaman el Hemisferio Occidental, como el bloqueo a Cuba o las injerencias en Brasil y Venezuela? ¿Qué puede hacer el Congreso para poner fin a eso?
No mucho en este momento, porque el Congreso está controlado por las mismas personas que apoyan al régimen de Trump. Por tanto, no creo que podamos hacer gran cosa, salvo quienes sabemos que es ilegal, inmoral y poco estratégico. Nos corresponde alzar la voz y dar ejemplo sobre cómo el Gobierno de EEUU debería relacionarse con sus socios internacionales en el hemisferio y más allá.
El objetivo es que, una vez que el régimen de Trump se haya disuelto dentro de dos años, y con la esperanza de que no dure más que eso, podamos recuperar el respeto de la comunidad internacional, volver a comprometernos con la diplomacia multilateral y fortalecer las relaciones dentro de nuestro hemisferio y más allá.
Lo que estamos haciendo en Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, o en Haití, donde llevamos un siglo interfiriendo, exige que retiremos la bota militar que oprime a estas naciones. Debemos permitir su autodeterminación y respetar su soberanía, independientemente de a quién elijan, porque no nos corresponde decidir qué regímenes llegan al poder. Llevamos generaciones asesinando a líderes extranjeros; es lo que mejor se le da a EEUU, pero lo irónico es que siempre pagamos las consecuencias.
Cuando todos esos conservadores racistas se preguntan por qué tantos inmigrantes llegan a nuestras fronteras, la respuesta es porque desestabilizamos sus sociedades, corrompemos sus gobiernos y colocamos a marionetas al servicio de los intereses corporativos y militares de EEUU, que están íntimamente entrelazados.
A menos que el pueblo estadounidense comprenda nuestra complicidad generacional en ese tipo de corrupción, militarismo e imperialismo, difícilmente aprenderemos la lección. Sin embargo, cada vez somos más las voces que entramos al Congreso dispuestas a decir la verdad al poder y a utilizar toda nuestra autoridad para visibilizar y defender estas cuestiones.
¿Tienen pensado coordinarse con los representantes más progresistas de la Cámara de Representantes para formar un bloque parlamentario?
Sí, ya estamos colaborando y trabajando en estrecha relación.
Mi victoria fue la primera gran victoria de un candidato progresista y antisistema en 2026. Llegó tras una racha de tres derrotas consecutivas de la izquierda, por lo que mis elecciones primarias del 19 de mayo se convirtieron en la gran prueba de fuego. Al ganar de forma contundente, inyectamos un enorme impulso a las sucesivas contiendas primarias. Inmediatamente después del triunfo, dediqué toda mi energía a apoyar a mis compañeros de plataforma.
Estuve en Denver, en Trenton (Nueva Jersey), en Detroit, en Nueva York, en Míchigan… Fui a todas partes para que la gente supiera que esto no se trata solo de mí en Filadelfia. Se trata de la nación, y tenemos que apoyar a otros candidatos progresistas, con principios y de peso. Y todos ganaron, y todos lo hicieron por un margen de dos dígitos. Y al menos tres de ellos derrotaron a titulares con una larga trayectoria, contra todo pronóstico.
Y hemos forjado una camaradería y un sentido de conexión como individuos, candidatos y personas que estamos en el lado correcto de la historia y que vamos a trabajar en estrecha colaboración para aunar nuestro poder y nuestra influencia como nuevos miembros del Congreso y librar juntos esta buena batalla.
Porque esto no se puede hacer desde una perspectiva individualista. Se trata de una cámara de 435 miembros, a los que hay que sumar 100 senadores. Tenemos que trabajar de forma colectiva, y creo que, cuando lo hagamos, tendremos mucho más éxito que si lo abordamos desde un enfoque muy aislado.
