12 años de Revolución Popular (I)

Por Roberto Bermúdez Pellegrin | 30/09/2026 | Palestina y Oriente Próximo

Fuentes: Rebelión

El 21 de septiembre se cumplieron 12 años de la Revolución Popular Yemení.

Pese a la farsa mundial de Norte a Sur, que insiste en llamar “milicia pro-iraní” o “rebeldes huties” a quienes hace 12 años gobiernan en coalición a 26 de los 35 millones de habitantes y cuyas fuerzas armadas (las Fuerzas Armadas de la República de Yemen) son las únicas que han prestado apoyo militar directo a Gaza, y las primeras en derrotar al enemigo estadounidense.

Misma farsa que, por otro lado, llama sin complejos “gobierno legítimo de Yemen” a los títeres nacionales albergados, engordados, financiados, armados, dirigidos y conducidos por el Reino de Arabia Saudita, que mantienen secuestrado el resto del país hace más de una década para regentárselo a los mismos saudíes o a los mercenarios de Emiratos Árabes Unidos.

Yemen era a inicios de siglo el país más pobre del mundo árabe. Peón de EEUU en la Guerra contra el Terrorismo, desnutrido en la única tierra fértil de la península. La rabia acumulada finalmente explotó en la Primavera de 2011 y al grito de “Libertad e Independencia” tumbó primero al que gobernó los últimos 33 años y luego a la derecha islámica que intentó capitalizar la revuelta.

Finalmente el movimiento Ansar Allah (Partidarios de Dios), fundado en el 2000 por Sayeed Hussein Badreddin Al Houthi y conducido desde 2004 por su hermano, Sayeed Abdul Malik Badreddin Al Houthi, victorioso en el norte de 6 guerras impuestas entre 2004 y 2009, tomó bajo clamor popular las sedes de gobierno en la capital Sana‘a el 21 de septiembre de 2014, dando inicio así a la Revolución.

Como castigo y a petición del gobierno derrocado, el reino saudí le impuso desde 2015 al país lo que, hasta el horror sionista en Gaza, fue catalogado como el mayor genocidio del siglo. Participaron de los bombardeos al menos 20 países de la región comandados por EEUU, y más de la mitad del territorio fue secuestrado para ser saqueado por Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

Grandes recursos y extensiones secuestradas y entregadas a naciones extranjeras. Bombardeos incesantes sobre población civil. Bloqueo militar, comercial, diplomático y económico absoluto.

Pero el pueblo yemení no estaba dispuesto a volver a ser gobernado ni por la embajada de EEUU ni por la familia Saud, y el gobierno revolucionario no tenía ninguna intención de abandonar a su pueblo. 

Mientras desde el Estado se luchaba contra el agresor en el frente externo y contra la corrupción en el frente interno, desde el pueblo se constituían milicias tribales de defensa y se multiplicaban los esfuerzos agrícolas. La innovación para la autosuficiencia alimentaria e industrial es el camino por el que Yemen decidió transitar su Revolución.

Luego de 4 años de agresión, en 2019 la ecuación empezó a cambiar. Por primera vez, el desarrollo de capacidades propias permitió ya no sólo resistir, sino contraatacar. Las refinerías e instalaciones militares en territorio saudí empezaron a arder.

La guerra dejó de ser un problema de “cuánto más pueden aguantar los yemeníes”, para empezar a contar bajas y daños en la propia casa. Asustado, el enemigo pidió en 2022 un alto al fuego, que Yemen concedió para buscar una salida política al conflicto pese a que el bloqueo no fue levantado.

En el frente interno, las durísimas condiciones de vida eran al menos atendidas por el gobierno, reponiendo hospitales, escuelas, puentes y caminos. El apoyo ciudadano rondaba el 60%, pero más simbólico fue el explosivo crecimiento de Sana’a y otras ciudades, demostrando un claro éxodo desde los territorios ocupados por el enemigo saudí hacia los gobernados por Ansar Allah.

Así llegaba el 7 de octubre de 2023 y con él la mayor brutalidad que el siglo ha presenciado, el horror sionista sobre Gaza.

La respuesta fue inmediata. Pese a la oposición de su único aliado, Irán, el gobierno declaró la guerra a la Entidad Sionista y a todo quien lo auxiliara, clausuró el paso de cualquier barco con mercancías para ellos, y bombardeó hasta la inutilización el único puerto del sur en la Palestina Ocupada, Umm Rashrash (Eilat).

Aunque eran agresores en el conflicto interno, Yemen pidió a los reinos de Arabia Saudita y Jordania autorización para que tropas yemeníes atravesaran estos países y pudieran entrar en Gaza a combatir la Ocupación. Ambos se negaron.

El pueblo por su parte, salió por millones durante todos y cada uno de los viernes que duró la guerra, llenando las plazas de apoyo a Palestina. La popularidad del oficialismo subió al 85% y a los cientos de carteles de mártires del Eje de la Resistencia instalados por el gobierno, el pueblo respondió con miles de rayados de apoyo.

De paso y dos veces, cuando EEUU trató de intervenir en favor del sionismo, debió pedir una tregua mientras sus portaviones huían del Mar Rojo. Se le concedió pero no se detuvieron las operaciones contra la Ocupación. Sólo callaron las armas yemeníes cuando la Resistencia Palestina firmó los Alto al Fuego, el último en octubre de 2025.

A inicios de 2026 ya el reino saudí había iniciado la recuperación de espacios del sur y oriente de Yemen supuestamente controlados por ellos, pero que hace tiempo eran ocupados por invasores emiratíes. Vencidos los Emiratos, los saudíes rompieron la tregua con el gobierno de Sana’a y bombardearon su aeropuerto en julio.

La doctrina militar de reciprocidad, aplicada contra el enemigo sionista, fue la respuesta del gobierno revolucionario. Al bloqueo se responde con bloqueo y al bombardeo con bombardeo. Esta vez sin los 4 años de demora inicial para adquirir las capacidades, y con la experiencia acumulada de la campaña por Gaza.

Desde julio mismo se encuentra bloqueado el paso a cualquier buque saudí por el Mar Rojo, hasta que los saudíes levanten el bloqueo a Yemen. También fueron bombardeadas refinerías e instalaciones militares en territorio saudí, y el oleoducto que cruza ese país de este a oeste, única salida que tenían hasta ahora frente al bloqueo oriental por la guerra de la Liga Epstein contra Irán.

Por cierto, al parecer aprendiendo sus lecciones, tanto EEUU como la Entidad, al igual que Turquía y Pakistán, todos supuestos aliados militares de Arabia Saudita, se han negado a atacar Yemen.

Por último y con una campaña en curso, el gobierno se ha lanzado además a recuperar áreas críticas de la costa sur-occidental y estratégicas islas ubicadas en pleno estrecho de Bab el Mandeb.

La Revolución avanza en el frente interno recuperando ciudades, puertos y territorios, y consolida el frente externo como guardián irreemplazable del tráfico marítimo en sus transitadas costas.

A medida que las amenazas de secesión y conquista extranjera son arrinconadas hasta su derrota final, el pueblo yemení avanza, indetenible, en la construcción soberana de su propio destino.

Roberto Pellegrin Bermúdez, Analista latinoamericano

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

El imperialismo y su encrucijada

Por Jair de Souza | 30/09/2026 | Brasil

Fuentes: Rebelión [Imagen: Flávio y Eduardo Bolsonaro junto a Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca en mayo de 2026. Créditos: X]

En este artículo el autor señala la importancia de los comicios presidenciales que se celebrarán en primera vuelta el 4 de octubre de 2026, ya que está en juego la soberanía nacional, que peligraría si triunfa el bolsonarismo, ya que su proyecto es de absoluta sumisión al poder imperial usamericano.

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Mirando en retrospectiva las últimas cuatro décadas de nuestras contiendas electorales, llegamos a la conclusión de que Lula se enfrenta hora al más insignificante e inepto de todos los adversarios con los que se ha confrontado a lo largo del tiempo.

Hay casi un consenso entre los analistas de que el representante del clan bolsonarista que encabeza la principal plataforma opositora logra ser incluso menos culto, más grosero y troglodita que el propio patriarca a quien debe su designación. En sus dos décadas de actividad parlamentaria, jamás ha ejercido protagonismo en nada de real relevancia, ni ha heredado siquiera el carisma demencial que caracteriza a su progenitor.

No obstante la validez de estas observaciones, Lula está inmerso en la más encarnizada campaña electoral de su vida. ¿Qué podría explicar esta contradicción tan aberrante?

Para empezar a aclarar el panorama, hay que tener en cuenta que la columna vertebral de las fuerzas enemigas del pueblo brasileño no está constituida por los personajes que integran nominalmente el movimiento nazifascista conocido como bolsonarismo. En realidad, estos no pasan de herramientas al servicio de aquellos que, en esencia, determinan la agenda que deben asumir.

Para explicarlo sin rodeos, nuestra lucha se lleva a cabo fundamentalmente contra el imperialismo estadounidense. Además, debemos tener presente que el combate actual se da en un momento de crucial importancia en cuanto a la definición del futuro de la potencia gringa en lo que toca a su pretensión de continuar imponiéndole al resto del mundo su hegemonía.

Con el propósito de reorganizarse para recuperar los espacios de influencia que ha perdido frente a China en los últimos tiempos, los estrategas estadounidenses consideran un requisito indispensable para su supervivencia hegemónica mantener el continente americano bajo su completo dominio.

Entonces, en sintonía con este propósito, toda su maquinaria de poder ha estado operando en la región. Como ya hemos podido constatar, su aparato de imposición no se compone únicamente de su gigantesca capacidad bélica. Aunque ésta, lógicamente, también desempeña un importante papel, como quedó claro en la violenta agresión armada contra Venezuela y el secuestro de su presidente legítimo, hay otros elementos que actúan igualmente para hacer valer los planes emanados de Washington.

Otro instrumento con equiparable potencial para imponer los designios estadounidenses sobre nuestras naciones es su amplio dominio de los medios de comunicación que operan a través de las redes digitales. Las plataformas de internet que funcionan en nuestra región pertenecen a conglomerados gigantescos, cuyos propietarios se han convertido en el núcleo del poder real en los Estados Unidos.

Mediante el uso manipulativo de sus algoritmos, las llamadas Big Techs han estado operando en América Latina con vistas a deponer o instalar gobernantes subordinados a las directrices provenientes del centro imperialista, y no a los intereses de los pueblos de estas naciones. En esto, su eficacia ha sido muy alta, puesto que han logrado influir decisivamente en el direccionamiento de la opinión pública local. Así, en la mayoría de nuestros países, tenemos hoy presidentes con este deseado perfil de subordinación.

Empero, para ser plenamente victoriosa, esta estrategia requiere que un país con la magnitud territorial, poblacional y económica de Brasil también esté sometido a ella. De lo contrario, les será muy difícil asegurarse de que todo el continente actúe como su patio trasero en sus disputas con otras potencias por la hegemonía global.

Por lo tanto, el imperialismo gringo y todas las grandes corporaciones que lo impulsan están totalmente dedicados a transformar nuestro país en el engranaje central del esquema que les viabilice la superación de esta etapa de dificultad y les posibilite retomar su hasta hace poco inobjetable liderazgo mundial.

En vista de esto, lo que menos les importa es la calidad, o la absoluta carencia de cualidades, del candidato indicado por el bolsonarismo para competir contra Lula. Lo que de verdad el imperialismo toma en cuenta es que se trata de una corriente totalmente dispuesta a atender las prioridades trazadas en el centro del imperio. Así, en función de ello, toda la gigantesca máquina de manipulación informativa ha sido activada para intentar llevar al bolsonarismo a una victoria electoral, independientemente de la podredumbre moral, ética o de lo que sea de su candidato.

Esta es la encrucijada en la que se encuentra el imperialismo. Sin embargo, con nuestro esfuerzo redoblado en estos días que preceden a los comicios, los patriotas del campo popular vamos a demostrarle a quien pretenda interferir en nuestro proceso electoral que su única salida es una estrepitosa derrota.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. 

Posición del PCE ante la caida de los decretos de vivienda

                                                 

                                                                                                          

Sábado 3 de octubre de 2026

ANTE LA CAIDA DE LOS DECRETOS “MARICARMEN” SOBRE VIVIENDA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Tras el hundimiento en el Congreso de los Diputados el 2 de octubre de los dos decretos ley con medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda, limitar la especulación de los fondos buitres y aprobar una moratoria de los desahucios, el PCE rechaza el voto en contra de las derechas y la ultraderecha -PP, VOX y JUNTS- a estas leyes y llama a la movilización general de toda la sociedad. Orientamos a todas las organizaciones del partido y al conjunto de la militancia comunista a desplegar la máxima de unidad de acción para sostener las acciones reivindicativas del derecho a la vivienda y el fin de la especulación sobre este bien social de primera necesidad.

1. Caracterización de la crisis habitacional, centralidad estratégica y vigencia de la Campaña Central

En estricta coherencia con las Tesis aprobadas en el XXI Congreso del PCE, el problema de la vivienda se ha constituido en la contradicción principal que atraviesa las condiciones de vida de la clase trabajadora en nuestro país. Lejos de tratarse de una cuestión coyuntural, la vivienda se ha transformado en el mayor factor de empobrecimiento y desigualdad, al ser degradada a objeto de especulación por un mercado voraz que engulle sistemáticamente los ingresos del trabajo, bloquea la emancipación juvenil y vulnera de forma flagrante el derecho a una vida digna. Esta dinámica extractivista erosiona directamente el alcance real de las conquistas sociales y laborales alcanzadas en los últimos años, neutralizando el impacto positivo de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y de los incrementos logrados en la negociación colectiva.

Ante esta realidad, nuestro Partido lleva tiempo trabajando la Campaña por el Derecho a la Vivienda, que sitúa como horizonte estratégico e irrenunciable la construcción e implantación a gran escala de un Parque público de Vivienda en alquiler social y asequible.

La irrupción de la protesta social y la movilización en las calles liderada por los Sindicatos de Inquilinas, aceleradas tras episodios sangrantes de emergencia habitacional como el desahucio de Mari Carmen, han desplazado el debate político hacia la defensa explícita de las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora frente a la voracidad de la oligarquía financiera y los fondos buitre. Este escenario ha evidenciado la conexión directa entre la crisis de la vivienda y el conflicto salarial: nos encontramos ante un modelo económico donde los elevados beneficios empresariales no se trasladan a los salarios, derivando en una crisis habitacional que absorbe mes a mes los aumentos retributivos. Por ello, la confluencia de las organizaciones sociales que trabajan por el derecho a la vivienda con las organizaciones sindicales de clase (CCOO y UGT) resulta estratégica para situar como premisa irrenunciable que tener un empleo debe garantizar, de manera efectiva, el acceso a un hogar digno.

1. Derogación en sede parlamentaria, desenmascaramiento de la derecha nacionalista y agotamiento de la legislatura

La presión continuada del movimiento popular, articulada mediante la confluencia de las organizaciones políticas de la izquierda alternativa organizadas en SUMAR -entre ellas el Partido, la UJCE e Izquierda Unida- con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y las centrales sindicales CCOO y UGT, obligó al Gobierno a aprobar dos Reales Decretos-Leyes de urgencia en el Consejo de Ministros, con unos contenidos que significaban un paso adelante en la garantía de la derecho a la vivienda según valoración de todas las fuerzas políticas y sociales implicadas en esta lucha reivindicativa. Estas medidas incorporaban concesiones explícitas a la derecha nacionalista de Junts per Catalunya para garantizar de antemano su respaldo en la sede legislativa. Sin embargo, en la votación decisiva en el Congreso de los Diputados, la derecha nacionalista de Junts ha incumplido el acuerdo alcanzado, sumando sus votos nuevamente al PP, Vox y UPN, asumiendo su papel como una herramienta política más de la oligarquía financiera, los rentistas y los especuladores inmobiliarios. Al romper unilateralmente el acuerdo previamente negociado con el Gobierno de coalición para convalidar los decretos, la derecha nacionalista ha antepuesto los intereses lucrativos del capital rentista a los derechos fundamentales de las familias trabajadoras, dejándolas en la más absoluta desprotección frente a los procesos de desahucio bien por ejecuciones hipotecarias o por procedimientos de arrendamiento.

Esta convergencia de la derecha estatal, la ultraderecha y la derecha nacionalista instala al país en un escenario de bloqueo político estructural y de imposible gobernabilidad. Por ello, la dirección del PCE constata que el mantenimiento de esta situación significa que la legislatura está agotada. Tanto por la renuencia permanente del PSOE a abordar estructuralmente y en profundidad la solución al problema de la vivienda, como a consecuencia del incumplimiento por Junts per Catalunya del acuerdo alcanzado en esta ocasión, lo que ha impedido momento una mayoría parlamentaria para aprobar al menos uno de los llamados “decretos Maricarmen” en garanta del del derecho a la vivienda. La continuidad de la dinámica legislativa sostenida en la legislatura queda seriamente cuestionada y sitúa el horizonte de un adelanto electoral como una necesidad que debería ser inminente, en un momento en el que es posible la disputa para conseguir una nueva mayoría favorable a la clase obrera. Ante la imposibilidad de continuar sacando adelante normas que puedan mejorar la vida de la gente, la tarea estratégica de la izquierda alternativa no es replegarse, sino volcarse en la calle para lograr que la frustración y la decepción provocadas por el veto parlamentario se transformen en movilización permanente y organización popular del descontento, para que la izquierda pueda entrar en la siguiente fase política lo más fortalecida posible y con garantías de disputar la hegemonía a la derecha..

III. Utilización de todos los medios políticos e institucionales a nuestra disposición para aprobar medidas que garanticen el derecho a la vivienda e impidan los desahucios

Ante el riesgo inminente de desprotección legal para miles de hogares, la respuesta no puede ser el repliegue institucional, sino la utilización audaz de la capacidad ejecutiva del Estado el tiempo que sea posible. Trabajaremos para que el gobierno apruebe de forma recurrente y continuada todas las normas sobre el derecho a la vivienda que sean necesarias dando continuidad a la práctica desarrollada durante los últimos ocho años y reforzada tras la crisis de 2020 provocada por el COVID-19 mediante la prórroga sistemática de las medidas antidesahucios. Trabajar por una nueva aprobación de los decretos derogados en el Consejo de Ministros es una herramienta útil para la clase obrera mientras que dure nuestra permanencia en el Gobierno, defendiendo así de forma efectiva los intereses de la clase obrera hasta que se constituya un nuevo Congreso de los Diputados en el que aspiramos a formar parte de una nueva mayoría de izquierdas que permita mantener las conquistas conseguidas y alcanzar nuevas medidas y políticas públicas al servicio de la clase trabajadora. Mientras que dure nuestra participación en la mayoría que hasta ahora ha sustentado el gobierno, nuestra tarea es garantizar un escudo legal de facto frente a la ofensiva especuladora.

Esta táctica de ofensiva permanente debe ir acompañada de la puesta en marcha de un proceso participativo para elaborar un programa de intervención pública estructural sobre el mercado inmobiliario y el modelo de rentas. Nuestra opción es la implantación de controles de precios efectivos sobre los alquileres, la persecución de la especulación desarrollada por los grandes acumuladores, la creación prioritaria del parque público de vivienda en alquiler social y asequible y una normativa de arrendamiento indefinido.

. Asimismo, este paquete de intervención debe coordinarse con una exigencia de incrementos salariales sustanciales en la negociación colectiva, garantizando que el coste de la vivienda no continúe confiscando la riqueza producida por la clase trabajadora.

1. Máxima unidad de acción y extensión de la movilización a todos los niveles tras el 3 de octubre

Para golpear con efectividad a la alianza del capital rentista, hay que orientar a todas las estructuras del Partido y de la UJCE a desplegar la máxima unidad de acción política, social y sindical desde Izquierda Unida, con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos y el tejido asociativo vecinal y popular. El objetivo central de este frente de lucha es derrotar de manera frontal al eje especulador-derechista integrado por la oligarquía financiera, los fondos buitre, las patronales inmobiliarias y sus representantes políticos en las instituciones (PP, VOX, Junts y UPyN). Asimismo, el Partido Comunista de España hace un reconocimiento explícito a la labor abnegada y combativa de la militancia en las acampadas, asambleas y protestas, destacando su temple y firmeza frente a las amenazas y provocaciones de los grupos escuadristas fascistas, y anima a nuestra militancia a continuar esa tarea en todos los lugares a lo largo de la geografía española donde se organicen acciones en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación.

Finalmente, tras volcar todo el aparato militante y organizativo en las calles de todo el país durante la jornada de manifestaciones del 3 de octubre, debemos enfatizar que el combate no concluye en esa fecha. Es indispensable seguir extendiendo e intensificando la protesta y la movilización popular a todos los niveles institucionales, territoriales y de barrio. La estrategia posterior al 3 de octubre exige mantener una dinámica de conflicto permanente durante las próximas semanas, conectando la lucha en los centros de trabajo con la organización de las asambleas de inquilinas en los barrios, convirtiendo la indignación por el bloqueo parlamentario en organización popular estable hasta doblegar al bloque rentista e imponer el derecho a una vivienda digna.

¡VIVIENDA POR DERECHO, PÚBLICA Y SOCIAL!

¡NO SE ESPECULA CON EL HOGAR!

Puedes acceder a los materiales de la campaña de vivienda del PCE pinchando el siguiente enlace:

https://pce.es/vivienda-por-derecho/ 

Otra farsa del imperio – Sobre la candidatura de Raphaël Glucksmann

                                                                        

Maike Gosch   29 de septiembre de 2026

Foto de portada: Victor Velter / Shutterstock.

El pasado domingo, el eurodiputado Raphaël Glucksmann anunció su candidatura a la presidencia francesa. Las reacciones fueron diversas. Mientras que los principales medios de comunicación de Francia y Alemania aplaudieron mayoritariamente, los representantes de los medios independientes y alternativos criticaron y ridiculizaron la candidatura de «Glu-glu», como a veces se le conoce.

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«El hombre que quiere salvar a Francia de los radicales», titulaba el otrora respetable periódico Die Zeit, de tendencia liberal de izquierda, en su artículo sobre la candidatura de Glucksmann. Más adelante, afirmaba: «Glucksmann es de izquierdas, (…) y, además, de izquierdas moderadas».

Es hora de poner las cosas en contexto: vivimos en una época donde la distorsión del lenguaje alcanza niveles cada vez más extremos. Aquí vemos ejemplos maravillosos una vez más. Jean-Luc Mélenchon, un político clásico de izquierdas, es descrito como «radical» (es, junto con Marine Le Pen, uno de los radicales de quienes se supone que Glucksmann debe salvar a Francia), mientras que la postura de Glucksmann se describe como «moderada». Estas palabras no son neutrales: «radical» tiene una connotación claramente negativa, mientras que «moderado» sugiere algo positivo.

Al igual que en el pasado con los Verdes, una facción fue etiquetada como «Fundis» (fundamentalistas) y la otra como «Realos» (realistas). En este contexto, defender posturas pacifistas, así como posturas críticas con el capitalismo y el sistema, y ​​luchar por una mayor democracia de base, fueron tachados de «fundamentalistas». Solo en el caso de las posturas ecologistas, algunas de las cuales apuntaban a la desindustrialización, este enfoque podría describirse como «fundamentalista». Por el contrario, aquellos que estaban dispuestos a trabajar dentro del sistema existente y no abordar los problemas económicos y políticos dentro del mismo, ni oponerse a las guerras de agresión e intervenciones estadounidenses, fueron retratados como «realistas» y, por lo tanto, «maduros», «sensatos» y «conscientes». Podemos observar la misma manipulación en la cobertura informativa de la candidatura de Glucksmann.

Pero, ¿quién es Raphaël Glucksmann y por qué se le puede describir como una figura engañosa del imperio? Glucksmann es un político, periodista y documentalista francés. Entre 2008 y 2012, asesoró al presidente georgiano Mikheil Saakashvili. En 2018, fundó el partido ecologista y proeuropeo Place Publique, del que actualmente es copresidente.

También es hijo de André Glucksmann, un «filósofo estrella» francés y uno de los más fervientes defensores de las intervenciones militares estadounidenses, quien, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue uno de los cofundadores del grupo de expertos proestadounidense «Cercle de l’Oratoire», cuyo objetivo declarado era defender la política exterior estadounidense en la esfera pública francesa.

Su hijo tampoco ha encontrado aún una operación de cambio de régimen o revolución de color orquestada por Estados Unidos que no haya apoyado con entusiasmo. Ya sea como asesor de Saakashvili en Georgia (el presidente neoliberal y autoritario de Georgia, financiado masivamente por Estados Unidos y ONG como la Open Society Foundation o USAID), como partidario del movimiento Euromaidán o como redactor de discursos para Vitali Klitschko: Glucksmann siempre ha estado del lado de las actividades de cambio de régimen respaldadas por Occidente.

Incluso como miembro del Parlamento Europeo, apoyó con entusiasmo todas las campañas de propaganda estadounidenses a favor del cambio de régimen. Por ejemplo, en un discurso ante el Parlamento Europeo, difundió rumores infundados de que el Partido Comunista Chino estaba extrayendo «órganos halal» de uigures musulmanes ejecutados para venderlos a clientes adinerados en la región del Golfo; un rumor que ya había sido considerado infundado un año antes (2021) por el «Tribunal Uigur» de Londres, financiado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) a través del Congreso Mundial Uigur.

Pero aún más interesante es el papel de Glucksmann como miembro del Parlamento Europeo: entre 2020 y 2022, presidió la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre la Injerencia Extranjera en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, incluida la Desinformación (INGE), y posteriormente, hasta 2023, su sucesora, la ING2. Bajo su presidencia, la comisión se convirtió en una de las fuerzas impulsoras dentro del Parlamento para la exigencia no solo de combatir públicamente la denominada «desinformación extranjera», sino también de imponer sanciones a sus creadores y difusores. Ya en enero de 2022, el Parlamento Europeo tituló su comunicación sobre las recomendaciones finales de la comisión de forma inequívoca: «La UE debería establecer un régimen de sanciones contra la desinformación».

Dos meses después, el Parlamento aprobó el informe. En él se pedían sanciones contra los responsables de las campañas de influencia extranjera y desinformación; incluso se debería considerar la revocación de las licencias de radiodifusión para las organizaciones consideradas difusoras de propaganda estatal extranjera.

Glucksmann también encabezó delegaciones al Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN en Riga y al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas en Helsinki, un punto de encuentro entre la UE y la OTAN. En Riga, su comité colaboró ​​con representantes del Grupo de Trabajo de Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE East StratCom Task Force) y la Alianza para la Seguridad de la Democracia del German Marshall Fund, entre otros .

Cualquiera que quiera hacerse una idea de sus puntos de vista y convicciones en este contexto puede ver esta entrevista informativa con Glucksmann para el podcast StratCom de octubre de 2022, en la que habla de que los ucranianos son los verdaderos demócratas y los verdaderos europeos, que están enseñando a los europeos (de la UE) el significado de la libertad, y que el corazón y el alma de Europa están ahora en Kiev.

Si uno se pregunta a veces cómo pudieron surgir medidas tan extremas que restringen la libertad de expresión y de prensa en la UE, como las draconianas sanciones contra el periodista berlinés Hüseyin Doğru o el analista político suizo Jacques Baud: Raphaël Glucksmann fue uno de los actores que impulsó este desarrollo a nivel de la UE, un desarrollo que culminó en las regulaciones y decisiones del Consejo de la UE sobre la base de las cuales se pueden imponer tales sanciones ( véase, por ejemplo, aquí ).

Por lo tanto, Glucksmann no es ni un «izquierdista» (en el sentido clásico) ni un moderado. Tampoco es la solución moderada al dilema francés de tener que elegir entre los dos «radicales», Le Pen y Mélenchon. Es un neoliberal, proempresarial, intervencionista y autoritario servidor del imperio occidental. Igual que Emmanuel Macron antes que él, con quien comparte muchas similitudes y una red de contactos. Por consiguiente, no sorprende que muchos de los aliados y colaboradores de Macron se hayan pasado ya al bando de Glucksmann , como Sacha Houlié y Aurélien Rousseau (exministro de Sanidad con Macron, posteriormente director de campaña de Glucksmann) o Marguerite Cazeneuve.

Si los colegas de los medios de comunicación tradicionales hubieran indagado un poco más, lo habrían descubierto fácilmente. Pero probablemente no es eso lo que buscan. No es más que el mismo vino imperialista neoliberal con un nuevo envoltorio de «izquierda» o «derecha», aunque esas palabras ya no signifiquen nada. Y cualquiera que critique abiertamente y cuestione fundamentalmente los excesos del sistema que representan es tachado de «radical».

Glucksmann es, sencillamente, como Macron y muchos otros antes que él, otra cara bonita destinada a vender una agenda cada vez más impopular entre los poderosos. Su candidatura busca claramente dividir el voto de la izquierda francesa y alejarlo del candidato antiimperialista y socialista Mélenchon. Veremos cuántas rondas más de este mismo juego tendremos que presenciar antes de que gran parte de la población se dé cuenta de la farsa. En cualquier caso, Glucksmann primero debe ganar las primarias conjuntas socialdemócratas en octubre para presentarse como candidato conjunto de ese bloque.

Quienes busquen un poco de humor en estos tiempos difíciles pueden ver esta divertida e interesante conversación (en francés) entre los periodistas independientes franceses Alexis Poulin, Yohan Pavec y Félix Marquardt sobre la etapa de Glucksmann en Georgia. En ella, un antiguo colega y conocido de Glucksmann relata su conducta cuestionable como asesor del presidente Saakashvili y ofrece interesantes reflexiones sobre su carácter y su trayectoria profesional.

Fuente: Nach Denk Seiten 

Senado democrático

Por Juan Torres López | 29/09/2026 | España

Fuentes: Ganas de escribir

     Las próximas elecciones generales serán cruciales en España, como lo están siendo en tantos otros países. La extrema derecha avanza sin descanso y las fuerzas progresistas suelen afrontarlas divididas. Es una tragedia, porque la amenaza a las libertades y a la democracia no es una hipótesis teórica, sino algo que estamos comprobando que sucede en los países donde esas fuerzas llegan al gobierno y disponen de mayorías parlamentarias.

En España vivimos un momento especialmente delicado. Sin gobernar siquiera, la derecha y la extrema derecha utilizan aparatos del Estado e instituciones -desde la policía a la administración de justicia, pasando por el Senado- para combatir por cualquier medio a un Gobierno que, desde el primer momento y con independencia de lo que pudiera haber hecho, ya consideraron ilegítimo. Sólo buscan acorralar y acabar, a veces de forma abiertamente inmoral, con quienes no consideran que seamos «españoles de bien», como se definen con exclusividad a sí mismos.

Lo hacen cada vez con más intensidad y con un nerviosismo revelador. Porque, en contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito. Es cierto que la mayoría de las encuestas señalan su ventaja en intención de voto, pero también en julio de 2023 daban por hecha una mayoría de PP y Vox y las urnas no la confirmaron. Falta, además, mucho tiempo y el voto progresista puede movilizarse y dar muchas sorpresas. La derecha lo sabe y la experiencia pasada la saca de quicio. Por eso va a ir a por todo antes de que las elecciones se celebren y ese es, precisamente, el origen de las prisas, del atropello y de los ataques desaforados contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se quiere derribar como sea.

Por eso resulta descorazonador comprobar que las fuerzas de izquierda no terminen de ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuestiones que son de mínimos: defender una democracia, unas libertades y un bienestar hoy claramente amenazados.

A la dificultad que supone la desunión se añade otra, no menos decisiva: las leyes electorales no ayudan a que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías institucionales. Y el caso más flagrante de ello es el del Senado.

Como es sabido, en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Se trata, pues, de un sistema mayoritario en el que el partido más votado se lleva el 75 % de la representación provincial.

Se castiga, por tanto, al bloque que se presenta fragmentado y, como el voto progresista se reparte entre varias siglas (PSOE, Sumar, Podemos, izquierdas territoriales…), rara vez resulta más votada una sola de ellas, incluso allí donde el conjunto de la izquierda es mayoritario.

La distorsión salta a la vista, como ha mostrado el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en un análisis reciente. En las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, los bloques de izquierda y de derecha empataron prácticamente en votos -en torno al 50 % cada uno- y, pese a ello, la derecha se llevó 127 senadores electos frente a los 81 de la izquierda. Un cuasi empate en las urnas se convirtió en una diferencia de más de cuarenta escaños. En no pocas provincias la izquierda fue incluso mayoritaria en votos y, aun así, no logró la mayoría de sus senadores.

Por todas estas razones, un amplio grupo de personas de distintas sensibilidades progresistas estamos impulsando una iniciativa para presionar -y no me duele emplear esta palabra- a los partidos de izquierda para que acuerden candidaturas unitarias al Senado en el mayor número posible de provincias. No hace falta reformar la Constitución, ni la ley electoral, ni ninguna mayoría parlamentaria previa. Basta voluntad política para decidir que, allí donde el bloque progresista es mayoritario, concurra una sola candidatura de tres nombres capaz de ser la más votada y de llevarse tres de cada cuatro senadores.

Y no se trata de un brindis al sol. El propio Fernández Cordón ha estimado, circunscripción a circunscripción, lo que esa unidad podría dar de sí: en un escenario favorable, unas candidaturas unitarias bien planteadas alcanzarían 134 senadores de elección directa, es decir, la mayoría absoluta del Senado. Incluso en el escenario más prudente la izquierda mejoraría con claridad su posición actual. Lo que hoy es una mayoría absoluta de la derecha utilizada para combatir por cualquier medio al gobierno y tratar de bloquear su acción política, podría convertirse, sin cambiar una sola coma de la ley, en una mayoría de progreso.

No es una ocurrencia ni un experimento de laboratorio, sino un camino ya recorrido con éxito en otras ocasiones y territorios y la lección de todas ellas es inequívoca cuando ya no vivimos tiempos de mayorías absolutas de un solo partido: cuando la izquierda se ha presentado unida al Senado, ha ganado; cuando ha ido dividida, se lo ha regalado a la derecha.

Las dificultades para que se haga posible una iniciativa de este tipo no son pocas. En el bloque de progreso conviven fuerzas nacionalistas e independentistas que difícilmente cabrían en una misma papeleta en todo el territorio, y el sectarismo y la falta de lucidez también existen en las filas progresistas. Los partidos deben superarlas quizá intentando no una lista única de ámbito nacional, sino acuerdos pragmáticos por comunidades, o incluso provincia a provincia, allí donde una candidatura conjunta sea viable y sume. No se pide a nadie que renuncie a lo que tiene. Pedimos inteligencia y generosidad, sencillamente, para no regalar a la derecha lo que puede estar en manos del progreso.

Es una iniciativa, además, valiosa en sí misma. No importa gane quien gane el Congreso. Si hay mayoría progresista, un Senado que no sea monopolio de la derecha evita que la Cámara se convierta en una barricada que ha acumulado en dos años y pico más choques institucionales entre las Cámaras y el Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores juntas, y con el solo propósito de frenar lo que no logra evitar en las urnas.

Si ganasen la derecha y la extrema derecha (ya prácticamente una misma cosa) el riesgo que conlleva no sacar adelante la iniciativa es muy grande. Con los tres quintos de la Cámara, la derecha podría designar por sí sola a los magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación y, más adelante, a una parte del Consejo General del Poder Judicial, terminando de moldear a placer los órganos que deben arbitrar nuestra democracia. Incluso en el peor escenario del Congreso, la iniciativa que impulsamos serviría, al menos, para que la mayoría social plural esté representada y para negar a la derecha esa supermayoría amplificada y ficticia.

Animamos, por eso, a cuantas personas deseen que la mayoría ciudadana progresista se vea representada en el Senado, que quieran acabar con el sectarismo con que se está utilizando la mayoría del PP y que aspiren a una España donde el diálogo, la pluralidad y el respeto presidan la vida política, a que impulsen esta iniciativa.

El manifiesto que la explica con detalle puede leerse en senadoresporlademocracia.es. Pero no debería quedarse en un papel que circule más o menos ampliamente, sino en un banderín de enganche para realizar actos, manifestaciones y convocatorias que, de la forma más amplia y democrática posible, reclamen a los partidos progresistas coherencia y unidad para acudir juntos a las elecciones al Senado.

No podemos resignarnos ante un sistema injusto. Hay que reaccionar y usar con inteligencia las reglas que tenemos para que la voluntad mayoritaria del país deje de estar secuestrada por una cámara diseñada para amplificar al más fuerte. Conseguir un Senado democrático en las próximas elecciones es, ahora, una manera muy concreta de defender la democracia. Y los partidos a quienes nos dirigimos deberían tener presente algo fundamental: no poner en práctica esta iniciativa de unidad no va sólo en su propio perjuicio, sino que supone desarmar aún más a millones de personas que están sufriendo por el desmantelamiento de los servicios públicos, los desahucios, la subida de precios de bienes básicos y por un clima de polarización y enfrentamiento que destroza la convivencia y nos paraliza.

Publicado en La Voz del Sur el 25 de septiembre de 2026

Fuente: https://juantorreslopez.com/senado-democratico/