La frase, atribuida indistintamente a Rambo o a Boogie el aceitoso, según el gusto del lector, resume una tentación que lleva décadas rondando los pasillos del poder en Washington. Pero la cuestión real no es si Estados Unidos debe o no bombardear Irán. La pregunta es quién decide que esa sea siquiera una opción sobre la mesa cuando la mayoría de los ciudadanos se opone, cuando los militares advierten de las consecuencias y cuando la propia estrategia de defensa nacional dice que el verdadero enemigo está a miles de kilómetros, en China.
La respuesta es incómoda, pero está documentada: la política exterior estadounidense es el producto de una estrategia nacional coherente como ya lo expusimos en el artículo Trump no improvisa, pero el resultado es de una lucha feroz entre élites con visiones del mundo radicalmente distintas y, sobre todo, con intereses económicos muy concretos. No se trata de una conspiración con un único cerebro, sino de un ecosistema opaco de intelectuales neoconservadores, contratistas de defensa, lobbies extranjeros y facciones internas de la Casa Blanca que compiten por controlar la narrativa y, de paso, los presupuestos.
Lo que hace que el análisis sea particularmente confuso es que un conjunto paralelo de debates económicos y de negocios se desarrolla casi independientemente de las consideraciones estratégicas. Para entenderlo, hay que observar tres corrientes de pensamiento que hoy se disputan el alma de la política exterior estadounidense. Por un lado, están los asociados al movimiento MAGA, que desean unos Estados Unidos más conservador y una política exterior que sea extensión de las guerras culturales domésticas. El vicepresidente JD Vance lo ha resumido con claridad: Estados Unidos no debería «desperdiciar vidas siendo el policía del mundo». Pero también existe un profundo escepticismo hacia las élites washingtonianas, a las que consideran belicistas empedernidas.
Una segunda perspectiva, la de los autodenominados «realistas», considera que la prioridad absoluta es el Indo-Pacífico. China, no Irán, es el verdadero desafío existencial. Una guerra en Oriente Medio sería un problema sin fin que desviaría recursos cruciales de la contención de Pekín. Abogan por la contención de Irán, no por su destrucción, y creen posible algún tipo de modus vivendi que permita a Estados Unidos salir de la región. Su mentor intelectual es Elbridge Colby, y sus propuestas suenan a música celestial para oídos cansados de guerras interminables.
Finalmente, persiste el enfoque más tradicional de la seguridad nacional estadounidense, los neoconservadores o, ahora, Sion Con, el que percibe amenazas interrelacionadas con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta visión del mundo, que los críticos tachan de «neoconservadora», aboga por un alto nivel de preparación militar y cooperación con aliados en tres frentes simultáneos: el Indo-Pacífico, Europa y Oriente Medio. Para ellos, China es ciertamente el principal adversario, como reconocía Marco Rubio cuando aún era senador, pero eso no implica descuidar los demás frentes.
El problema es que este debate estratégico, ya de por sí complejo, se desarrolla en paralelo a otro mucho más mundano: el de los negocios. Y ahí las cosas cambian drásticamente.
El enfrentamiento entre estas élites no es puramente intelectual. La «lógica fragmentada» que produce decisiones erráticas y aparentemente contradictorias se debe en gran medida a los potentísimos intereses económicos que financian a los centros de pensamiento (think tanks), que generan la cobertura intelectual para las guerras, que a su vez benefician a las corporaciones que financiaron los think tanks. Es un ciclo perfecto, autorreforzado y opaco.
El bloque halcón, heredero del pensamiento neoconservador, parte de una premisa simple: Estados Unidos debe mantener su primacía global mediante una posición de fuerza militar indiscutible. Su objetivo no es contener a Irán, sino buscar activamente el cambio de régimen o, al menos, una degradación tal que le impida proyectar poder en la región. Creen que Irán solo entiende por la fuerza, que cualquier negociación es una concesión al mal y que la eliminación de la amenaza iraní es innegociable, especialmente por la supervivencia de Israel.
Este bando está liderado por figuras con larga trayectoria intervencionista: Marco Rubio como secretario de Estado, Mike Pompeo, John Bolton, Mike Waltz, este último embajador ante la ONU y John Ratcliffe al frente de la CIA. En el Congreso cuentan con senadores como Lindsey Graham y Tom Cotton. Y su brazo intelectual son think tanks perfectamente identificados: la Foundation for Defense of Democracies (FDD), el American Enterprise Institute (AEI), el Jewish Institute for National Security of America (JINSA), el Hudson Institute y el Washington Institute for Near East Policy.
Son instituciones respetables, con expertos brillantes y publicaciones influyentes. Pero también son instituciones financiadas de manera muy particular. Y ahí es donde conviene detenerse, porque el corazón del control reside en el dinero.
Según una investigación reciente del Quincy Institute publicada por Responsible Statecraft, los think tanks más belicistas reciben millones directamente de quienes fabrican las municiones que se están usando ahora mismo en Irán. El Hudson Institute ha cobrado más de cuatro millones de dólares desde 2019 de Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics y RTX. Northrop fabrica los bombarderos furtivos B-2, valorados en 2.000 millones de dólares cada uno, que están atacando Irán. Lockheed fabrica los aviones de combate y el sistema de radar THAAD, valorado en 300 millones, que Irán destruyó recientemente. General Atomics produce los drones MQ-9 Reaper. RTX fabrica el misil Tomahawk que, según los informes, mató a 168 niñas en una escuela primaria de Minab.
El Atlantic Council, que acepta más financiación de la industria armamentística que ningún otro think tank, publicó el año pasado un informe recomendando que Estados Unidos adquiriera más misiles THAAD y SM-3 para hacer frente a amenazas como Irán. Los fabricantes de esos misiles, RTX y Lockheed Martin, habían donado al Atlantic Council 850.000 y 700.000 dólares, respectivamente, desde 2019. Ambos sistemas se están utilizando intensamente en la campaña actual.
El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), cuyo presidente, el general retirado Jack Keane, ha pedido abiertamente «borrar a Irán del mapa» en Fox News, aparece financiado por General Dynamics y CACI International Inc, aunque recientemente eliminó los nombres de ambos donantes de su sitio web. Cuando se les preguntó, respondieron que no comparten información sobre sus donantes más allá de lo exigido por ley.
Pero quizás lo más revelador es el fenómeno de los «dark money think tanks». Alrededor del 40% de los principales centros de análisis estadounidenses no revelan la identidad de sus donantes. La Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), fundada originalmente para «mejorar la imagen de Israel en Norteamérica», fue crucial para presionar a Trump a retirarse del acuerdo nuclear con Irán en 2018. Históricamente, FDD recibió millones de Bernard Marcus, Paul Singer y Miriam Adelson, megadonantes pro-Israel que, en el caso de Adelson, llegó a donar 100 millones a la campaña de Trump.
El Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA) es otro de estos grupos de dinero opaco. Entre sus miembros se cuentan el exasesor de Seguridad Nacional de Benjamin Netanyahu, el excomandante de la Fuerza Aérea israelí y Elliott Abrams, exasesor de Trump para Irán, además de más de una docena de generales y almirantes estadounidenses retirados. Cuando comenzó la operación militar, JINSA publicó una carta abierta firmada por 75 generales retirados apoyando la guerra.
Y luego están los gobiernos extranjeros. El Atlantic Council ha recibido 20,8 millones de dólares desde 2019, principalmente de Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. El Washington Institute for Near East Policy, fundado como una escisión del lobby pro-israelí AIPAC, obtiene alrededor del 95% de su financiación de contribuciones privadas, dinero oscuro y donantes pro-seguridad de Israel.
Para quien quiera profundizar, existe una herramienta pionera: el Rastreador de Financiación de Think Tanks del Quincy Institute, que rastrea la financiación recibida de gobiernos extranjeros, el gobierno estadounidense y contratistas del Pentágono para los 50 think tanks más importantes del país durante los últimos cinco años. Los datos son abrumadores.
Frente a esta maquinaria, el bloque realista parece casi amateur. El Quincy Institute, Defense Priorities, el Cato Institute, y en menor medida Brookings y CNAS, abogan por una política exterior más sobria, centrada en China y escéptica de las aventuras militares en Oriente Medio. Pero su financiación es ínfima comparada con la de los halcones. No fabrican misiles, no tienen gobiernos extranjeros que quieran influir en la narrativa, no cuentan con multimillonarios dispuestos a gastar fortunas en promover el cambio de régimen en Teherán.
La consecuencia de todo esto es una política exterior esquizofrénica. La Estrategia de Defensa Nacional publicada en enero afirma que la prioridad es China. Pero la administración se encuentra inmersa en una guerra de desgaste en Oriente Medio. El enviado especial Steve Witkoff, que representa el ala pragmática, ha hecho declaraciones sorprendentemente belicosas en los últimos días. «Tienen uranio enriquecido al 60%, suficiente para once bombas», dijo a los periodistas.
Mientras tanto, en el Congreso, se suceden las votaciones sobre resoluciones de poderes de guerra que intentan, sin éxito, recuperar la autoridad constitucional para declarar la guerra que el legislativo lleva décadas cediendo al ejecutivo. Esta misma semana, el Senado derrotó una medida para detener la acción militar por 47 votos a favor y 53 en contra, en una votación eminentemente partidista. La Cámara se prepara para votar otra similar, pero incluso si prosperara, enfrentaría un veto presidencial casi seguro.
El resultado es un presidente que actúa como comandante en jefe con una libertad que los fundadores de esta nación jamás imaginaron. Y unos think tanks que, financiados por quienes se benefician de las guerras, proporcionan la cobertura intelectual para que eso sea posible.
Cuando comenzó la operación militar, las acciones de RTX, Northrop Grumman y Lockheed Martin se dispararon. La guerra, para ellos, había comenzado excelentemente bien.
Cuando termine esta guerra, si es que termina, y comiencen las retrospectivas, los historiadores se preguntarán cómo una nación que afirmaba tener como prioridad estratégica contener a China terminó enfrascada en una guerra de desgaste en Oriente Medio. La respuesta estará en los archivos: en los memorandos de los think tanks financiados por Lockheed Martin, en los correos electrónicos entre asesores y lobistas, en las actas de las reuniones donde se decidió que la voz del pueblo, mayoritariamente opuesta a la guerra, importaba menos que los intereses de una minoría poderosa y bien organizada.
No es una conspiración. Es un mecanismo económico perfectamente documentado. Y mientras no se aborde el problema estructural del dinero en la configuración de la política de seguridad nacional, ningún presidente —sea Trump, Biden o cualquier otro— podrá escapar de sus garras.
La democracia estadounidense en materia de política exterior ha sido secuestrada. Y los secuestradores, como suele ocurrir, piden rescate en forma de misiles, bombarderos y contratos millonarios. El rescate se paga con vidas ajenas, en países lejanos, y con la seguridad futura de una nación que olvidó cómo decidir la paz.
