En la base espacial Starbase de SpaceX, en el sur de Texas, Pete Hegseth presentó una actualización doctrinal en el lenguaje propio del lanzamiento de un producto: el Pentágono incorporaría la IA de frontera a sus operaciones diarias, y Grok, de Elon Musk, se integraría en las redes militares, incluidas las clasificadas. El lugar del evento era el mensaje. Que un secretario del gabinete anuncie una infraestructura estratégica desde la base de lanzamiento de un multimillonario no es un accidente de comunicación, sino la forma administrativa de la fusión.
Durante años, la hegemonía tecnológica estadounidense se basó en una ficción cortés de los mercados. Las empresas privadas “casualmente” dominaban los chips, las nubes y las plataformas; los aliados “casualmente” se homogeneizaban en torno a las arquitecturas tecnológicas estadounidenses (stacks); Washington se limitaba a arbitrar. Esa ficción está siendo abandonada públicamente. Lo que distingue al presente no es el dominio, sino el descaro: la informática se trata ahora como un instrumento de política estatal, y el Estado ha dejado de fingir que es un mero espectador de los triunfos de Silicon Valley.
El arco ya era visible un año antes, en un registro menos teatral. El 13 de enero de 2025, el Departamento de Comercio presentó un Marco Global de Difusión de la IA: un régimen de tres niveles para racionar los chips avanzados y los ecosistemas que los rodean. Los aliados cercanos se enfrentarían a una fricción mínima; la mayoría de los países se verían limitados y empujados a programas de concesión de licencias y autorización de centros de datos; los adversarios quedarían excluidos. La ambición era clara: designar quién podría respirar dentro de la sala de servidores.
Entonces, la narrativa se tambaleó. A finales de enero de 2025, la aplicación china DeepSeek se disparó en las listas de la App Store de Apple y desencadenó el pánico en el mercado. Nvidia cayó alrededor de un 17% en una sola sesión, lo que supuso una pérdida de valor de mercado de aproximadamente 593 000 millones de dólares, una pérdida récord en un solo día, después de que los inversores se enfrentaran a una posibilidad herética: que las ganancias en eficiencia y los atajos algorítmicos pudieran acabar con la idea estadounidense de que la superioridad equivale a una escalabilidad cada vez más cara. Incluso Sam Altman calificó el modelo R1 de DeepSeek de “impresionante”, al tiempo que afirmaba que el entrenamiento del anterior modelo V3 de DeepSeek requería menos de 6 millones de dólares en computación.
La respuesta de Washington no fue abandonar el control, sino cambiar de táctica. En mayo de 2025, el Departamento de Comercio derogó la norma de difusión días antes de que entraran en vigor los principales requisitos de cumplimiento. No se trataba tanto de una retirada de la jerarquía como de una admisión de que la elaboración de normas es demasiado lenta para un ecosistema basado en la escasez, las licencias y la negociación diplomática. Cuando la regulación no puede seguir el ritmo, la lógica de los cárteles llena el vacío: exenciones, listas, acuerdos y bloques de cadenas de suministro.
Ese bloque ahora tiene un nombre: Pax Silica es el intento de la administración Trump de convertir las cadenas de suministro de IA y semiconductores en una arquitectura de alianza, reuniendo a los países situados en los puntos críticos. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos se incorporaron en enero de 2026, junto con Israel, Japón, Corea del Sur, Singapur, Gran Bretaña y Australia. En el lenguaje del Departamento de Estado, se trata de una declaración de seguridad económica —la paz a través del silicio— en la que la “paz” se define como el acceso ordenado a chips, minerales, energía, logística e infraestructura en la «nube», en los términos estadounidenses.
La diplomacia informática no es nueva, sólo lo es su franqueza. Estados Unidos lleva mucho tiempo gobernando a través de intermediarios: bancos y aduanas en la era de la diplomacia del dólar, compañías petroleras y mercados del Tesoro en la era del reciclaje del petrodólar. El intermediario actual son los elementos necesarios para la IA. Los controles de exportación y la jurisdicción de la nube hacen lo que antes hacían los cañoneros y los comisionados de deuda, pero con menos titulares. La capa compradora se reduce a medida que el sistema madura: se necesitan menos intermediarios locales cuando el cumplimiento se logra mediante licencias, telemetría y acceso al único hardware que importa.
La fusión entre el Estado y el capital es más fácil de ver en Washington, donde se ha convertido en un objetivo político no exportar productos, sino dependencia. En julio de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Promoción de la exportación de la tecnología estadounidense de inteligencia artificial”, en la que ordenaba al Departamento de Comercio crear un programa de exportación de inteligencia artificial estadounidense organizado en torno a paquetes “full-stack”: hardware, servicios en la nube, canales de datos, modelos y aplicaciones. No se trata simplemente de cuota de mercado, sino de un bloqueo, en una forma que convierte las decisiones de adquisición en alineación geopolítica.
De vez en cuando, lo que se calla se dice en voz alta. En julio de 2025, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, describió en televisión la lógica de las ventas controladas a China: vender suficientes chips para que los desarrolladores se “vuelvan adictos a la tecnología estadounidense”. La expresión fue burda, pero la doctrina es sofisticada. La dependencia no es un efecto secundario lamentable. Es el producto.
La columna vertebral física de este orden se está construyendo a una escala que hace que los antiguos debates sobre la “política de innovación” parezcan pintorescos. Stargate, anunciado como un impulso de infraestructura de IA de 500 000 millones de dólares, ya se ha ampliado mediante planes para múltiples emplazamientos en Estados Unidos con socios como Oracle y SoftBank. Reuters informó en septiembre de 2025 sobre nuevos centros de datos bajo el paraguas de Stargate, que siguen enmarcándose como una iniciativa privada, pero que se han puesto en marcha con el beneplácito presidencial. OpenAI afirma que la construcción supone casi 7 gigavatios de capacidad prevista y más de 400 000 millones de dólares de inversión en tres años.
Incluso los imperios tienen que negociar con la física. En enero de 2026, la Casa Blanca instó a PJM, el mayor operador de redes eléctricas de Estados Unidos, a celebrar una subasta de adquisición de emergencia porque la demanda de los centros de datos está reduciendo el suministro y aumentando el temor a los apagones. Las propuestas de la red eléctrica para que las nuevas grandes cargas generen su propia energía o acepten restricciones parecen una nota al pie de la ambición imperial: la diplomacia informática depende de los electrones, y los electrones no obedecen a los comunicados de prensa.
El efecto secundario geopolítico es un nuevo torneo de sumisión, en el que los Estados compiten no por la independencia, sino por la proximidad. Japón es un ejemplo ilustrativo. Reuters informó que SoftBank vendió toda su participación en Nvidia, valorada en 5800 millones de dólares, para financiar sus apuestas por la inteligencia artificial, entre las que se incluyen OpenAI y Stargate. Son, fundador de SoftBank, también ha presentado el “Proyecto Crystal Land”, valorado en un billón de dólares, una “Shenzhen americana” en Arizona, como una fantasía de relocalización financiada por capital japonés. La lógica es conocida: en un mundo monopolístico, la diversificación parece un suicidio, por lo que lo racional es convertirse en el agente acreditado del monopolio.
Europa juega el mismo juego con mejor retórica y peores resultados: se habla mucho del poder regulador, pero luego se negocia discretamente en nombre de la competitividad. El Golfo juega con dinero y energía, con la esperanza de traducir la riqueza soberana en un acceso privilegiado dentro del perímetro de la Pax Silica. América Latina, por el contrario, se está posicionando menos como coautora del cúmulo de herramientas de IA que como anfitriona de sus capas más materiales y menos glamurosas: tierra, energía y permisos.
Argentina ofrece un claro ejemplo. En octubre de 2025, Reuters informó que OpenAI y Sur Energy firmaron una carta de intenciones para explorar un proyecto de centro de datos de 25 000 millones de dólares con una capacidad de hasta 500 megavatios, denominado “Stargate Argentina”, estructurado en torno a incentivos a la inversión. La propia cuenta de OpenAI enmarcó el proyecto como una oportunidad nacional, con Sur Energy al frente de un consorcio y un socio en la nube que le seguiría. Este es el acuerdo de desarrollo contemporáneo: la modernización se ofrece como un subcontrato de infraestructura, mientras que el control estratégico (modelos, nubes, jurisdicción, normas) permanece en otra parte.
Brasil se está promocionando siguiendo líneas similares, por razones que no tienen nada que ver con el “talento” y sí con el poder. Reuters informó que Equinix calificó a Brasil como un mercado prioritario en medio de la demanda impulsada por la inteligencia artificial, citando la abundancia de energías renovables y las exenciones fiscales propuestas para los equipos de centros de datos. La economía política es sencilla. Un centro de datos a hiperescala no es una fábrica en el sentido tradicional del desarrollo; se parece más a un nodo de servicios públicos gestionado de forma privada, integrado en ecosistemas de nube extranjeros y tratado cada vez más como una infraestructura estratégica. Una vez que los Estados canalizan la administración pública y los servicios privados a través de dichos nodos, las posiciones de negociación cambian. Lo que se vende como inversión puede convertirse silenciosamente en dependencia administrativa.
Aquí es donde entran en escena los movimientos sociales, sin necesidad de un guion romántico. Los conflictos importantes se librarán en torno a los precios de la energía, el uso del agua, los derechos sobre la tierra, las condiciones laborales y la situación jurídica de los datos almacenados en instalaciones ubicadas en el país, pero gestionadas por proveedores extranjeros. La cuestión no es si la “IA” es buena o mala, sino si se puede obligar a la nueva infraestructura a rendir cuentas democráticamente o si funcionará como los ciclos extractivos anteriores: recursos públicos movilizados para financiar rentas privadas, con la soberanía redefinida como el derecho a albergar las máquinas de otros.
El papel de China en esta historia no es el de un ejemplo moral, sino el de un contraste estratégico. El momento de DeepSeek fue importante porque sugirió que los controles a la exportación pueden frenar a los rivales y, al mismo tiempo, fomentar el tipo de determinación política que hace tolerable la ineficiencia. La mayoría de los gobiernos tratan la dependencia como algo natural y se centran en gestionarla. Pekín la trata como una vulnerabilidad y, cuando es necesario, actúa en consecuencia. Esa postura es difícil de replicar en otros lugares, pero aclara la verdadera elección que Pax Silica intenta ocultar: el coste del rechazo es doloroso; el coste del cumplimiento es estructural.
Pax Silica es, en definitiva, una expresión inusualmente honesta. Admite que la nueva paz es una paz gestionada: la paz a través del silicio, mantenida por quienes controlan el suministro. Los imperios anteriores perduraron porque mantuvieron la ficción del beneficio mutuo. El actual está cada vez más impaciente con la ficción. Esa impaciencia puede resultar ser su debilidad. Cuando la dominación ya no se disfraza de comercio, el consentimiento se vuelve más difícil de fabricar, y las fricciones de las redes, los presupuestos y la política comienzan a parecer menos como ruido de fondo y más como el terreno en el que se disputará la paz del silicio.
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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 559: https://www.alai.info/wp-content/uploads/2026/02/ALenMovimiento_559_febrero2026_Espanol-3-5.pdf
