sábado, 3 de octubre de 2026

Otra farsa del imperio – Sobre la candidatura de Raphaël Glucksmann

                                                                        
Maike Gosch   29 de septiembre de 2026

Foto de portada: Victor Velter / Shutterstock.

El pasado domingo, el eurodiputado Raphaël Glucksmann anunció su candidatura a la presidencia francesa. Las reacciones fueron diversas. Mientras que los principales medios de comunicación de Francia y Alemania aplaudieron mayoritariamente, los representantes de los medios independientes y alternativos criticaron y ridiculizaron la candidatura de «Glu-glu», como a veces se le conoce.

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«El hombre que quiere salvar a Francia de los radicales», titulaba el otrora respetable periódico Die Zeit, de tendencia liberal de izquierda, en su artículo sobre la candidatura de Glucksmann. Más adelante, afirmaba: «Glucksmann es de izquierdas, (…) y, además, de izquierdas moderadas».

Es hora de poner las cosas en contexto: vivimos en una época donde la distorsión del lenguaje alcanza niveles cada vez más extremos. Aquí vemos ejemplos maravillosos una vez más. Jean-Luc Mélenchon, un político clásico de izquierdas, es descrito como «radical» (es, junto con Marine Le Pen, uno de los radicales de quienes se supone que Glucksmann debe salvar a Francia), mientras que la postura de Glucksmann se describe como «moderada». Estas palabras no son neutrales: «radical» tiene una connotación claramente negativa, mientras que «moderado» sugiere algo positivo.

Al igual que en el pasado con los Verdes, una facción fue etiquetada como «Fundis» (fundamentalistas) y la otra como «Realos» (realistas). En este contexto, defender posturas pacifistas, así como posturas críticas con el capitalismo y el sistema, y ​​luchar por una mayor democracia de base, fueron tachados de «fundamentalistas». Solo en el caso de las posturas ecologistas, algunas de las cuales apuntaban a la desindustrialización, este enfoque podría describirse como «fundamentalista». Por el contrario, aquellos que estaban dispuestos a trabajar dentro del sistema existente y no abordar los problemas económicos y políticos dentro del mismo, ni oponerse a las guerras de agresión e intervenciones estadounidenses, fueron retratados como «realistas» y, por lo tanto, «maduros», «sensatos» y «conscientes». Podemos observar la misma manipulación en la cobertura informativa de la candidatura de Glucksmann.

Pero, ¿quién es Raphaël Glucksmann y por qué se le puede describir como una figura engañosa del imperio? Glucksmann es un político, periodista y documentalista francés. Entre 2008 y 2012, asesoró al presidente georgiano Mikheil Saakashvili. En 2018, fundó el partido ecologista y proeuropeo Place Publique, del que actualmente es copresidente.

También es hijo de André Glucksmann, un «filósofo estrella» francés y uno de los más fervientes defensores de las intervenciones militares estadounidenses, quien, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue uno de los cofundadores del grupo de expertos proestadounidense «Cercle de l’Oratoire», cuyo objetivo declarado era defender la política exterior estadounidense en la esfera pública francesa.

Su hijo tampoco ha encontrado aún una operación de cambio de régimen o revolución de color orquestada por Estados Unidos que no haya apoyado con entusiasmo. Ya sea como asesor de Saakashvili en Georgia (el presidente neoliberal y autoritario de Georgia, financiado masivamente por Estados Unidos y ONG como la Open Society Foundation o USAID), como partidario del movimiento Euromaidán o como redactor de discursos para Vitali Klitschko: Glucksmann siempre ha estado del lado de las actividades de cambio de régimen respaldadas por Occidente.

Incluso como miembro del Parlamento Europeo, apoyó con entusiasmo todas las campañas de propaganda estadounidenses a favor del cambio de régimen. Por ejemplo, en un discurso ante el Parlamento Europeo, difundió rumores infundados de que el Partido Comunista Chino estaba extrayendo «órganos halal» de uigures musulmanes ejecutados para venderlos a clientes adinerados en la región del Golfo; un rumor que ya había sido considerado infundado un año antes (2021) por el «Tribunal Uigur» de Londres, financiado por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) a través del Congreso Mundial Uigur.

Pero aún más interesante es el papel de Glucksmann como miembro del Parlamento Europeo: entre 2020 y 2022, presidió la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre la Injerencia Extranjera en todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, incluida la Desinformación (INGE), y posteriormente, hasta 2023, su sucesora, la ING2. Bajo su presidencia, la comisión se convirtió en una de las fuerzas impulsoras dentro del Parlamento para la exigencia no solo de combatir públicamente la denominada «desinformación extranjera», sino también de imponer sanciones a sus creadores y difusores. Ya en enero de 2022, el Parlamento Europeo tituló su comunicación sobre las recomendaciones finales de la comisión de forma inequívoca: «La UE debería establecer un régimen de sanciones contra la desinformación».

Dos meses después, el Parlamento aprobó el informe. En él se pedían sanciones contra los responsables de las campañas de influencia extranjera y desinformación; incluso se debería considerar la revocación de las licencias de radiodifusión para las organizaciones consideradas difusoras de propaganda estatal extranjera.

Glucksmann también encabezó delegaciones al Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN en Riga y al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas en Helsinki, un punto de encuentro entre la UE y la OTAN. En Riga, su comité colaboró ​​con representantes del Grupo de Trabajo de Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE East StratCom Task Force) y la Alianza para la Seguridad de la Democracia del German Marshall Fund, entre otros .

Cualquiera que quiera hacerse una idea de sus puntos de vista y convicciones en este contexto puede ver esta entrevista informativa con Glucksmann para el podcast StratCom de octubre de 2022, en la que habla de que los ucranianos son los verdaderos demócratas y los verdaderos europeos, que están enseñando a los europeos (de la UE) el significado de la libertad, y que el corazón y el alma de Europa están ahora en Kiev.

Si uno se pregunta a veces cómo pudieron surgir medidas tan extremas que restringen la libertad de expresión y de prensa en la UE, como las draconianas sanciones contra el periodista berlinés Hüseyin Doğru o el analista político suizo Jacques Baud: Raphaël Glucksmann fue uno de los actores que impulsó este desarrollo a nivel de la UE, un desarrollo que culminó en las regulaciones y decisiones del Consejo de la UE sobre la base de las cuales se pueden imponer tales sanciones ( véase, por ejemplo, aquí ).

Por lo tanto, Glucksmann no es ni un «izquierdista» (en el sentido clásico) ni un moderado. Tampoco es la solución moderada al dilema francés de tener que elegir entre los dos «radicales», Le Pen y Mélenchon. Es un neoliberal, proempresarial, intervencionista y autoritario servidor del imperio occidental. Igual que Emmanuel Macron antes que él, con quien comparte muchas similitudes y una red de contactos. Por consiguiente, no sorprende que muchos de los aliados y colaboradores de Macron se hayan pasado ya al bando de Glucksmann , como Sacha Houlié y Aurélien Rousseau (exministro de Sanidad con Macron, posteriormente director de campaña de Glucksmann) o Marguerite Cazeneuve.

Si los colegas de los medios de comunicación tradicionales hubieran indagado un poco más, lo habrían descubierto fácilmente. Pero probablemente no es eso lo que buscan. No es más que el mismo vino imperialista neoliberal con un nuevo envoltorio de «izquierda» o «derecha», aunque esas palabras ya no signifiquen nada. Y cualquiera que critique abiertamente y cuestione fundamentalmente los excesos del sistema que representan es tachado de «radical».

Glucksmann es, sencillamente, como Macron y muchos otros antes que él, otra cara bonita destinada a vender una agenda cada vez más impopular entre los poderosos. Su candidatura busca claramente dividir el voto de la izquierda francesa y alejarlo del candidato antiimperialista y socialista Mélenchon. Veremos cuántas rondas más de este mismo juego tendremos que presenciar antes de que gran parte de la población se dé cuenta de la farsa. En cualquier caso, Glucksmann primero debe ganar las primarias conjuntas socialdemócratas en octubre para presentarse como candidato conjunto de ese bloque.

Quienes busquen un poco de humor en estos tiempos difíciles pueden ver esta divertida e interesante conversación (en francés) entre los periodistas independientes franceses Alexis Poulin, Yohan Pavec y Félix Marquardt sobre la etapa de Glucksmann en Georgia. En ella, un antiguo colega y conocido de Glucksmann relata su conducta cuestionable como asesor del presidente Saakashvili y ofrece interesantes reflexiones sobre su carácter y su trayectoria profesional.

Fuente: Nach Denk Seiten 

Senado democrático

Fuentes: Ganas de escribir

     Las próximas elecciones generales serán cruciales en España, como lo están siendo en tantos otros países. La extrema derecha avanza sin descanso y las fuerzas progresistas suelen afrontarlas divididas. Es una tragedia, porque la amenaza a las libertades y a la democracia no es una hipótesis teórica, sino algo que estamos comprobando que sucede en los países donde esas fuerzas llegan al gobierno y disponen de mayorías parlamentarias.

En España vivimos un momento especialmente delicado. Sin gobernar siquiera, la derecha y la extrema derecha utilizan aparatos del Estado e instituciones -desde la policía a la administración de justicia, pasando por el Senado- para combatir por cualquier medio a un Gobierno que, desde el primer momento y con independencia de lo que pudiera haber hecho, ya consideraron ilegítimo. Sólo buscan acorralar y acabar, a veces de forma abiertamente inmoral, con quienes no consideran que seamos «españoles de bien», como se definen con exclusividad a sí mismos.

Lo hacen cada vez con más intensidad y con un nerviosismo revelador. Porque, en contra de lo que repite la caja de resonancia mediática de la derecha, el resultado de las próximas elecciones no está escrito. Es cierto que la mayoría de las encuestas señalan su ventaja en intención de voto, pero también en julio de 2023 daban por hecha una mayoría de PP y Vox y las urnas no la confirmaron. Falta, además, mucho tiempo y el voto progresista puede movilizarse y dar muchas sorpresas. La derecha lo sabe y la experiencia pasada la saca de quicio. Por eso va a ir a por todo antes de que las elecciones se celebren y ese es, precisamente, el origen de las prisas, del atropello y de los ataques desaforados contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que se quiere derribar como sea.

Por eso resulta descorazonador comprobar que las fuerzas de izquierda no terminen de ponerse de acuerdo, ni siquiera en cuestiones que son de mínimos: defender una democracia, unas libertades y un bienestar hoy claramente amenazados.

A la dificultad que supone la desunión se añade otra, no menos decisiva: las leyes electorales no ayudan a que las mayorías sociales se traduzcan en mayorías institucionales. Y el caso más flagrante de ello es el del Senado.

Como es sabido, en cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores, pero cada votante solo puede marcar tres nombres. Se trata, pues, de un sistema mayoritario en el que el partido más votado se lleva el 75 % de la representación provincial.

Se castiga, por tanto, al bloque que se presenta fragmentado y, como el voto progresista se reparte entre varias siglas (PSOE, Sumar, Podemos, izquierdas territoriales…), rara vez resulta más votada una sola de ellas, incluso allí donde el conjunto de la izquierda es mayoritario.

La distorsión salta a la vista, como ha mostrado el economista y demógrafo Juan Antonio Fernández Cordón en un análisis reciente. En las últimas elecciones del 23 de julio de 2023, los bloques de izquierda y de derecha empataron prácticamente en votos -en torno al 50 % cada uno- y, pese a ello, la derecha se llevó 127 senadores electos frente a los 81 de la izquierda. Un cuasi empate en las urnas se convirtió en una diferencia de más de cuarenta escaños. En no pocas provincias la izquierda fue incluso mayoritaria en votos y, aun así, no logró la mayoría de sus senadores.

Por todas estas razones, un amplio grupo de personas de distintas sensibilidades progresistas estamos impulsando una iniciativa para presionar -y no me duele emplear esta palabra- a los partidos de izquierda para que acuerden candidaturas unitarias al Senado en el mayor número posible de provincias. No hace falta reformar la Constitución, ni la ley electoral, ni ninguna mayoría parlamentaria previa. Basta voluntad política para decidir que, allí donde el bloque progresista es mayoritario, concurra una sola candidatura de tres nombres capaz de ser la más votada y de llevarse tres de cada cuatro senadores.

Y no se trata de un brindis al sol. El propio Fernández Cordón ha estimado, circunscripción a circunscripción, lo que esa unidad podría dar de sí: en un escenario favorable, unas candidaturas unitarias bien planteadas alcanzarían 134 senadores de elección directa, es decir, la mayoría absoluta del Senado. Incluso en el escenario más prudente la izquierda mejoraría con claridad su posición actual. Lo que hoy es una mayoría absoluta de la derecha utilizada para combatir por cualquier medio al gobierno y tratar de bloquear su acción política, podría convertirse, sin cambiar una sola coma de la ley, en una mayoría de progreso.

No es una ocurrencia ni un experimento de laboratorio, sino un camino ya recorrido con éxito en otras ocasiones y territorios y la lección de todas ellas es inequívoca cuando ya no vivimos tiempos de mayorías absolutas de un solo partido: cuando la izquierda se ha presentado unida al Senado, ha ganado; cuando ha ido dividida, se lo ha regalado a la derecha.

Las dificultades para que se haga posible una iniciativa de este tipo no son pocas. En el bloque de progreso conviven fuerzas nacionalistas e independentistas que difícilmente cabrían en una misma papeleta en todo el territorio, y el sectarismo y la falta de lucidez también existen en las filas progresistas. Los partidos deben superarlas quizá intentando no una lista única de ámbito nacional, sino acuerdos pragmáticos por comunidades, o incluso provincia a provincia, allí donde una candidatura conjunta sea viable y sume. No se pide a nadie que renuncie a lo que tiene. Pedimos inteligencia y generosidad, sencillamente, para no regalar a la derecha lo que puede estar en manos del progreso.

Es una iniciativa, además, valiosa en sí misma. No importa gane quien gane el Congreso. Si hay mayoría progresista, un Senado que no sea monopolio de la derecha evita que la Cámara se convierta en una barricada que ha acumulado en dos años y pico más choques institucionales entre las Cámaras y el Gobierno que en las catorce legislaturas anteriores juntas, y con el solo propósito de frenar lo que no logra evitar en las urnas.

Si ganasen la derecha y la extrema derecha (ya prácticamente una misma cosa) el riesgo que conlleva no sacar adelante la iniciativa es muy grande. Con los tres quintos de la Cámara, la derecha podría designar por sí sola a los magistrados del Tribunal Constitucional pendientes de renovación y, más adelante, a una parte del Consejo General del Poder Judicial, terminando de moldear a placer los órganos que deben arbitrar nuestra democracia. Incluso en el peor escenario del Congreso, la iniciativa que impulsamos serviría, al menos, para que la mayoría social plural esté representada y para negar a la derecha esa supermayoría amplificada y ficticia.

Animamos, por eso, a cuantas personas deseen que la mayoría ciudadana progresista se vea representada en el Senado, que quieran acabar con el sectarismo con que se está utilizando la mayoría del PP y que aspiren a una España donde el diálogo, la pluralidad y el respeto presidan la vida política, a que impulsen esta iniciativa.

El manifiesto que la explica con detalle puede leerse en senadoresporlademocracia.es. Pero no debería quedarse en un papel que circule más o menos ampliamente, sino en un banderín de enganche para realizar actos, manifestaciones y convocatorias que, de la forma más amplia y democrática posible, reclamen a los partidos progresistas coherencia y unidad para acudir juntos a las elecciones al Senado.

No podemos resignarnos ante un sistema injusto. Hay que reaccionar y usar con inteligencia las reglas que tenemos para que la voluntad mayoritaria del país deje de estar secuestrada por una cámara diseñada para amplificar al más fuerte. Conseguir un Senado democrático en las próximas elecciones es, ahora, una manera muy concreta de defender la democracia. Y los partidos a quienes nos dirigimos deberían tener presente algo fundamental: no poner en práctica esta iniciativa de unidad no va sólo en su propio perjuicio, sino que supone desarmar aún más a millones de personas que están sufriendo por el desmantelamiento de los servicios públicos, los desahucios, la subida de precios de bienes básicos y por un clima de polarización y enfrentamiento que destroza la convivencia y nos paraliza.

Publicado en La Voz del Sur el 25 de septiembre de 2026

Fuente: https://juantorreslopez.com/senado-democratico/ 

Alex Karp, el filósofo del complejo militar-industrial

Fuentes: Jacobin [Ilustración de Néstor Vassallo]

  Formado en la Escuela de Fráncfort y discípulo de Habermas, el director de Palantir puso el pensamiento crítico europeo al servicio del militarismo algorítmico.

Su «república tecnológica» ya funciona y es el nombre de un negocio que lleva dos décadas en marcha. Existe un hombre que dirige una de las empresas más poderosas y peligrosas del planeta y que además quiere que sepamos cómo piensa. Alexander Karp, director general de Palantir, publicó junto con Nicholas W. Zamiskaen «La república tecnológica. Poder duro, pensamiento débil y el futuro de Occidente» (Tenos, 2025) y en abril de 2026 su empresa difundió en X un escalofriante manifiesto de 22 puntos con las ideas centrales del libro.

Observadas juntas, ambas intervenciones buscan sentar posición sobre el Estado, el poder, la democracia y las instituciones. Representan, sobre todo, una «salida del clóset» ideológica de los cerebros que están detrás de una compañía cuyos recursos se utilizan en guerras para asesinar civiles, en fuerzas fronterizas para deportar inmigrantes y en mecanismos para controlar a la población en casi todo el mundo. Que un aparato así tenga ahora también una filosofía explícita obliga a hacerse la inquietante pregunta de si un software puede tener ideología. Y también, en caso de que la respuesta sea afirmativa, quién la controla.

La obra de Karp exige una lectura atenta porque, aunque en su discurso formal se aferra al vocabulario y los valores de la democracia, esa fachada republicana oculta una intención mucho más radical y profunda, que busca la reforma total del Estado estadounidense para capturarlo a favor de las grandes empresas de tecnología asociadas a la seguridad y la defensa. Y si bien el libro arenga para que exista una mayor imbricación entre Silicon Valley y el Pentágono, lo hace porque sabe que el Estado puede (debe y quiere) financiar a empresas como Palantir, creada en 2003 con capital inicial de In-Q-Tel, el fondo de inversiones de la CIA.

La compañía cofundada por Karp y Peter Thiel (el inversor y pensador ultralibertario que escribió sin rodeos que la libertad ya no es compatible con la democracia y que aportó el capital y la visión ideológica que moldearon a Palantir desde sus cimientos), nunca ocultó su vocación militar. Su herramienta estrella, Gotham, integra y visualiza cantidades masivas de datos —señales de inteligencia, registros de comunicaciones, ubicaciones— para identificar y jerarquizar objetivos; se utilizó en Irak y Afganistán y hoy se despliega en Gaza y Ucrania, donde alimenta los sistemas de selección de blancos. Su plataforma Foundry, en paralelo, ordena la información con la que gobiernos y corporaciones administran a poblaciones enteras. Palantir se erige así como un actor central del complejo militar-industrial estadounidense, por lo que cualquiera de sus expresiones políticas debe ser tenida en cuenta con seriedad.

Karp y su libro

Nacido en Filadelfia en una casa de izquierda, hijo de un médico blanco y de una artista afroamericana, Karp es licenciado en Filosofía, doctor en Derecho por la Universidad de Stanford y doctor en Teoría Social por la Universidad Goethe, donde se formó bajo la influencia de Jürgen Habermas y el legado de la Escuela de Fráncfort. La paradoja no es menor. Habermas dedicó su obra a fundar la democracia en el diálogo racional, en una esfera pública donde agentes libres deliberan hasta alcanzar acuerdos por la fuerza del mejor argumento, mientras que su discípulo construyó una tecnología que deja de lado toda acción comunicativa para optimizar la violencia estatal.

Según documenta Michael Steinberger en su libro «El filósofo de Silicon Valley. Alex Karp, Palantir y el auge de la vigilancia estatal» (Shackleton Books, 2026), Karp pasó de debatir teorías marxistas sobre el trabajo alienado durante su estancia en Stanford a defender un «nuevo nacionalismo tecnológico» que prioriza la fuerza militar y el control algorítmico. Esta evolución se hace evidente en su libro, donde Karp se aleja del liberalismo tradicional para sostener que la supremacía occidental depende de su capacidad superior para ejercer la «violencia organizada» a través del software. Este viraje ideológico no pasó inadvertido en las altas esferas políticas,  comenta Steinberger, ya que tras la publicación de «La república tecnológica» en 2025, el mismísimo Donald Trump le envió a Karp una copia de un artículo sobre su gira promocional con un mensaje personal: «¡Alex, genial!». La trayectoria de este intelectual de la tecnoligarquía imperialista global es entonces un acabado síntoma de una época: un pensador formado en la tradición crítica europea termina poniendo ese capital cultural al servicio de la legitimación filosófica del militarismo tecnológico (y genocida).

El libro despliega su argumento en cuatro movimientos, pero puede resumirse en una sola tesis: la actual élite tecnológica se ha desentendido de los propósitos nacionales y Occidente sólo sobrevivirá si Silicon Valley y el Estado vuelven a fundirse en un mismo proyecto de poder. Más allá de sus múltiples lecturas, existen dos grandes falacias que estructuran ese argumento y que merecen ser desmontadas.

Falacia I: el estatismo «ficticio» y la simbiosis con el complejo militar

Al llamar a una nueva y potente «imbricación» entre Silicon Valley y el aparato militar-estatal, Karp no propone nada nuevo y apenas legitima retrospectivamente el estado de cosas existente. Lo que el libro llama «pérdida de rumbo» de los magnates del sector (Mark Zuckeberg y compañía) representa ese brevísimo período en el que la industria tech encontró mercados más rentables en la economía de la atención que en los contratos de defensa. Mientras eso sucedía, la «república tecnológica» por la que aboga y añora Karp nunca dejó de existir. Prueba de ello es que Palantir lleva dos décadas vendiéndole software de vigilancia y selección de objetivos al Pentágono, al ahora célebre Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y a los ejércitos de media docena de países. El libro es entonces, en el fondo, el manifiesto de un contratista de defensa interesado en expandir la oferta (y así motorizar la demanda estatal) de software militar y de vigilancia, no el llamado cívico desinteresado que pretende ser. 

Resulta además profundamente paradójico que Karp sostenga que Silicon Valley se ha desvinculado de los propósitos nacionales cuando la propia trayectoria de Palantir —nacida para servir a la administración norteamericana tras el 11 de septiembre de 2001, en un proyecto que ahora firma contratos multimillonarios con el Ejército— desmiente esa narrativa. Su crítica hacia los ingenieros de software e IA «agnósticos» (es decir no nacionalistas ni militaristas) que disfrutan del paraguas de la seguridad estadounidense sin asumir sus costos confirma, involuntariamente, que entonces sí existe un sector dentro de la elite tech que, para crear ese paraguas, nunca operó fuera de la órbita del Estado y que es, en realidad, un producto directo de la infraestructura estatal. El llamado a «reconstruir» la alianza Silicon Valley/Estado resulta así la formalización de un modelo de negocios ya plenamente vigente. El éxito económico de Karp lo demuestra, ya que amasó su fortuna de 16 billones de dólares gracias a que el software de Palantir es el sistema operativo de las instituciones más importantes de Occidente. Aquí es donde Karp se separa —al menos en el registro— de sus compañeros de la Ilustración oscura. Mientras Curtis Yarvin fantasea con un Estado gobernado como una corporación y Thiel sueña con un sistema posdemocrático, Karp no necesita apelar a la imaginación, porque regentea la infraestructura sobre la que la administración estatal ya funciona. Menos teórico del Estado-empresa que contratista con ambiciones filosóficas, su «república tecnológica» no describe un futuro por venir sino que legitima un negocio en marcha desde hace dos décadas.   

Falacia II: militarización total y el multiplicador del «poder duro»

Lo que «La república tecnológica» presenta como un «llamado patriótico» es, same old same, un programa de movilización económica a través de la guerra. Karp invoca el «momento Oppenheimer» (el instante en que una persona o una comunidad científica toma conciencia de que una tecnología que ha creado puede tener consecuencias peligrosas o destructivas para la sociedad) y propone un nuevo Proyecto Manhattan. Lo hace porque sabe que, si la IA es el arma definitiva y la economía estadounidense ha sostenido su hegemonía en el siglo XX sobre su industria bélica, entonces ahora toda la economía debe reorganizarse hacia el objetivo de producir IA con fines militares. 

En este sentido, su retórica sobre «valores occidentales» y «liberalismo» resulta el envoltorio ideológico de una propuesta que asume, aunque sin decirlo abiertamente, que Estados Unidos no ganó la Segunda Guerra Mundial por defender a la democracia sino por su superioridad en lo que hace a «violencia organizada». La fórmula merece ser analizada. Cuando Max Weber definió al Estado moderno por el monopolio de la violencia física legítima, su objetivo era acotarla, sometiendo la violencia a la legitimidad, el procedimiento, la responsabilidad política. Karp retoma ese concepto y lo vacía de contenido: su «violencia organizada» ya no se define por la legitimidad sino por la eficiencia, y ya no la ejerce un Estado responsable ante sus ciudadanos, sino una empresa responsable ante sus accionistas. Lo que en Weber era un problema a domesticar, en Karp es una ventaja competitiva a maximizar.

Entonces, la conclusión implícita de su texto es que hoy lo que se necesita no es más democracia sino más capacidad de destrucción eficiente, administrada por ingenieros iluminados que, a diferencia de los políticos, sí sabrían lo que hacen. Es el tecnocesarismo militarista elevado a filosofía de Estado. La falacia histórica que sostiene todo el edificio argumental de Karp se desmonta con apenas dos libros de escuela secundaria. Él sabe que el New Deal rooseveltiano, con toda su ambición reformista y su apuesta por la inversión pública, no logró sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión, sino que fue el gasto militar masivo de la Segunda Guerra Mundial el que reactivó la economía. La lección que el libro aplica sin enunciar es su verdadera tesis de fondo: la guerra ofrece una forma de estímulo estatal que el capital puede aceptar sin grandes resistencias, porque el gasto militar no fortalece derechos sociales ni compite políticamente con el mando privado sobre la inversión, sino que canaliza recursos públicos hacia los mismos sectores empresariales que organizan, proveen y se benefician de la maquinaria de defensa. 

Bajo el eufemismo de un «proyecto nacional» y la urgencia geopolítica frente a China o Rusia, lo que Karp propone es institucionalizar una economía de guerra permanente como solución estructural a la crisis de acumulación del capitalismo tardío actual. Por eso no sorprende que escriba con entusiasmo sobre «la oportunidad geopolítica más convincente desde la última guerra mundial», ya que su maquinaria de guerra en marcha no es considerada como una simple respuesta defensiva ante una amenaza externa, sino que en realidad es la piedra fundamental de un nuevo ciclo de acumulación. Lo que el keynesianismo de guerra resolvió en los años cuarenta —reactivar sin reformar— es exactamente lo que el complejo militar-tecnológico propone hoy, pero con la IA como el nuevo acero y Palantir como el nuevo contratista de defensa. La diferencia es que esta vez no se producen tanques de guerra sino algoritmos de selección de blancos y la mano de obra no está compuesta por obreros sindicalizados como durante el New Deal sino por ingenieros de Silicon Valley que prefieren no pensar demasiado en el uso final de lo que construyen.

La apropiación tecnológica como emancipación

Entonces, ¿qué hacer? Es necesario descartar de entrada la respuesta falsa del rechazo ludita a la tecnología o la nostalgia por un mundo previo a la revolución digital. A esta altura es una posición sin defensores reales, y refutar sirve sobre todo para eludir la pregunta difícil. La cuestión decisiva pasa por imaginar qué se produciría, y con qué fines, si las máquinas dejaran de estar orientadas por la rentabilidad y la guerra.

Aquí es útil el desplazamiento que propone Evgeny Morozov, que sostiene que la izquierda no puede limitarse a regular la tecnología existente —a exigir transparencia algorítmica, límites legales y control de los sesgos—, porque eso deja intactas las preguntas de fondo. Es decir, quién es dueño de la infraestructura, para qué se la diseña y qué necesidades reconoce como legítimas. La disputa no es por un mejor control de estas herramientas, sino por el sentido mismo de lo que se construye. Frente a lo que él define como “solucionismo tecnológico”, que traduce todo problema social en un problema técnico con dueño privado, se trata de recuperar la pregunta por los fines, que el solucionismo da por saldada, como si el rumbo del desarrollo técnico fuera un dato y no una disputa.

Esto tiene consecuencias concretas que aparecen en todo el mundo de manera incipiente. En 2018, por ejemplo, miles de trabajadores de Google se negaron a renovar el Proyecto Maven —un contrato con el Pentágono para aplicar visión artificial a drones militares— y forzaron a la empresa a retirarse. Aquella protesta excedió la demanda por mejores condiciones laborales y abrió una disputa por el sentido de la tecnología como la que describe Morozov, con ingenieros que preguntaron para qué se usaría lo que construían y que prefirieron presentar su renuncia ante una respuesta inaceptable. Que Google haya vuelto a los contratos militares unos pocos años después no invalida el gesto; más bien confirma la necesidad de disputar colectivamente la propiedad y la gobernanza de la infraestructura. La pregunta que queda abierta ya tiene un punto de partida, en tanto los trabajadores tecnológicos pueden negarse, y de hecho ya lo hicieron. El problema es cómo construir la fuerza colectiva y las alternativas institucionales que vuelvan sostenible esa negativa.

También urge disputar la propiedad de la infraestructura crítica —los centros de datos, los modelos, la capacidad de cómputo— en lugar de aceptarla como un hecho natural y limitarse a pedir que se la fiscalice. Es clave además auditar el financiamiento público de proyectos de digitalización y que estos no dependan de los servidores de Amazon ni de los algoritmos de Palantir, al tiempo que se debe construir una soberanía tecnológica popular y regional, distinta del «nacionalismo tecnológico» que Karp pone al servicio del imperio. Y, sobre todo, se plantea la necesidad urgente de subordinar el desarrollo de la técnica a las necesidades de las mayorías, preguntándonos qué problemas resolvería una inteligencia artificial orientada al cuidado, la salud o la transición ecológica, en lugar de a la vigilancia y el gasto militar.

Subyace al mismo tiempo una ironía final en el hecho de que el proyecto de Habermas haya sido fundar la legitimidad democrática en el diálogo, para que la única fuerza que pudiera prevalecer sea la del mejor argumento, pero que su discípulo construyera, en nombre de la «defensa de Occidente», una tecnología que no solo no propicia el diálogo sino que se especializa en identificar los blancos a eliminar. La «república tecnológica» de Karp (una república para generales y fondos de inversión) es, en ese sentido, la negación más perfecta del proyecto de su maestro, ya que usa el vocabulario de la democracia deliberativa para legitimar precisamente lo que esa tradición intentaba contener y domesticar.

La respuesta emancipatoria, entonces, no pasa por rechazar sus máquinas sino por recuperar la pregunta que Habermas nunca abandonó: ¿quién tiene derecho a participar en las decisiones que nos afectan a todos? Esa pregunta, aplicada a la infraestructura tecnológica, es precisamente el debate que el libro de Karp se niega a dar. Correrá por nuestra cuenta abrirlo.

Leticia Bianca Cappellotto. Historiadora, docente y periodista. Publica relatos, crónicas y artículos en medios de Argentina y España.

Fuente: https://jacobinlat.com/2026/09/alex-karp-el-filosofo-del-complejo-militar-industrial-1/ 

viernes, 2 de octubre de 2026

IA: la mayor apuesta económica de la historia de EE UU


Publicado el
/ Por

por Michael Roberts











La economía estadounidense sigue creciendo más rápido que las demás economías del G7, pero el motor de este crecimiento es la enorme inversión en modelos de IA, centros de datos y todos los chips y la tecnología relacionados con la IA.

El PMI compuesto de EE UU [índice que mide la salud económica general del sector privado combinando la actividad del sector manufacturero y el de servicios] subió a 58,4 desde 56 en agosto, lo que supone la mayor expansión de la actividad del sector privado desde julio de 2021 y marca el cuarto mes consecutivo de crecimiento acelerado. El impulso vino del sector servicios (incluidos los servicios de información), que registró el mayor aumento de la producción en más de cinco años, mientras que la industria manufacturera también se aceleró. Los nuevos pedidos crecieron al ritmo más rápido desde abril de 2022, y la contratación en el sector manufacturero fue la más fuerte desde febrero de 2021.

Ya en junio comenté que la IA era simplemente «una gran apuesta para la economía estadounidense». Pero ahora, en septiembre, eso parece quedarse corto. La expansión de la IA va camino de convertirse en la mayor apuesta económica de la historia de EE UU, eclipsando con creces las inversiones realizadas para financiar otros enormes proyectos de infraestructura estadounidenses en el pasado, como los ferrocarriles en el siglo XIX, la red de autopistas en el siglo XX e Internet en el siglo XXI.

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Los analistas estiman que el gasto de capital de cinco de los llamados hiperescaladores –Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft y Oracle– ascenderá a 4,2 billones de dólares en los cuatro años que terminan en 2029, según FactSet. El gasto en centros de datos supera al de los canales, los ferrocarriles y la red eléctrica juntos, y se prevé que alcance un total de 10,3 billones de dólares entre 2025 y 2032, según nuevas estimaciones de la Brookings Institution. Eso supone una media asombrosa del 3,6 % del PIB al año. Nunca antes la economía estadounidense había dependido tanto de la expansión de un solo sector.

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Hasta julio, se han gastado 37 000 millones de dólares en centros de datos privados, la mayoría de los cuales aún no están en funcionamiento.

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En cambio, el gasto privado en construcción en EE UU para todo lo demás –casas, bloques de pisos, centros comerciales, etc.– estuvo unos 46 000 millones de dólares por debajo de los niveles del año anterior en los primeros siete meses de este año.

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La inversión en IA ha creado 750 000 nuevos puestos de trabajo desde 2023, según estimaciones de LinkedIn. Y esos trabajos están bien pagados: el salario medio anual de las ofertas de empleo relacionadas con la IA en LinkedIn ronda los 180 000 dólares, frente a los 80 000 dólares del conjunto de los empleos.

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Por encima de todo, la inversión en IA ha generado enormes ganancias en riqueza bursátil. En el segundo trimestre de 2026, las carteras de acciones y fondos de inversión de EE UU ascendían a 63 billones de dólares, según la Reserva Federal, casi el doble que a finales de 2022. La mayor parte de este aumento de la riqueza financiera ha ido a parar a manos de los que ya son ricos, ya que la gente trabajadora tiene pocas acciones o bonos.

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Los inversores extranjeros están invirtiendo masivamente en activos estadounidenses. Ahora tienen una cifra récord de 39 billones de dólares en acciones y bonos estadounidenses, una cifra que ha ido subiendo desde 2022. Esto mantiene el dólar estadounidense relativamente fuerte e impulsa al alza los precios de las acciones. Las guerras en Ucrania e Irán animan a los extranjeros a trasladar sus activos a EE UU para aprovechar el auge.

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Al mismo tiempo, la demanda de equipos para centros de datos, como los chips de memoria, está haciendo subir los costos de los productos tecnológicos. Los precios de importación de ordenadores, periféricos (como discos duros) y semiconductores fueron un 20 % más altos en agosto que un año antes. Estos elevados precios de importación, a su vez, están ejerciendo presión al alza sobre los costos de los bienes de consumo, como los iPhones y las consolas de videojuegos, y contribuyendo a la inflación general.

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Y es aquí donde está el problema. La brecha entre el gasto de los hiperescaladores y su flujo de caja se está ampliando de forma vertiginosa. Se prevé que los gastos de capital de Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet superen por primera vez el billón de dólares en 2027. Al mismo tiempo, se prevé que el flujo de caja libre combinado (es decir, el dinero procedente de los beneficios de los negocios existentes) caiga por debajo de los 100 000 millones de dólares. Hace un año, el flujo de caja libre rondaba los 200 000 millones de dólares, mientras que los gastos de capital eran de 300 000 millones. Ahora, el gasto en IA se está acelerando al mismo tiempo que desaparece el efectivo disponible para financiarlo.

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Cuanto mayor sea esta brecha, más tendrán que recurrir las hiperescaladoras a los mercados de deuda y de capital para financiar su gasto en IA.

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El problema es que, si el gasto en IA no genera suficientes rendimientos (beneficios), el mercado de valores podría dar un giro brusco a la baja a medida que los inversores se retiren. Los precios del mercado de valores estadounidense están enormemente sobrevalorados en relación con los beneficios actuales. El ratio de tendencia entre los precios bursátiles y el beneficio por acción (lo que se conoce como ratio CAPE) está por encima del nivel registrado justo antes de la crisis financiera de 2008 y casi al mismo nivel que justo antes del estallido de la burbuja puntocom de 2000.

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¿Llegarán los beneficios? Un estudio de Fathom Consulting muestra que, para que el boom de la IA –que mueve varios billones de dólares– genere beneficios, las ventas relacionadas con la IA de las empresas tecnológicas implicadas tendrían que aumentar entre 600 000 y 800 000 millones de dólares en los próximos dos años. Pero la consultora Panmure Liberum ha calculado que las previsiones actuales de inversión en capital (CAPEX) e ingresos hasta 2030 implican una tasa interna de rentabilidad negativa sobre el capital invertido para Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle.

Así que o bien los hiperescaladores reducen significativamente su gasto de capital en IA hasta niveles que generen un beneficio razonable sobre el capital ya invertido, o bien, por algún milagro, consiguen una rentabilidad enorme gracias a un gran aumento futuro de la demanda de productos de IA. Si recortan el gasto, eso indicaría a los inversores que la IA no está dando los resultados esperados y venderían en consecuencia. Se produciría una caída en picado. Así que deben seguir gastando cada vez más.

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Al mismo tiempo, lo que las empresas pueden cobrar por los costos de computación de IA (tokens) está cayendo en picado. El Índice de Gasto en Tokens de LLM, que mide el precio de mercado que pagan las empresas por los resultados de los modelos de IA, ha caído hasta solo 0,97 dólares, su nivel más bajo desde que se creó el índice a finales del año pasado y más del 50 % por debajo de su máximo del verano. Los precios de los tokens se están desplomando, ya que los modelos más baratos, la competencia china de código abierto y la caída de los costos de entrenamiento (inferencia) hacen que el uso de la IA sea cada vez más barato. Esto está mermando el crecimiento de los ingresos de los laboratorios de IA, lo que dificulta aún más hacer frente a los gastos de infraestructura de IA.

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Los laboratorios de IA (OpenAI y Anthropic) siguen afirmando que pronto obtendrán grandes beneficios y que, por lo tanto, los hiperescaladores acabarán llevándose su parte del botín. Pero gran parte de estas afirmaciones se basan en estimaciones de beneficios dudosas. Las ganancias por inversiones relacionadas con la IA embellecen cada vez más los resultados, y los llamados otros ingresos (contratos con otras empresas de IA) han subido hasta el 54 % de los ingresos antes de impuestos.

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De hecho, las empresas de IA solo se mantienen a flote gracias a lo que se conoce como financiación circular, en la que una empresa presta fondos a otra y esta última luego afirma haber obtenido beneficios. Sona Asset Management ha mapeado el universo de la IA y ha catalogado las interconexiones entre los principales actores. Todos dependen de que los demás cumplan.

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Sona también descubrió que los ingresos de las empresas de IA están casi totalmente ligados a las decisiones de inversión de uno o dos actores más del sector. Esto anuncia una crisis sistémica en ciernes.

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La cuestión central es si la IA realmente va a suponer un cambio radical en la productividad laboral de EE UU que pueda impulsar el progreso económico durante toda una generación. El laboratorio de IA Anthropic quiere sacar a bolsa acciones por valor de 100 000 millones de dólares en noviembre (¡lo que valoraría a la empresa en 2 billones de dólares!). Para respaldar su argumento, publicó un informe en el que afirmaba que, si la IA realmente despega, el PIB de EE UU podría aumentar un 32 % para 2030 (!), lo que supone un crecimiento anual del PIB de hasta el 15 % (frente al crecimiento actual de EE UU. que en el mejor de los casos es del 2,5 %).

Esto es una auténtica tontería que da por hecho que la IA impulsará el crecimiento de la productividad a medida que todas las empresas de EE UU adopten agentes y de IA para gestionar sus negocios, mientras despiden a millones de trabajadores que ya no son necesarios.

Históricamente, la automatización ha avanzado a un ritmo de aproximadamente un 2 % de las tareas al año durante dos siglos, sin que el crecimiento haya superado nunca mucho más del 2 %. Las llamadas tecnologías de uso general» del pasado tardaron décadas en extenderse, incluso después de que la tecnología en sí funcionara. Por ejemplo, la electrificación tardó unos 40 años en notarse en la productividad de las fábricas. Del mismo modo, el estudio de Comin y Mestieri sobre la adopción de tecnología en distintos países documenta retrasos medios de adopción de unos 45 años, y de entre 7 y 18 años en el caso de tecnologías más recientes.

La adopción de la IA parece ser mucho más rápida que la del ordenador personal o de Internet, pero la adopción es solo el primer paso: la productividad medida suele disminuir al principio, mientras las empresas realizan las inversiones complementarias necesarias, la «curva en J de la productividad» de Brynjolfsson, Rock y Syverson. Incluso los expertos más optimistas se están dando cuenta de esto, como por ejemplo Sam Altman, quien admitió recientemente: «Creo que me equivoqué en algunas cosas, pero una de ellas, en cuanto a la velocidad, es que la economía tiene muchísima inercia. (…) Todos hemos sido demasiado ambiciosos con los plazos (…) La sociedad y la economía se adaptarán más lentamente».

Y recuerda que la mayor parte del trabajo es físico. Una explosión de las capacidades de la IA es, ante todo, una explosión de las capacidades cognitivas. Pero solo alrededor de un tercio de la economía consiste en trabajo que se puede hacer en un ordenador (el artículo de Epoch AI sobre el teletrabajo). El resto del PIB se genera en minas, en obras, en cocinas, hospitales y residencias de ancianos. Automatizar dos tercios de todas las tareas para 2035 requiere, por lo tanto, robots que realicen una gran parte del trabajo físico. Habría que diseñar, fabricar, instalar y mantener miles de millones de estos robots en una década. Aunque sin duda se está avanzando, el desarrollo de la robótica es más lento que el del software, y los robots capaces de realizar una amplia gama de tareas físicas a un costo similar al de un trabajador aún no están a la vista.

Hasta ahora hay pocas pruebas de aumentos de productividad en toda la economía; de hecho, la productividad total de los factores (una medida de la productividad derivada de las nuevas tecnologías) está cayendo por debajo de la tendencia.

Es cierto que la adopción de la IA por parte de las empresas está aumentando, al menos entre las empresas de servicios. En solo dos años, el uso de la IA ha pasado del 25 % al 61 % en las empresas de servicios y del 16 % al 51 % entre los fabricantes. Pero solo el 17  % de los empleados del sector de servicios y el 7 % del sector manufacturero utilizan realmente la IA de forma habitual en su trabajo.

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Como admitió el Banco Federal de Nueva York:

La siguiente etapa será mucho más importante, ya que, por el momento, la IA ayuda principalmente a la gente a escribir, resumir, programar o analizar más rápido. Mañana, los agentes y las herramientas especializadas podrían gestionar flujos de trabajo completos. En ese momento, el impacto en la productividad y el empleo podría pasar realmente a otro nivel. El uso se está disparando, mientras que el gasto empresarial sigue siendo relativamente limitado, pero el precio de la inteligencia sigue bajando. Esto es muy positivo para la difusión de la IA y la productividad, pero mucho menos obviamente positivo para la monetización de todos los actores del ecosistema.

En otras palabras, el crecimiento de la productividad puede acabar aumentando, pero a costa de la rentabilidad, ya que los precios de uso de la IA bajan: una contradicción clásica del capitalismo.

Y siguen existiendo fisuras en la propia naturaleza de los modelos de lenguaje a gran escala (LLM) de la IA. Hace dos años, investigadores de Oxford y Cambridge demostraron que todo modelo de lenguaje grande (LLM) entrenado únicamente con contenido generado por IA desarrolla un trastorno irreversible. Cada nuevo modelo aprende solo de lo que escribió el anterior. Para la novena generación, el nuevo modelo ya se había olvidado de lo que estaba hablando. Si le preguntas por las torres de las iglesias medievales, te responde con una lista de liebres. Lo llamaron «colapso del modelo». Cada vez que alguien publica el resultado generado por una máquina, el siguiente modelo se vuelve un poco más mediocre.

Las señales de alerta de la crisis que se avecina no dejan de multiplicarse. Una tendencia al alza de los tipos de interés, junto con la caída de los precios de los bonos, podría ser el factor desencadenante de la crisis. O podría ser una salida a bolsa fallida (Anthropic, OpenAI), o el aumento de la competencia de los llamados modelos LLM de peso abierto procedentes de China y otros lugares, que están haciendo bajar los beneficios. La mayor apuesta en la historia económica de EE UU es muy arriesgada.

Fuente: Blog de Michael Roberts

Traducción: Viento sur