Entrado ya el segundo año de pandemia y visto los resultados de pérdida de PIB y de aumento del desempleo y la pobreza, sumado a la falta de un estado centralizado que dirija la lucha contra la pandemia y la crisis económica en España y contrastado, con la parálisis de la movilización social y la tendencia en alza en sectores de izquierda, más predispuesta a la crítica al gobierno de coalición progresista y dar lecciones desde afuera, que a liderar la movilización obrera y popular contra las políticas austericidas y los neoliberales que la representan dentro y fuera del gobierno, se puede proclamar sin dudas, que menos mal que al reformismo se le ocurrió la idea de formar un gobierno de coalición progresista, que con sus puntos programáticos anulan parte de las consecuencias sociales más graves de la pandemia, que afectan a los sectores más débiles de la sociedad y que nosotros los comunistas y revolucionarios, por nuestra nulidad somos incapaces de impedir.
Los límites cuando se participa del gobierno en un estado de democracia capitalista como es la monarquía española u otro, siempre está en la correlación de fuerzas y en el estado emocional ideológico, político y organizativo de la clase obrera, por lo tanto es una falacia decir que es por falta de voluntad. Cuando los distintos destacamentos revolucionarios se lanzan con la crítica del todo o nada al gobierno progresista, sin importarles siquiera diferenciarse de la reacción fascista entonces, el problema que tienen es la incapacidad de entender que valemos lo que socialmente representamos y que la solución, no es exigir a los demás lo que uno es incapaz de hacer y menos, cuando es el reformismo el que tiene el instrumento de poder que hoy rompe con el austericismo neoliberal que afecta el doble a los más débiles: 35 diputados y un programa solidario de gobierno.
El problema teórico de esta izquierda es práctico, porque su sectarismo dogmático fue construido como defensa y diferenciación del oportunismo de derechas socialdemócrata y eurocomunista, y esto les incapacita de ver quien es pueblo y clase obrera en el movimiento de la lucha de clases, al negarse a participar en ella por estar el movimiento sindical y vecinal bajo la influencia reformista. Optaron en los años ochenta por la salida fácil del aislamiento social en decenas de grupúsculos formados por colegas como ellos, excluidos o separados del sindicato de CC.OO, PCE o partidos de la izquierda, a los que el liberalismo llamó pomposamente movimientos sociales por sus luchas sectoriales y de ahí, que nunca teorizasen un campo formado por la clase obrera, ni de aliados, ni de la burguesía, ni de la oligarquía financiera como enemigo principal y menos, el crear una táctica política acorde para construir el frente único obrero y la unidad popular. El no tener práctica social de trabajo de masas les incapacitó para saber quienes son aliados y quien enemigo principal y así continúan, negando al conocimiento ver el movimiento de la lucha de clases bajo la experiencia histórica de la lucha del movimiento obrero y comunista internacional.
¿Pero es cierto como dicen que el gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ejecuta políticas de derechas? El acuerdo programático de gobierno de cincuenta puntos, son en general líneas de intenciones de pequeños avances que cuidan no dar pasos atrás, pero en algunos casos no pueden impedir el retroceso por estar legislado anteriormente por Zapatero, como el cómputo para la jubilación que aumenta dos meses al año hasta los treinta y siete, pero no acordada su reforma en el pacto de gobierno o por la inacción de los ministerios controlados por el ala derecha socialista en el cumplimiento del programa. Pero se puede valorar el resto de acciones como por ejemplo los Presupuestos Generales del Estado del 2021, que rompe con la línea austericida de los del último decenio con acuerdos concretos del pacto como subida de pensiones, salarios públicos y otros como el SMI. Lo mismo se puede decir en el ámbito de la respuesta a la pandemia en el ámbito social y me remito sencillamente a los datos del último informe de Oxfan Intermón, denunciando la situación de pobreza de más de diez millones de personas en España y de cinco millones en pobreza severa, habiéndose llegado a esta cifra con las más de 790.000 personas incrementadas por los efectos sociales de la pandemia, pero que gracias a los ERTE del gobierno progresista, más de 700.000 trabajadores mantienen su empleo pagado por el estado o por otras medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital, a pesar de que solo pudieron acceder 160.000 hogares por su mala planificación y sobre todo, por la falta de instrumentos como estado para desarrollarlo en las comunidades autónomas y ayuntamientos, las cuales muy conscientemente no los dotaron de mecanismos de acceso al ciudadano.
Estos datos por leves que le parezcan a la izquierda radical sectarizada, son los que confrontan la derecha y si esta ladra, es que la izquierda progresa aunque no sea tanto como quisiéramos sobre todo lo necesario. Pero veamos algunos de los argumentos de la crítica al gobierno progresista que realizan sectores de la izquierda política y la social movimentista, muy centrada en la defensa de las pensiones y actualmente muy fracturada por sectarismos y protagonismos mediáticos, que dan portada cuando critican al gobierno y sindicatos mayoritarios, cosa que es parte de la base de la ruptura de la COESPE, al pretender obtener la representación de todos los pensionistas ante el ministerio en sustitución de los sindicatos. Esta izquierda cuando critica al gobierno progresista por las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, necesitan tergiversarlas para fortalecer su argumentación contra ellas, cuando ninguna niega lo acordado en el pacto de gobierno. Inciden especialmente en la número dieciséis, donde contempla los planes de pensiones colectivas de empresa o sector para denunciarlos como instrumentos de privatización.
Decir a esto, que los planes colectivos de pensiones de empresa o sector ya existían por lo menos desde principios del siglo XXI en el sector público que en lo fundamental, es un producto financiero ofertado por la banca con apoyo empresarial, sindical y el gobierno. Que este producto financiero ofrecido a la clase media o clase obrera media y alta con convenio colectivo o empleo público, es imposible de impedir legalmente y menos en la Europa del capital, siendo ese producto reclamado por la misma clase media a la que se la oferta, al tener una fiabilidad económica más segura que los planes privados de pensiones con las entidades financieras, que nunca son las que firman por si en un momento dado la firma tiene que quebrar. La crítica acertada a las pensiones colectivas de empresa o sector (al que aumentan la bonificación fiscal de 8.000 a 10.000 millones) es la misma que a la de los planes privados de pensiones (que le reducen la bonificación fiscal de 8.000 a 2.000 millones por fracasar como producto en la clase media) y está, en que no se les puede bonificar fiscalmente por encima de las públicas, las cuales es necesario y posible mejorar y es por lo que tenemos que luchar, sumándolo a la necesidad de acabar con las reformas del 2011 de Zapatero que dinamitaron el estado de bienestar. Además debemos saber, que el único blindaje por ley que se puede hacer a las pensiones públicas es garantizarles una mayoría parlamentaria progresista, porque en este sistema capitalista a la mayoría que la pone otra mayoría igual la quita.
Esta izquierda radical por ética y lógica política, no debiera utilizar las ofensivas mediáticas de la derecha y la reacción y menos, cuando la carnaza que los ministros neoliberales del PSOE lanzan desde el gobierno con apoyo de los medios de comunicación de la mentira, es romper o enfrentar al gobierno de coalición. Ser de izquierdas también significa madurez política para no situarse al mismo nivel y altura que la reacción y el fascismo, aunque solo sea por la empatía de ser todos pueblo y que no nos confundan con una banda anarcoliberales. La crítica para ser revolucionaria como la verdad debe corresponderse con la realidad y ser constructiva.
El problema más grave para la clase trabajadora está en la situación que vive por el impacto de la pandemia y la crisis sistémica, con más de un tercio en situación de pobreza o pobreza severa y bajo una ofensiva política, bien planificada y orquestada por los medios de comunicación contra el gobierno progresista. Ante esto, no podemos comportarnos como pollo sin cabeza y ponernos a disparar a todos lados, porque es tarea de masas de los revolucionarios combatir la estrategia de la burguesía financiera y no delegarla al reformismo criticándolos porque no la hacen, porque es pedir peras a un olmo. En esta España pandémica la oligarquía desarrolla dos líneas de trabajo; utilizar todo medio legal o ilegal de las guerras de cuarta y quinta generación para desprestigiar y aislar socialmente a Podemos, para quebrar la alianza con el PSOE de Pedro Sánchez y romper el gobierno de coalición antes del reparto de los fondos europeos, porque más allá de su suficiencia o no o si contraen deuda grave o no, lo claro es que ese reparto hecho por el gobierno progresista favorecería más a las clases populares (como vemos en las medidas tomadas contra la pandemia) que la de un gobierno formado por la derecha reaccionaria como el de la comunidad de Andalucía o Madrid y en esta realidad, la izquierda por mucha ceguera política que tenga no puede alentar la formación de gobiernos de tipo tripartito fascista.
La otra, es de continuar con las políticas austericidas y desmantelamiento del estado de bienestar con la privatización y externalización de lo público, desde los gobiernos autonómicos que son los que gestionan el estado de bienestar en sanidad, enseñanza, servicios sociales o dependencia y como sabemos desde la época de las reconversiones de los años ochenta, el capital nunca da la batalla en dos sectores a la vez, siempre de uno en uno alternando las luchas hasta agotarlas o comprándonos mediante prejubilaciones. Todas las comunidades autónomas están gobernadas por la derecha del PP, nacionalistas o neoliberales del PSOE, que siguen con recortes y austeridad como hace la derecha en Madrid o Andalucía. Unas se enfrentan con escándalos mediáticos al gobierno progresista y otras como las del PSOE, aplicando en silencio los criterios neoliberales de gestión de la crisis sanitaria del sistema capitalista, privatizando y externalizando servicios públicos y poniendo en primer plano los intereses empresariales, antes que los del ser humano.
La ofensiva financiera y empresarial escondida tras las medidas contra la pandemia, son evidentes en el desarrollo de la digitalización del trabajo y del proceso productivo, reestructurando sectores públicos y empresas al menor costo posible y externalizando y privatizando todo lo posible en el ámbito sociosanitario. En esta ofensiva participan todas las comunidades autónomas, partidos de la derecha, nacionalistas, socialistas neoliberales y clase médica empresarial (a la que se le permite la compatibilidad laboral con la privada). Los objetivos de esta ofensiva están en la liquidación de la atención primaria y especialista pública, mediante el bloqueo de los centros de salud a la atención personalizada y esta táctica es la usada en las comunidades autónomas, al ser quienes gestionan la dependencia y la sanidad. Lo demuestra una comunidad como la asturiana con una historia obrera y de izquierda, que en medio de una pandemia que arrasa con la clase obrera, los centros de salud de atención primaria y prevención continúan cerrados a la atención personalizada, provocando el colapso de las urgencias en los hospitales y sin poder tratar los efectos del COVID 19, al impedir la creación de instrumentos preventivos por barrios para el control y rastreo de la pandemia y del resto de enfermedades y patologías, dejándolo todo en manos de la naturaleza y la vacuna.
Pasan los días sin que te cojan el teléfono en el Centro de Salud, pasan los días para atenderte telefónicamente el médico y pasan los meses en darte cita para el especialista. El bloqueo por los gobiernos autonómicos de la atención primaria personalizada en la sanidad pública, ha motivado la ofensiva de los seguros médicos privados que por menos de veinte euros al mes, te ofrecen la atención personalizada inmediata incluida la especialista, obligando a la clase trabajadora sobre todo a la más precaria y fuera de convenio, apuntarse para obtener la atención médica inmediata para no perder el puesto de trabajo, cumpliéndose así los objetivos de las multinacionales farmacéuticas, de la clase médica empresarial y entidades financieras que son los que "financian" la corrupción en estos gobiernos autonómicos.
La estrategia de la oligarquía en época de pandemia, debiera obligarnos como revolucionario a poner en primer plano la unidad de acción en el trabajo de masas en las organizaciones sindicales y vecinales, con el objetivo de ganar la mayoría social y trabajar mejor la construcción de la unidad popular, básica para ganar esta guerra total en la que ya estamos y que no pase como en el 1936, que mientras comunistas, socialistas y republicanos daban la vida por mantener las conquistas y la república, el trotskismo y el anarcoliberalismo nos confrontaban para hacer su revolución, incluso con las armas. Como cada uno elige su trinchera los comunistas dejamos claro la que tenemos.
Alonso Gallardo de los círculos comunistas de Unidas Podemos - febrero del 2021
