Necesitamos jueces que apliquen las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de todos y todas y que garanticen el cumplimiento de la Constitución, no para crear en la ciudadanía inseguridades, dudas y debates sobre la independencia y el papel del Poder Judicial, haciendo tambalear el Estado de derecho.
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Cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador y del comienzo de la Transición a la democracia del 78, los españoles asistimos perplejos a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitida por el Tribunal Supremo.
Al hecho insólito de conocer la redacción de la condena 19 días después de que el Tribunal emitiera el fallo contra el fiscal, le precede la polémica de haber elegido el 20 de noviembre para hacer pública la sentencia. Resulta llamativo que una fecha revestida de una especial significación emocional y simbólica en la memoria democrática de este país haya sido la elegida por el Tribunal para informar a la ciudadanía de la condena impuesta al principal valedor de los derechos fundamentales de los españoles y las españolas. Esta circunstancia, ligada al escenario de creciente polarización política y de sospechas de lawfare, sólo acentúan la inapropiada elección del Tribunal para la que cabe la denuncia pública por la falta de sensibilidad democrática de una institución que representa la justicia y las garantías constitucionales frente a la tiranía y el abuso.
La perplejidad no abandona a quienes intentamos entender con imparcialidad un caso que comenzó con un bulo filtrado a los medios de comunicación desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid para tapar una verdad incómoda y vergonzosa que apuntaba a la pareja de esta. La nota de prensa sacada por la Fiscalía para defenderse y negar que esta entidad ofreciera un pacto al conocido como “defraudador confeso” ha sido la que ha motivado la inhabilitación del fiscal general, así como el pago de una multa y una indemnización de 10.000 euros para la pareja de la presidenta por un delito de revelación de datos reservados, ya que también se le acusa de filtrar el correo de este ciudadano particular que admitió el fraude.
Coincidimos con la opinión de las dos magistradas que han emitido los dos únicos votos en contra de la condena de los siete integrantes que componen el Tribunal, no observando en la sentencia una sola prueba que demuestre, sin equívocos ni especulaciones, la participación directa del fiscal general, o a través de terceros, en la filtración a la prensa del correo donde se admitía la participación de la pareja de la presidenta en delitos fiscales, ni tampoco delito por revelación de secretos por la difusión de la nota de prensa con la que la Fiscalía se defendió de los bulos propagados desde el gabinete de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, resulta incomprensible que un juicio de estas características no haya podido seguirse por televisión por decisión de la Sala Penal ya que hubiera garantizado la transparencia del proceso y estaría ahorrando a la ciudadanía las críticas y las dudas sobre la actuación del Tribunal.
No nos detendremos en el estupor que provoca que el Tribunal no haya considerado relevantes las testificaciones de diferentes periodistas que declararon conocer la fuente que filtró el correo del abogado de Alberto González Amador antes de que llegara a manos del fiscal general (aunque no revelaran su nombre para no quebrar el secreto profesional), pasaremos de puntillas por la forma en la que el Tribunal ha desdeñado las declaraciones de la pareja de la presidenta que manifestó ante los jueces la idea de suicidarse o abandonar el país, y en la falta de consideración por los protocolos de seguridad de la información que obligan al borrado periódico de información del móvil del fiscal, siendo el cumplimiento de esta norma una buena práctica en lugar de un delito.
La condena del fiscal general del Estado es un eslabón categórico ligado a una sucesión de prácticas abusivas desde diferentes ámbitos del Estado contra colectivos de la sociedad civil, políticos y periodistas que denuncian los excesos de un sistema que pone en peligro la convivencia pacífica y los logros alcanzados por políticas progresistas que garantizan la protección real de toda la ciudadanía.
Como parte de esa ciudadanía sentimos que se ha abierto una grieta que hace peligrar la credibilidad de unas instituciones democráticas que tanto sufrimiento han costado alcanzar. Necesitamos jueces que apliquen las leyes para resolver conflictos, proteger los derechos de todos y todas y que garanticen el cumplimiento de la Constitución, no para crear en la ciudadanía inseguridades, dudas y debates sobre la independencia y el papel del Poder Judicial, haciendo tambalear el Estado de derecho.
La presunción de inocencia y la necesidad de aportar pruebas irrefutables antes de condenar a cualquier persona, garantizando la justicia y protegiendo los derechos individuales, son principios fundamentales de cualquier Estado de derecho democrático.
Reclamamos una democracia efectiva que respete el mandato de la ciudadanía y apoyaremos cuantas iniciativas contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa e inclusiva. Los abajo firmantes mantenemos viva la memoria de los que nos precedieron y hacemos nuestra la defensa de un mundo más justo y humano. Somos defensores de las instituciones del Estado y
del orden constitucional y creemos firmemente en el Estado de derecho y en la separación de poderes, pero nos oponemos a que se condene a ningún ciudadano sin pruebas y a que se transgreda la presunción de inocencia, principio inspirador del orden penal recogido en tratados internacionales y regulado en la Constitución española como derecho fundamental.
1. ASOCIACIÓN TRIÁNGULO AZUL STOLPERSTEINE DE ANDALUCÍA
2. AMICAL DE BUCHENWALD
3. AMICAL DE MAUTHAUSEN Y OTROS CAMPOS Y DE TODAS LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO EN ESPAÑA
4. AMICAL DE NEUNGAMME
5. FORO CIUDADANO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA
6. ASOCIACIÓN ERAN DEL EXILIO REPUBLICANO EN ÁFRICA DEL NORTE 7. FEDERACIÓN ANDALUZA DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
8. ASOCIACIÓN DE MEMORIA DEMOCRÁTICA NICETO ALCALÁ-ZAMORA (ANDALUCÍA) 9. ASOCIACIÓN RECUPERANDO MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ALMERÍA
10. ASOCIACIÓN FAMILIARES AMIGOS RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA JEREZ Y COMARCA (CÁDIZ)
11. ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA DE SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ) 12. ASOCIACIÓN CULTURAL MIRANDA DE SARDI DE CHIPIONA (CÁDIZ)
13. ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ESPERA (CÁDIZ)
14. FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) 15. FORO POR LA MEMORIA DEL CAMPO DE GIBRALTAR (CÁDIZ)
16. CASA DE LA MEMORIA LA SAUCEDA DE JIMENA DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 17. PLATAFORMA COMISIÓN DE LA VERDAD DE CÓRDOBA
18. ASOCIACIÓN PARA LA RESTITUCIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DEL GUADIATO (CÓRDOBA)
19. ASOCIACIÓN CULTURAL MEMORIALISTA ALTO GUADALQUIVIR EL OLIVO (MONTORO, CÓRDOBA)
20. ASOCIACIÓN CULTURAL LA MOJEA (VILLANUEVA DE CÓRDOBA, CÓRDOBA) 21. FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ESPEJO (CÓRDOBA)
22. ASOCIACIÓN PUERTA A LA MEMORIA DE DOÑA MENCÍA (CÓRDOBA)
23. ASOCIACIÓN FORO POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE LA CARLOTA (CÓRDOBA)
24. MEMORIA HISTÓRICA Y LUGARES DE MEMORIA DE LOS MONTES ORIENTALES (GRANADA)
25. ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 14 DE ABRIL COMARCA DE LA COSTA DE GRANADA
26. GRUPO DE DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA DEMOCRÁTICA DE LOJA (GRANADA)
27. ARMH SIERRA SUR DE JAÉN
28. ASOCIACIÓN CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO Y POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DE MÁLAGA
29. ASOCIACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA SIGLO XXI DE ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
30. ASOCIACIÓN FONTANIEGA FAMILIARES VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO (FUENTES DE ANDALUCÍA, SEVILLA)
