2 de diciembre de 2025
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En las ciudades de China, el suelo es de propiedad estatal y lo que se transfiere al ciudadano no es el dominio pleno, sino un derecho de uso prolongado. Esa distinción jurídica, que podría parecer formal, es en realidad la base que permite planificar, regular la oferta, contener la especulación y subordinar la lógica del lucro a la función social. La planificación urbana no está sometida a la ley del beneficio inmediato, sino a una concepción de bienestar colectivo y desarrollo equilibrado.
El acceso a la vivienda no es una simple cuestión económica. Es una categoría política que revela la estructura de poder y la orientación social de un Estado. En un sistema donde el valor de cambio se impone al valor de uso, el hogar deja de ser espacio de vida y se convierte en instrumento de rentabilidad. Allí donde domina el capital inmobiliario, la casa ya no protege al ser humano: lo encadena. Por el contrario, donde el poder público retiene la dirección del suelo y de la producción habitacional, la vivienda puede ser fundamento de igualdad material y garantía de estabilidad social.
El socialismo chino ha construido, con sus contradicciones y ajustes, una arquitectura institucional que mantiene esa dirección política sobre el territorio y el hábitat. En las ciudades de China, el suelo es de propiedad estatal y lo que se transfiere al ciudadano no es el dominio pleno, sino un derecho de uso prolongado. Esa distinción jurídica, que podría parecer formal, es en realidad la base que permite planificar, regular la oferta, contener la especulación y subordinar la lógica del lucro a la función social. La planificación urbana no está sometida a la ley del beneficio inmediato, sino a una concepción de bienestar colectivo y desarrollo equilibrado.
El Estado chino ha sabido conservar mecanismos de provisión pública y de alquiler asequible. Los grandes programas de vivienda para trabajadores, las políticas de copropiedad y los fondos públicos de ahorro y crédito orientados a la vivienda han hecho posible que una amplia mayoría de familias accedan a un hogar en condiciones dignas. Incluso en los segmentos juveniles y urbanos más recientes, la tasa de acceso a la vivienda sigue siendo significativamente superior a la de cualquier país capitalista desarrollado. Aun con tensiones derivadas del propio crecimiento urbano y de la inversión inmobiliaria, la estructura pública de suelo y la dirección estatal del proceso habitacional actúan como dique frente a la especulación.
El contraste con Canarias es radical. Allí donde el socialismo planifica, la periferia insular padece la desposesión. La vivienda se ha convertido en mercancía de inversión turística y renta rápida. La proliferación del alquiler vacacional, impulsada por plataformas digitales y amparada por una legislación permisiva, ha expulsado a la población trabajadora del centro urbano y del mercado residencial. Decenas de miles de viviendas se destinan a uso vacacional o permanecen vacías, mientras miles de familias no encuentran hogar asequible. El problema no es la escasez física de vivienda, sino la subordinación total del territorio a la rentabilidad privada.
En las islas, el suelo se ha transformado en fuente de acumulación para el capital externo, en detrimento del derecho efectivo a habitar. La política pública ha sido incapaz de disputar la hegemonía rentista y la legislación autonómica se limita a gestionar la escasez generada por el propio mercado. El resultado es un paisaje de expulsión: jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que destinan más de la mitad de su salario al alquiler, barrios desplazados por el turismo y una sensación generalizada de pérdida de soberanía sobre el espacio vital.
Canarias necesita una transformación radical, no un ajuste técnico. La vivienda debe ser restituida a su función social originaria: servir a la reproducción digna de la vida y no a la acumulación del capital turístico e inmobiliario. Ello exige la prohibición expresa del alquiler vacacional en viviendas destinadas al uso residencial, reservando esa actividad únicamente a los apartamentos o complejos que cuenten con calificación administrativa específica y estén sujetos a fiscalización pública. No puede admitirse que el hogar del pueblo trabajador se convierta en mercancía de consumo temporal para el visitante.
Junto a esa medida estructural, la intervención pública en los precios del alquiler resulta indispensable. El mercado, abandonado a sí mismo, no regula necesidades, sino beneficios. El Estado debe fijar topes obligatorios, vincularlos a la capacidad adquisitiva real de la población y garantizar la estabilidad contractual frente a la expulsión del inquilino. La vivienda vacía, en un territorio donde miles de familias carecen de techo, constituye una forma de expropiación social encubierta. Su uso debe ser obligatorio: el propietario ha de arrendarla o cederla a programas públicos bajo apercibimiento de expropiación de uso si persiste en mantenerla ociosa. No se trata de una medida punitiva, sino de una restitución de justicia material: allí donde la necesidad colectiva es evidente, el interés privado debe ceder.
La función social de la vivienda no puede seguir siendo un principio retórico. Es la piedra angular de la soberanía popular sobre el territorio. Reconoce que la propiedad privada, cuando se ejerce en contra del bien común, deja de ser derecho y se transforma en privilegio. La vivienda, como el suelo, pertenece en último término a la comunidad que lo habita, y el Estado no solo puede, sino que debe intervenir para asegurar que cumpla su finalidad social. La intervención, la planificación y, llegado el caso, la expropiación de uso no son excesos: son expresiones legítimas del interés general frente a la lógica del despojo.
Solo bajo esa concepción podrá Canarias dejar de ser una periferia rentista para convertirse en un territorio habitado soberanamente por su pueblo. La casa dejará entonces de ser instrumento de especulación para volver a ser lo que nunca debió dejar de ser: el espacio donde la vida se afirma y el trabajo se dignifica.
El ejemplo chino demuestra que la vivienda puede organizarse desde la planificación y la responsabilidad colectiva. En cambio, la experiencia canaria evidencia los efectos de la mercantilización absoluta del hábitat. Una sociedad que permite que el derecho a la vivienda dependa del turismo y de la especulación inmobiliaria no solo renuncia a su soberanía, sino también a su futuro. Frente a esa expropiación silenciosa, se impone la reconstrucción de un poder público capaz de ordenar el territorio en función de la vida y no del capital.
