Mientras continua
el culebrón y se clarifican aspectos de la trama social mediática y virtual, de
lo mucho dicho y de lo poco hecho por parte del nacionalismo catalán y del vacío político dejado por la visión ya
forzada, del subjetivismo romántico radical y revisionista de un sector de la
izquierda, lleno de prisas y soluciones rápidas de atajo político. Se visualiza
socialmente en la escena de la trama a estas alturas, de dos contrarios en el
mismo polo clasista oligárquico, con el añadido de un pueblo fácil: dominante y
neoliberal uno, el otro que no acaba de salir del armario, conservador y fascista,
unidos por el pánico de la ruptura del bipartidismo por Unidos Podemos y las
confluencias en las europeas del 2014. En el parlamento español lo representan
el PP-PSOE-Cs-PDeCAT-PNV-FORO-CC y PNN.
Una
clarificación se genera con la visualización pública, de que la proclamación de
la independencia conllevaba entre los convocantes, el conocimiento del ritual
155 constitucional y sus consecuencias (aunque no todo es previsible) lo que
permitió jugar más con la virtualidad
mediática, que ambos contendientes poseen, que con los mecanismos políticos y legales
democráticos. La otra se lanza desde el gobierno de España con la publicitación
televisiva para el vulgo, de la imagen del patriarca usando al gusto su
legalidad democrática. Lanza la regañina al hijo díscolo, ante un pueblo con
cultura televisiva de futbol y toro, deseoso incluso de superiores castigos.
Conscientes los contendientes, de que los comportamientos mediáticos que
publicitan, construyen una posverdad que los potencia socialmente en su ámbito
de influencia, con una disminución proporcional en el campo social contrario.
A estas
alturas, parte del gobierno catalán está en el exilio dorado de la derecha
extrema europea, el resto rinde pleitesía en la cárcel monárquica, que no
bolivariana ¿qué queda de la DUI revolucionaria que iba a liquidar el régimen
del 78? Pues queda algo que no es coincidencia, si no pura planificación. Ejemplo,
la aprobación por todos ellos en el parlamento español en junio del 2017 y
ratificado este octubre pasado por el senado, del tratado de libre comercio
CETA, entre la Unión Europea y Canadá, que abre la puerta a las multinacionales
yanquis, poniendo en peligro toda la red de empresas privadas y públicas,
precarizando más el empleo y provocando la privatización de los servicios
públicos por ley, especialmente en el ámbito de la salud, la alimentación y el
medioambiente. Otro, el tapado mediático de la corrupción saltada estos meses,
justo cuando la fiscalía declaraba demostrado el atentado al estado de derecho
por el PP en el caso Gürtel, es el mismo momento político que el Presidente del
gobierno Mariano Rajoy, con nombre y apellido en los papeles de la Gürtel,
acusaba al nacionalismo catalán por la DUI, de atentar al estado de derecho y
por terminar, el que relacionaban a la casa real con el caso de la fortuna de
la familia Ferrusola, es decir de Jordi Pujol Ferrusola.
¿Pero de
todo esto, qué es lo que nos queda a la clase obrera española? Pues queda lo
real, lo legislado durante todos estos meses para reprimir la revuelta virtual
del nacionalismo burgués, que no es poco, en el ámbito de la libertad de
movimiento de las empresas y lo experimentado en el campo de la capacidad de
intervención de los poderes fácticos, ejército, policía y poder judicial,
sustituyendo al sujeto político y sus instituciones democráticas, por las leyes
emanadas del estado. La experiencia nos dice, que igual que a los huelguistas
del 14 N les aplicaron la legislación desarrollada en la lucha antiterrorista,
con cientos de detenidos, cárcel y multas, en el futuro, la represión no la
ejercerá el poder político en el gobierno, sino directamente desde el poder
judicial, la policía o el ejército, en aplicación de las leyes de las que “democráticamente”
nos hemos dotado, para defender la unidad de España.
La oligarquía
neoliberal ha construido una realidad virtual con el apoyo de una parte de la
izquierda, de una confrontación entre pueblos de España tipo naranja, donde
incluso se arriesgan convertir a España en un estado fallido, antes que nazca
una nueva Grecia, que impida acabar el objetivo de apropiación radical de todos
los bienes y propiedades públicas de la clase obrera y el pueblo, iniciado
cuando las hipotecas basura del 2008 explosionaron, por la crisis global que
arrastra el sistema desde los años setenta, de reducción inexorable de los
beneficios empresariales, justificando los tremendos recortes del gobierno socialista
de Zapatero del 2011 y acusándonos al pueblo la oligarquía, de vivir por encima
de nuestras posibilidades. Paralizado por las movilizaciones espontaneas
de empleados públicos, las mareas, el
15M, la marcha por la dignidad y políticamente, por los resultados de las
elecciones europeas del 2014, con la derrota por primera vez, del bipartidismo
inaugurado a inicios de los ochenta entre el PSOE y PP. Los buenos resultados
de Podemos e Izquierda Unida desde entonces han bloqueado en gran parte, las
políticas austericidas de la troika europea de recortes a todos los niveles y de
la privatización de los servicios públicos, que puedan dar beneficio a la
empresa privada, dentro del libre mercado.
Con esta
trama que ha ocultado la otra, de apropiación ilegal de fondos y empresas
públicas, han mejorado el sistema de represión y del sometimiento social
mediático. Han delegado en el poder judicial y fácticos, la capacidad de
represión mediante la aplicación directa del estado de derecho, por encima del
estado democrático y esto es sencillo de entender en su sentido final, si nos
situamos en un mañana, donde una mayoría parlamentaria en el congreso, toma la
decisión política de la elección del presidente del estado, mediante unas
elecciones democráticas y pretende reformar la constitución. Entonces, el poder
judicial en sus estructuras superiores, está facultada para enjuiciar al órgano
y personas por sedición desde su particular forma de entenderla la Ley y la Constitución.
Han conseguido también otra cuestión política fundamental, posiblemente el
objetivo principal de esta trama, el debilitamiento orgánico y electoral de
Podemos, Unidos Podemos y las confluencias, por el conocimiento sociológico e
histórico que tienen, de los puntos fuertes y debilidades de la izquierda
reformista española.
Seamos
conscientes, el desarrollo de las políticas de recortes, privatizaciones y
austeridad de los neoliberales, necesitan de una mayoría parlamentaria que
Unidos Podemos y las confluencias tenían en jaque, agravado por la victoria de
Pedro Sánchez en el PSOE para revitalizarlo por la izquierda. Con este sarao
catalán, la derecha neoliberal y conservadora, que incluye a la mayoría
parlamentaria del PSOE, contrarios a Pedro Sánchez pero integrados en las
políticas neoliberales y la corrupción, no solo revitalizaron la parte
reaccionaria de los victoriosos del golpe de estado de 1936, sino que también
los situaron al frente de la movilización de masas dándoles legalidad
democrática, ante una falta de iniciativa de la izquierda popular, por la división
surgida en Unidos Podemos y las confluencias, especialmente en la plaza fuerte
catalana, abrazando una parte de su fuerza, el discurso liquidacionista del
nacionalismo burgués, como de izquierda.
Si esto continúa
así, que las tiene todas dadas si Unidos Podemos y las confluencias no
enderezan el vuelo, independientemente de lo bueno y lo malo del resultado
electoral del 21 D catalán para los neoliberales y el pueblo. La Comisión
Europea, el Banco Central, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y
bajo las órdenes del gobierno alemán lo tienen decidido; ante el elevado
déficit público español, de paro y precarización masiva del empleo, de huida de
capital foráneo y propio por falta de inversiones públicas y beneficios y ante
la falta de iniciativa del gobierno de la nación, en tomar medidas que den
confianza al mercado y posibilite el pago de la deuda y reduzca el déficit, han
decidido eliminar la compra del 50% de los bonos de deuda emitidos por los
gobiernos, entre ellos el del español.
Esto quiere
decir, que dentro de los presupuestos generales del estado para el 2018, actualmente
en suspenso, cargarán todas las culpas al pueblo catalán de las
responsabilidades del tremendo déficit de la hacienda española, acrecentado por
la desconfianza del mercado por la aventura independentista en un momento
crucial, de la moto que nos vendían de crecimiento económico. Cargando con
todas sus fuerzas, incluidas las del grueso del grupo parlamentario del PSOE, con
una ofensiva mediática y real desde la
cínica defensa de un mínimo estado de bienestar, de la necesidad de aprobar los
recortes de las pensiones, salarios y de empleo público, continuando con las
privatizaciones de las empresas y servicios
públicos que quedan, situándolas en manos del libre mercado inaugurado
del CETA y la deuda sin pagar.
Alonso
gallardo militante comunista por la confluencia
noviembre del 2017
