La única solución justa, legal y duradera exige el estricto respeto al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia mediante referéndum, con el Frente Polisario como su único y legítimo representante. La misma legalidad internacional que invocamos para Palestina debe ser exigida para el pueblo saharaui.
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Hay nombres que eluden los comunicados oficiales y, sin embargo, sostienen la arquitectura profunda de una política exterior. Adil El Alami es uno de ellos. El que fue Jefe de la División de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, fogueado como encargado de negocios en Panamá y consejero en México —toda una trayectoria profesional que consta públicamente y se extrae de su propio perfil en la red LinkedIn—, aterriza en septiembre de 2023 en Madrid como ministro plenipotenciario, segundo de la embajada de Karima Benyaich. El dato no es anecdótico. Es la pieza que cierra un circuito.
Lo que hemos podido documentar en los últimos días —gracias a la luz arrojada por las recientes filtraciones del grupo de hackers Jabaroot, que han dejado al descubierto las comunicaciones confidenciales y el modus operandi de la diplomacia marroquí— es el itinerario de un alto funcionario que ha pasado de gestionar la ofensiva en América Latina a tejer la hegemonía en el corazón del Estado español. Lo encontramos avalando con su presencia institucional, en la propia sede del Consejo Económico y Social (CES) de España, la firma de acuerdos de este órgano con su homólogo marroquí, presidiendo en la Universidad de Córdoba la Cátedra Fátima Al Fihri, entregando el Premio Ibn Rushd de la Concordia junto a la Fundación Baleària (brazo marítimo del capital del Estrecho), inaugurando el Festival de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) en Casa Árabe y bendiciendo premios de periodismo en Casa Mediterráneo.
Pero la red no se limita al folclore institucional o a la academia. El pasado mes de julio, como él mismo exhibe con orgullo en su perfil público de Linkedln, El Alami participó en la inauguración del Cybersecurity Summer BootCamp 2026 en León. Allí se codeó con la cúpula del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con el secretario de Estado español de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y con la plana mayor de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El antiguo jefe para América Latina, insertado ahora en los foros donde se coordinan las infraestructuras de seguridad digital hispanoamericanas. El círculo es perfecto.
No es casual la lista. Casa Mediterráneo, Casa Árabe o el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) no son espacios neutros; son instrumentos clave del aparato del Estado español. Cuando un diplomático marroquí se sienta en un Consejo Diplomático, cuando su embajada celebra la Fiesta del Trono con ministros del Gobierno español y con fundaciones como la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) —que teorizan la Iberofonía como un mercado de 900 millones de personas—, lo que se está produciendo es una meticulosa construcción de hegemonía en el seno de la sociedad civil y política española. El dominio no se impone ya de forma coercitiva; se normaliza y se legitima a través de la cultura, la cátedra universitaria, el premio o el foro tecnológico, forjando un nuevo sentido común que invisibiliza el conflicto.
La historia profunda, aquella que exige analizar el movimiento de las estructuras materiales por debajo de la espuma de los acontecimientos coyunturales, explica esta estrategia. En 1986, Marruecos instaló en Bogotá una de sus tres nuevas embajadas en América Latina. En 2005, Mohamed VI hizo la primera gira de un monarca alauí por el continente. No era turismo diplomático. Era la preparación de una infraestructura material: fosfatos, fertilizantes, puertos atlánticos, acuerdos de pesca y corredores logísticos. La superestructura política e ideológica vino después. En junio de 2022, la Plataforma Latinoamericana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui alertó al Parlamento Andino. En 2025, ese mismo Parlamento celebra su plenario en Marruecos y presenta al reino como el «puente natural» entre África, Europa y América Latina. En el intervalo, la cosecha extractiva da sus frutos políticos: Colombia congela sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reconoce la soberanía marroquí; Ecuador suspende su reconocimiento en 2024; Bolivia lo hace en 2026, y Honduras y Perú se alinean en la misma órbita.
Ningún pueblo vende su política exterior por un cargamento de abono, pero ningún gobierno toma decisiones en el vacío de las relaciones de producción. Lo que Marruecos ofrece no es un simple contrato comercial, es una inserción en una cadena de valor extractiva global: yo te garantizo el insumo para tu agroexportación, la conectividad para tu mercancía y la inversión para tu puerto, y a cambio, tú normalizas el olvido de que existe un pueblo en espera de descolonización. Chile es el laboratorio perfecto: nunca ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero su intercambio con Rabat ya roza los 80 millones de dólares y negocia el primer acuerdo comercial de su historia con un país africano, todo ello sostenido sobre la base material del fosfato.
Traer a Madrid al hombre que tejió esa red es una operación de una racionalidad implacable. Madrid no es solo la capital del Estado que en 1975 firmó la traición histórica de los Acuerdos Tripartitos. Es la sede de la comunidad iberoamericana, de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de las universidades que forman a los cuadros latinoamericanos y, sobre todo, ha sido históricamente la retaguardia de la solidaridad con el Frente Polisario en Europa. Si se controla el relato en Madrid, se asfixia al movimiento solidario. Por eso la exhibición de poder e influencia de El Alami en el Consejo Económico y Social (CES), en la cátedra de Córdoba o en los foros de ciberseguridad de León no es una simple anécdota diplomática. Es la disputa directa por el aparato cultural y tecnológico del Estado.
La difusión de las operaciones marroquíes expuestas por los hackers de Jabaroot, amplificada por medios como El Confidencial Saharaui (ECSaharaui) —un digno ejemplo de periodismo riguroso y saharaui libre—, ha cumplido una función vital de contrapoder. Han puesto luz donde la diplomacia opaca imponía la sombra. Estas filtraciones no han revelado meros secretos de Estado; han desnudado una estructura. Y esa estructura nos dice que Marruecos no actúa como un país africano más en busca de cooperación, sino como un Estado subimperialista que, amparado por Washington y París, blindado por la tecnología de cibervigilancia y la alianza militar estratégica con Israel, por el capital logístico europeo y por la complicidad de Madrid, pretende convertir el Sáhara Occidental en simple moneda de cambio mercantil.
Frente a esta arquitectura del olvido, la respuesta solo puede articularse desde el derecho internacional y la solidaridad de clase. El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro fundador de la Unión Africana. Ningún plenario en Rabat, ningún foro empresarial en Alicante, ni ningún congreso en León puede borrar el hecho material de que un pueblo lleva cincuenta años resistiendo en campamentos de refugiados y bajo ocupación militar.
Por eso este artículo no es solo una denuncia; es un posicionamiento en el que afirmo que, la única solución justa, legal y duradera exige el estricto respeto al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia mediante referéndum, con el Frente Polisario como su único y legítimo representante. La misma legalidad internacional que invocamos para Palestina debe ser exigida para el pueblo saharaui. No es casualidad que hoy Rabat y Tel Aviv consoliden un eje al amparo de los Acuerdos de Abraham, intercambiando reconocimiento diplomático por armamento y software de espionaje (Pegasus); ambas potencias comparten la misma lógica de ocupación colonial y el mismo desprecio sistemático por las resoluciones de Naciones Unidas.
África no empieza ni termina en Rabat. Los recursos naturales y las riquezas marítimas del Sáhara no pueden ser la coartada para el expolio transnacional. Y el Estado español tiene una deuda histórica que no se salda con cátedras de relaciones públicas, sino con verdad, justicia y reparación. Por un Sáhara libre.
Tras un proceso de reestructuración y división de la compañía canaria Armas, Baleària formalizó la compra y tomó el control efectivo de la operativa de Armas —especialmente en lo que respecta a las conexiones interinsulares de Canarias y las rutas con la Península—, operando bajo la marca Baleària Canarias.
