Hace años que los dirigentes occidentales, incapaces de reconocer la progresiva pérdida de su hegemonía, recurren a la falsificación de los hechos y a la mentira como instrumentos de la política internacional. Thierry Meyssan, fundador de la Red Voltaire, sostiene que esa obstinación está creando las condiciones para el estallido de una Tercera Guerra Mundial. Una guerra que, de producirse, no sería consecuencia de un accidente ni de un error de cálculo, sino el resultado de la negativa de esos dirigentes a aceptar una realidad que ya no pueden dominar.
Pero antes de que semejante catástrofe llegue a producirse, España podría verse arrastrada a otra confrontación, de dimensiones más reducidas, pero no menos dramática: una nueva guerra civil.
No me parece una posibilidad tan remota como hubiera podido parecerme hace algunos años. La degradación del discurso político, la sustitución del razonamiento por la consigna, la mentira habitual y la creciente radicalización de las derechas españolas están creando un clima que hace temer lo peor.
La pérdida de credibilidad de los dirigentes de esas derechas es, a mi juicio, tan manifiesta como escandalosa. No solo ante quienes profesan ideas progresistas, sino ante cualquier ciudadano que conserve independencia de juicio y un mínimo respeto por la lógica. Sin embargo, esa pérdida de credibilidad no parece afectar a sus seguidores más incondicionales, cuya fidelidad resiste cualquier contradicción, cualquier falsedad y cualquier despropósito. Y ahora, además, la derecha que ridículamente se considera centro encuentra el refuerzo de otra formación que recupera elementos ideológicos del franquismo y del fascismo.
Hasta hace relativamente poco tiempo, pensaba que la pertenencia de España a la Unión Europea era una garantía suficiente contra cualquier tentativa de involución totalitaria o autoritaria. Creía que las instituciones europeas serían un muro de contención frente a los excesos de nuestros gobernantes.
Pero ya no estoy tan seguro.
La política europea parece haber abandonado buena parte de la racionalidad que, al menos formalmente, presidía sus actuaciones. Aquella vieja aspiración de transformar las sociedades desde arriba, mediante reformas y acuerdos institucionales, va cediendo terreno a la lógica opuesta: la del absurdo, la contradicción y la irracionalidad.
Y España, pues, continúa siendo una anomalía.
Durante la dictadura franquista se proclamaba con orgullo que ºEspaña es diferente”. Lo era, ciertamente, aunque por razones muy distintas de las que pretendía el dictador. Aquella diferencia, presentada como una virtud nacional, era en realidad la expresión de nuestro aislamiento político y cultural respecto de buena parte de Europa.
Lo inquietante es que, medio siglo después, sigue siendo diferente. Y no precisamente para bien.
Para comprender mi desconfianza hacia el presente es necesario retroceder a la llamada Transición democrática.
Cuando en diciembre de 1978 quedó constitucionalmente consagrado el nuevo régimen político, advertí lo que consideraba una trampa de enormes consecuencias históricas. La monarquía, restaurada por voluntad del dictador, quedaba incorporada a un sistema presentado como resultado de la recuperación de la soberanía popular.
La ciudadanía, después de cuatro décadas de dictadura, tenía sobrados motivos para celebrar la llegada de las libertades. Pero aquella celebración estuvo acompañada de un temor que no conviene olvidar: el de una posible intervención militar que frustrase el proceso. El miedo, alimentado por rumores y amenazas, contribuyó a que en mentideros y círculos clave aceptase prácticamente todo con tal de evitar el regreso al pasado. La ilusión por la democracia hizo el resto.
Políticos, periodistas y buena parte de la sociedad parecieron convenir en que lo más prudente era hacer borrón y cuenta nueva. Se cambiaron las instituciones, se aprobaron nuevas leyes y se proclamó la inauguración de una época histórica.
Pero había algo que a mí me resultaba imposible admitir: que, aparte de muchos de los que habrían de ser políticos, los jueces, que se acostaban franquistas pudieran levantarse demócratas a la mañana siguiente.
Una Constitución puede aprobarse en un día. Una mentalidad formada durante décadas, y reforzada por el ejercicio del poder y el disfrute de sustanciosos privilegios, necesita de mucho más tiempo del que se cree para transformarse.
Y esa era, precisamente, mi mayor preocupación respecto de la judicatura.
Los jueces del franquismo no desaparecieron con la promulgación de la Constitución. Continuaron ejerciendo sus funciones dentro del nuevo ordenamiento jurídico. Sus sucesores se formaron en instituciones cuya cultura profesional tampoco podía transformarse de manera instantánea. Los hijos, los nietos e incluso los biznietos de los jueces del franquismo perpetuarían determinadas concepciones jurídicas, del poder y de la sociedad.
No pretendo afirmar que todos los jueces españoles compartan una misma ideología ni que exista una transmisión hereditaria inevitable del franquismo. Pero sí considero que la continuidad de las estructuras judiciales constituye una de las grandes cuestiones no resueltas de esta democracia.
Y sus consecuencias, a mi entender, se manifiestan hoy con especial intensidad.
La intervención de determinados sectores judiciales en asuntos de evidente trascendencia política, particularmente cuando afectan a las izquierdas, me parece difícil de separar de aquella continuidad histórica. La justicia, que debería representar la garantía última de la imparcialidad del Estado, corre el riesgo de convertirse, cuando abandona esa función, en instrumento de la confrontación partidista.
A ello se añadió otro fenómeno que contribuyó a consolidar el sistema nacido de la Transición: el bipartidismo.
Los dos grandes partidos encontraron en la alternancia una fórmula extraordinariamente conveniente. Podían enfrentarse públicamente, disputar el gobierno y presentarse como alternativas irreconciliables, mientras compartían las ventajas de un sistema político cuya estructura fundamental ninguno parecía interesado en modificar.
De ese modo, la democracia española fue adquiriendo una estabilidad que no equivale a una auténtica transformación de las relaciones de poder.
Y llegamos así al presente.
Ante las elecciones anunciadas para el 29 de noviembre, las fuerzas de izquierda confían en obtener una nueva victoria. Yo, sin embargo, contemplo el desenlace con menos optimismo. No porque considere inevitable su derrota electoral, sino porque la confrontación política se desarrolla en unas condiciones que distan de ser equilibradas.
El apoyo que, a mi juicio, determinados sectores de la judicatura prestan objetivamente a las posiciones de la derecha constituye un factor que no puede ignorarse. Y esa circunstancia, unida a la radicalización del discurso público, me lleva a pensar que las derechas parten con una ventaja considerable.
Pero mi preocupación va más allá del resultado de unas elecciones.
Lo que está en juego es la propia calidad de nuestra convivencia democrática. Una sociedad puede soportar gobiernos mediocres, decisiones equivocadas e incluso graves episodios de corrupción. Lo que difícilmente puede soportar indefinidamente es la desaparición de unas reglas de juego que es deseable sean aceptadas por todos y aplicadas con independencia de quién gobierne.
Cuando las instituciones dejan de inspirar confianza, cuando la mentira se normaliza y cuando el adversario político empieza a ser tratado como un enemigo al que es legítimo destruir por cualquier procedimiento, la democracia quizá conserve sus formas, pero pierde su sustancia.
Por eso ya no me tranquiliza tanto nuestra pertenencia a Europa. La resistencia española a directivas y resoluciones de las instituciones europeas demuestra hasta qué punto puede mantenerse una cultura política que se considera autorizada a desobedecer lo que no le conviene.
España sigue siendo diferente.
Y acaso esa diferencia, lejos de constituir una singularidad pintoresca, termine convirtiéndose en un elemento particularmente peligroso dentro de una Europa que tampoco atraviesa sus mejores momentos.
No me atrevería a asegurar que nuestro país pudiera convertirse en la espoleta de un conflicto internacional como el que anuncia Thierry Meyssan. Pero tampoco encuentro motivos suficientes para descartar que las tensiones españolas, en estas circunstancias, contribuyan a una crisis europea de consecuencias imprevisibles.
Mi consternación ante el presente tiene, pues, raíces antiguas. No procede únicamente de los acontecimientos de estos últimos años, sino de una desconfianza nacida en el mismo momento en que se nos presentó como ruptura democrática lo que yo consideré, en aspectos esenciales, una adaptación del régimen anterior a las nuevas circunstancias.
Quizá por eso he terminado aceptando, no sin amargura, que aquella diferencia española de la que tanto presumía el franquismo sigue acompañándonos.
La historia no se repite necesariamente. Pero las estructuras de poder que no se transforman a fondo pueden prolongar durante generaciones sus efectos.
Y esa es, para mí, la verdadera amenaza del presente: que el pasado, lejos de haber quedado definitivamente atrás, continúe gobernando una parte decisiva de nuestro futuro.
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