Publicado el 30 de enero de 2026 / Por
Una vez más —y ya hemos perdido la cuenta— el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya vuelven a demostrar que mantienen una alianza fáctica y táctica cuando se trata de defender los intereses de las burguesías nacionalistas y española, de los poderes financieros, de las grandes fortunas y de la banca. Nada que sorprenda: son sus amos y pagadores.
Por ello, entra dentro de la más estricta “normalidad” que estos partidos se posicionen en contra de cualquier medida que, siquiera mínimamente, contribuya a mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, de las personas en situación de exclusión social o de quienes viven en la pobreza.
La revalorización de las pensiones, junto con la prórroga del llamado escudo social para personas vulnerables —que incluye la prohibición de desahucios, diversas medidas fiscales y de Seguridad Social, así como distintas ayudas—, es decir, el conocido como decreto “ómnibus”, fue rechazada en el Pleno extraordinario del Congreso celebrado este martes. El resultado fue claro: 178 votos en contra frente a 171 a favor. Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya fueron los grupos parlamentarios que votaron negativamente, bloqueando así medidas de protección social básicas.
No se trata de un hecho aislado. Estos mismos partidos llevan años actuando como pregoneros, junto a determinados economistas estrechamente vinculados a grandes entidades financieras, repitiendo como un mantra que las pensiones públicas son insostenibles. Lo afirman en tertulias televisivas, en informes supuestamente “técnicos” y en editoriales de grandes medios. Y, de forma sistemática, siempre llegan a la misma conclusión interesada:
- Hay que contratar planes privados;
- Hay que bajar impuestos a los especuladores, a las grandes empresas y al capital, tanto nacional como extranjero.
Mientras tanto, se cuestiona, se recorta o se bloquea cualquier política pública que refuerce el sistema de protección social y garantice derechos básicos.
En este contexto, una mujer protestó desde la tribuna del Congreso después de que PP, Vox y Junts per Catalunya votaran en contra del decreto para revalorizar las pensiones y prohibir desahucios. Su exclamación —“¡sinvergüenzas!”— no recibió como respuesta el diálogo ni la reflexión, sino el silencio impuesto. Paradójicamente, esa breve intervención fue la más honesta y certera de toda la sesión parlamentaria.
¿Por qué? Porque ningún calificativo define mejor a quienes, desde el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, perciben sueldos de decenas de miles de euros anuales procedentes de nuestros impuestos y, acto seguido, votan contra la ciudadanía más desfavorecida, entre proclamas de “Visca la Catalunya lliure” por un lado y “España una y no cincuenta y una” por el otro.
La mujer fue mandada a callar e invitada a abandonar la tribuna. Resulta alarmante que una ciudadana anónima, que ejercía su derecho a expresar repulsa ante un ataque directo a derechos que se suponen recogidos y garantizados por las leyes, la Constitución y la Carta de Derechos Humanos de la ONU, sea tratada como una molestia.
Hay algo que conviene tener tan claro como el agua de un manantial de montaña: las clases desfavorecidas —trabajadoras y trabajadores, pensionistas y personas jubiladas— o estamos juntas y juntos en esta lucha —abrimos los ojos ante la realidad, pensamos, nos organizamos y llenamos las calles— o, de lo contrario, seguirán actuando impunemente en nuestra contra. Seguirán destinando más recursos a las armas de la muerte, privatizando aún más la sanidad y la educación, y mercantilizando todos los derechos y servicios públicos que todavía no han conseguido privatizar.
Basta con mirar lo ocurrido recientemente con las pensiones en los Países Bajos: ese es el camino que llevan y que pretenden implantar en todos los países europeos. Y en España no seremos la excepción si nos sentamos a verlas venir sin hacer nada.
Según los últimos informes —entre ellos los de Cáritas, una organización difícilmente sospechosa de “ultraizquierda”—, el 25 % de la población en España, más de 12 millones de personas, vive en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de pobreza. Y estos partidos, con su voto, han declarado a todas ellas prescindibles: como si no fueran seres humanos, como si no merecieran derechos ni una vida digna.
La pregunta ya no es retórica ni inocente: ¿el Congreso de diputadas y diputados representa a la ciudadanía o a los intereses de quienes concentran la riqueza y el poder? Porque cuando se obliga a callar a quien protesta y se vota sistemáticamente contra quienes más lo necesitan, la respuesta resulta evidente.
No estamos ante simples discrepancias parlamentarias, sino ante una ofensiva consciente y organizada contra las mayorías sociales: contra las trabajadoras y trabajadores, contra pensionistas y personas jubiladas, contra quienes sobreviven en la precariedad, la pobreza o la exclusión. Cada voto en contra no es una abstracción política; es un ataque directo a vidas concretas.
Quien hoy bloquea la revalorización de las pensiones, quien rechaza la prohibición de desahucios y dinamita el escudo social, está diciendo alto y claro que hay personas prescindibles, que hay vidas que no importan y que el beneficio de unos pocos vale más que la dignidad de millones.
Y si no respondemos, si no nos organizamos, si no llenamos las calles y rompemos el silencio que nos quieren imponer, seguirán avanzando: más privatizaciones, más recortes, más armas, más desigualdad, más pobreza y menos derechos. Ese es su proyecto. No lo esconden.
La historia demuestra que ningún derecho fue concedido por voluntad de las élites: todos fueron arrancados mediante la lucha colectiva. Hoy, una vez más, toca elegir. O aceptamos resignadamente que decidan por nosotras y nosotros, o asumimos que la defensa de una vida digna no se delega: se pelea.
Porque cuando el poder legisla contra el pueblo, la desobediencia, la movilización y la organización dejan de ser una opción y se convierten en una necesidad democrática.
Por Juan M. Casamayor Garcia para Kaosenlared
28 de enero de 2026
