La comunidad internacional, la de verdad, la integrada por la mayoría de los ciudadanos del mundo hace mucho que sabe que Europa y Estados Unidos son las naciones que más daño están haciendo al derecho internacional.
Tropas de Estados Unidos en un acto de piratería asaltan un petrolero frente a las costas de Venezuela ¿Qué hubiera pasado si Rusia hubiese decretado el cierre del espacio aéreo de Moldavia, Suiza o Austria? No son países de la OTAN, no debería afectar a los compromisos de la Alianza. Sin embargo, todos imaginamos el escándalo. Basta recordar el revuelo que se formó calificando de agresiones rusas la paralización de unas horas de los aeropuertos de Bélgica y Dinamarca por unos drones que ni siquiera se demostró que fueran rusos.
Otra suposición, ¿qué pasaría si España bombardease lanchas cercanas a la costa de Marruecos con la acusación de que son narcotraficantes y asesinase a todos sus tripulantes? ¿Y si, después de esos ataques, el presidente español anunciase que está estudiando entrar por tierra a Marruecos para acabar con el narcotráfico hacia la península?
Una más. ¿Cuál hubiera sido la reacción europea si el presidente bielorruso hubiera anunciado una recompensa por el presidente polaco, al que le acusara de traficar con droga hacia su país?
¿Y si todos los españoles que están trabajando en Suiza fueran acusados por el gobierno de ese país de pertenecer a una banda criminal y fueran deportados a una cárcel de África?
Pues bien, todas esas tropelías son las que ha cometido Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, contra Venezuela y Nicolás Maduro sin que ni la Unión Europea, ni la Comisión, ni el gobierno español, ni ninguno de sus ministros, ni los grandes medios de comunicación hayan expresado su denuncia y repulsa.
Trump ha atropellado la soberanía venezolana y el derecho internacional decretando el cierre del espacio aéreo de Venezuela, ha bombardeado y asesinado a más de ochenta personas que viajaban en lanchas por aguas internacionales del Caribe porque los consideró narcotraficantes, sin juicio, ni pruebas ni incautación de alijo alguno. También ha puesto precio a la cabeza del presidente de un país soberano, y ha expulsado a emigrantes venezolanos en suelo estadounidense, no a su país de origen, sino a una prisión de El Salvador, acusándoles de pertenecer a bandas armadas, independiente de si su documentación estaba regularizada o no.
Nada de todo eso les ha parecido digno de objeción a los dirigentes europeos ni españoles. En cambio, ha despertado al indignación y la solidaridad con Venezuela por parte de numerosos países latinoamericanos, junto a potencias como China, Rusia o Irán.
Occidente no cesa de presentarse como la región de la comunidad internacional defensora de la democracia y los derechos humanos, pero ya solo se engañan sus gobernantes y, desgraciadamente, a parte de sus ciudadanos. La comunidad internacional, la de verdad, la integrada por la mayoría de los ciudadanos del mundo hace mucho que sabe que Europa y Estados Unidos son las naciones que más daño están haciendo al derecho internacional, a la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y a la paz mundial.
