"Es urgente explicar a la ciudadanía española que la ONU sigue defendiendo el referéndum de libre determinación del Sahara Occidental, que España sigue siendo la potencia colonial que debería administrar el territorio y organizar la consulta", destaca Ander Gutiérrez-Solana, profesor de Derecho Internacional en la UPV/EHU.
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El pasado 31 de Octubre, el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, aprobó la Resolución 2797 (2025) sobre la situación del Sáhara Occidental. Una nueva resolución, como cada año, que si bien incluye alguna novedad, no es un cambio de rumbo y debe ser analizada tanto jurídica, como política y diplomáticamente.
Este texto ha generado una ola de titulares y editoriales de los medios españoles conservadores y los cercanos a la dictadura marroquí, repleto de falsedades y equivocaciones.
Desde un punto de vista jurídico, es preciso señalar varias cuestiones:
1º.- El CS no representa a la ONU, eso sólo lo hace la Asamblea General, donde tienen voz y voto todos los Estados miembros. El Consejo, sin embargo, son sólo 15 Estados. Ninguna Resolución del CS resume la postura jurídica, o política, de la ONU. Véanse las diferencias entre la postura de la Asamblea General condenando el genocidio en Gaza o el bloqueo de Cuba y la inacción del CS. La ONU, si es algo, es la Asamblea, el lugar en el que la creciente soledad de Estados Unidos aparece más destacada.
2º.- La Resolución 2797 (2025) es necesaria porque cada año hay que renovar, o no, la Misión de Paz (los conocidos como Cascos Azules) en el Sáhara Occidental, la denominada MINURSO. La “R” en el nombre de esta misión se refiere a que su objetivo es organizar el “Referéndum" de libre determinación del Sáhara. Su renovación en esta resolución implica, necesariamente, que la MINURSO debe seguir intentando lograr esta consulta.
3º.- La resolución no niega el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. Al contrario, el tercer párrafo del preámbulo menciona los principios de la Carta ONU, en general, y el de libre determinación, en particular. En la parte dispositiva, la más importante, este derecho del Sáhara Occidental como pueblo ocupado por Marruecos y bajo administración colonial (ausente) de España, es subrayado en su tercer apartado cuando plantea “el objetivo de alcanzar una solución política final y mutuamente aceptable que garantice el derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.
4º.-La obligatoriedad de las Resoluciones del Consejo de Seguridad. Suele decirse que las resoluciones del consejo son obligatorias. No lo son siempre. Sólo aquellas que así lo indiquen, que sean conformes a la Carta ONU y que no violen ninguna norma imperativa del Derecho Internacional. El derecho a la libre determinación de los pueblos colonizados es una norma de obligado cumplimiento que no admite norma, incluidas las resoluciones del CS, en sentido contrario. Que el pueblo saharaui debe ejercer el mismo, mediante referéndum, ya lo certificó la Corte Internacional de Justicia en 1975 y todas las resoluciones hasta ahora, incluida la última. Si alguna vez una resolución del CS negara este derecho al Sáhara Occidental sería nula de pleno derecho.
5º.- El plan de autonomía de Marruecos aparece en esta resolución, en su segundo apartado, como “base” para unas negociaciones, que deben realizarse “sin condiciones previas” y que puede recibir otras “aportaciones constructivas” de las partes. Desde un punto de vista jurídico, nunca se ha negado que, cuando el pueblo saharaui (no los colonizadores marroquíes) vote en referéndum, una posible opción, libre, sería integrarse voluntariamente en Marruecos. O en Argelia. O en Mauritania. O ser un estado independiente. Esta resolución deja claro que, pese las presiones, sólo el Frente Polisario representa diplomáticamente al pueblo saharaui; que debe haber un referéndum, y que únicamente decidirá el pueblo (el que vive bajo ocupación militar en los territorios ocupados y el que está en los campos de refugiadas en Argelia).
Desde un punto de vista político y diplomático:
1º.- La resolución aprobada demuestra la fuerza de EE.UU, Francia y España como grandes enemigos de la causa saharaui por su alianza con la dictadura marroquí. Que el gobierno de Sánchez haya aceptado la soberanía, inexistente, de Marruecos sobre el Sáhara no es sólo la tradicional traición del PSOE al pueblo saharaui. Es una violación de las normas imperativas de derecho internacional por parte de España. Con consecuencias jurídicas y diplomáticas para todo el país.
2º.- La inclusión en el texto del plan marroquí, aunque sin otorgarle derechos soberanos sobre el Sáhara, es un éxito diplomático de Marruecos porque sus altavoces mediáticos han transformado el contenido de la misma afirmando falsamente que la ONU asume su plan. Es otro trampantojo de Trump, impulsar algo ruidoso y vacío de contenido para contentar a sus estados satélites.
3º.- La negativa de Argelia incluso a participar en la votación y la mención expresa de Rusia y otros Estados del Consejo de Seguridad sobre la necesidad de celebrar el referéndum aclara mejor el fracaso de Trump. Este texto solo se ha aprobado porque en el último borrador se han incluido las demandas del pueblo saharaui junto a las de Marruecos. La idea inicial era incluir sólo las de Marruecos.
De esta manera, es urgente explicar a la ciudadanía española que la ONU sigue defendiendo el referéndum de libre determinación del Sahara Occidental, que España sigue siendo la potencia colonial que debería administrar el territorio y organizar la consulta, que el Frente Polisario es el único representante legítimo de este pueblo y que la propaganda marroquí, y del Gobierno español, sólo pretende acabar con las esperanzas de un pueblo por la vía de los hechos. En nuestra mano, también, está impedirlo.
