Asturias 20 de octubre del 2025
El Gobierno de Asturias ha autorizado este 14 de octubre el establecimiento de la Universidad de Nebrija, que impartirá el grado enfermería en Avilés, y de la Universidad Alfonso X, en Oviedo, con los grados de medicina, farmacia, odontología y enfermería, además de cinco másteres, alguno de ellos coincidente con los que ofrece la Universidad de Oviedo. Mientras, sigue pendiente la autorización de la Universidad Europea en Gijón.
No ha sido suficiente, el voto en contra de Izquierda Unida, ni el rechazo expresado desde amplios sectores de la universidad pública. La decisión del gobierno es irresponsable y populista, lesiva para la enseñanza universitaria y la sanidad pública, una decisión apresurada que no ha esperado ni a la inminente promulgación del decreto del Gobierno central sobre los requerimientos técnicos necesarios para otorgar este tipo de autorizaciones.
Hasta ahora, en Asturias, la enseñanza universitaria y la formación de medicina, enfermería, odontología y fisioterapia han permanecido en el sector público, por lo que nos encontramos ante la ruptura del modelo vigente y un giro público-privado, con indudables consecuencias que la sociedad civil asturiana debe conocer.
El debate hasta ahora soslayado, porque no se puede considerar como tal el entusiasmo frívolo de los Gobiernos tanto regional (PSOE) como municipales (PSOE en Avilés, Foro-PP en Gijón y PP en Oviedo), incluidas las facilidades ofrecidas a las mencionadas universidades privadas en aras de una hipotética y, en todo caso, insignificante aportación económica y social.
Cabe decir en primer lugar que carece de toda justificación una nueva facultad de medicina. España tiene una de las tasas más altas de médicos por mil habitantes y es el segundo país del mundo en número de facultades de Medicina (0,95 facultades por millón de habitantes). Más razonable y perentoria es una gestión acertada de los recursos humanos existentes, y potenciar la formación especializada (MIR), un requisito indispensable para ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. Aumentar la oferta formativa del grado solo llevará a un desequilibrio del mercado con el consiguiente incremento del paro y precarizar las condiciones de trabajo.
Respecto a la formación de enfermería. Existe un déficit real muy importante de enfermeras en España, que ostenta el puesto 23 de los 27 países de la UE, con una demanda creciente de cuidados, entre otros por el envejecimiento y la cronicidad de las enfermedades. Pero también en este ámbito se precisa una mejor gestión de los recursos existentes, porque todos los años queda sin contratar un porcentaje significativo de enfermeras egresadas. Las enfermeras recién graduadas y las no tan recientes sufren una gran precariedad en sus contratos y unas condiciones laborales de inestabilidad en el puesto poco recomendables incluso para la seguridad de los pacientes, lo que conlleva al alto índice de abandono de la profesión y continua el sangrante flujo migratorio de profesionales por toda Europa (más de 15.000 enfermeras).
La parasitación de lo público. En Asturias el sector sanitario privado no tiene capacidad (ni acreditación) para cubrir las necesidades de formación práctica de los alumnos de las universidades privadas. Por ejemplo, en enfermería, por imperativo de la Unión Europea (RD 1837/2008), se exigen 2.300 horas presenciales de formación práctica asistencial, una exigencia que cumplen, no sin dificultad, las 700 estudiantes de enfermería de la Universidad pública de Asturias. Se desconoce el número de plazas que demandarán las universidades privadas, pero solamente la Nebrija ha declarado su intención de formar un total de 360 estudiantes en los cuatro años del grado…
Los centros sanitarios públicos acreditados para la docencia están actualmente saturados por las rotaciones de estudiantes de medicina, enfermería, fisioterapia, máster, especialistas en formación (MIR, EIR, PIR...) y ramas sanitarias de formación profesional. Sin embargo, la Fundación Hospital de Jove, ya manifestó que tiene un convenio con la Universidad Europea y la Nebrija. Y el Ayuntamiento de Avilés, ha declarado un preacuerdo con el SESPA, quien de momento no ha dado ningún tipo de explicaciones.
La masificación de las prácticas es inadmisible por respeto a los pacientes y a la calidad asistencial, pero también a los profesionales que, además de la asistencia, tienen que tutorizar a los estudiantes y profesionales en formación especializada. Tampoco es admisible la apropiación de plazas docentes de prácticas clínicas de centros sanitarios públicos, financiadas con los impuestos de todos los asturianos.
Una amenaza a la calidad de la formación y la investigación. La experiencia de las universidades privadas en otras Comunidades Autónomas (Murcia, Madrid…) no es precisamente positiva, como confirma un informe de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) sobre la suficiencia y calidad de la docencia. En el ámbito de la investigación, que es consustancial con la enseñanza universitaria, el informe del Observatorio IUNE, de la Alianza A4U de 2024, es todavía más contundente: el 92% de las publicaciones científicas se realizan en las universidades públicas, frente al 8% en las privadas.
Las razones últimas. Las universidades privadas son una excelente oportunidad de negocio de grupos de inversión, no necesariamente asociada a las necesidades sociales o del sistema sanitario o educativo. La salud es un sector laboral muy propicio porque tiene alta empleabilidad (alta demanda) y permite tasas de matriculación muy elevadas y rentables. La prensa ha publicado tasas de 22.500 euros anuales en medicina, entre 9.500 y 11.500 en enfermería, Odontología, 18.600 en odontología, y 12.500 en farmacia.
En las universidades privadas, el acceso depende más de la capacidad económica que del mérito y el esfuerzo, lo que genera una brecha de inequidad entre quienes pueden permitirse pagar la formación y quienes, por falta de recursos, deben afrontar las dificultades y limitaciones de un sistema público cada vez más presionado. Ha sido habitual que estudiantes incapaces de avanzar en su formación en la Universidad pública se han trasladado a Universidades privadas donde finalizaron sus estudios sin dificultad, hasta ahora debían trasladarse fuera de esta Comunidad, ahora lo tendrán aún más fácil.
¿Es responsable contribuir a este proceso? La proliferación de universidades privadas de ciencias de la salud no es una buena noticia para Asturias por el daño que se va a producir en la enseñanza universitaria pública y en el sistema sanitario público.
Un espejo en el que mirarse es la Comunidad de Madrid, en donde la inundación de universidades privadas fue la antesala para restringir la financiación y asfixiar la universidad pública. Asturias puede seguir el mismo camino.
No se debería contribuir a este proceso de mercantilización de la sociedad asturiana, lesivo para la enseñanza universitaria y la sanidad pública. Existen instrumentos legales, como el decreto del Ministerio de Educación o el RD 1558/1986, de 28 de junio, por el que “Los hospitales universitarios no podrán estar vinculados por concierto o convenio a más de una universidad… salvo situaciones excepcionales…”, que otorgan a la Universidad de Oviedo la competencia para rechazar el uso docente de los ya sobrecargados dispositivos sanitarios públicos de Asturias por parte de otras universidades. Un rechazo que debería haber comprometido, del mismo modo y en primer término, al Gobierno de la Comunidad y la Consejería de Salud.
La Universidad de Oviedo, la Universidad Pública de Asturias, y el Servicio de Salud del Principado de Asturias tienen la palabra.
Asturias 15 de Noviembre de 2025
Enrique Oltra, Vicepresidente Asociación de Enfermería Comunitaria. Profesor de la Facultad de Enfermería de Gijón. Tfno de contacto: 619 56 62 76
Carlos Ponte presidente de la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Asturias. Tfno de contacto 609 629 070
Carlos Suarez Nieto, exdirector científico de la Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (FINBA) y catedrático de la Universidad de Oviedo.
Sergio Calleja, Médico Neurólogo, Jefe de la Unidad de Ictus del HUCA y escritor.
Rafael Cofiño Fernández. Diputado del Congreso, exdirector general de Salud Pública del Principado de Asturias (FINBA).
Sara Fernández Álvarez, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Asturias.
Edurne Mezquita, presidenta de la Sociedad de Enfermería Comunitaria de Asturias.
Rubén Villa, médico, coordinador del Centro de Salud de Grado.
Rosario Riestra Rodríguez, secretaria de Estudios de la Facultad de Enfermería de Gijón.
Fernanda del Castillo, expresidenta de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna (DMD) de Asturias.
José Luis Humara, secretario de la Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias.
