El pasado 28 de mayo, una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados aprobó una proposición que urgía al Gobierno a reconocer el papel del movimiento vecinal en la llegada y desarrollo de la democracia, con el único voto en contra de la extrema derecha. Este reconocimiento se sumó al celebrado por el Ejecutivo central el 22 de mayo en Bilbao, en el marco de la conmemoración de los «50 Años en Libertad».
Ambos gestos contribuyen a saldar, al menos en parte, la gran deuda histórica que la democracia española mantiene con el movimiento vecinal. Un movimiento que fue clave en la construcción de la democracia y en la derrota de la dictadura, y que, sin embargo, a diferencia de otros actores como el movimiento sindical, el estudiantil o el mundo de la cultura, ha permanecido a la sombra del reconocimiento institucional.
Este reconocimiento llega, además, en un momento cargado de sentido: lo que este año hemos comenzado a llamar el «espíritu del 47», gracias a la película de Marcel Barrena. A través de la historia del secuestro de un autobús en el barrio barcelonés de Torre Baró por parte de Manolo Vital, se ha traído al presente la lucha vecinal de los años 60 y 70. Este relato ha servido para volver a situar en el centro del debate público el origen del movimiento vecinal como herramienta de dignidad y acción colectiva en nuestras ciudades.
No obstante, aunque debemos celebrar nuestras victorias —y ambos reconocimientos lo son—, también debemos evitar caer en una nostalgia que solo es útil si nos ayuda a construir y avanzar.
En esa línea de construcción del futuro, resulta fundamental una comprensión honesta de lo que fue el movimiento vecinal. Jordi Borja lo recuerda en su libro Revolución Urbana y Derechos Ciudadanos: “Sería falsificar la historia difundir la idea de que el movimiento vecinal fue la tapadera para iniciar o ampliar la lucha antifranquista y que sus actores […] eran todos o la gran mayoría militantes o resistentes activamente antifranquistas desde el inicio […] la gran mayoría eran claramente contrarios a la dictadura o lo fueron siendo […] otros, no tantos, incluso concebían el movimiento vecinal como una parte de un movimiento revolucionario socialista […], muchos, el resto, fueron gente que se sacaron el miedo de encima y pedían lo que les parecía tan necesario como justo: vivienda, escuela, transporte colectivo, plaza, semáforos…»
Borja nos recuerda que el movimiento vecinal fue un fenómeno social nacido de la necesidad de mejorar la vida de la mayoría ciudadana. Un movimiento que, al no encontrar respuesta en las instituciones de la dictadura, transformó sus reivindicaciones concretas en una exigencia de libertad. Un movimiento que, desde la materialidad, construyó una cultura democrática.
Hoy, sesenta años después del nacimiento de las primeras asociaciones vecinales, el movimiento sigue vivo en la defensa del derecho a la vivienda, los servicios públicos, la lucha contra el cambio climático, el feminismo o el combate contra la turistificación y la mercantilización del espacio público, aunque enfrentamos nuevos desafíos. Especialmente, la necesidad de repensar nuestras formas de organización para que atraigan a jóvenes y personas migrantes, así como luchas contra las lógicas individualistas, alentadas por un modelo económico neoliberal que ha debilitado los lazos solidarios de nuestros barrios.
Si hay un elemento valioso que podemos rescatar del pasado es precisamente esa capacidad para vincular la defensa de derechos concretos con la construcción de un horizonte democrático
Sin embargo, si hay un elemento valioso que podemos rescatar del pasado es precisamente esa capacidad para vincular la defensa de derechos concretos con la construcción de un horizonte democrático. Un horizonte que se enfrenta, en estos momentos, a una amenaza clara: la ola reaccionaria que se extiende por Europa, por el mundo, y que amenaza a España como su siguiente objetivo de caza mayor.
Vincular hoy la defensa de derechos concretos con la construcción de un horizonte democrático —es decir, defender la materialidad— significa afrontar la grave crisis de la vivienda. Una crisis que impide a cientos de miles de jóvenes iniciar un proyecto de vida, que obliga a muchos a compartir piso hasta los 30 o 40 años, y que condena a las familias migrantes a vivir hacinadas en habitaciones insalubres. Una crisis que permite que el mercado inmobiliario absorba gran parte del crecimiento económico reciente, neutralizando los avances en empleo y salarios logrados por el gobierno progresista.
Pero la defensa de la materialidad no se agota en la vivienda. Implica también luchar por ciudades democráticas, donde el espacio público no esté secuestrado por la mercantilización, se sigan diseñando barrios sin equipamientos o se privaticen los servicios públicos.
Y para ello, para convertir esta materialidad en una exigencia de derechos y libertades, necesitamos herramientas. El movimiento vecinal necesita reconocimiento, recursos y legitimidad institucional. Requiere una nueva ley de asociaciones y de subvenciones que no lo trate como una empresa. Necesita ocupar los asientos que le corresponden en espacios institucionales como el Consejo Económico y Social. Y necesita que todas las administraciones reconozcan su derecho a participar y ser escuchado.
El movimiento vecinal necesitaba ser reconocido. Esa deuda comienza a saldarse. Pero si queremos que el movimiento vecinal vuelva a unirse al movimiento sindical en esta lucha por la reivindicación de nuestras libertades democráticas, siendo un dique de contención frente a la ola reaccionaria, es el momento de ponerse a escribir la historia a partir del 29 de mayo.
(*) Presidente de la FRAVM
