El profesor Pedro Gómez Martin-Romo, de la Universitat Politècnica de València (UPV) cuestiona los miles de millones pagados a los bancos por las reservas excedentarias
El profesor Pedro Gómez Martin-Romo, de la Universitat Politècnica de València (UPV), plantea una de las críticas más contundentes a la reciente política monetaria del Banco Central Europeo (BCE): la decisión de pagar intereses sobre las reservas voluntarias que los bancos comerciales mantienen en el banco central. En su trabajo disponible en este enlace, el autor sostiene que esta medida no solo rompe con la tradición histórica de la banca central, sino que también genera distorsiones económicas, beneficia al sector financiero y traslada costes indirectos a los ciudadanos y a las finanzas públicas.
Según el profesor Gómez, durante los últimos tres años, el Banco Central Europeo ha subvencionado de hecho al sector bancario en más de 40.000 millones de euros. No se trata de un fenómeno aislado: pueden observarse formas similares de apoyo en los principales bancos centrales de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Brasil.
La tesis de Gómez parte de un hecho fundamental: durante los años de expansión monetaria, el BCE inyectó enormes cantidades de liquidez en el sistema financiero, lo que llevó a los bancos europeos a acumular aproximadamente 2,5 billones de euros en reservas voluntarias. Cuando la inflación comenzó a dispararse, la institución decidió subir los tipos de interés y, al mismo tiempo, pagar intereses a los bancos por mantener esa liquidez depositada en el BCE. Para el profesor de la UPV, esta estrategia representa una contradicción: el banco central está remunerando precisamente el exceso de dinero que él mismo había creado durante los años anteriores.
Uno de los argumentos centrales del artículo es el carácter excepcional de esta política. Según Gómez, la remuneración de las reservas voluntarias es una práctica relativamente reciente y se encuentra muy alejada de los instrumentos tradicionales utilizados históricamente para combatir la inflación. Durante décadas, los bancos centrales se basaron principalmente en el aumento de los coeficientes de reservas obligatorias, una herramienta que reduce directamente la capacidad de los bancos para expandir el crédito sin exigir transferencias de recursos al sector financiero.
El autor recuerda numerosos precedentes históricos. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó los requisitos de reservas en 1936 y 1937 para absorber el exceso de liquidez; el Banco de España los elevó hasta el 7,75 % en 1983; y tanto el Bundesbank alemán como el Banque de France utilizaron ampliamente este instrumento durante las décadas de 1970 y 1980. En cambio, la remuneración de las reservas no se generalizó hasta bien entrado el siglo XXI, primero en el Banco de Inglaterra y posteriormente en la Reserva Federal y el Banco de Japón.
Desde una perspectiva económica, Gómez sostiene que las dos políticas producen efectos radicalmente diferentes. Mientras que aumentar los requisitos de reservas limita directamente el crédito y enfría la economía, pagar intereses sobre las reservas voluntarias crea un incentivo para que los bancos mantengan su liquidez inactiva en lugar de canalizarla hacia actividades económicas productivas. En su opinión, esto altera la relación entre ahorro e inversión y contribuye a una asignación menos eficiente de los recursos financieros.
El profesor también rechaza la idea de que el dinero sea neutral cuando su cantidad y su precio se manipulan artificialmente. Sostiene que una expansión monetaria excesiva no solo se refleja en la inflación de bienes y servicios, sino también en el aumento de los precios de los activos, como la vivienda y las acciones, alimentando así las burbujas financieras y ampliando las desigualdades sociales. En este contexto, la remuneración de las reservas refuerza un modelo que, según él, beneficia de manera desproporcionada a las instituciones financieras.
Otra de las grandes críticas se refiere a las consecuencias fiscales de esta política monetaria. Gómez señala que los beneficios de los bancos centrales nacionales, como el Banco de España, normalmente se transfieren al Tesoro. Sin embargo, cuando el BCE paga millones de euros en intereses sobre las reservas y esto reduce los beneficios o genera pérdidas, también disminuyen los ingresos públicos. El resultado es un déficit cuasifiscal que termina afectando a los presupuestos nacionales y, en última instancia, a los contribuyentes. El autor resume esta dinámica con una idea contundente: la sociedad podría pagar dos veces, primero a través de la inflación y después mediante el deterioro de las finanzas públicas.
Más allá del debate económico, el profesor de la Universitat Politècnica de València plantea una cuestión jurídica relevante. En su opinión, el marco jurídico europeo otorga al BCE competencias claras para establecer requisitos mínimos de reservas, pero no reconoce expresamente la autoridad para remunerar las reservas voluntarias. Aunque no afirma que esta práctica sea ilegal, considera que existe una cuestión legítima acerca de la solidez de su base jurídica y de los límites de la discrecionalidad del banco central.
Como alternativa, Gómez propone una profunda reforma del sistema monetario europeo mediante lo que denomina el “Patrón Interés”, una arquitectura en la que la creación de dinero estaría vinculada al volumen de intereses generados por la economía real durante el período anterior. Bajo este modelo, la expansión monetaria ya no dependería principalmente de decisiones discrecionales sobre los tipos de interés, sino que seguiría una regla vinculada a la actividad económica, reforzando el equilibrio entre ahorro, inversión y consumo de capital.
La conclusión del profesor es clara. El verdadero debate no consiste simplemente en decidir si los tipos de interés deben subir o bajar, sino en determinar cómo se crea el dinero, quién se beneficia de su creación y quién termina soportando sus costes. Desde su perspectiva, la remuneración de las reservas voluntarias representa un cambio histórico que merece ser reconsiderado tanto desde el punto de vista económico como institucional, ya que favorece las transferencias hacia el sector bancario al tiempo que traslada los riesgos al conjunto de la sociedad.
Juan García. Universitat Politècnica de València (UPV)
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