El desarrollo de la crisis por el salto masivo a la ciudad Ceuta el pasado julio y su gestión por parte del gobierno han conseguido calar el discurso de odio y la crispación en la opinión pública. WhatsApp y Facebook fueron los canales de difusión utilizados para el cruce masivo de la frontera, coincidiendo en el tiempo con el Día del Trono en Marruecos donde, paradójicamente, el rey hacía un discurso sobre el avance económico y social del país. Son muchos los argumentos que acusan a Marruecos de convertir a la empobrecida población en un instrumento de presión política. Mohamed VI habló de “territorios ocupados” y del legítimo derecho a recuperar Ceuta, Melilla y las islas vecinas; a lo que la portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, respondía: “Ceuta y Melilla son españolas (…) Son nuestras fronteras meridionales, así como las fronteras de Europa”.
La postura de la izquierda española ante la crisis ha sido crítica con la gestión socialista, reclamando una respuesta humanitaria más eficaz y el traslado a la península de manera inmediata de 1.000 menores y 2.500 solicitantes de asilo debido a los conflictos en sus países de origen. La respuesta desigual de la UE no ha mostrado la esperada solidaridad con su frontera exterior; varios socios europeos han acusado a la política de regularización aplicada por Madrid. PP y Vox, junto con los gobiernos de EEUU, Italia e Israel, han criticado con dureza al Gobierno de Sánchez por su manejo de la crisis, al hacer prevalecer los derechos de los migrantes sobre el uso de la coacción y la represión policial.
Se ha abierto un debate sobre la “colonialidad” de las dos “plazas” españolas. Analistas y movimientos sociales afirman que, más allá de la legalidad de la soberanía, ambas ciudades han sido una frontera fortificada europea del poder militar, comercial y, ahora, del control migratorio en el Norte de África. Las ciudades de Ceuta y Melilla fueron ocupadas por España al final de la Edad Media, durante la Reconquista; son contemporáneas a los virreinatos españoles en el continente americano, estos territorios serían liberados por los generales Simón Bolívar y José de San Martín. La resistencia anticolonialista en las plazas africanas estalló a principios del siglo XX con las guerras de las tribus rifeñas, lideradas por Abd el-Krim, contra el protectorado franco-español. La Sociedad de Naciones se negó a intervenir en la Guerra del Rif tras las demandas por el uso de gas venenoso del ejército peninsular. Tampoco Naciones Unidas aceptó en 1975, a petición de Marruecos, incluir las dos ciudades en su lista de territorios pendientes de descolonización, aludiendo ser jurídicamente una parte integral del Estado español.
A pesar del estatus de “ciudades autónomas” españolas, en realidad la exclusión de la población árabo-musulmana es innegable. La mitad de la ciudadanía es árabe, siendo el sector más castigado por la segregación económica y residencial. Izquierda Unida y el PCE han defendido la descolonización de Ceuta y Melilla hasta la década de los 90. Julio Anguita propuso un referéndum donde fuera la población quien decidiera su destino, más tarde Llamazares reclamó un mayor autogobierno de los enclaves, y después, nada: sin referencias en los programas de Podemos ni de Sumar.
La exaltación nacionalista del Gobierno de Rabat sobre las localidades ha sido una estrategia política y militar que se ha ampliado en el tiempo: en 2019 decidió imponer un bloqueo económico a las dos ciudades bajo el pretexto de poner fin al contrabando; y años después ha reforzado su presencia militar construyendo la principal base de defensa antiaérea próxima a Ceuta; además de una instalación de misiles de largo alcance junto al Estrecho de Gibraltar. El reino alauita es un socio estratégico de la OTAN al que, durante las anteriores presidencias de Trump y Joe Biden, se le permitió adquirir grandes cantidades de armamento de última generación del Pentágono; y tras normalizar las relaciones con el régimen de Israel, este último se ha convertido en un importante proveedor de material de defensa.
Los vínculos reales entre Marruecos y España son los de una “guerra híbrida”, lo que los especialistas consideran actuaciones agresivas entre la paz y la guerra: espionaje, chantaje o manipulación de flujos migratorios para condicionar las decisiones políticas del otro. La cronología de lo sucedido en 2022 es una evidencia. Rabat es acusado de espiar al Gobierno español a través del programa israelí Pegasus; y también es inculpado por la fiscalía belga en el caso Qatargate del Parlamento Europeo por sobornar a diputados para que modifiquen sus decisiones. La conexión marroquí en el caso señaló a intereses particulares en la oferta de “autonomía” en el Sáhara Occidental o los flujos migratorios. Fue en este escenario cuando el presidente Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI en la que apoyaba su plan autonómico para el territorio saharaui, dando la espalda al programa político del PSOE.
En mayo el embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz, pronunciaba esta frase: “Lamentablemente, habrá conflictos en el futuro y, ya sea en el estrecho de Malaca, en el de Gibraltar o en el de Ormuz, el mundo no puede permitir que se asiente el precedente de que una de las partes intenta castigar a las economías mundiales». El mensaje es claro e inquietante, alerta sobre futuros focos de conflicto donde podrían actuar si los intereses norteamericanos se vieran amenazados. Y estas declaraciones se hicieron durante la crisis diplomática con el Gobierno español por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.
La monarquía alauita emerge como el nuevo socio estratégico de EEUU en la zona del Estrecho de Gibraltar mientras, desde Madrid, se mantiene una actitud defensiva. Los expertos advierten sobre el peligro de una “pinza” entre EEUU, Israel y Marruecos para presionar a España respecto a Ceuta y Melilla, como ya sucediera por dejación con la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática. Esta coalición antipalestina no debería establecer cuál ha de ser el destino de las plazas autónomas; España habría de asumir con responsabilidad el diálogo sobre la soberanía de sus posesiones en el Norte de África. El reconocido especialista en política árabe, Joseph Massad, en un reciente artículo afirma que “el futuro debe basarse en un verdadero impulso hacia la descolonización, que se aplique por igual a Ceuta y Melilla, el Sáhara Occidental y todos los territorios palestinos, libaneses y sirios colonizados por Israel”, al que podría añadirse, además, el dominio británico sobre el Peñón.
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