Por Òscar Murciano (*)
Publicado el 24 de septiembre de 2026 / Por
Los números hablan por sí solos. En el primer semestre de 2026 el seguimiento de huelgas ordinarias, excluyendo las generales, ha sido mayor que las acumuladas en un periodo de 12 meses para cualquier año desde, al menos, 2012. Un total de 354.172 huelguistas que suman 903.396 jornadas de huelga ordinaria. Si sumamos las 76.494 personas que siguieron una huelga general en 2026, la práctica totalidad debida a la Huelga General en Euskal Herria por el SMI vasco, se alcanzan los 430.666 huelguistas en solo seis meses, mientras que el conjunto de jornadas de huelga por ambos orígenes roza el millón. Cuando acabemos 2026 los datos homogéneos de comparación anuales habrán saltado por los aires. Probablemente tengamos que remontarnos al siglo pasado para encontrar una conflictividad similar.
Todas las Comunidades Autónomas incrementan huelguistas respecto el año anterior excepto Cantabria, algo complicado de superar al realizar en 2025 la habitual huelga masiva de su sector del metal. El número de huelguistas en el estado comparando con el primer semestre del año anterior ha crecido un +344,5%.
Cualquiera que siga la actualidad sindical y social puede intuir la explicación que hay detrás de esta explosión de magnitud. El estallido de indignación detrás de las huelgas educativas en Aragón, pero especialmente País Valencià y Catalunya, auténticos terremotos de lucha con una intensidad y movilizaciones en muchos casos históricas y sin equivalencia desde finales de los años 80 del siglo pasado. Huelga llama a huelga y ya hay otras comunidades donde se está preparando la chispa que encienda la leña seca en este otoño. También está siendo un año, segundo consecutivo, donde diferentes huelgas de la sanidad han sumado más de cien mil huelguistas este 2026. Si añadimos otros conflictos menores a nivel local en Administraciones Públicas, el total del sector público ha supuesto cerca del 69% de todas las personas que han hecho huelga en 2026. Volveremos más adelante sobre este porcentaje y sus implicaciones.
Mientras escribo estas líneas los bomberos forestales de Aragón inician una huelga indefinida, las bibliotecas y otros servicios del Ayuntamiento de Barcelona mantienen las propias o en el sector de defensa Airbus alcanza más de un mes de huelga, decidida por su plantilla contra el convenio firmado por CCOO. Mientras, la asamblea unitaria de docentes de la Comunidad de Madrid convoca, mediante los sindicatos, huelga indefinida desde el 14 de octubre.
as causas de este profundo malestar en el sector de servicios públicos son hondas y con recorrido. Como cuando no realizas un mantenimiento adecuado, o inversión ante nuevas necesidades, durante un tiempo el edificio aguanta, pero un día se viene abajo. Las personas trabajadoras están hartas de sobreesfuerzos, frustraciones y ausencia de medios. Estamos viviendo un Se Acabó, desencadenándose por etapas y con un obvio efecto contagio. Algunos sindicatos no han sabido leer este contexto y están quedando fuera de juego por su cercanía al entramado institucional.
La anomalía entre el sector público y privado y posibles causas
Más allá de este 2026 histórico en registros de huelgas recientes hay una medida que se mantiene tozuda año tras año, la disfunción entre huelgas en el sector público y privado. Si, como decíamos antes, el 69% de las personas huelguistas este primer semestre tienen un origen en el sector público, esta proporción se mantiene con pequeños altibajos cuando se revisan estadísticas oficiales de otros años. Durante el periodo 2022- junio 2026 el 56% del seguimiento de 1,7 millones de huelguistas ha provenido del sector público. Hay que tener en cuenta que el 16% de la población asalariada del estado forma parte, de forma directa o indirecta mediante empresas de titularidad pública, o funcionarial de ese sector. En ese porcentaje están incluidas plantillas sin derecho a huelga como personal del ejército o policías locales, autonómicos, guardias civiles o nacionales. Una vez excluidos, la población del sector público con derecho a huelga pasa a ser el 13,8% del total de asalariados. ¿Cómo puede explicarse que un porcentaje tan reducido sea el causante de la mayoría de las personas que hacen huelga en el país reiteradamente y siempre muy por encima de su representación sobre el total?
Este artículo podría perderse por las ramas de lugares comunes, prejuicios y un largo etcétera a contextualizar pero creo más apropiado ir directamente a la tesis principal que podría explicar esta gran diferencia. Creo que es consensuado apuntar que, aunque tienen muchos problemas las plantillas del sector público, las condiciones de trabajo y salariales en el sector privado están mucho peor, en ocasiones con salarios de subsistencia y muchas categorías pagándose a SMI. El 43% de la población asalariada española cobra menos de 20.000€ anuales.
Si las huelgas son herramientas para la mejora de condiciones, la pregunta es todavía más necesaria. ¿Cómo puede entonces lucharse tan poco en el sector privado cuando es la inmensa mayoría de los y las trabajadoras y están mucho peor?
Revisemos, por ejemplo, 2025. El año pasado hubo 93 huelgas a nivel de empresa (bajísimos números) y 8 sectoriales. Las estadísticas no diferencian entre sectoriales del sector privado o público. En el estado español hay aproximadamente 1.000 convenios sectoriales en el sector privado según sean estatales, autonómicos o provinciales, además de unos 3.500 convenios de empresa con alcance económico. Pero ¿Cuántas huelgas sectoriales en el mundo privado se producen? Se pueden contar con los dedos de una mano a nivel anual, siendo optimistas, y con muy rara frecuencia algunas que pasen del terreno de la huelga simbólica a la contundente, como el metal de Cádiz, Residencias de Euskadi o limpieza de edificios de Bizkaia.
(*) Exsecretario de Acción Social y Sindical de CGT Catalunya
