Bajo los postulados de una doctrina del choque escalonada, Washington busca instrumentalizar la crisis post-terremoto para consolidar la posición de fuerza obtenida tras la agresión de enero. El intento de desplegar fuerzas de tarea anfibias y aerotransportadas bajo la coartada de garantizar el flujo de ayuda humanitaria no es más que el dispositivo táctico para arraigar una presencia militar que ya demostró su vocación intervencionista con el secuestro presidencial.
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La agresión militar directa ejecutada por el Comando Sur de los Estados Unidos el 3 de enero de 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela —materializada en el bombardeo sistemático de infraestructuras estratégicas, asesinatos colectivos y el secuestro del Presidente constitucional y legítimo, junto a la Diputada Nacional Cilia Flores— marcó un punto de inflexión sin precedentes en la guerra híbrida global. Este asalto, que viola de manera flagrante el derecho internacional y la Carta de la ONU, encontró meses después un acelerador exógeno letal: el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026. Dos sacudidas consecutivas de 7,2 y 7,5 Mw, con epicentro en Yumare, y un saldo devastador que se cebó especialmente sobre la Gran Caracas y el estado de La Guaira, trascendieron de inmediato la dimensión de catástrofe natural para convertirse en un vector de profundización de la agresión geopolítica ya en curso.
En la racionalidad del imperialismo contemporáneo, el estado de shock social, la descabezación política del Estado y la vulnerabilidad material de las infraestructuras públicas no se interpretan como una emergencia humanitaria que deba mitigarse, sino como engranajes complementarios de una misma ventana de oportunidad. Bajo los postulados de una doctrina del choque escalonada, Washington busca instrumentalizar la crisis post-terremoto para consolidar la posición de fuerza obtenida tras la agresión de enero. El intento de desplegar fuerzas de tarea anfibias y aerotransportadas bajo la coartada de garantizar el flujo de ayuda humanitaria no es más que el dispositivo táctico para arraigar una presencia militar que ya demostró su vocación intervencionista con el secuestro presidencial. El objetivo último es hacerse con el control absoluto de puertos y aeropuertos, activando el dispositivo discursivo de la Responsabilidad de Proteger (R2P) para legitimar a posteriori una ocupación de facto.
Frente a esta tentativa de tutela foránea, la dirigencia bolivariana actual opera en un margen de actuación estrechísimo, condicionada por la ausencia forzosa de su Presidente y la devastación material del territorio. Lejos de las proyecciones de rendición o colapso inmediato que auspiciaba la narrativa transatlántica, el mando interino y el Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) despliegan una resistencia institucional de contención. Gestionan la emergencia desde una multilateralidad estrictamente soberana (Delcy Rodríguez anunció la militarización de La Guaira y llamó a la población a la solidaridad y la oración permanente ante los devastadores sismos. Asimismo, agradeció el apoyo de rescatistas enviados por El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Italia y la ONU), tratando de impedir que la ayuda internacional se traduzca en la consumación de un protectorado. Al coordinar puentes logísticos con potencias aliadas —donde China y Rusia proveen hospitales de campaña y contingentes de rescate que se subordinan de forma expresa al mando local, actuando como un factor de disuasión real—, y al encauzar con rigidez la asistencia de las agencias de Naciones Unidas, el Estado venezolano busca quebrar el pretexto del desamparo total. Cuba ha expresado solidaridad y ha contribuido con ayuda a Venezuela tras los terremotos recientes, aunque principalmente a través de su personal médico ya desplegado en el país. Esta diversificación de los auxilios facilita una maniobra de supervivencia para evitar que Washington imponga un monopolio logístico, manteniendo a la FANB en el control formal del territorio y de los puntos de entrada estratégicos, aunque bajo una presión extrema que constriñe severamente su margen de maniobra.
Esta resistencia bajo asedio coincide, con precisión milimétrica, con una agresiva maniobra de distracción a escala global. El reciente y violento cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz —bombarderos norteamericanos sobre las costas de Sirik y la inmediata respuesta de la Guardia Revolucionaria iraní— no puede leerse como un diferendo regional aislado. Desde un análisis riguroso de la economía política de la guerra, la reapertura deliberada del frente en Oriente Medio por parte del imperialismo opera como un mecanismo de presión y dispersión macroestratégica diseñado para blindar su agresión en el Caribe. Al avivar un foco de alta intensidad bélica en una de las arterias energéticas más sensibles del planeta, la planificación de Washington busca saturar la atención internacional, fragmentar la capacidad de respuesta coordinada del bloque multipolar y provocar un dilema de seguridad que fuerce a actores como China y Rusia a dividir esfuerzos diplomáticos y logísticos entre el Golfo Pérsico y el Caribe. Se trata de asegurarse manos libres para avanzar en la ofensiva de control sobre Venezuela, garantizar la impunidad en el secuestro del Jefe de Estado y consolidar el asalto a la mayor reserva de hidrocarburos del planeta.
Es en este escenario de frentes cruzados donde los grandes aparatos de difusión con sede en España —conglomerados financieros como Prisa, Vocento, Unidad Editorial o Atresmedia— cumplen su función objetiva dentro de la superestructura ideológica del capitalismo transnacional. La infoguerra transatlántica, subordinada por completo a las directrices de Washington y financiada por los mismos fondos de inversión que sostienen la industria armamentística occidental, ejecuta una triple operación de manipulación cognitiva. En primer lugar, normaliza el crimen de guerra: el bombardeo del 3 de enero y el secuestro del Presidente son desdibujados bajo eufemismos de “transición democrática” o “intervención de restauración”, silenciando la violación de la soberanía. En segundo lugar, ejecuta una omisión deliberada del impacto acumulado de las sanciones económicas unilaterales, presentando la precariedad infraestructural venezolana ante el terremoto como una incompetencia endógena y ocultando el bloqueo financiero que impidió durante años la inversión en prevención y obra pública. Por último, aísla mediáticamente la tragedia del Caribe del conflicto en Ormuz, fragmentando la realidad para impedir que la opinión pública europea conecte los puntos de una misma estrategia global de dominación.
El objetivo material último de este dispositivo de propaganda es crear las condiciones de legitimación discursiva para la acumulación por desposesión en un momento de extrema vulnerabilidad. La infoguerra no busca informar sobre las réplicas sísmicas en Yaracuy, sobre la suerte del Presidente secuestrado ni sobre la realidad de los bombardeos en el Golfo Pérsico; su propósito es moldear el sentido común colectivo, fabricar la categoría de “Estado fallido” y anestesiar la solidaridad internacional. Al presentar al Estado venezolano como intrínsecamente incapaz, desgobernado por la ausencia forzada de su liderazgo y, a la vez, desconectarlo del tablero mundial, los grandes medios españoles operan como un destacamento de vanguardia. Su misión es legitimar, ante su audiencia, el asalto definitivo a los recursos estratégicos del territorio soberano de la nación venezolana y la instauración de un neocolonialismo de intervención directa en América Latina.
