En muchas casas la guerra terminó en 1939, pero el miedo continuó sentado a la mesa durante décadas
POR MANUEL MEDINA
En España la guerra terminó un día concreto, pero la paz no empezó al siguiente. Para los vencedores hubo desfiles, misas, medallas. Para los vencidos empezó otra cosa: un tiempo largo de miedo con sello oficial.
En este artículo tratamos de relatar esa segunda guerra, la que la dictadura de Francisco Franco desató contra los derrotados: cómo se pasó de los fusiles a los formularios, cómo se convirtió la venganza en leyes y la victoria militar en un castigo de décadas para millones de personas.
CUANDO LA PAZ SE PARECÍA DEMASIADO A LA GUERRA
Imagine el lector una casa cualquiera: un portón en el barrio grancanario de La Isleta, o un piso obrero en Vallecas, una casita en un barrio de Sevilla, una masía en un pueblo de Lérida. Dentro vive una familia “del otro bando”: él fue miliciano, concejal republicano o simplemente sindicalista; ella votó a la República y dejó de ir a misa durante unos años; los hijos apenas recuerdan los bombardeos.
“La delación se convirtió en un ascensor social para algunos y en una amenaza diaria para todos los demás”
El 1º de abril de 1939 oyen por la radio el parte final de guerra. No hay abrazos. Hay una pregunta que nadie dice en voz alta: “¿Y ahora qué nos harán?”.
Lo que vino después fue una represión larga y calculada. La historiografía habla de represión franquista para nombrar ese proceso de violencia física, económica, política y cultural contra los partidarios de la República, sus familias y cualquiera que pudiera ser considerado peligroso para el régimen.
El “terror blanco” empezó con el golpe de 1936 y, aunque su momento más duro terminó hacia 1945, la represión siguió a lo largo de toda la dictadura.
DE LA SANGRE AL SELLO: CÓMO CAMBIÓ LA REPRESIÓN
Al principio todo fue brutal y directo. En los territorios que cayeron pronto en manos de los sublevados, la violencia fue desde el primer momento sistemática y selectiva: gobernadores civiles, alcaldes, concejales, dirigentes sindicales, diputados del Frente Popular, maestros, militantes de partidos de izquierda. Muchos fueron fusilados sin juicio o “paseados” y abandonados en cunetas y tapias de cementerio.
Los estudios más citados calculan que, entre 1936 y 1943, hubo aproximadamente 150.000 muertos por efecto de la represión franquista: ejecuciones, asesinatos extrajudiciales, muertes en cárceles, campos de concentración y batallones de trabajo. Eso supuso que tres de cada cien familias españolas tuvieron al menos un ejecutado.
Pero la represión no se quedó en esa oleada inicial de sangre. A medida que la guerra se inclinaba definitivamente del lado sublevado, la violencia se fue organizando. La dictadura encontró en las leyes y en la burocracia una forma de prolongar la derrota del enemigo: Consejos de Guerra, Tribunales especiales, Comisiones de depuración, policías dedicadas a perseguir la “desafección”. El objetivo no era reconciliar, sino destruir o someter.
LAS LEYES DEL CASTIGO: RESPONSABILIDADES, MASONES Y “ENEMIGOS”
El corazón jurídico de aquel ensañamiento fue la Ley de Responsabilidades Políticas, firmada el 9 de febrero de 1939, cuando la guerra estaba ya decidida. Esta ley hacía algo que en cualquier sistema democrático sería impensable: castigaba de forma retroactiva conductas legales en su momento, desde octubre de 1934. Consideraba responsables a quienes hubieran apoyado al Frente Popular, militado en partidos de izquierda, ocupado cargos republicanos o incluso simplemente “auxiliado” al bando derrotado.
Las sanciones eran de varios tipos:
– inhabilitación absoluta o especial para cargos y empleos públicos;
– destierro, confinamiento, relegación a colonias africanas;
– y, sobre todo, sanciones económicas, que podían incluir la pérdida total de los bienes.
En la práctica, esto significaba que el Estado podía quedarse con la casa, el taller, las tierras o la tienda de cualquiera que hubiera estado vinculado a la República, incluso si ya había sido condenado en un Consejo de Guerra o si había muerto: la ley permitía perseguir a sus herederos y embargar la herencia.
Un año después, el 1 de marzo de 1940, llegó otra pieza clave: la «Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo». Convertía en delito no solo pertenecer a la masonería o al comunismo, sino también hacer propaganda de esas ideas o de cualquier otra que se considerara “disolvente” para la Religión, la Patria y sus instituciones. La ley tenía efecto retroactivo y permitía confiscar bienes y expulsar de cualquier cargo público a los señalados.
Para aplicarla se creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que funcionó hasta 1963. Su composición lo dice todo: un general, un jefe de Falange y dos juristas, todos nombrados directamente por la jefatura del Estado.
Estas leyes, junto con otras normas de seguridad y decretos contra el “bandidaje y el terrorismo” en los años cuarenta, dieron a la dictadura un marco legal para perseguir a un enemigo que ya estaba derrotado militarmente, pero al que se quería seguir castigando durante décadas.
EL ROBO LEGALIZADO: CUANDO LA VICTORIA PASÓ POR EL REGISTRO
La represión no se quedó en los calabozos. Entró en los registros de la propiedad. Cada expediente de responsabilidades políticas era un retrato completo de la víctima: nombre, familia a su cargo, sueldo, bienes, deudas, antecedentes. Se pedían informes al alcalde, al jefe local de Falange, al cura y a la Guardia Civil. Con esas firmas se decidía si alguien conservaba su casa o terminaba en la miseria.
En muchos pueblos y barrios se repitió la misma escena con distintos apellidos:
Un pequeño comerciante que había dado fiado a los vecinos del bando republicano recibe una multa imposible de pagar. El local es embargado y subastado. Quien se queda la tienda es algún “afecto al Movimiento”, tal vez el mismo que había encabezado la denuncia.
Un campesino que había conseguido comprar unas fanegas tras años de emigración ve cómo se las quitan porque fue concejal del Frente Popular. Sus tierras se reparten entre propietarios fieles al Régimen o pasan a manos del Estado.
Un funcionario o maestro depurado no solo pierden el sueldo: también su derecho a pensión y su puesto en la escala laboral. Quedan marcados en los archivos; cualquier intento de volver a la administración se topa con el sello de “desafecto”.
Todo eso no tenía la apariencia de un saqueo improvisado, sino de un procedimiento “técnico”: formularios, firmas, artículos de ley. Era una forma de castigo que no dejaba sangre en la calle, pero sí hambre en las casas.
LA VIDA COTIDIANA BAJO SOSPECHA
La llamada “muerte civil” de los vencidos se notaba en las cosas más simples.
En los años cuarenta, el país vivía sujeto a la cartilla de racionamiento. El pan, el aceite, el azúcar, el jabón… todo pasaba por las oficinas municipales. Un sello que se retrasaba significaba menos comida. Para quienes estaban marcados por un expediente o un informe negativo, cada trámite era una humillación: esperar horas, recibir malas caras, escuchar un “ya veremos” que equivalía a una amenaza.
En las escuelas, la derrota también se enseñaba. Miles de maestros y maestras fueron depurados y sustituidos por personal “afecto al régimen”. En los libros de texto, la República se convertía en sinónimo de caos; la guerra, en una “Cruzada”; los vencidos, en “anti-España”. Los hijos de presos, fusilados o exiliados aprendían pronto a vivir con dos historias: la oficial, en voz alta; la verdadera, susurrada en la cocina.
Las mujeres sufrieron una doble condena. Viudas de fusilados, esposas de presos, militantes derrotadas cargaban con el peso económico de sacar adelante a la familia y, además, con el estigma social: rapados públicos, paseos de escarnio, insultos, presión para encajar en el papel de madre sumisa que el régimen glorificaba. En muchas fosas exhumadas en los últimos años se han encontrado cuerpos de mujeres fusiladas junto a sus compañeros, a veces como represalia contra ellos.
Y estaban los campos de concentración y los trabajos forzados: más de un millón de personas pasaron por campos de prisioneros y batallones de trabajo usados para reconstruir puentes, carreteras y embalses. Decenas de miles de presos políticos sirvieron como mano de obra gratuita para empresas públicas y privadas.
Se podía salir vivo de la cárcel o del campo, pero la represión continuaba: imposibilidad de recuperar el empleo, obligación de vivir en otro lugar, prohibición de entrar en ciertos locales, control policial permanente. El castigo no terminaba en la puerta de la prisión.
DELACIÓN, IGLESIA Y MIEDO: LA RED QUE SOSTUVO EL TERROR
La dictadura no habría podido llegar tan lejos sin una red de delaciones. La ley empujaba a la gente a señalar al vecino: el que no informaba podía ser sospechoso. Los informes del alcalde, del cura, del jefe local de Falange y de la Guardia Civil se alimentaban de lo que corría de boca en boca.
La Iglesia católica desempeñó un papel central. Una parte importante de su jerarquía bendijo el golpe como “Cruzada” y durante años justificó la represión desde los púlpitos. Muchos curas de pueblo redactaban informes sobre la “conducta religiosa” de los acusados que pesaban tanto como cualquier testimonio en contra. Además, la ley contra masonería y comunismo exigía a los señalados una “retractación” acompañada de una declaración de fe católica: política y religión mezcladas en un mismo formulario.
“La muerte civil fue la manera de seguir castigando a los derrotados sin necesidad de disparar”
El miedo se metió hasta la última rendija. Un obrero recordaría años después que vivían “asustados, asustados, asustados”, siempre pendientes de no decir algo inconveniente, de no saludar a la persona equivocada, de no faltar a un acto obligatorio. Bastaba un gesto mal interpretado para acabar en un calabozo o sumado a un expediente.
La gran victoria del régimen no fue solo militar: fue haber inoculado ese miedo que despolitizó a buena parte de la población y mantuvo a millones de vencidos en silencio durante décadas.
LAS CIFRAS DEL ENSAÑAMIENTO Y SUS SOMBRAS HOY
Los números no lo cuentan todo, pero ayudan a medir la dimensión del desastre. Además de los unos 150.000 ejecutados por la represión, las estimaciones hablan de alrededor de 114.000 desaparecidos cuyos cuerpos siguen sin localizar, la mayoría enterrados en fosas comunes repartidas por todo el país. El Ministerio de Justicia tiene registradas más de 2.500 fosas, y se calcula que existieron unas 2.800.
Desde el año 2000 se han exhumado unas 740 fosas y recuperado los restos de más de 9.000 personas. A día de hoy, el Gobierno calcula que quedan por recuperar unos 11.000 cuerpos, y ha financiado planes cuatrienales de exhumaciones en lugares como los cementerios de Sevilla, Jaén, Córdoba, Huelva o el Valle de Cuelgamuros.
Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, se han dado pasos no suficientes pero sí importantes —exhumaciones, banco de ADN, retirada de símbolos—, pero aún no existe un inventario completo de los bienes incautados ni un listado exhaustivo de las obras construidas con trabajo forzoso de presos políticos. La herencia material del ensañamiento sigue en gran parte sin contabilizar.
Detrás de cada cifra hay una historia como la de la familia de aquel gobernador civil de la República al que no pudieron detener y cuyos parientes —padre, hermanos, tío— fueron asesinados en su lugar, mientras el negocio familiar era saqueado. O la de aquella mujer violada y asesinada en un camino solo por ser esposa de un dirigente fusilado. Son historias que se repiten, con nombres diferentes, por toda la geografía del país.
LA GUERRA QUE SIGUE HABLANDO EN VOZ BAJA
La represión franquista no fue un exceso pasajero, sino el ADN del régimen: una forma de gobierno basada en el miedo, el castigo ejemplar y la exclusión de los vencidos. No se trataba de integrarles en un proyecto común, sino de destruir su mundo, arruinar sus vidas, romper sus redes y obligarles a elegir entre el exilio, la cárcel o el silencio.
Hoy, cuando se abren fosas, se identifican restos y se revisan viejos expedientes, esa segunda guerra —la de los sellos y los formularios— vuelve a salir a la luz. Entenderla no es un capricho del pasado, sino una forma de mirar el presente con ojos más despiertos: saber qué ocurre cuando un Estado convierte a una parte de su población en enemigo interno y activa contra ella todos sus recursos, desde los jueces hasta los curas, desde los policías hasta los vecinos.
La guerra civil terminó en 1939. El ensañamiento contra los vencidos duró mucho más. Y todavía hoy, en muchas casas, se sigue hablando de él en voz baja, entre susurros, como si el miedo no hubiera acabado del todo.
(*) Manuel Medina es profesor de Historia y divulgador de temas relacionados con esta materia.
– FUENTES CONSULTADAS
-“Represión franquista”, síntesis sobre el carácter estructural de la violencia, tipos de represión (física, económica, administrativa, cultural) y cifras aproximadas de ejecutados, presos, campos de concentración y trabajos forzados. https://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n_franquista
-Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939): texto legal original y análisis de su contenido, sanciones previstas y aplicación práctica a cientos de miles de personas. https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1939/044/A00824-00847.pdf https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Responsabilidades_Pol%C3%ADticas
-Ley sobre represión de la masonería y del comunismo (1 de marzo de 1940) y estudio histórico-jurídico sobre su alcance, retroactividad y el funcionamiento del Tribunal Especial. https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_sobre_represi%C3%B3n_de_la_masoner%C3%ADa_y_del_comunismo https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-42232020000200166 https://www.sipca.es/dara/memoriademocratica/tribMasoneriaComunismo.jsp
Artículos y estudios sobre cifras de víctimas: estimaciones de 150.000 muertos por represión entre 1936 y 1943, análisis del “ADN represivo” del franquismo y su impacto en la población. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-12432013000200002 https://elpais.com/diario/2002/10/21/cultura/1035151203_850215.html
-Documentación sobre fosas comunes y desaparecidos: datos del Ministerio de Justicia y de informes recientes sobre exhumaciones, número de fosas, víctimas identificadas y cuerpos pendientes de recuperar. https://www.rtve.es/noticias/20220718/verificamos-estimacion-mas-114000-desaparecidos-espana/2389206.shtml
https://www.infobae.com/espana/2022/07/17/la-espana-de-franco-que-perdura-2200-fosas-comunes-114000-desaparecidos-6000-simbolos-franquistas/
https://memoriadealbacete.victimasdeladictadura.es/listing-item/las-fosas-comunes-del-franquismo-en-la-provincia-una-vision-general/
https://www.huffingtonpost.es/politica/gobierno-preve-tres-anos-medio-no-queden-cadaveres-fosas-comunes.html
https://elpais.com/espana/2025-09-30/el-gobierno-calcula-que-quedan-11000-cuerpos-por-recuperar-en-fosas-del-franquismo.html
– Análisis recientes sobre memoria democrática y educación del franquismo, incluidos los avances e incumplimientos de la Ley de Memoria Democrática.
https://elpais.com/espana/2025-10-21/tres-anos-despues-de-la-ley-de-memoria-avances-incumplimientos-y-una-batalla-perdida.html
