Publicado el 1 de febrero de 2026 / Por
Cuarenta y cuatro años después de la Constitución de 1978, España sigue pagando el precio de una Transición fraudulenta. No fue un tránsito glorioso de una dictadura a una democracia a la europea. Se trabajo una operación de continuidad cuidadosamente administrada, cuyos efectos —largamente incubados— emergen hoy con nitidez inquietante. La ultraderecha española ya está a punto de apoderarse del poder que le falta: el ejecutivo. Pues del judicial ya está suficientemente aprovisionado.
La Constitución y la Transición españolas cumplen hoy 44 años. Yo llevo casi cuarenta denunciando su falsedad de origen en crónicas publicadas, en su mayoría, en medios digitales de América Latina y en algunos españoles ajenos al ecosistema mental y disciplinario de los medios prácticamente oficiales. No por vocación marginal de estos, sino porque la crítica profunda y estructural rara vez encuentra un espacio serio en los canales del aparente consenso general en España.
Mi desesperación no procede tanto del paso del tiempo, como de haber comprendido demasiado pronto lo que casi nadie quiso comprender nunca. Y no hablo de una ciudadanía desinformada, sino de élites políticas, jurídicas, académicas e intelectuales que aceptaron —o legitimaron— una impostura colosal. España consagró como modélica una Transición tramposa y elevó a categoría de sagrada una Constitución que el propio Franco habría podido firmar sin traicionar los pilares de su régimen.
El caso es que el paso de la dictadura al nuevo orden no fue una ruptura, sino una transformación controlada. España no transitó hacia la democracia: se maquilló para parecerlo. No existió depuración alguna del aparato del Estado. Jueces, funcionarios, altos funcionarios, mandos militares y estructuras de poder que habían servido fielmente al franquismo conservaron sus puestos, su influencia y su mentalidad. Es grotesco suponer que quienes toleraron y aplicaron instituciones como el Tribunal de Orden Público donde se firmaban penas de muerte se transformaran, por decreto, en demócratas convencidos.
A esta continuidad estructural se añadió un diseño electoral —la Ley D’Hondt— concebido para blindar el poder de las clases dominantes y limitar la representatividad efectiva del voto popular. Una decisión política deliberada, coherente con un régimen que jamás quiso arriesgar el control real del poder por el forcejeo con movimientos populares.
Todo ello se asentó sobre una mentalidad colectiva profundamente condicionada: la de los herederos directos de los vencedores de la Guerra Civil del 36; la de quienes optaron por el acomodo como forma de supervivencia social; y la de una mayoría que prefirió el silencio a la incomodidad del análisis político y sociológico. Una mentalidad débil general —ese factor decisivo que rara vez se menciona— explica mejor que cualquier coyuntura la deriva española. Un país sin pacto social no puede producir una democracia real. Solo su simulacro.
Conviene recordar el relato edulcorado y repetido hasta la saciedad: que la Constitución fue aprobada bajo amenaza explícita de golpe de Estado. La coacción, que consistió en el rumor extendido de que si no se aprobaba el texto estaba preparado un golpe de Estado, no fue un episodio más: fue el marco en que se produjeron los acontecimientos. Aquella votación no selló un consenso democrático, sino un acto de obediencia colectiva inducida por el miedo, perfectamente compatible con la continuidad del poder fáctico heredado de la dictadura.
Durante años acepté, con reservas, la idea de que aquella lacra o defecto de origen podrían corregirse con el tiempo. Pensé que tarde o temprano surgirían fuerzas políticas dispuestas a enfrentarse al núcleo del problema. Pero lo verdaderamente insoportable ha sido constatar que nadie quiso ver el peligro, o peor aún: que muchos lo vieron y optaron por aprovecharlo.
Hoy ese peligro ya no es teórico. Se ha materializado. Los beneficiarios del franquismo, lejos de desaparecer con la muerte del dictador, se reciclaron y esperaron pacientemente. Este régimen les ofreció cobertura y legitimidad. No sólo eso, los protegió.
La ultraderecha actual no es un accidente ni una anomalía sobrevenida por generación espontánea. Es el producto lógico de una Transición sin ruptura, de una Constitución sin pacto social y de una cultura política edificada sobre falta de atención, la pasividad, la indolencia y la estupidez. La ultraderecha no ha llegado desde fuera. Ha surgido desde dentro. Ha ido madurando su oportunidad desde el mismo día 6 de diciembre de 1978, fecha en que la población española vitoreaba la farsa. Todo consecuencia directa de lo que se decidió no hacer.
Como en los años 30 se incubó el nazismo, aquí está el origen del huevo de la serpiente. Pues bien, el huevo acaba de eclosionar.
Jaime Richart.
Antropólogo y jurista
28 Enero 2026
