Miki Santamaría
Recientemente hemos sabido que el G7, el foro político-económico que agrupa a algunas de las principales potencias imperialistas, se ha reunido en Évian, Francia.
El hecho de que el G7 se reúna no es, por sí mismo, una noticia extraordinaria: sus miembros se reúnen anualmente para reafirmar sus intereses comunes y escenificar una unidad que, en la práctica, suele estar colmada de disputas para decidir quién y cómo se reparte el mundo. Lo relevante de esta noticia son las circunstancias que han rodeado la cumbre.
Pudimos ver a Trump, el dirigente estadounidense más perturbador de las últimas décadas, llegar pregonando que era el jefe de todos ellos, con aires de suficiencia y una autoridad disonante tras el ridículo internacional derivado de la guerra con Irán.
También declaró ante los medios que se había fotografiado con Meloni, la dirigente italiana, por una mera cuestión de bondad, porque le daba pena la presidenta. Una muestra de sexismo y machismo apabullantes, aderezada, como es habitual en él, con una dosis considerable de narcisismo.
Sim embargo, las excentricidades de Donald Trump no son la cuestión más preocupante ni la más importante de esta última cumbre.
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Lo que dijeron
Lo más relevante de esta cumbre ha sido la reunión de trabajo celebrada entre los dirigentes del G7 y los principales ejecutivos de varias empresas tecnológicas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, a excepción de las chinas. Esto muestra señales que indican, con toda probabilidad, uno de los principales temas tratados en la cumbre.
En ella participaron, entre otros, Sam Altman, de OpenAI; Dario Amodei, de Anthropic; Demis Hassabis, de Google DeepMind; y Marc Benioff, de Salesforce.
La fotografía oficial de la reunión muestra con claridad una cuestión que conviene no perder de vista: los directivos de las grandes corporaciones tecnológicas privadas ya no aparecen únicamente como empresarios invitados a debatir sobre innovación, sino como interlocutores directos de los principales gobiernos imperialistas.
Estas empresas se han reunido con los dirigentes políticos para tratar las implicaciones de la IA: su posible papel en la mejora de la producción, la transformación (o destrucción) del mercado laboral tal y como lo conocemos, su impacto sobre el sistema financiero global y las nuevas brechas de ciberseguridad que podrían afectar incluso a bancos centrales y gobiernos enteros.
La inteligencia artificial se ha convertido en una cuestión de Estado, de seguridad nacional, de competencia geopolítica y de acumulación económica. Este contexto no es menor.
El 12 de junio, después de varias controversias sobre el uso de determinados modelos de IA, sus límites de acceso, su relación con la seguridad nacional y la creciente subordinación de estas tecnologías a los intereses estratégicos de Estados Unidos, el propio Gobierno obligó a Anthropic a suspender el acceso a sus modelos más avanzados, Claude Fable 5 y Claude Mythos 5, para cualquier persona considerada foreign national, o persona de nacionalidad extranjera, incluso si se encontraba dentro de Estados Unidos o trabajaba para la propia empresa.
Ante la dificultad de aplicar de forma inmediata esa restricción por nacionalidad, Anthropic terminó desactivando temporalmente ambos modelos para todos sus clientes a escala mundial.
Este caso muestra hasta qué punto la inteligencia artificial avanzada está dejando de ser tratada únicamente como un producto comercial: Estados Unidos comienza a considerarla un activo estratégico sometido a controles similares a los de otras tecnologías de uso militar o geopolítico.
Por su parte, el G7 presentó ante los CEO sus preocupaciones relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes. En el comunicado difundido a la prensa se podía leer lo siguiente:
“Si bien las herramientas de inteligencia artificial conversacional ofrecen importantes oportunidades para la innovación, la educación y el desarrollo, reconocemos los riesgos asociados con el uso de estos sistemas por parte de niños y jóvenes, lo que perjudica su bienestar y seguridad, y refuerza la necesidad de desarrollar sus habilidades esenciales para interactuar de manera responsable en el espacio digital”.
Un lenguaje aparentemente razonable: innovación, educación, desarrollo, bienestar y seguridad. Pero, como siempre, lo importante no es lo que dicen, sino qué intereses materiales se esconden detrás de esas palabras.
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Lo que realmente querían decir
Ahora nos corresponde hacer un análisis más allá de las declaraciones oficiales. La oligarquía financiera y los grandes grupos empresariales ponen a trabajar constantemente su maquinaria propagandística, destinada a presentarse como héroes preocupados por el bienestar general, cuando su principal objetivo sigue siendo incrementar su riqueza y salvaguardar su posición de poder a toda costa.
La tendencia es cada vez más monopolista. La riqueza mundial continúa concentrándose de manera extrema: los informes sobre desigualdad muestran que el 1 % más rico controla una proporción desmesurada del patrimonio global, mientras grandes sectores de la población apenas poseen activos o dependen exclusivamente de su salario.
Los oligarcas “tradicionales” (grandes banqueros, propietarios industriales, fondos de inversión y sectores empresariales ligados a la economía convencional) presionan para participar en las decisiones que determinarán el futuro de la IA. Temen al rapidísimo desarrollo tecnológico y a cómo este puede alterar el equilibrio de poder entre las distintas facciones del capital. Quieren garantías para sus inversiones, seguridad para sus cuentas y capacidad de intervención en un sector que amenaza con reorganizar buena parte de la economía mundial.
Las grandes tecnológicas, los fondos de inversión y las empresas de infraestructura digital están ocupando una posición cada vez más central en el nuevo ciclo de acumulación. Los capitales vinculados a sectores tradicionales también buscan participar, directa o indirectamente, en este proceso.
Por eso, los representantes de los países imperialistas se reúnen con las Big Tech: no para controlar democráticamente la tecnología ni para proteger de forma prioritaria a la población, sino para garantizar que la transición hacia el nuevo capitalismo digital se produzca sin desplazar a sus benefactores, los grandes monopolios ya existentes. Se trata de asegurar que las nuevas empresas tecnológicas no arrebaten el lugar de las viejas élites económicas, sino que se integren con ellas y participen de los beneficios.
Todo esto ocurre en un momento histórico marcado por una creciente inestabilidad global que vaticina una gran crisis, apreciándose en las guerras imperialistas por los recursos, rutas comerciales y áreas de influencia. Sumado además a tensiones energéticas, endeudamiento, inflación continuada y una desaceleración económica que puede desembocar en estanflación.
La estanflación es la combinación de estancamiento económico e inflación, y suele tener consecuencias especialmente graves para los trabajadores. Mientras los salarios se estancan o crecen por debajo del coste de la vida, los precios continúan aumentando, dando como resultado una pérdida progresiva de poder adquisitivo y una pauperización de la clase obrera y de amplias capas intermedias.
Cuando esta situación se combina con la pérdida de puestos de trabajo y con la desaparición de profesiones enteras debido a una nueva ola de automatización, el riesgo ya no es solo una crisis coyuntural, sino una crisis estructural más profunda, más prolongada y socialmente más caótica.
Engels fue uno de los primeros en apreciar este tipo de comportamientos del capital y de la economía política: períodos “revolucionarios” en los que la automatización repercutía en el mercado laboral, creando épocas de miseria por la falta de puestos de trabajo que asumían las nuevas maquinarias. Incluso algunos economistas no marxistas han recuperado parte de estas observaciones. Robert C. Allen denominó a este fenómeno “la pausa de Engels”.
Ese proceso podría estar desarrollándose de nuevo, aunque a una escala mucho mayor que durante la primera revolución industrial. La inteligencia artificial no sustituye únicamente tareas físicas o repetitivas: puede automatizar funciones administrativas, creativas, técnicas, comunicativas e incluso profesionales que hasta ahora dependían de capital humano cualificado.
El nuevo modelo de extracción de beneficios se apoya, además, en una economía cada vez más financiarizada. Una gran parte del capital no se dirige a crear empleo productivo estable, sino a la especulación bursátil, a la propiedad de datos, a las infraestructuras digitales y a la expectativa de rentabilidades futuras.
Aunque este modelo sigue conviviendo con la extracción de plusvalor en labores más productivas e industriales, sobre todo en los países menos desarrollados, que es donde los imperialistas se llevaron las fábricas para explotar mano de obra a bajo coste e incrementar sus beneficios.
En este contexto, la construcción de grandes centros de datos y granjas de servidores se vuelve estratégica. Estas instalaciones, preferiblemente localizadas en países fríos, con abundante producción energética o bajo dominio colonial, permiten entrenar modelos de inteligencia artificial, procesar enormes cantidades de datos y sostener el trabajo digital deslocalizado.
No es casual que territorios como Canadá o Groenlandia hayan adquirido una importancia geopolítica creciente. Sus recursos naturales, sus condiciones climáticas y su posición estratégica los convierten en espacios de interés para el capitalismo tecnológico y para las potencias que compiten por controlar las infraestructuras del futuro.
Este proceso está costando miles de millones a las empresas. Muchas de ellas asumen pérdidas enormes en el presente, pero lo hacen con la perspectiva de rentabilizar exponencialmente sus inversiones a corto y medio plazo, cuando la IA se convierta en una infraestructura imprescindible para empresas, administraciones públicas y trabajadores. Todo ello siguiendo una estrategia clara.
Primero utilizan un modelo “freemium”: acceso gratuito o limitado, suscripciones de pago para funciones avanzadas y licencias empresariales más caras. Después, cuando la herramienta ya es necesaria para trabajar, estudiar, producir o competir, capan aún más las versiones gratuitas, se encarecen las versiones avanzadas y estas se convierten en un gasto cada vez más inevitable.
Pero esta dependencia no se limita al pago de suscripciones o al uso cotidiano de una herramienta de trabajo. Cada interacción con estas plataformas (cada consulta, cada documento introducido, cada conversación y cada pulsación de botones) puede convertirse en una fuente de datos e información sobre las personas.
De este modo, el usuario deja de ser únicamente un consumidor de un servicio para convertirse también en un objeto de estudio: un perfil individual analizado, clasificado y sometido a mecanismos de influencia. La finalidad no es solo mejorar una herramienta tecnológica, sino conocer hábitos, necesidades, miedos, deseos y comportamientos para orientar el consumo hacia productos cada vez más continuos, masivos y, en muchos casos, superfluos.
La deshumanización no consiste simplemente en que una máquina sustituya determinadas tareas humanas. Consiste también en reducir a las personas a conjuntos de datos, patrones de conducta y probabilidades de compra; en convertir nuestra actividad cotidiana en una mercancía que pueda ser procesada, vendida o utilizada para diseñar hábitos de consumo funcionales a la acumulación de capital. Volvernos simples consumidores.
La excusa siempre es la misma: los altos costes de los servidores, de la energía, del mantenimiento de los modelos o de los componentes informáticos. Pero antes habrán creado una necesidad social. Nos dirán que la IA facilita el trabajo, ahorra tiempo, abarata costes y permite a las pequeñas empresas competir y, en parte, será cierto.
La cuestión es quién controla esa herramienta, quién posee las infraestructuras, quién se apropia de los beneficios y quién paga las consecuencias cuando la automatización destruya empleos, reduzca salarios o concentre todavía más el poder económico.
La reunión del G7 con los grandes ejecutivos tecnológicos deja ver precisamente esa disputa. No se trata únicamente de decidir cómo regular una herramienta nueva, ni de proteger a menores, ni de impedir ciberataques. Se trata de decidir qué Estados, qué monopolios y qué fracciones del capital controlarán los datos, la energía, los servidores, los modelos y el trabajo del futuro.
Porque la inteligencia artificial no es neutral. Como cualquier tecnología, su impacto dependerá de las relaciones sociales y de propiedad en las que se desarrolla. En manos de grandes monopolios y Estados subordinados a los intereses del capital, difícilmente servirá para liberar a la mayoría del trabajo y de la precariedad. Más bien corre el riesgo de convertirse en un instrumento para profundizar la explotación, la vigilancia y la desigualdad.
La alternativa no pasa por rechazar la tecnología en sí misma, sino por disputar su propiedad, su orientación y su uso social. Una inteligencia artificial desarrollada bajo control democrático y puesta al servicio de las necesidades colectivas podría reducir jornadas, aliviar trabajos penosos y ampliar el acceso al conocimiento. Bajo el control de monopolios privados, en cambio, seguirá funcionando principalmente como una nueva vía para concentrar riqueza, poder y capacidad de vigilancia
