José Manuel Rivero, abogado y analista político
14 de julio de 2026
Este asedio judicial doméstico no opera en el vacío, ni es fruto de la casualidad; actúa como la mandíbula interna de una pinza tenaza cuya fuerza motriz es exterior. Horas antes de que la resolución judicial viera la luz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, lanzaba en los medios de comunicación la consigna que preludiaba el fallo: calificaba de “absolutamente impropio” el viaje y exigía impedirlo “como sea”.
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La reciente resolución judicial que vedó la presencia de Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la delegación oficial española en la cumbre de la OTAN en Ankara no admite una lectura ingenua bajo el reduccionismo técnico-jurídico del derecho procesal burgués. Sostener, con un formalismo estéril, que la denegación del permiso se fundamenta exclusivamente en la condición de Turquía como Estado extracomunitario es un ejercicio de hipocresía institucional que ofende la inteligencia crítica. Tal argumentación se desmorona ante la evidencia de que el riesgo de fuga es materialmente inexistente en una persona que se encuentra bajo una custodia permanente y exhaustiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Si descorremos el velo del fetichismo legal, lo que emerge con nitidez no es la aplicación de la norma, sino su instrumentalización política: un síntoma elocuente de una coyuntura histórica donde los aparatos coercitivos del Estado se activan para disciplinar, erosionar y descabezar a un poder ejecutivo que se ha tornado disfuncional, si no incómodo, para el bloque atlantista hegemónico transnacional.
Este asedio judicial doméstico no opera en el vacío, ni es fruto de la casualidad; actúa como la mandíbula interna de una pinza tenaza cuya fuerza motriz es exterior. Horas antes de que la resolución judicial viera la luz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, lanzaba en los medios de comunicación la consigna que preludiaba el fallo: calificaba de “absolutamente impropio” el viaje y exigía impedirlo “como sea”.
Esta sincronización milimétrica entre la ofensiva mediático-partidista y el dictamen de los tribunales desenmascara la operativa de la “guerra híbrida” moderna: la judicatura deja de ser un poder arbitral para convertirse en el brazo ejecutor de una estrategia de desgaste orquestada. El objetivo trascendía lo meramente anecdótico; se trataba de garantizar que el presidente del Gobierno aterrizara en Ankara políticamente maniatado, mermado en su autoridad simbólica ante sus pares y lastrado por una duda penal que, más allá de los juzgados, actuaba como un mecanismo de devaluación de su palabra en el escenario internacional.
Para comprender la urgencia y la virulencia de este disciplinamiento, es imperativo ensanchar el foco hacia la geopolítica del imperio. La cumbre de la OTAN se celebra bajo la sombra de un Donald Trump hostil, refractario a cualquier fisura en la ortodoxia atlantista y ávido de sacrificios fiscales para la maquinaria bélica. El Gobierno español se ha convertido en una pieza a ajustar en el tablero geopolítico debido a sus posiciones de distanciamiento frente a la agresión militar estadounidense-sionista sobre Irán y, crucialmente, por su resistencia a acatar la exigencia draconiana de elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB.
Este incremento no es una mera variable macroeconómica; representa una detracción masiva de recursos que, en última instancia, sustraería capacidad de bienestar a las clases populares para transferirla, vía complejo militar-industrial, a los engranajes de la guerra permanente. Ante esta disidencia presupuestaria y diplomática, la maquinaria imperial no duda en activar sus terminales domésticas para corregir la desviación. Una mirada rigurosa a la historia estructural de nuestro país nos obliga a establecer un paralelismo tan nítido como ineludible. En enero de 1981, el presidente Adolfo Suárez fue forzado a dimitir, acorralado por el ruido de sables, las presiones del estamento castrense y el aislamiento político de quienes exigían la integración inmediata y sumisa de España en la estructura de la OTAN. Un mes después, sobrevenía la intentona golpista del 23-F como culminación de esa crisis de hegemonía. La lección que nos lega aquella coyuntura es atemporal: cuando el diseño político de un Gobierno civil no se pliega con la docilidad exigida a los intereses estratégicos del eje atlantista, los resortes profundos del Estado —sus “poderes fácticos”— se movilizan para forzar su capitulación o su relevo.
La diferencia fundamental entre 1981 y la actualidad no reside en el objetivo final — el alineamiento inquebrantable con el bloque occidental—, sino en la mutación táctica de la clase dominante. En el marco de las democracias liberales maduras, la coerción tosca de los cuarteles ha sido sustituida por la violencia simbólica y el poder omnímodo de la toga. El lawfare se ha erigido como el nuevo ruido de sables. Ya no son necesarios los tanques en las calles para desestabilizar a un Ejecutivo; basta con la instrumentalización espuria del derecho penal, la generación de un estado de opinión asfixiante y la judicialización de la política.
La presión actual de la OTAN, vehiculada a través de una judicatura dependiente y una oposición sumisa a los dictados exteriores, busca forzar un escenario de debilidad que facilite la caída del Gobierno o la dimisión de Pedro Sánchez para reinstaurar una ortodoxia sumisa. Lo que hoy está en disputa en los estrados de Madrid y en los salones de Ankara no es la rectitud procedimental de una causa, sino los límites estructurales de la soberanía nacional. Se debate si España tiene derecho a un margen de autonomía estratégica o si, por el contrario, su política interior y exterior debe ser gestionada como una colonia interna del imperio, donde los jueces actúan como procuradores de un orden que nos es ajeno. Frente a la fuerza que se ejerce a través del poder de la toga, solo cabe la defensa democrática de la capacidad de decidir nuestro propio destino.
