Publicado el 27 de septiembre de 2025 / Por
por Bianca Tylek
Los afroestadounidenses son encarcelados de manera desproporcionada y explotados con trabajo penitenciario. Es hora de completar la abolición.
En Estados Unidos, la libertad nunca fue gratis. Para los afroestadounidenses, en particular, el precio de la libertad fue inmenso y se pagó durante generaciones con decisiones difíciles y concesiones forzadas que conllevaron la pérdida de la historia, la unidad familiar, la estabilidad financiera y la privacidad.
Los costos que implicaba escapar de la esclavitud tradicional – en la que los afrodescendientes eran considerados bienes muebles – todavía existen, ya que son muchos quienes luchan por escapar de su legado en nuestro sistema carcelario, revelando un esquema persistente de precarización comunitaria y extracción económica basadas en la raza.
En este contexto, los esfuerzos para establecer una renta básica universal en Estados Unidos no deben considerarse como caridad ni como innovación política, sino como reparaciones y compensaciones necesarias.
La 13ª Enmienda no abolió la esclavitud, sino que la modificó y la envolvió en secreto. Al incluir una cláusula de excepción que permitía la esclavitud “como castigo por un delito”, el Congreso conservó los fundamentos jurídicos del trabajo forzoso.
Luego de la emancipación, en 1865, legisladores de los estados del sur utilizaron esa cláusula para criminalizar la vida cotidiana de las comunidades negras mediante los Códigos Negros y para conducir a las personas recién liberadas hacia programas rentables de “alquiler de convictos”.
Así, la población carcelaria de Estados Unidos pasó muy rápido de ser predominantemente blanca a predominantemente negra, con la explotación laboral como eje central del sistema. Esto sentó las bases del actual estado carcelario, un sistema brutal que encierra a más de dos millones de personas, que siguen sin protección frente a la esclavitud, y con afroestadounidenses encarcelados cinco veces más que los estadounidenses blancos.
La esclavitud no es solo la historia del sistema carcelario. Es su presente.
La esclavitud tras los muros de la prisión
Detrás de los muros de la prisión, las personas se ven obligadas a trabajar en condiciones inseguras a cambio de un salario mínimo o nulo, bajo la amenaza de castigos adicionales, como la pérdida de las visitas familiares, un castigo por desobediencia muy común antes de la Guerra de Secesión (1861-1865).
Las personas encarceladas trabajan en granjas, combaten incendios forestales, cosen uniformes, limpian edificios públicos, fabrican muebles para el Estado y mucho más, todo ello mientras se les niegan los derechos y las protecciones laborales básicas.
Organizarse para reclamar esos derechos se redefine como provocar disturbios y así se justifican las respuestas violentas que exigen obediencia. Así como las personas esclavizadas fueron reducidas a herramientas de trabajo, las personas encarceladas son tratadas como activos desechables del Estado, valiosos solo en la medida en que demuestran su obediencia y generan beneficios.
Se estima que cada año se roba a los trabajadores encarcelados hasta 18.800 millones de dólares en salarios.
El lenguaje que se utiliza en todo nuestro sistema penitenciario refuerza esta dinámica y rinde homenaje, de forma intencionada, a las raíces esclavistas del sistema.
Los uniformes llevan la inscripción «Sheriff’s Inmate» (recluso del sheriff) y los documentos identifican a las personas como “propiedad del Estado”. El aislamiento, otro castigo habitual por negarse a trabajar en la prisión, es comúnmente denominado por reclusos y personal penitenciario como ‘el agujero’ o ‘la caja’, ambas referencias a la época de las plantaciones y el esclavismo, cuando se aplicaban castigos similares.
Incluso cuando a los reclusos se les paga por su trabajo, suelen ganar menos de un dólar por hora, lo que equivale a un robo sistemático del valor del trabajo. Un análisis de costos y beneficios, realizado en 2024 por la consultora Edgeworth Economics, estimó que cada año se roban entre 11.600 y 18.800 millones de dólares en salarios a los trabajadores encarcelados. Estos salarios robados representan no solo una pérdida de ingresos para las personas encarceladas, sino también una pérdida de sustento para sus hijos, familias y comunidades, lo que refuerza aún más la vulnerabilidad financiera, socava la rehabilitación y perpetúa los ciclos de pobreza y encarcelamiento.
El costo humano
El costo de este centenario racismo institucional ha sido devastador para los afroestadounidenses. El encarcelamiento cuesta a las familias de personas reclusas casi 350.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos y en gastos como llamadas telefónicas, compras en la tienda de la prisión y atención médica, según el informe We Can’t Afford It (No podemos pagarlo), publicado por la organización no gubernamental FWD.us, que trabaja en temas de migraciones y sistemas penales.
Hoy en día, casi el 50% de los adultos en Estados Unidos han tenido un familiar directo encarcelado. Entre los afroestadounidenses, esa proporción se eleva a 63%. Las familias afroamericanas también gastan dos veces y media más que las familias blancas en mantener a sus seres queridos encarcelados.
Poco cambia tras la puesta en libertad, ya que las más de 600.000 personas que regresan a casa cada año en Estados Unidos a menudo se encuentran agobiadas por las deudas, despojadas de ingresos y sin posibilidad de obtener empleo o vivienda.
Por lo tanto, estas familias se ven obligadas a elegir entre satisfacer sus propias necesidades básicas y mantener a sus seres queridos que están en prisión. Las madres, casi siempre el principal sostén financiero y emocional de las familias afectadas por el encarcelamiento, se endeudan para tratar de hacer ambas cosas.
Una de cada tres familias con un ser querido encarcelado se endeuda solo para pagar las llamadas y las visitas. Niños y niñas sufren las consecuencias en forma de precariedad habitacional, inseguridad alimentaria y, por último, pérdida del contacto y la guía parental. Casi la mitad de los niños y niñas negras han tenido a uno de sus padres encarcelado, una cifra que refleja el diseño deliberado del Estado y la guerra económica intergeneracional.
El largo camino hacia la reparación
Para hacer frente a la tarea inconclusa de la abolición, la organización Worth Rises, que trabaja para desmantelar la industria penitenciaria, lanzó la campaña #EndTheException, en la que pide el fin de la excepción de la 13.ª Enmienda que ha alimentado el trabajo forzoso en las prisiones y el encarcelamiento masivo desde la abolición formal de la esclavitud. Al exigir que la Constitución refleje el fin verdadero y definitivo de la esclavitud, esta campaña sienta las bases para unas políticas más amplias de reparación.
Reparar esta forma tan persistente de daño racializado en Estados Unidos requiere algo más que un reconocimiento; requiere redistribución. Las reparaciones son lo mínimo, y una renta básica específica – pagos regulares e incondicionales en efectivo a las personas más afectadas por el encarcelamiento – es el medio más evidente y eficaz. Estos pagos representarían un cambio histórico, ya que los fondos públicos finalmente llegarían a las manos de las personas cuya riqueza ha sido sistemáticamente apropiada por la violencia estatal durante generaciones.
El legado de la esclavitud no puede separarse de las instituciones que la siguieron: el arrendamiento de convictos, la discriminación hipotecaria y de inversiones (la denegación de hipotecas y servicios a barrios específicos), las leyes de segregación racial de Jim Crow (que rigieron en estados del sur entre 1876 y 1965) y el encarcelamiento masivo.
No se trata de capítulos aislados de la historia; representan un proceso continuo de explotación, extracción y control.
Visto de este modo, es fácil apreciar que el sistema carcelario no está roto, sino que funciona así como fue meticulosamente diseñado.
Poner fin a la excepción de la 13.ª Enmienda y proporcionar unos ingresos básicos a las personas afectadas por ella son dos formas en las que podemos empezar a detener y reparar el daño causado, en el pasado y en el presente.
*Bianca Tylek es autora de The Prison Industry: How It Works and Who Profits (La industria penitenciaria: cómo funciona y quién se beneficia de ella) y fundadora y directora ejecutiva de Worth Rises, una organización nacional sin fines de lucro que lucha por desmantelar la industria penitenciaria y poner fin a la explotación de las personas afectadas por ella.
Fuente: Democracia Abierta
