- "El nuevo modelo ha de ser justo, aceptable para todos y capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios". Este es el principio del que parte el PCE para definir el Estado Federal por el que luchan, al que considero un principio correcto aunque genérico, ya que que el ochenta por ciento es clase trabajadora y a la única que al cien por cien se le ajusta el principio, ¿entonces donde está el error?. En no considerar el asunto desde la existencia de clases sociales y la lucha de clases, ya que la consideración inicial de las autonomías del café para todos, la que el PCE suscribió en la constitución sin hacerlo partícipe de las masas, en aras se supone de objetivos superiores, sí fue hecha desde la perspectiva de la clase burguesa dominante y no de los territorios, siendo objetivo y claro en la propia exposición del articulista por sus resultados al servicio de la oligarquía financiera dominante. El siguiente error está en considerar la confederalidad constitucional oculta tras los conciertos vascos y navarros, que crea división por insolidaridad con los territorios más pobres por la lógica de la lucha de clases, al ser el objetivo del capital siempre el beneficio y no la solidaridad, que eso es empezar la casa por el tejado, cuando lo obvio es que hasta ahora les ha beneficiado al doscientos por cien, por el varapalo que nos están dando en la lucha de clases, al tiempo que considera que un estado federal desde el principio expuesto, si es iniciar la casa por los cimientos sin poner en duda en ningún momento, que si en vez de poner al ciudadano que responde a distintos intereses de clase, ponemos a la clase trabajadora y entonces veremos, que es una propuesta utópica ajena a la realidad de la correlación de fuerzas políticas y a la lucha de clases, porque es pedir que la burguesía dominante se comporte de forma democrática, cuando desde el principio de la historia, también hay que decirlo con la complicidad de la izquierda, construyó un Estado dividido en diecisiete comunidades, que se pegarían por menudeces para entretenimiento y división del pueblo como por los equipos de futbol pero entorno a identidades nacionales, mientras la oligarquía dominante desde un poder central único en una unidad económica y única para todo el estado, con un estado bajo control real y no solo oficioso de los aparatos del mismo, ejecuta la política para los intereses y beneficio de una oligarquía parasitaria e imperialista. El inicio de la casa desde el realismo político y desde el marxismo leninismo, sería concretar la igualdad de los ciudadanos en torno a los mismos derechos y deberes en el estado social de derechos y de los derechos del estado de bienestar en sanidad, enseñanza, dependencia, pensiones, justicia, comunicaciones, vivienda o servicios sociales, todo de carácter público y con una gestión centralizada para ahorro económico y operatividad. Esto si es una propuesta de movilización del pueblo y sus organizaciones de masas, dentro de la lucha de clases y por la utopía de la igualdad y si el resultado es federal, será por la correlación de la lucha de clases y no por una decisión unilateral de la izquierda. Nota de Alonso Gallardo
- Carlos Sánchez Mato (*) 08/09/2024 ·
Hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios
Lo que se haga con Catalunya afecta a todos los territorios. Frente a un acuerdo confederal, en Izquierda Unida tenemos una visión federal
Como parte de la negociación entre PSOE y ERC para la investidura de Salvador Illa como President de la Generalitat, ambas organizaciones políticas han acordado que Catalunya sea la que recaude todos los tributos que allí se pagan, a imagen y semejanza del País Vasco y Navarra, y que liquide al Gobierno central el dinero de los servicios e inversiones que haga en la comunidad, además de aportar una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de territorios. De esa factura se desconoce el importe y solo sabemos que deberá ser negociada de forma periódica. ERC asegura que el acuerdo con los socialistas también incluye una garantía para que prevalezca el principio de ordinalidad, es decir, que una comunidad con menor capacidad fiscal no pueda superar después de la redistribución de recursos a otras más ricas.
Es evidente que el actual modelo de financiación de las comunidades autónomas aprobado en la Ley 22/2009 tiene muchas grietas. Muchas comunidades autónomas han tenido una financiación inferior a sus necesidades. De hecho, hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas y eso no responde ni a diferencias en factores de coste ni a los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Si comparamos la financiación de las comunidades forales con las de régimen común, las diferencias son aún más intensas. Con datos de 2021, la brecha entre Cantabria, la comunidad que más recibe (3.534 euros), frente a Baleares, que es la que menos (2.297 euros), es de 1.237 euros. En definitiva, un 35% menos percibiría la comunidad que menos recibe en financiación por habitante ajustado a componentes homogéneos y a precios de 2015. Estas distorsiones generan enormes tensiones en el sistema general de financiación de las comunidades autónomas porque desde la financiación promedio, la comunidad que más se beneficia está un 24% por encima y la que menos un 19% por debajo del promedio. La crisis del Covid lo ha rematado. De hecho, sin las transferencias excepcionales realizadas por el Gobierno de coalición, el sistema habría estallado.
El sistema adopta un enfoque híbrido o intermedio, donde la población es la variable central, pero se corrige la misma por una serie de factores demográficos y geográficos que se considera afectan al coste de los servicios públicos porque no cuestan igual en todos los lugares. Y es en el desarrollo durante estos quince años cuando se han puesto de manifiesto los problemas de equidad de los que adolecía y también se ha puesto de manifiesto el incumplimiento del principio de suficiencia financiera, es decir, de la capacidad de hacer frente a las necesidades con los recursos existentes para garantizar la prestación de servicios públicos.
Aunque
el modelo intente fijar un criterio de reparto que asegure que las
necesidades de todas ellas se ven satisfechas en la misma
proporción, la
exacerbación de la competencia fiscal ha causado efectos perversos
desde el punto de vista de la equidad porque eso ha beneficiado a las
rentas más elevadas y a comunidades como la de Madrid que es la más
beneficiada de la guerra desatada entre territorios por atraer
contribuyentes ricos mediante el dumping fiscal.
Cómo se ha financiado la solidaridad entre territorios
En los últimos 15 años, las comunidades autónomas con más renta han aportado el 21% con los impuestos cedidos que gestionan. Y el Estado ha puesto el 79% con los no cedidos.
De 2009 a 2023, la solidaridad ha sumado 316.166 millones. Algunas comunidades han aportado 66.356 millones para poder sufragar los Fondos. Madrid la que más (18,1%), seguida de Baleares (1,3%) y Catalunya (1,2%) Pero el Estado con 249.810 millones fue el que más puso (79%). Si tenemos en cuenta el esfuerzo de los financiadores con respecto a su riqueza medida en términos de PIB, es Madrid (1,73% del PIB anual) la que más ha aportado a la solidaridad territorial. El Estado ha dedicado el 1,58% del PIB en promedio anual de 2009 a 2023.
Con estos recursos se han financiado los Fondos de Garantía, Suficiencia, Competitividad, Cooperación y otros que son los mecanismos con los que se compensa a las comunidades autónomas para garantizar la prestación de servicios públicos en todo el Estado. Aunque el 21% de la financiación de la solidaridad la aportan las comunidades autónomas, no nos hagamos líos. Aportan según la renta que tienen sus contribuyentes. Si tienen que poner más dinero en el Sistema de Financiación Autonómico es porque acumulan más contribuyentes en las franjas altas que el resto. ¿O te piensas que tú, mileurista, estás en el mismo barco que Amancio Ortega porque ambos viváis en la misma comunidad autónoma?
Y el Estado es el que más recursos ha transferido al Sistema de Financiación Autonómico para la solidaridad. Usa para ello la parte de impuestos no cedidos a las comunidades autónomas. Si Catalunya se sale del régimen común, ¿cómo se garantizará que pueda seguir haciéndolo?
Hace falta una reforma, pero no así
Que el sistema actual no funciona, es un hecho. Y Catalunya no era de las comunidades beneficiadas y su adecuado encaje territorial en un Estado plurinacional merece una reforma. Pero no esta reforma. Y no de esta forma. Por eso algunos criticamos el Acuerdo PSC-ERC.
El Estado con los impuestos no cedidos es el que ha sostenido la solidaridad territorial del Sistema de Financiación Autonómica. En el Acuerdo PSC-ERC no se garantiza cómo blindar lo que ya tenemos y mejorarlo
Porque Catalunya ha aportado 3.671 millones de sus impuestos cedidos a financiar los Fondos de Suficiencia, Garantía, Competitividad y Cooperación. Es el 1,2% de la financiación total. La dificultad estriba en comprometer la aportación del Estado que realiza con los tributos no cedidos porque salvo la excepción puntual de 2012, en los otros 14 ejercicios ha sido el Estado con los impuestos no cedidos el que ha sostenido la solidaridad territorial del Sistema de Financiación Autonómica. En el Acuerdo PSC-ERC no se garantiza cómo blindar lo que ya tenemos y mejorarlo.
¿Acaso el Estado no puede ceder un porcentaje superior de tributos a las comunidades autónomas? Por supuesto que sí. Pero jamás con actuaciones de tipo confederal. Lo que se haga con Catalunya afecta a todos los territorios. Por eso algunos preferimos avanzar en la federalidad.
¿Por qué no empezar la casa por los cimientos y no por el tejado y garantizar la suficiencia de servicios públicos en todos los territorios como primer paso? ¿Por qué no asegurar que la financiación de lo anterior caiga sobre las personas con más renta y no sobre territorios?
En cualquier caso, para eso es indispensable modificar la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas) y no hay mayoría parlamentaria porque esta reforma no satisface a quienes tenemos visión federal como Izquierda Unida y Podemos y quienes la tienen confederal como BNG, Compromís o Chunta. Es evidente que en esta legislatura no habrá posibilidad de hacer una reforma del sistema de financiación autonómica ni la local porque la estrategia de las derechas no lo va a permitir. Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer para mejorar la situación de Catalunya y la del resto de territorios.
En vez de buscar atajos y soluciones parciales, hagamos propuestas ambiciosas pero posibles. Garantizar un Estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible requiere servicios públicos de calidad y pleno empleo.
Izquierda Unida ha defendido siempre que el sistema de financiación autonómica está íntimamente ligado al modelo de país que queremos construir. Un Estado en el que las Comunidades Autónomas puedan ejercer su autonomía política y no ser meras prestadoras de servicios.
Son los ciudadanos, y no los territorios, los que pagan impuestos y reciben servicios públicos. Por eso no es defendible que las comunidades más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos
Para ello es fundamental empezar la casa por los cimientos y definir un suelo de derechos, es decir, qué servicios públicos queremos garantizar en todo el Estado. El nuevo modelo ha de ser justo y aceptable para todos. Ha de ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios. No son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino los ciudadanos que residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios. Y por eso no es defendible que las Comunidades Autónomas más ricas tengan más recursos para financiar sus servicios públicos, del mismo modo que sería inadmisible que un ciudadano por disponer de más renta y pagar por consiguiente más impuestos, recibiera servicios públicos en mejores condiciones que otro con menores recursos.
De este “menú” es del que hay que hablar, de los derechos que hay que garantizar a la clase trabajadora, independientemente de la nación a la que pertenezca dentro del Estado y de cómo se financia de una forma justa el sistema.
No volvamos a empezar la casa por el tejado.
(*) Profesor de Economía Aplicada UCM
