Damasco, 02 ago (SANA)
Desde que el gobierno venezolano aceptó el diálogo con la oposición financiada por Estados Unidos y esta declaró que participaría en el proceso electoral, se sabía cuál era el plan: no reconocer la victoria del chavismo.
Precisamente los opositores participaron en las elecciones para poder asegurar que hubo fraude, pues de no haber entrado en la contienda electoral no tenían forma de ejecutarlo, tal como sucedió con Juan Guaidó.
La manipulación mediática con los poderosos medios de prensa más importantes del orbe al servicio de los Estados Unidos, unido al trabajo desarrollado en las redes sociales, donde los simpatizantes de Nicolás Maduro no aparecen y solo las manifestaciones de la oposición recorren el mundo, sembraron la matriz de opinión de que les robaron las elecciones, algo preparado de antemano.
A esto se suma la presión sobre los presidentes de derecha de la región, incluso con la desprestigiada OEA que convocó a reunión extraordinaria para abordar el proceso electoral en Venezuela, organización cómplice del golpe de Estado contra Evo Morales, que nunca condenó las represiones en Perú ordenadas por la presidenta usurpadora, con un saldo de más de 60 muertos y el triple de detenidos, la entrada del ejército en la Universidad de Lima y la detención de Pedro Castillo, presidente constitucional, porque no respondía a los intereses yanquis.
Tampoco se pronunciaron contra el reciente intento de golpe militar en Bolivia y menos contra el plan de asesinato a Cristina Fernández, senadora y ex presidenta de Argentina, prueba de la falta de moral de los yanquis y la OEA. Similar actitud asumió cuando el ejército ecuatoriano violó la inmunidad diplomática de la embajada de México en Ecuador, y maltrataron al embajador, para secuestrar al ex vicepresidente ya admitido como un asilado. Estados Unidos nunca ha condenado esas violaciones.
Cuando Donald Trump acusó de fraude a las pasadas elecciones donde ganó Joe Biden, ni la OEA, la Unión Europea y los lacayos de América Latina, pidieron un recuento de votos, tener acceso a las actas de cada colegio electoral, como ahora hacen con Venezuela y menos exigieron la presencia de observadores internacionales independientes, lo que revela la maniobra preparada para hacerle creer a todos que hubo fraude por parte de Maduro.
Hace años Venezuela es víctima de planes para eliminar al gobierno chavista, desde el golpe militar contra Hugo Chávez, estructurado por Estados Unidos y respaldado de inmediato por España, incluido su secuestro; el intento de magnicidio contra Maduro en pleno acto oficial, hasta el más reciente show encabezado por María Corina Machado, turbio personaje dirigido por la CIA.
En 2002 ella fundó la organización civil Súmate, para ejecutar acciones contra el gobierno de Hugo Chávez. La credibilidad de la misma fue puesta en duda por las donaciones que recibió de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), pantalla de la CIA, supuestamente para “fortalecer la democracia en Venezuela”.
El 12 de abril de 2002, un día después del golpe contra el presidente Hugo Chávez, María Corina firmó el llamado Decreto Carmona, acta de Constitución del Gobierno golpista de Pedro Carmona, hecho anticonstitucional y anti democrático al servicio de Estados Unidos, que violó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, junto a otros opositores, entre ellos el terrorista y prófugo de la justicia Leopoldo López.
Corina Machado es la actual pieza clave de la CIA contra Maduro, sus posiciones políticas son similares a las del argentino Javier Milei, al declarar que aspira a la privatización de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la devolución de las empresas nacionalizadas y desregular la lucha contra la corrupción, si la derecha alcanza la dirección del país.
En 2005 enfrentó cargos por conspiración derivados de una subvención de 31,000 dólares de la NED, para el supuesto “trabajo educativo no partidista” de su organización Súmate. El 31 de mayo del mismo año, fue recibida en la Casa Blanca por el presidente George W. Bush, hecho que demuestra su sometimiento a los yanquis.
El petróleo y los otros recursos minerales venezolanos son los motivos que los mueve en su afán por lograr imponer nuevamente un gobierno títere, que se los ofrezca en bandeja de plata a Estados Unidos, como siempre han hecho en Latinoamérica a través de los golpes de Estado.
¿Cuándo la OEA, incluido Estados Unidos y sus lacayos, ordenaron retirar su personal diplomático de Chile, como rechazo al golpe militar sangriento fabricado en Washington con el asesino Augusto Pinochet al frente de aquel país? Pinochet gozó del respaldo yanqui y su gobierno fue reconocido hasta por Europa, a pesar de los crímenes cometidos sin ser jamás sancionado.
¿De qué democracia hablan ahora quienes desarrollaron la execrable Operación Condor en el continente americano? ¿Perdieron la memoria esos periodistas que se suman a la campaña promovida por la CIA contra Maduro?
Lastimosamente Lula da Silva, presidente de Brasil, al parecer olvidó que fue acusado injustamente por aquellos que le hicieron un expediente falso, por órdenes de Washington para sacarlo del poder, al igual que le organizaron un golpe de Estado en las elecciones que lo llevaron a la actual presidencia y aún no ha podido enjuicia a Jahir Bolsonaro, pieza clave en ese plan bajo las órdenes de Estados Unidos.
El 31 de julio la OEA se reunió para condenar al gobierno de Maduro, pero no pudo obtener los votos necesarios; mientras en Caracas el Presidente, en conferencia de prensa, denunció los actos terroristas ejecutados contra los centros electorales, el sistema eléctrico nacional y los ataques contra los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral, acciones financiadas por la oposición con dinero proveniente de los Estados Unidos, verdades que la prensa aliada a los yanquis no publica.
Maduro, denunció que el mismo día de las elecciones en la Casa Blanca, se reunieron altos funcionarios yanquis con varios cabecillas de la oposición, entre ellos el terrorista y prófugo de la justicia Leopoldo López, situación que demuestra quienes dirigen los actos contrarrevolucionarios contra Venezuela.
Posteriormente Nicolás Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia y presentó una denuncia para que se investigue el intento de golpe de Estado y cite a todas las instituciones, a todos los candidatos y a los 38 partidos políticos, con el objetivo de investigar y peritar los resultados de las elecciones.
Edmundo González Urrutia fue diplomático de Venezuela en El Salvador, donde ocupó el cargo de segundo jefe de Misión, cuando era embajador Leopoldo Castillo, conocido como “Matacuras”.
Documentos desclasificados de la CIA en febrero de 2009, mencionan a Castillo como integrante de los servicios de inteligencia que coordinaron, financiaron y ordenaron la ejecución de la Operación Centauro, la cual generó un conjunto de acciones violentas con el ejército salvadoreño y los escuadrones de la muerte, para eliminar físicamente a las comunidades religiosas que seguían los principios de la teología de la liberación, en busca de una solución pacífica y negociada del conflicto armado en El Salvador.
González Urrutia al dejar las funciones diplomáticas en el país centroamericano, junto al embajador Castillo, pasó a ser asesor de las estructuras de inteligencia, cuando el 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Rafael Palacios, Alirio Macias, Francisco Cosme, Jesús Cáceres, Manuel Reyes y Oscar Arnulfo Romero, cuatro monjas y dos trabajadoras religiosas. En esa etapa fueron asesinados 13,194 civiles.
Los crímenes respaldados por la gestión de Leopoldo Castillo y colaboradores como Edmundo González, están considerados como “crímenes de lesa humanidad” y, por tanto, son imprescriptibles.
Esos hechos sucedieron entre 1979 y 1985, como parte del Plan Cóndor en El Salvador y el proyecto contrainsurgente impulsado por el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, contra el pueblo salvadoreño, con el fin de impedir que las fuerzas revolucionarias avanzaran el poder.
Esa es la democracia que los yanquis aspiran imponer en Venezuela con el apoyo de sus agentes, entre ellos Leopoldo López, Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado, mediante la realización de actos terroristas para asesinar y destruir todo lo que el chavismo ha construido para que su pueblo tenga una vida mejor, como son las misiones médicas, educacionales, culturales, deportivas y económicas, a pesar de los cientos de sanciones impuestas por Estados Unidos para entorpecerlo.
No se equivocó José Martí cuando afirmó: “Los pueblos han de tener una picota para quien les azuza a odios inútiles”.
Por Arthur González.
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