David Rivas, profesor jubilado de estructura económica, analiza el debate sobre el concierto fiscal catalán y su hipotética generalización.
David Rivas (Xixón, 1957) es profesor jubilado de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Las cuestiones medioambientales y territoriales son dos de sus principales temas de estudio. Residente desde hace años en una aldea de Villaviciosa, analiza para NORTES la actual discusión sobre el modelo de financiación del Estado central y las autonomías, tras el pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat catalana, y el compromiso alcanzado entre ambas formaciones, avalado por Pedro Sánchez, de ir a un concierto fiscal catalán.
¿Puede criticarse un concierto catalán al mismo tiempo que nadie cuestiona el modelo vasconavarro?
En puro doctrinarismo fiscal, no, salvo que se defienda la anulación de los conciertos del País Vasco y de Navarra. Estos conciertos vienen ya del viejo régimen foral, un régimen que Franco mantuvo para las dos provincias que se unieron a su rebelión: Álava y Navarra. Estas dos provincias nunca contribuyeron a la caja común y con la Constitución y los estatutos de autonomía se extendieron a Vizcaya y Guipúzcoa, en las que Franco derogó el fuero por haber sido republicanas. Por su parte, la Constitución de 1978 ampara en su disposición adicional primera los regímenes forales para las cuatro provincias, no a las comunidades autónomas, inexistentes en 1978. El Concierto, tal y como lo conocemos, es de 2002, gobernando Aznar. Cuando la Constitución se le ofreció un régimen igual a Cataluña pero Pujol y CIU no lo vieron rentable. Si hoy Cataluña va a un concierto, la vía es clara: reformar la Constitución y ampliar la disposición adicional. Pero, no nos engañemos, el problema fiscal entre la administración fiscal y el País Vasco no es el concierto, sino el cálculo del cupo, que no responde a ninguna metodología sensata, donde todos tratan de engañar a todos y donde no hay ni un polinomio entendible. Por eso el PNV recela de un concierto catalán porque pondría sobre la mesa la opacidad del cálculo del cupo vasco.
¿Qué tal trata el modelo fiscal actual a Asturias?
Con cierta equidad, tal vez con poca ponderación de la dispersión poblacional. Pero esto no es decir mucho. El modelo actual está desfasado aquí y en La Rioja. Hace once años que debería haberse revisado el sistema de financiación territorial. ¡Once años!, ¡el doble que lo de la astracanada del Consejo General del Poder judicial! En el 2009 Rodríguez Zapatero resolvió lo que se conocía como “el sudoku autonómico”, pero Rajoy, en plena recesión, aparcó el vehículo. Y la revisión del modelo, programada para 2013, nunca se hizo. En estos años Asturias siguió perdiendo población, juventud, competitividad, además de quedar cada vez más al margen de los ejes de desarrollo, con lo que la ausencia de nuevas formas de financiación la perjudicaban. Y, además, en esa década, Asturias cumplió con los objetivos de ajuste, cosa que no hicieron otras comunidades, con lo que resultó castigada por ser disciplinada mientras que otras, como Cataluña o Valencia fueron beneficiadas. Pero, en general, Asturias no puede estar muy insatisfecha con el actual modelo de financiación. Otra cosa es cómo se aplican los fondos, pero eso nos lleva más a la gestión de nuestros propios gobiernos.
¿Es tan solidario el modelo vigente cómo dicen los detractores del acuerdo PSC-ERC?
Lo es y no. El modelo actual, ya muy desfasado, se basa en criterios de hace casi treinta años. Es bastante justo con Madrid y Cataluña, como contribuyentes, y con Asturias, Galicia, Canarias y Castilla y León, como receptores. Es injusto con Valencia y Baleares, que contribuyen un tanto excesivamente y con Extremadura y Andalucía, que reciben mucho y se gestiona como se gestiona. Las demás andan por la media. La duda no surge de si el actual modelo es solidario o no, sino sí lo pactado en Cataluña lo es. Y yo creo que no lo es. Entre otras cosas porque cuando tú pactas con otro algo que me puede afectar a mí, lo lógico es que me consultes a mí.
“Cuando tú pactas con otro algo que me puede afectar a mí, lo lógico es que me consultes a mí”
¿Cataluña está realmente infrafinanciada?
El término “infrafinanciación” es engañoso porque parece referirse a que recibe por debajo de sus necesidades. Y creo que eso no ha ocurrido. La financiación de Cataluña siempre estuvo en un equilibrio y, como todo equilibrio en el largo o medio plazo, puede tener saltos en el corto. Hace unos años hubo un gran debate sobre las balanzas fiscales y hoy han salido del foco de atención. La gente piensa que una balanza fiscal es sumar lo que se ingresa y restar lo que se aporta, pero eso no es así. Los métodos cuantitativos económicos no son tan simples. La balanza es un instrumento para calcular cuánto aportan los ciudadanos de una comunidad al erario común y cuánto reciben. Si el saldo es positivo la comunidad tiene superávit y si es negativo tiene déficit. Requiere una metodología de cierta complejidad y sofisticación. Hay dos métodos. El primero es el del flujo monetario, con el que se calcula el impacto financiero directo, computando gastos e ingresos allí donde se producen. El otro es el de carga-beneficio, que mide el bienestar y que considera el gasto de acuerdo a quién se beneficia del mismo, con independencia de dónde se realice. Pongamos un ejemplo: los beneficios de la estación de Ave de León, ¿debemos imputarlos a Castilla y León porque se benefician los bares, los hoteles, las tiendas, otros servicios, el empleo…? Este sería el cálculo según el flujo monetario. Pero podría computarse en todo el territorio español porque forma parte de una red general, que beneficia, por ejemplo, a Madrid y a Asturias, pero también a Andalucía, que cuenta con un Ave de Málaga a Gijón. Este sería el cálculo de carga-beneficio. Los dos métodos tienen virtudes y defectos, pudiendo ser complementarios. A veces se han calculado balanzas a través de ambos para luego jugar con horquillas. Yo soy, en general, más partidario del método de carga-beneficio. En su día, el gobierno catalán utilizó uno y el español otro y los resultados fueran prácticamente iguales y la reasignación correspondiente no llegaba al 1 por ciento del PIB. Y resulta que hoy nadie habla de las balanzas fiscales, como tampoco de la condonación de deuda, que llenó páginas y páginas el año pasado. La sensación que da es que nunca nadie pensó en nada concreto y que, sobre la marcha, se van sacando argumentos y propuestas para aparentar que existe algo en lo que ceder o en lo que conquistar. Un modelo como el vasco o similar al vasco no se planteó en la campaña electoral o, al menos, no como elemento fundamental. Tal parece que la cuestión es hacer ruido y marear a los ciudadanos. Lo cierto es que la situación catalana, como contribuyente neto, se corresponde con su renta per cápita.
La izquierda catalana sostiene que el concierto será solidario y que no afectará a las comunidades más empobrecidas. ¿Es posible compaginar esa autonomía fiscal con la solidaridad?
Sí, por supuesto que es posible, pero hay que tener cuidado con los conceptos. Puede haber países, comunidades en nuestra terminología política, que sean tan ricas que practiquen la solidaridad con las más pobres, como los estados desarrollados aportan un porcentaje de su PIB a los subdesarrollados. Pero eso es una decisión suya, un ejercicio de voluntad, no una obligación. Pero en una democracia que se precie las cosas no son así. Si el modelo foral se aplica a Cataluña, ¿por qué no a Madrid o a Baleares? Entonces ya Madrid, beneficiada sistemáticamente, se convertiría en una isla de insolidaridad mucho mayor que lo que podrían ser el País Vasco o Cataluña. De hecho, ya lo es, no por la vía de la financiación autonómica pero sí por otras de las que ya hablamos. Puede que Asturias quedara en una situación parecida, siempre que se mantuviera el principio de coste unitario de los servicios. Pero, ¿qué pasará, por ejemplo, con Canarias, no digamos Ceuta y Melilla, periferia de la periferia? Ahora bien, tampoco en una democracia que se precie se puede permitir que algunas comunidades reciban sistemáticamente transferencias para despilfarrar o practicar la insolidaridad en su seno. Cuando una comunidad como Andalucía reduce en 900 millones de euros los impuestos a los ricos y un mes después pide al conjunto del estado 1.000 millones porque hay sequía, ¿qué se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es subvencionar a las clases pudientes de tu comunidad con el dinero de los trabajadores de las demás. Y tampoco el Concierto beneficiaría equitativamente a los catalanes en general. El gobierno catalán contaría con más dinero, pero, ¿qué pasará con las pensiones, con la defensa, con las comunicaciones…? Por ejemplo, en términos de cotización social, Cataluña aporta un 20 por ciento al fondo común y recibe un 25 en pensiones. En otros capítulos, como infraestructuras, la relación es la contraria. Es decir, no hay demasiada asimetría en general. Además, resulta que casi la totalidad de la deuda autonómica está en manos de la administración central, algo completamente anómalo en el panorama internacional. ¿Alguien se imagina a Baviera hipotecada en Berlín o a California en Washington? Pues eso sucede en España, a base de pactos puntuales y componendas varias que llevaron a las comunidades más endeudadadas, Catañuña y Valencia, a tener sus arcas a merced del gobierno central. Si ese gobierno central decidiera sacar al mercado esa deuda autonómica que acumula podríamos ver a comunidades en manos de fondos de inversión o de otros estados soberanos. Este asunto, que es muy espinoso, no se trata nunca. Por eso acabaremos volviendo a la quita, a que el reino perdone las deudas, que pagarán las comunidades que fueron cumpliendo sus compromisos, las más pobres. Es una forma extraña la solidaridad de lo que algunos llaman “izquierda catalana”.
¿Hay dumping fiscal madrileño?
El concepto de “dumping” no es muy adecuado para describir y comprender este modelo, pero se acerca un poco a la realidad. El modelo de desarrollo español y sus desequilibrios territoriales vienen de muchos procesos y uno de ellos es la potenciación de Madrid, con un centralismo extremo que, pese al régimen autonómico, siguió vigente, como podemos ver si atendemos a la estructura de transportes e infraestructuras. Más tarde llegaron las políticas de minorización fiscal. De no darse esa circunstancia, Madrid pasaría de la última en recaudación a estar por encima de la media. En la actualidad Madrid supone el 1,6 por ciento del territorio español, el 15 de la población y el 20 del PIB. Es una economía de aglomeración y especialización. El 85 por ciento de su empleo es de servicios mientras que el industrial anda en torno a un 9. Además, de cada cien empleos públicos del total del reino, cuarenta se concentran en Madrid, mientras que de cada cien euros dedicados a contratación pública, 72 se concentran también en Madrid, lo mismo que el 65 por ciento del negocio que las empresas privadas hacen con el estado. Eso quiere decir que, en contraste con el discurso de Díaz Ayuso y su partido, Madrid es una economía burocratizada y basada en el sector público. En estas circunstancias, el “cierre federal” de la Constitución es un engañabobos, siendo la capitalidad el principal problema. Madrid concentra un poder político, económico y mediático como ninguna capital de un estado federal o confederal. No hay punto de comparación con Washington, Berna, Brasilia o Camberra. Ni siquiera Berlín tiene el poder sobre Alemania que tiene Madrid sobre España. Es que ni siquiera Londres o Lisboa, siendo Portugal el país más centralista de la Unión Europea, más que Francia, ejercen tanto poder. El sistema económico español no tiene elementos equilibradores para un mejor reparto de recursos y oportunidades entre todos los habitantes. Y una de las razones, la principal, es Madrid, aunque también pesa lo suyo el País Vasco. Navarra, por más que esté muy beneficiada, no es un gran problema, dado su tamaño económico relativo.
Hay voces asturianistas defendiendo un concierto fiscal asturiano: ¿Es realista?
No conozco a nadie que sepa algo de economía que lo defienda, salvo que tenga un marco político desconocido al que sólo ese ideólogo sea capaz a llegar. Es una posibilidad que yo alguna vez contemplé pero, la verdad, más como muestra de indignación que de otra cosa. Como alguna vez pensamos: “pues si no nos dan nada y nunca nos lo dieron, ¡llévense su bandera y déjennos en paz!”. Recuerdo ahora, por simple asociación de ideas, cuando se realizó el referéndum de independencia de Nueva Caledonia: la mayoría de los franceses preferían que se independizaran pero los neocaledonios votaron permanecer en la República. Las razones para ambas posiciones eran económicas. En el caso de Asturias difícilmente salen las cifras, aunque podría aplicarse perfectamente un modelo de concierto. Podría darse la posibilidad con una reforma completa del modelo, una reforma constitucional radical, tanto como la de desembocar en un modelo confederal. El modelo confederal no impide acuerdos entre comunidades, ya estados confederados, por lo que cabe cualquier opción. Por poner un par de ejemplos un tanto chocantes: podríamos llegar a un acuerdo turístico con Madrid, siendo su “balneario” oficial, y a otro armamentístico con Andalucía, poniendo ellos la industria de guerra naval y nosotros la de tierra. Esto parecerá raro pero todo cabe cuando se “nacionaliza” lo que hay en cada territorio. Cuando la Unión Soviética se hundió aparecieron naciones independientes pobres con poderío nuclear, por ejemplo, algo insospechado una década antes. Es que en el papel cualquier hipótesis cabe. ¡Y no crea que en Barcelona andan con hipótesis menos descabelladas! El programa económico de los profesores Mas-Colelll y Sala cuando el referéndum, de un neoliberalismo doctrinario, era perfecto: una Cataluña desregularizada, con impuestos bajísimos al capital y sin obligación de “alimentar” a los del sur sería el paraíso de las inversiones internacionales. Eso sí, bajo el paraguas de la Unión Europea y con mano de obra inmigrante baratísima, es decir con Bruselas alineada y con flujos migratorios que no se desvían. Pero vamos a ser realistas: lo del concierto asturiano no sucederá. Y eso quiere decir que vamos hacia un modelo que ni es federal ni confederal, sino un modelo un tanto descentralizado donde las comunidades más ricas tendrán cada vez más privilegios. Se habla muchas veces, y yo lo comparto, de que es menester que las comunidades se responsabilicen de sus decisiones y no, como ahora, que auténticos irresponsables tomen decisiones, como hacen comunidades como Andalucía, Murcia, Valencia o Cataluña, el “virtuoso” arco mediterráneo. Pero eso no va a suceder. A los partidos nacionalistas de las comunidades más nacionalistas no les interesa la independencia, sino que juegan a una sucesión infinitesimal en la que parece que van a llegar a lo que saben que nunca van a llegar. Puede que haya grupos, en todas las comunidades, en Asturias también, que mantengan una idea tan vieja como el andar: seremos pobres pero libres. Es una épica atractiva, pero generalmente defendida por los que tienen todo cubierto y van a seguir teniéndolo. Lo que sí es importante señalar es que este debate debería haberse abierto en Asturias hace ya años pero los gobiernos asturianos, todos ellos, nunca lo quisieron hacer porque nunca tuvieron otra idea que no fuera la de obedecer a sus dirigentes centrales. Y me temo que ahora, pase lo que pase, por mucho que se ponga serio Barbón, pasará lo mismo.
¿No cree, entonces, en la posibilidad de un concierto para Asturias?
Bueno, podría llegar como llegaron todas las cosas: cuando todas las comunidades tengan otro modelo de financiación, Asturias se verá obligada a aceptar el cambio. Lo que sí podría suceder es que crezca el discurso contrario al que realiza el PP y parte del PSOE. Ellos dicen que el modelo que proponen para Cataluña lleva a la ruptura de España porque permite, poco a poco, ir convirtiendo a Cataluña en un estado. Pero podría darse otra circunstancia: que se piense que si para contentar a vascos y catalanes nos dejan a nosotros en la cuneta, ¿para qué queremos permanecer en España? El discurso se invierte: de “se enriquecen para ser independientes” a “como me empobrecen me marcho”.
¿Cómo podemos corregir las desigualdades territoriales?
De varias maneras pero, ya que estamos con ello, con una buena fórmula de financiación, que consiste, fundamentalmente, en asumir los costes reales de los servicios básicos. Es cierto que la población absoluta es un indicador elemental, evidentemente, pero hay que tener en cuenta la dispersión, el envejecimiento, el nivel educativo… Es que incluso, aunque revertiera la dinámica demográfica, los inmigrantes que llegan a Asturias lo hacen a las ciudades y a las villas medias de la costa y del oriente. No consiste el asunto en pagar por territorios, sino en pagar por cada ciudadano que vive en cada territorio. Yo mismo, que vivo en una aldea y que tengo capacidad de movilidad y estoy sano, dentro de lo que cabe para mi edad, contribuyo por IRPF lo mismo que un individuo de Madrid, de Avilés o de Castellón, pero no tengo transporte público, ni cajero, ni tienda, ni quiosco, el médico a diez kilómetros, mala cobertura de internet, la televisión se va cada dos por tres… Pues veré qué hago cuando tenga poca capacidad para moverme… Eso es lo que hay que resolver. Porque necesito servicios públicos por ser una persona, no por ser asturiano, catalán o aragonés, y porque coticé como trabajador 45 años y sigo pagando impuestos. Es más, porque soy ciudadano de la Unión Europea. Un dato: a las infraestructuras andaluzas contribuyeron los alemanes, como grandes contribuyentes a los fondos europeos, más que los vascos. Eso de la solidaridad no coincide siempre con las fronteras estatales.
¿De qué otros temas fiscales deberíamos estar hablando?
Es una buena pregunta. El principal problema que tenemos en España es que no hay un impuesto sobre la renta, sino un impuesto sobre el salario. Aquí el sistema fiscal lo mantienen los trabajadores por cuenta ajena, los funcionarios y algunos pensionistas. El impuesto de sociedades es relativamente alto para las pequeñas empresas, menor para las grandes y de risa para las enormes que cotizan en bolsa. Eso quiere decir que, cualquier pacto, autonómico en este caso, que es de lo que tratamos, que redistribuya recursos fiscales recae en esos sectores. Si mañana Cataluña recibe un trato de favor, o Baleares y Madrid, no van a recibir dinero de los grandes receptores de renta, sino de los trabajadores con menores rentas de las comunidades con menor renta. Por cierto, un apunte final: no caigamos en la trampa de la aportación media por comunidades. De lo que se trata es de dar servicios y posibilidades de igualdad a todos, y la igualdad y la equidad nada tiene que ver con una hipotética “media”. Vamos a poner un caso fácil de entender: tres personas van a ver un partido de fútbol y, yendo a lo barato, lo ven desde detrás de una valla. Una persona mide 1,80 metros, otra 1,60 y otra 1,40. La media es de 1,60 metros. El club de fútbol, el Sporting de Tiñana, pone una valla de 1,50 metros. El de 1,80 verá bien el partido, el de 1,60 quedará con el cuello dañado y el de 1,40 no podrá verlo, aunque los tres compraron la entrada. Los impuestos deben regirse por los principios de legalidad, equidad y racionalidad, como los derechos personales no son valores estadísticos.
¿Saldrá adelante este nuevo sistema de financiación en Cataluña?
Pues la verdad es que no lo sé. Desde un punto de vista económico es muy posible. No hay ninguna razón económica que impida dar ese paso hacia una confederalización de las haciendas, de todas o de algunas, pudiendo perfectamente haber una hacienda común y otras tres o cuatro independientes. Lo que no sé es si habrá problemas legales. Si se requiere reformar la Constitución las mayorías van a ser difíciles, lo mismo que tampoco sé cuál será la reacción de la Unión Europea, dado que una parte de los recursos proceden de Bruselas. Y todo esto partiendo de que las negociaciones entre ERC y PSC sean verdaderas y no una pantomima sobre algo que saben que nunca saldrá adelante, ni por la aritmética parlamentaria ni por impedimentos constitucionales, Y me queda una duda: si hai ruptura y repetición de elecciones a causa de los movimientos de Junts y Puigdemont o por el voto contrario a Illa por parte de la diputada de las juventudes republicanas, ¿llevará el PSC en su programa el concierto económico, que tan estupendo parece ser?
