A raíz de la ofensiva contra las FARC-EP, decretada desde el 20 de marzo con el rompimiento del cese al fuego, han sido varios los condicionantes que se han colocado en la opinión pública algunos por el jefe de la delegación del Gobierno Camilo González Posso y otra por el propio presidente Gustavo Petro ambos condicionantes muestran total desconocimiento sobre los temas planteados o incluso Una justificación para mantener la guerra contra las FARC-EP debido a lo imposible para llevar a la práctica dichos condicionantes.
Nos causa especial atención lo planteado por el Presidente Gustavo Petro en el que manifiesta que solo restablecerá el diálogo con nosotros en la medida que renunciemos a las economías ilegales, gran desconocimiento muestra al presidente quien tiene una amplia y reconocida formación en economía, al desconocer cómo funciona la economía alrededor de la industria de las drogas en Colombia.
Debe quedarle claro a la opinión pública nacional e internacional que en términos económicos las FARC-EP solo cobramos un impuesto por la circulación de una mercancía llámese Pasta Base o Cocaína, por los territorios que están bajo nuestro control político militar, esa es nuestra única relación y nuestro único papel dentro de esta gran industria, impuestos que son usados para El sostenimiento de nuestras unidades, cubrir los costos de la guerra, Y para invertir en las comunidades y resolver las necesidades que son responsabilidad del Estado y que este ha negado por décadas, caso contrario al que realizan muchos miembros del Ejército Nacional o la Armada Nacional en alianza con narcotraficantes. Que nosotros renunciemos al cobro de este impuesto poco o nada aporta a la superación de las causas reales de existencia de estos cultivos, Es necesario que se supere este debate distractor que lo único que hace es justificar la guerra contrainsurgente en Colombia.
Señalar a las FARC-EP como narcotraficantes o dueños de laboratorios de producción de Pasta Base o Cocaína, lo único que hace es ocultar a los verdaderos actores involucrados en esta industria y alejar cada vez más al país de una solución estructural, solución a la que por décadas hemos convocado a los gobiernos de turno y la comunidad internacional, y que debe partir indiscutiblemente por escuchar y vincular las propuestas de las comunidades que en el proceso histórico de despojo, fueron arrinconados hacia las cordilleras y selvas del país y terminaron vinculados a esta gran industria, en el eslabón más débil, como cultivadores de coca, marihuana o amapola, a estas comunidades pertenecen los cultivos de coca, marihuana o amapola, no a las FARC-EP, es con estas comunidades y con las organizaciones que las representan con quienes el gobierno debe discutir los términos para superar estas economías, las FARC-EP no pueden negociar con algo que no les pertenece.
Nuestra voluntad de aportar en la superación definitiva de este problema fue refrendado en los acuerdos suscritos entre nuestra delegación y la delegación del gobierno nacional como son el Acuerdo 3 – lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos y construcción de paz, El Acuerdo IV – Lineamientos del acuerdo especial para la transformación de territorios y superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas, y las actas y acuerdos confidenciales, acuerdos que hoy se desconocen desde el gobierno nacional. No pueden pretender que plantear un debate de fondo para superar las contradicciones políticas económicas y sociales que han generado el conflicto en Colombia sea visto como falta de voluntad de paz, por el contrario, es la muestra más seria de querer avanzar por el camino menos doloroso, la solución política al conflicto social y armado.
No se puede desconocer que muchos actores de la sociedad colombiana a través de actividades ilegales y de acumulación de ganancias ilegales, han transitado hacia la legalización de estas ganancias y de las actividades que por años fueron consideradas ilegales, llegando hasta a la normatividad que formaliza la actividad ilegal, los capitales originarios en la economía de mercado parten de la ilegalidad, la ilegalidad es inherente, es sistémica a la economía de mercado y a la lógica del capitalismo, por eso el debate sobre la superación, el tránsito, la destrucción o la transformación de la industria de las drogas en Colombia, debe convocar a todos los actores que de manera abierta o clandestina participan en esta.
No evadamos los debates de fondo en la sociedad colombiana, discutamos sobre el tránsito desde las economías legales como son las actividades rurales de producción de alimentos, hacia las economías consideradas por el poder como ilegales, identifiquemos como las fuentes de ingresos económicos a partir de prácticas de producción de comida, de actividades agrícolas y pecuarias fueron reemplazadas por ingresos económicos provenientes de actividades agrícolas, donde se conjugan los cultivos de coca, amapola y marihuana. Reversemos todas las prácticas de despojo económico y cultural que se han dado por décadas y que tienen al país como el máximo productor de hoja de coca y cocaína en el mundo. Que no se nos olvide que fueron los poderosos del país los que generaron estas condiciones, que no se nos olvide que fueron economistas que actuaron como asesores, los que maduraron las condiciones propias para el tránsito de las economías campesinas a las economías hoy señaladas como ilegales, la responsabilidad recae sobre la clase dirigente, los gobiernos y los asesores que promovieron en su momento estas condiciones.
Recordemos que Colombia, en su afán por entrar a la modernidad, ha seguido la recomendación de asesores específicos y especializados en lo económico, que nunca priorizaron y enfatizaron la importancia del sector productivo rural basado en la economía campesina, al entrar a la modernidad no se tuvo en cuenta nunca, la construcción de la economía propia, a partir de la capacidad del trabajo del campesinado, por el contrario, extensas regiones ya vinculadas a la economía del mercado por el esfuerzo familiar campesino, entraron en un proceso planificado de apropiación por parte de las clases dirigentes, quienes han mantenido una constante en la importación de bienes y han sido tan irresponsables, importando grandes volúmenes de comida de productos que el campesinado ha generado, cultivado, producido y comercializado. Cumpliendo con la premisa de “quitarle el agua al pez”, al poblador rural le quitaron sus tierras, sus negocios, sus líneas productivas, que en forma endógena y propia lo vinculaban a la economía del mercado nacional, aun así no lograron atomizar los núcleos familiares y campesinos, ni su capacidad productiva, ni su capacidad de trabajo y ante las avanzadas de desapropiación y despojo el campesinado responde con dignas avanzadas territoriales afincando y produciendo comida.
Contémosles a los cultivadores de coca que las potencias del mundo discuten sobre la legalización de la cocaína, no es justo con ellos que después de haber sido encarcelados, asesinados y estigmatizados por cultivar coca, como único mecanismo para sobrevivir ante la exclusión y la negación de derechos por el estado, terminen mañana marginados de este gran mercado que pretenden controlar las principales potencias capitalistas y los empresarios del mundo. Lo mismo ocurre con la marihuana, donde algunos empresarios y políticos nacionales quieren hacerse de las ganancias dejando por fuera a los cultivadores tradicionales, arrastrándolos al hambre o la delincuencia. El debate no es siquiera si legalizar o ilegalizar es el debate sobre el desarrollo rural en Colombia y su el apoyo a la economía rural campesina, indígena y de las comunidades negras, Es el debate que la delegación del gobierno evadió, reduciendo siempre el tema a los cultivos llamados ilícitos, nada diferente a lo hecho por gobiernos anteriores y por la ultraderecha.
Señor presidente: Las FARC-EP, asumimos el diálogo franco con su delegación, que permitiera abordar junto al pueblo colombiano debates estructurales como el de la industria las drogas en nuestro país. Plantear debates de fondo no puede mostrarse ante Colombia y el mundo como un signo de falta de voluntad para construir la paz con justicia social.
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