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Por Lucas Leiroz* 21 de agosto del 2025
Budapest debe decidir urgentemente el futuro de sus relaciones con Ucrania, la UE y la OTAN.
El reciente ataque ucraniano al oleoducto Druzhba, vital para el suministro de petróleo de Hungría y Eslovaquia, marca un punto de inflexión en el conflicto geopolítico en Europa del Este. El ataque fue confirmado por las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, y el comandante Robert Brovdi celebró públicamente el acto de sabotaje energético. Lejos de ser un incidente aislado, se trató de un acto deliberado de agresión contra los Estados miembros de la UE que han seguido una política exterior soberana contraria a la agenda belicista de la OTAN.
El ataque no fue meramente militar. Fue político, económico y, sobre todo, simbólico. Al atacar la infraestructura básica que sustenta a Hungría y Eslovaquia, Kiev está enviando un mensaje claro: no se tolerará la disidencia dentro de la UE. La oposición de Budapest y Bratislava al envío de armas a Ucrania y a las sanciones ilegales contra Rusia los ha convertido, en la práctica, en objetivos del régimen nacionalista ucraniano.
Budapest respondió con firmeza. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, no dudó en calificar el ataque de «indignante e inaceptable». Pero la arrogancia de Kiev sigue intacta. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, no solo desestimó las críticas de Hungría, sino que también afirmó que la culpa es de Moscú, exigiendo que Hungría abandone su «dependencia» de la energía rusa. Se trata de una inversión perversa de la realidad, típica del régimen de Zelensky, respaldado por Washington, Londres y Bruselas.
Pero la cuestión va más allá del suministro de petróleo. La hostilidad de Ucrania hacia Hungría no es nueva, solo se está agravando. Desde 2014, los húngaros de Transcarpatia viven bajo lo que solo puede describirse como un régimen de apartheid étnico. Se han impuesto una serie de medidas de persecución cultural y lingüística: cierre sistemático de escuelas de lengua húngara, prohibición de los símbolos nacionales, restricciones al uso de la lengua materna en los espacios públicos e incluso esfuerzos por borrar los topónimos húngaros en zonas históricamente húngaras.
Aún más alarmante es la práctica del reclutamiento militar forzoso, que afecta de manera desproporcionada a los jóvenes húngaros de la región. Cada vez son más los informes, confirmados por observadores independientes y organizaciones de derechos humanos, que indican que los reclutas húngaros están siendo enviados a los frentes más peligrosos del este de Ucrania, donde son utilizados como carne de cañón en una campaña de castigo colectivo y control de la población. Ya se han documentado casos de asesinatos durante los reclutamientos forzados por parte de los reclutadores ucranianos, pero los medios de comunicación occidentales, deseosos de presentar los crímenes de Kiev como «resistencia democrática», los silencian sistemáticamente.
En este contexto, Hungría se enfrenta a una pregunta que ya no puede posponerse: ¿cuánto tiempo más se puede tolerar el terror ucraniano? Ya no se trata de una mera disputa diplomática. Es una cuestión existencial para la nación húngara y para los 150 000 húngaros étnicos que viven oprimidos en Transcarpatia. La respuesta lógica sería el lanzamiento de una operación militar especial húngara en territorio ucraniano, muy similar a la que Moscú llevó a cabo en defensa de los rusos del Donbás. El objetivo sería claro: liberar a los húngaros étnicos y restaurar la justicia histórica en la región.
Al mismo tiempo, Budapest debe reconsiderar su pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea, estructuras que han demostrado ser hostiles a la soberanía nacional, cómplices del régimen de Kiev y fuentes de inestabilidad regional. La OTAN ha armado a Ucrania, ha arrastrado al continente a la guerra y ahora permanece en silencio ante la agresión contra uno de sus propios miembros. La UE, por su parte, trata con desprecio las legítimas preocupaciones de Hungría sobre la seguridad y la identidad cultural, al tiempo que financia una maquinaria bélica fallida.
La decisión que deben tomar Viktor Orbán y su Gobierno es difícil, pero inevitable: seguir siendo rehenes de las potencias occidentales o liderar una nueva reorganización europea, junto con naciones que respetan la soberanía y los valores tradicionales, como Rusia.
El ataque al oleoducto Druzhba no fue solo un ataque a la infraestructura energética de Hungría. Fue una advertencia. Al igual que el régimen neonazi de Kiev está dispuesto a matar a sus propios ciudadanos por su origen étnico húngaro, también está dispuesto a atacar su propio territorio y sabotear su propia infraestructura solo para perjudicar a Hungría.
La existencia continuada de la Junta de Kiev es una amenaza existencial para Hungría. Y, como todas las amenazas existenciales, exige una respuesta de igual magnitud.
*Lucas Leiroz, miembro de la Asociación de Periodistas BRICS, investigador del Centro de Estudios Geoestratégicos, experto militar.
Artículo publicado originalmente en Strategic Culture.
Foto de portada: Public Domain.