Las revoluciones socialistas en Rusia (1917), China (1949) y, sobre todo, en Cuba (1959) han marcado profundamente las identidades de las izquierdas marxistas en América Latina. La Guerra Fría, introducida en la región desde la década de 1960, frenó la toma revolucionaria del poder por las guerrillas surgidas en distintos países, exceptuando la Revolución Sandinista (1979). En condiciones distintas, la ejemplar unidad de las izquierdas posibilitó el triunfo de la Unidad Popular con Salvador Allende en Chile (1970), un proyecto de vía pacífica al socialismo que fue liquidado, en forma sanguinaria e inhumana, por la dictadura del general Augusto Pinochet, a la que siguieron las dictaduras militares terroristas del Cono Sur. Ese conjunto de experiencias históricas obligó a revisar las formas de lucha social y de ascenso al poder político. De modo que, al generalizarse la época de la democracia representativa a partir de la década de 1980, también las izquierdas marxistas latinoamericanas comprendieron que podían incursionar en los procesos electorales para alcanzar presencia y acción en los Estados.
En Ecuador fue la Revolución Juliana (1925-1931) la que inauguró el espacio político de las izquierdas. En 1926 se fundó el Partido Socialista (PSE) y en 1931 el Partido Comunista (1931). El conflicto chino-soviético determinó el aparecimiento del Partido Comunista Marxista-Leninista pro-chino (PCML, 1964). También en los años 60 surgieron otras agrupaciones que no alcanzaron presencia decisiva. Tras una década de dictaduras, Ecuador fue el primer país latinoamericano que inició su época democrática en 1979. Para actuar en los procesos electorales el PCE contaba como etiqueta política a la “Unión Democrática Popular” (UDP), mientras el PCML lo hizo a través del “Movimiento Popular Democrático” (MPD), que desde 2015 adoptó el nombre “Unidad Popular” (UP). El primer intento histórico de unidad de las izquierdas se produjo con la creación del Frente Amplio de Izquierda (FADI) en 1979, pero fue parcial. En las elecciones de 1984, 1988 y 1992 cada izquierda marchó por su lado. Ninguna alcanzó significación electoral. Persistían, ante todo, las divisiones ideológicas al respecto de la “pureza” del marxismo y de la vía revolucionaria al poder.
Pero con el derrumbe del socialismo en la URSS y Europa del Este, el auge de la globalización capitalista y la consolidación del neoliberalismo en el país, las izquierdas marxistas rápidamente perdieron terreno y también se debilitó el movimiento de los trabajadores que a través del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores) había jugado un papel protagónico desde inicios de la época democrática. En contraste se fortaleció el movimiento indígena (CONAIE), que a través del partido Pachakutik (1995) incursionó por primera vez en las elecciones de 1996 en alianza con otras fuerzas progresistas (“Nuevo País”), que renovaron el espacio de las izquierdas frente a las que, históricamente, pasaron a ser izquierdas tradicionales.
La constitución de “Alianza País” (2006) es el segundo momento histórico de renovación de las izquierdas, pues logró el respaldo del extendido sector del progresismo social, que no se vio representado por las izquierdas tradicionales y que sostuvo el triunfo presidencial de Rafael Correa, respaldó a la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución (2008) y también el ejercicio del gobierno. Hubo una temporal unidad de los movimientos sociales y de las distintas izquierdas. Desde 2009 las dirigencias de varias de esas fuerzas pasaron a la oposición por múltiples motivos, como también ocurrió entre los trabajadores y el movimiento indígena. Se acusó al “correísmo” de no seguir un proyecto “revolucionario” y anticapitalista idealizado por quienes se sintieron desplazados; quedaron frustradas las aspiraciones clientelares, prebendarias y de reciprocidad política, que eran prácticas usuales en los gobiernos de turno del pasado; y una serie de actitudes, comportamientos y políticas del gobierno de Correa fueron consideradas como “criminalización de la protesta social”.
Sin embargo, en todos los procesos electorales, bien sea para el Ejecutivo o el Legislativo, o bien para las consultas y referendos convocados, triunfaron las fuerzas progresistas que apoyaron a los gobiernos de Correa entre 2007-2017. Ninguna de las fuerzas izquierdistas de oposición al “correísmo” se convirtió en alternativa política capaz de captar la adhesión del mayoritario voto ciudadano.
La década de gobierno de Rafael Correa marcó un nuevo ciclo histórico en Ecuador, coincidente con el primer ciclo progresista en América Latina. En materia económica puso en marcha una economía social del buen vivir, que recuperó capacidades del Estado para regular la economía, sujetar los intereses privados a los del desarrollo nacional, expandir inversiones, así como la provisión de bienes y servicios públicos, llevar una política latinoamericanista y soberana. De este modo quedó superada la vía neoliberal inducida por el FMI desde los años 80.
Los avances del país en la década de la Revolución Ciudadana han merecido no solo estudios académicos, sino informes muy favorables de los organismos internacionales. Pero también incubaron las resistencias de las poderosas clases altas del país, a pesar del crecimiento empresarial debido al progreso económico. Sin embargo, nadie esperó que el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) se convirtiera en representante de los intereses de esas élites, recuperara la vía neoliberal, consagrara un bloque de poder oligárquico y lanzara una exitosa persecución al “correísmo”, tratando de liquidar cualquier vestigio sobre el gobierno de Rafael Correa. Hasta el presente, todo asunto de impacto negativo y que sirva para cultivar el odio político, se atribuye al “correísmo” y su herencia. El camino inaugurado por Moreno ha sido continuado y profundizado por los gobiernos de Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-hoy).
La recuperación de una economía de privilegios empresariales con dominio oligárquico, desinstitucionalización del Estado, arrinconamiento de los intereses populares y, sobre todo, imparable inseguridad ciudadana ante el avance de la delincuencia, ha colocado al país en una situación de subdesarrollo y ruina histórica inédita en 45 años de época democrática. Esta situación, retratada incluso en informes de entidades internacionales, ha motivado un nuevo llamado a la “unidad de las izquierdas” liderado por varias organizaciones sociales. Al llamado acudieron: Revolución Ciudadana (RC, “correísmo”), Centro Democrático (CD), Renovación Total (RETO), PSE y Pachakutik (PK)-CONAIE. Cuestionando al correísmo se separó, casi de inmediato, la UP.
Es evidente que todavía pesa la diferencia ideológica entre las que se asumen como izquierdas “auténticas y verdaderas” y el progresismo-correísmo al que se tiene como un sector extraño, aunque la izquierda de la actualidad ya no pasa únicamente por la identificación con el marxismo. Además, fue el “correísmo” el que enfrentó la persecución, mientras algunas izquierdas lo alentaban e incluso hubo quienes secundaron directamente a Moreno, Lasso y Noboa. En todo caso, las organizaciones que han quedado renovaron el llamado a la unidad por sobre las pasadas diferencias, acogiendo un pacto de no agresión (https://t.ly/m6RvF) y con el objetivo central de llegar a un programa político de consenso que sirva de base a un futuro gobierno. Cualquiera sea el acuerdo al que se llegue, también es evidente que el progresismo representado por la RC, así como el movimiento indígena, son las dos fuerzas más importantes en el espectro de las izquierdas ecuatorianas de la actualidad y con mayores posibilidades de generar el apoyo por parte del progresismo social.
En medio de las difíciles conversaciones, estamos observando un tercer momento histórico de búsqueda de unidad entre los partidos y movimientos de izquierda que, por lo que se sabe, parece caminar. Si finalmente se logra, no solo será un paso inédito, sino esperanzador para el país y reforzará las perspectivas de éxito electoral para 2025, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo.
Tampoco puede descuidarse que será necesario lograr un frente nacional pluriclasista que derrote a los candidatos del poder constituido. De lo contrario, se aumentarán las posibilidades de triunfo de aquellas derechas políticas, que darán continuidad a las realidades que el país vive desde 2017. Porque la vigencia de la dominación oligárquica en Ecuador es comparable con la que vivió el país durante la “época plutocrática” entre 1912-1925, de modo que sus beneficiarios tienen muy claro que el “enemigo” a derrotar es el “correísmo”, epíteto que lo utilizan para atacar a cualquier alternativa vinculada con un proyecto nacional de izquierda. Allí también se integra la geopolítica monroísta contra los gobiernos progresistas.
Sin duda, las variadas candidaturas de las derechas políticas se unificarían en la segunda vuelta contra el progresismo (si se produce el balotaje), aunque si las elecciones quedan solo entre dos candidaturas presidenciales de su propia tendencia será más claro su tradicional gatopardismo: “cambiarlo todo, para que nada cambie”.
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