Elecciones legislativas en Francia
La parte económica del «contrato legislativo» del Nuevo Frente Popular (NFP) no es propiamente un programa. No contiene cifras, pero es el corolario natural de una campaña corta. En cambio, este contrato establece una serie de acciones previstas según un calendario en tres fases: en las dos primeras semanas, en los cien primeros días y en el resto de la legislatura.
Esta división cronológica permite distinguir las prioridades y desplegar la acción sentando las bases de decisiones de mayor alcance. En este sentido, este proyecto no abandona la ambición de transformación que constituye su tercera parte. Pero sí tiene en cuenta la situación política y social, que exige en primer lugar reparar un país sometido a la violencia neoliberal desde hace casi quince años.
Garantizar un nivel de vida digno
Así pues, la primera etapa podría calificarse de defensiva; se trata de poner fin a la violencia neoliberal de la era Macron adoptando medidas de protección y revirtiendo ciertas reformas. Así, se derogará la reforma de las pensiones de 2023 y la reforma del seguro de desempleo (no se especifica nada sobre las tres reformas anteriores).
La protección, por su parte, implicará un intento de controlar la inflación «congelando los precios de bienes esenciales como los alimentos, la energía y el combustible». En el sector agrícola, el precio mínimo garantizado se compensa con un impuesto sobre los superbeneficios de la agroindustria y los supermercados, evitando el círculo vicioso de los beneficios extraordinarios que hicieron subir los precios en 2022 y 2023.
Pero actualmente, la cuestión central en relación al nivel de vida no se refiere tanto a la subida actual de los precios como al nivel alcanzado en los últimos tres años en relación con la evolución de los salarios. Por eso las medidas propuestas se centran ante todo en aumentar los ingresos: elevar la pensión mínima de vejez hasta el umbral de la pobreza, aumentar el salario mínimo a 1.600 euros netos y subir un 10% el punto de indexación de los funcionarios.
Esta política puede calificarse de correctiva, para compensar la caída del nivel de vida que la inflación ha provocado desde 2021. Estas primeras medidas pueden parecer relativamente modestas, y lo son, pero también son las únicas que pueden adoptarse rápidamente por decisión de un Gobierno. Sin embargo, dado el desastroso estado del sector minorista en Francia, estas medidas constituyen un apoyo temporal a la actividad en las primeras semanas.
En los primeros cien días de este gobierno del Nuevo Frente Popular se ampliarán las medidas de apoyo a la economía. La unión de la izquierda propone restablecer la indexación de los salarios a la inflación en un plazo de tres meses, paralelamente a una gran «conferencia social sobre los salarios, el empleo y las cualificaciones». El vínculo entre estas dos medidas está en gran parte pendiente de concretarse, y el plan no especifica cuáles serán los objetivos de la conferencia. Una cosa es cierta: después de cuatro décadas de neoliberalismo, el Estado deberá apoyar firmemente los intereses de los trabajadores y trabajadoras frente a la tentación del chantaje laboral que seguramente impulsará el capital en un futuro próximo.
La indexación de los salarios a la inflación llegará sin duda un poco tarde, pero es una garantía mínima de protección del nivel de vida de las y los asalariados. ¿Será inflacionista o recesiva en la medida en que reduzca los beneficios? Evitará cualquier caída del consumo, como ocurrió en Francia en 2023, y garantizará por tanto salidas al mercado interior a las empresas nacionales.
Por supuesto, sin un aumento de la productividad, se podría producir un efecto inflacionista. Pero también en este caso, la indexación de los salarios a la inflación, al presionar sobre la rentabilidad de las empresas, es un incentivo directo para que éstas inviertan y mejoren su productividad para, precisamente, reducir la participación de los costes laborales en el coste total.
No olvidemos que cuarenta años de políticas neoliberales han pretendido mejorar las ganancias de productividad cuando en realidad han conducido a una reducción de las mismas. En el caso de Francia, las subvenciones masivas al capital y la reducción de los costes laborales han tenido incluso un efecto desincentivador que ha llevado a preferir los empleos de baja productividad, lo que ha provocado una caída significativa y duradera de la productividad, lo que no se veía desde hace varias décadas.
Planificación ecológica e igualdad fiscal
En resumen, el proyecto de PNF no es antieconómico ni económicamente absurdo, aunque, como veremos, presenta algunos problemas. Opta porque el motor de la recuperación de la productividad no resida en el apoyo ciego al capital, sino en el apoyo a los salarios y en una política ambiciosa de inversión pública.
A este respecto, el NFP se propone realizar inversiones ambiciosas, en particular en materia de transformación ecológica. Se «intensificará» el apoyo a los hogares para garantizar «el aislamiento completo de las viviendas», se «acelerará» la renovación de los edificios públicos y se «reforzarán los sectores franceses y europeos de producción de energías renovables». Este último punto sigue siendo bastante vago, y se desplegará en la siguiente fase, después de los 100 días.
En esta fase, el NFP propone una política de «reconstrucción industrial para acabar con la dependencia de Francia y Europa en ámbitos estratégicos», que irá acompañada de la inclusión en esta estrategia industrial de ayudas públicas a las empresas, que estarán sujetas a criterios medioambientales y sociales. Se impulsará un polo bancario público de ahorro para financiar esta política. Aparte de este último elemento, no estamos muy lejos de una ambición similar a los planes de Joe Biden en Estados Unidos, que ha establecido un sistema de asignación de inversiones y ayudas, acompañado de medidas proteccionistas (defendidas por el NFP en forma de «impuesto kilométrico sobre los productos importados»). Todo esto es totalmente diferente de de la política de verter dinero a borbotones a las empresas defendida por Emmanuel Macron.
Este polo bancario público no es anecdótico. Es precisamente una forma de sortear el «privilegio exorbitante» que representa el dólar para Estados Unidos. Se trata de depender lo menos posible de los mercados financieros para financiar medidas cruciales y urgentes y, en su lugar, recurrir a la abundante fuente de ahorro de los hogares.
Lógicamente, para hacer atractivo este sector público, el NFP debe meter en cintura a las finanzas y propone regular las inversiones bancarias e introducir un impuesto sobre las transacciones financieras. En paralelo, se reforzarán las finanzas públicas, a partir de los cien primeros días (el proyecto menciona la fecha simbólica del 4 de agosto), cuestionando las políticas fiscales antiredistributivas de la era Macron.
El proyecto de ley complementaria de finanzas previsto para el 4 de agosto reintroducirá el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio (ISF) «reforzado con un componente climático», que podría afectar a las actividades más perjudiciales para el medio ambiente. También se restablecerá el «impuesto de salida» sobre las plusvalías procedentes de la venta de empresas deslocalizadas, suprimido por Emmanuel Macron. El plan del NFP propone también suprimir los «nichos fiscales ineficaces, injustos y contaminantes».
Estas medidas no sólo pretenden financiar la política propuesta, sino también reducir las desigualdades, cuyas nefastas consecuencias sobre la economía han sido ampliamente documentadas. Por ejemplo, se propondrá hacer más progresivo el impuesto sobre la renta, con catorce tramos (frente a los cinco actuales), lo que hará menos violentos los efectos de los aumentos salariales. El CSG también será más progresivo (hoy sólo hay algunos tipos diferenciados en determinados casos). Por último, el impuesto de sucesiones será más progresivo y se dirigirá a los patrimonios más elevados, con la introducción de un máximo hereditario.
¿Un plan poco realista?
Este plan aún debe aclararse, y la campaña puede brindar la oportunidad de hacerlo, pero tiene el mérito de marcar un rumbo. Y de entrada, es importante descartar las críticas de la derecha y de la extrema derecha, que jugarán con las palancas clásicas de la imposibilidad y la peligrosidad de este proyecto. Esta palanca clásica ya ha sido activada por el Ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, el 14 de junio en France Info, quien, sin haber visto el proyecto de programa, publicado tres horas más tarde, ya avanzaba «la vuelta del paro masivo» en caso de que sea aplicado.
La realidad es que, frente a este proyecto, las dos alternativas no son más razonables, ni mucho menos. Pasemos rápidamente al proyecto de Rassemblement National (RN), que se basa en la explotación económica de las minorías y la discriminación y que no financia ningún gasto y se inscribe en gran medida en la continuidad neoliberal. Ahora bien, ¿puede el bando macronista dar lecciones en este área?
La actual mayoría presidencial se pasa el tiempo presumiendo de su éxito económico, pero se trata de una quimera. La caída del desempleo se explica en gran medida por la caída de la productividad y las ayudas públicas a las empresas que financian los bajos salarios. La política llevada a cabo desde 2017 ha provocado un claro y constante deterioro de las finanzas públicas al debilitar los ingresos mediante regalos fiscales a las empresas. El crecimiento, a pesar de haber sido elevado a la categoría de virtud cardinal por la mayoría saliente, está a media asta: el PIB del último trimestre sigue estando un 1,8% por debajo de lo que habría sido si se hubiera mantenido la tendencia 2009-2019. Y ello a pesar de los miles de millones que se están inyectando. Pero, como hemos visto, la crisis del nivel de vida esta ahí. .
Para resolver esta inextricable situación, y ante el deterioro histórico de la productividad, la única propuesta de la mayoría saliente es la represión social a través de la austeridad y la reducción de los derechos laborales. Esta es la única forma de restablecer una forma de política consensuada dentro del capital entre los que se benefician de las ayudas públicas y los que quieren garantías de pago de la deuda pública. Esta política ya se está aplicando: tras la reforma de las pensiones en 2023 y el recorte presupuestario de 10.000 millones de euros a principios de 2024, el gobierno no tiene más promesas que una nueva reforma del seguro de desempleo y nuevos recortes presupuestarios masivos.
La retórica de las «reformas dolorosas pero necesarias» es un clásico del neoliberalismo, pero tras siete años de Emmanuel Macron en el Elíseo está claramente embotada. Si algo demuestra esta disolución en pánico es el fracaso patente de esta política y su rechazo masivo por parte de la población francesa. En este sentido, las lecciones económicas de los partidarios del Jefe del Estado reflejan más las posiciones de clase de quienes las formulan que realidad alguna.
El proyecto del Nuevo Frente Popular toma nota de este fracaso y se inspira en parte en la política de Joe Biden. Es un proyecto keynesiano y socialdemócrata que pretende reequilibrar la distribución de la riqueza y estimular la inversión mediante la demanda y el gasto público.
Los obstáculos
Sin embargo, este camino no está exento de obstáculos. Dado el estado del capitalismo, es difícil imaginar que cualquier política económica vaya a ser un camino de rosas. La cuestión no está ahí, sino en las prioridades que se establezcan. ¿Hay que proteger primero a la gente asalariada, y entre ella a la más débil, o favorecer la acumulación de capital? ¿Hay que dar prioridad absoluta a la ecología sobre el crecimiento? Estas cuestiones se plantearán inevitablemente a un posible gobierno de izquierdas.
La política preconizada por el NFP rompe con la alianza sellada por el macronismo entre el capital financiero y el capital industrial que acabamos de describir. Inevitablemente, los primeros y una parte de los segundos, atemorizados por la política de redistribución, entrarán en conflicto con el [posible] gobierno del NFP. Este último, como en el periodo 1981-1983 y durante el quinquenio Hollande, se verá presionado por las clases dominantes que, sintiéndose atacadas, tomarán represalias mediante la fuga de capitales y chantajeando con el empleo.
Aunque el Banco Central Europeo (BCE) dispone ahora de medios para contrarrestar una verdadera crisis de la deuda pública, ya vimos en el caso griego de hace diez años que esta institución puede no ser tan políticamente neutral como pretende. Fráncfort podría presionar a París y, también en este caso, el BCE tendrá que hacer frente a sus responsabilidades.
Lo mismo ocurrirá con Bruselas. El proyecto del NFP insiste en su rechazo a la austeridad y a las nuevas reglas presupuestarias europeas. Pero, una vez más, esto significa no someterse a las exigencias de la Comisión y aceptar las consecuencias. Francia es un país clave de la zona euro y una fuente esencial de materia prima para los mercados financieros.
Una crisis de la deuda francesa podría convertirse en una crisis financiera general. Así que hay que mantener el rumbo y no ceder al pánico ni a las presiones. Para ello, parece esencial construir un movimiento social fuerte que apoye esta política y sea consciente de los sacrificios que hay que hacer para construir un futuro sostenible fuera del neoliberalismo.
Hay otro escollo en este proyecto. La apuesta que se hace aquí es la de la posibilidad de un «capitalismo verde y social». Esto es lo que hace que este proyecto sea auténticamente socialdemócrata: pretende dar al sistema actual la oportunidad de volverse, con el apoyo del Estado, más virtuoso desde el punto de vista social y medioambiental. El proyecto no menciona ningún plan para ir más allá del crecimiento como horizonte, ni ningún refuerzo importante del poder de los trabajadores (o incluso del Estado).
Sin embargo, existe la hipótesis de que este proyecto se sitúa más allá de los límites del capitalismo actual y que es necesaria una transformación mucho más profunda del sistema económico para hacer frente a las crisis ecológica y social, en particular cuestionando la lógica de las necesidades capitalistas y la propia acumulación de capital. Si es así, ¿qué camino elegirá esta alianza política? Cualquier vuelta al pasado significará un agravamiento de la explotación de la naturaleza y del trabajo.
La urgencia de estas elecciones legislativas ha llevado a la alianza de la izquierda a privilegiar un proyecto que suavice sus divergencias internas sobre la economía, en particular sobre la cuestión del crecimiento, indispensable para hacer frente a las crisis actuales. Pero el ejercicio del poder volverá a poner inevitablemente estas cuestiones sobre el tapete. El reto consistirá entonces en construir un nuevo compromiso que permita hacer frente a estas dificultades.
Hay que señalar, sin embargo, que estas dificultades, contrariamente a lo que se oye a menudo, no son un signo del irrealismo de la política propuesta, sino más bien del hecho de que las prioridades enunciadas permiten afrontar realmente la situación concreta del capitalismo contemporáneo. Se trata, pues, de una opción difícil, pero profundamente realista. La opción neoliberal, por el contrario, se adormece creyendo que facilitando la acumulación de capital se resolverán todos los problemas sociales y ecológicos.
Así pues, el proyecto del Nuevo Frente Popular no es la caricatura que sus adversarios hacen de él. Pero si tenemos en cuenta que su espíritu es la prioridad concedida a la resolución de la doble crisis medioambiental y social, su principal obstáculo reside mucho más en su determinación política que en unas leyes económicas supuestamente inmutables.
Texto original: Mediapart. Traducción:viento sur
Fuente: https://vientosur.info/nuevo-frente-popular-un-programa-economico-como-alternativa-al-macronismo/