Foto: Kenueone / Public DomainLas Secretarías de Energía y de Transición Ecológica del PCE han desarrollado una iniciativa para suscribir una declaración unitaria sobre política energética conjunta preparada, entre otros, por el Partido Comunista de España junto al Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista de Francia y el Partido del Trabajo de Bélgica. La crisis energética y la crisis ecológica provocada por modelo depredador capitalista ha llevado al Grupo de Energía y Medio Ambiente (GEMA) del PCE a trabajar durante los últimos meses junto con varios partidos comunistas y representantes de la clase trabajadora en Europa para forjar una declaración conjunta. El acuerdo parte de una crítica a las políticas energéticas de la UE, erráticas para abordar los retos medioambientales y orientadas al beneficio del capital en detrimento de los derechos y necesidades de los trabajadores. Este texto no solo es un llamado a la acción, sino también un testimonio de la importancia del trabajo conjunto en tiempos de desafíos globales.
Por una transición energética justa, al servicio de las personas y del planeta
Análisis
La energía es una necesidad básica. Iluminar, cocinar, calentar, conservar y acceder a agua caliente no son lujos, sino derechos fundamentales. La energía es también un pilar fundamental de nuestra economía. En los últimos años, la importancia estratégica del sector energético se ha hecho dolorosamente evidente, ya que tiene un impacto directo en la temperatura de nuestros hogares, los costes de transporte y el acceso a bienes esenciales como las frutas y verduras.
Las decisiones políticas tomadas en las últimas décadas nos han llevado a una situación crítica. Los sucesivos gobiernos han entregado el control del sector energético a la empresa privada y a las reglas del mercado, haciéndonos totalmente dependientes de un puñado de multinacionales y sus consejos de administración. La crisis energética actual demuestra lo desastrosa que ha sido esta decisión: nuestras facturas energéticas se han disparado mientras las multinacionales energéticas obtienen beneficios históricos.
El modo de producción capitalista es incapaz de abordar los desafíos del cambio climático y la crisis ecológica. La acumulación de capital y los mecanismos de mercado, basados en los axiomas neoliberales, han explotado sistemáticamente a las personas y el medio ambiente y ahora estamos experimentando las consecuencias de la explotación de la naturaleza. La capacidad del mercado para equilibrar los precios y beneficios del sector eléctrico ha demostrado ser un mito. Ante los crecientes fracasos de sus políticas actuales, la Unión Europea (UE) se ha visto obligada a buscar soluciones a toda prisa, anunciando una reforma del mercado eléctrico. A pesar de ello, las propuestas de la UE persisten en hacer hincapié en las señales de precios como principal factor que influye en las inversiones y, en consecuencia, en la planificación a largo plazo del sector eléctrico, salvaguardando los intereses y los beneficios de las multinacionales energéticas. No es de extrañar, dado que los fundamentos de la propia UE y su forma de concebir las políticas se basan en este mismo axioma neoliberal.
Crítica
Arraigados en esta ideología neoliberal, los mecanismos de mercado imperantes sirven como herramientas de explotación, sometiendo tanto a la naturaleza como a las personas a los caprichos del capital, resultando en un incremento del coste de la vida. Las directivas europeas vigentes delegan la planificación y el control en el «libre mercado», generando beneficios desorbitados para las multinacionales energéticas y claras ineficiencias. Es inaceptable que un sector tan crítico priorice los beneficios de las empresas privadas sobre las necesidades de las personas.
La energía necesaria para garantizar el bienestar de las personas debe ser asequible y accesible. La transición energética no puede dar lugar a una subida generalizada de los precios de la energía, incrementando a su vez el precio del resto de los bienes producidos, para que el capital mantenga intactos sus beneficios mientras la clase trabajadora se empobrece cada vez más.
La crisis ecológica no puede servir de excusa para criminalizar a la clase trabajadora. Vivimos en un sistema de despilfarro en el que los productos están diseñados para ser desechables y, sin embargo, se culpa de esta crisis a los individuos y no al propio sistema. Un tercio de los alimentos producidos (y de la energía utilizada para su producción) se desperdicia. Muchos de los productos manufacturados incluyen un final programado de su vida sin posibilidad de ser reparados. Sin embargo, se nos dice que el origen del calentamiento global es nuestra resistencia a adaptar nuestro consumo eléctrico a horarios variables en función del viento y el sol, mientras que la pobreza nos impide pasar tiempo con nuestros seres queridos, o se nos culpa de no adquirir vehículos eléctricos mientras que más del 20% de la población de la UE está en riesgo de pobreza o exclusión social.
Propuestas
Dado el impacto negativo de los altos precios de la energía sobre la clase trabajadora y la urgente necesidad de abordar las crisis energética y ecológica, la intervención pública directa de los Estados se ha convertido en un imperativo. Nuestro objetivo es que todo el sector energético, incluida la propiedad, la operación y la planificación, esté al servicio de las necesidades del pueblo, facilitando una transición energética justa y democrática basada en las necesidades de las personas y no en los intereses del capital.
—Control democrático y soberanía popular
Debemos alcanzar el control público del sector energético para el pueblo. Nuestra ambición es construir una sociedad capaz de ejercer un control democrático sobre la economía en lugar de que la economía ejerza el control sobre la sociedad a través de los mecanismos ciegos y anárquicos del mercado. El debate en torno al sector eléctrico debe pasar de un debate sobre las tecnologías más adecuadas, llena de complejos conceptos técnicos, a uno sobre la propiedad pública de los activos y a la soberanía del Estado para decidir sobre su mix eléctrico y cómo traducir los costes de la energía en precios energéticos acordes con las necesidades de la gente. La planificación y el control público son esenciales: cada Estado debe poder decidir su mix energético.
—Cooperación, solidaridad e internacionalismo
Reconociendo la naturaleza global de la lucha contra la explotación capitalista, defendemos alianzas basadas en la cooperación y no en la competencia. Es fundamental una profunda revisión de las directivas de la UE sobre la liberalización del sector para garantizar que el sistema eléctrico satisface adecuadamente las necesidades de las personas y funciona según el principio de colaboración. Además, resulta imperativo superar las prácticas neocoloniales dentro de las políticas de la UE. En concreto, la utilización de recursos del Sur global debe estar supeditada al respeto de la soberanía de los pueblos de esas regiones. Esto incluye asumir el concepto de deuda climática, que reconoce la responsabilidad histórica de las naciones desarrolladas por las desproporcionadas emisiones de carbono que han contribuido al cambio climático.
—Una transición energética justa
La definición del uso de los recursos debe dar prioridad a las necesidades de las personas frente al imperativo de reproducción del capital para combatir la crisis ecológica. El reconocimiento de la naturaleza finita de los combustibles fósiles y las materias primas, así como el vínculo entre las emisiones de CO2 y su extracción es crucial para hacer frente a la emergencia climática. Cualquier propuesta de transición energética que ignore la insostenibilidad del modelo anárquico y no planificado del mercado capitalista, que depende en gran medida del consumo de estos recursos finitos, niega la realidad material a la que nos enfrentamos. No basta con electrificar parte del consumo energético sin abordar los modelos de consumo y producción subyacentes y sin priorizar las soluciones colectivas sobre las individuales. Si bien el aumento de los esfuerzos y la cooperación en I+D son cruciales, debemos ir más allá de la suposición de que las tecnologías inmaduras o el desarrollo de tecnologías futuras resolverá la crisis energética.
La concreción de las propuestas anteriores para el estado español da lugar a:
Propiedad pública de la generación de electricidad. Creación de una empresa pública de generación de electricidad correctamente capitalizada y capacitada que se encargue de la recuperación de las centrales hidroeléctricas cuya concesión haya caducado y participe en las subastas de renovables.
Fin de las subvenciones a fondo perdido. Las actuales subvenciones a fondo perdido en el sector eléctrico deben transformarse, implicando propiedad pública parcial de los activos a través de la empresa pública. Esto incluye entre otras las subvenciones para la generación centralizada, las subvenciones para la descarbonización o para prolongar la vida útil de centrales. Soluciones como prestamos concesionales serían de aplicación para empresas sin ánimo de lucro o particulares. En conclusión, cada céntimo de euro de dinero público debe transformarse en propiedad o devolverse.
Propiedad pública de las redes. Municipalización de las redes de distribución y la renacionalización de Red Eléctrica Española, siendo su gestión 100% pública. La energía eléctrica y su suministro debe pasar a convertirse en un servicio público esencial de titularidad estatal (actualmente es un servicio de interés público), dejando de ser una actividad empresarial estrictamente privada, aunque parcialmente regulada, para convertirse en una obligación de prestación por la Administración.
Descarbonización justa. Dejar de fomentar soluciones de descarbonización individualistas que empeoran las condiciones únicamente de la clase trabajadora. Hacer sacrificios cuando sean necesarios, únicamente cuando nuestras necesidades básicas estén garantizadas. El aislamiento térmico, la eficiencia energética y la electrificación comunitaria del consumo deben de ser prioridades financiadas por el estado en función de la renta. El transporte público de calidad (tren electrificado para pasajeros y mercancías, metro, tranvías…) debe ser fomentado frente a soluciones de movilidad basadas en el automóvil eléctrico privado. La descarbonización a base de señales de precio debe de ser abolida.
Internacionalismo y cambio de modelo de producción y consumo. Elaborar una hoja de ruta analizando el modelo de consumo y producción del estado español identificando las áreas prioritarias de modificación para reducir el consumo de energía e implementar medidas para hacerlo. Esta hoja de ruta y su posterior implementación debe incluir también la deuda climática con el Sur Global. Trabajar en todos los puntos anteriores desde una perspectiva internacionalista, coordinando esfuerzos para luchar contra el cambio climático y contra la explotación de la clase trabajadora. Evaluar una hoja de ruta sobre la deuda climática del estado español con el Sur Global.
En conclusión, como partidos de la clase trabajadora, reconocemos el papel de la comunidad científica en la exposición de la amenaza existencial que representa el cambio climático. Recae sobre nosotras la responsabilidad de movilizar a las masas y reclamar la recuperación del control popular sobre la energía en pos de una transición energética socialista. A través de la acción colectiva y la cooperación, podemos superar los intereses capitalistas y abrir el camino hacia un mundo más equitativo y sostenible. Unámos fuerzas para construir un futuro energético que priorice a las personas y al planeta por encima de las ganancias.
Marc Botenga – Parti du Travail de Belgique (PTB) / Partij van de Arbeid van België (PVDA)
Sandra Pereira – Partido Comunista Português (PCP)
Valérie Gonçalvès – Parti Communiste Français (PCF)
Grupo de Energía y medio ambiente – Partido Comunista de España (PCE)
(*) Secretarías de Energía y de Transición Ecológica del PCE
